Análisis

Análisis (54)

A casi un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la posición de México se ha caracterizado por su ambigüedad, lo cual es producto de una clara divergencia entre la posición del cuerpo diplomático mexicano y las declaraciones y acciones del gobierno federal tanto en la rama ejecutiva como legislativa. Esta divergencia ha provocado cuestionamientos sobre la verdadera posición de México frente a este conflicto.

En cuanto a la rama diplomática de México, ha quedado marcado claramente el rechazo hacia el conflicto. A pocas horas del inicio de las actividades bélicas, el canciller Marcelo Ebrard expresó su “condena enérgica a la invasión de Rusia a Ucrania”. Pocos días después, el 28 de febrero, México apoyó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual exigía a Rusia el cese inmediato del uso de la fuerza, así como el retiro de sus tropas del territorio ucraniano. Estas dos acciones mostraban la posición reprobatoria de México hacia la invasión rusa.

Sin embargo, en los meses subsecuentes la diplomacia mexicana ha tratado de mantener una posición de mayor neutralidad. Por ejemplo, en la votación llevada a cabo el 7 de abril en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, la representación mexicana se abstuvo de votar. Ante los diversos cuestionamientos hechos a México por la abstención, el representante permanente de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, declaró que “la expulsión de Rusia no traería fin al conflicto”, y que era “necesario encontrar una solución incluyente, apoyando el multilateralismo”.

A pesar de que se podría pensar en lo contrario, México ha declarado en todo momento que no apoya directamente a Rusia y que sus acciones responden al apego de una serie de principios rectores en su política exterior. Además, durante la reunión ordinaria de la Asamblea General de ONU en septiembre, el canciller mexicano reiteró el pronunciamiento oficial de rechazo al conflicto al mismo tiempo que promovió la creación de una comitiva diplomática de alto nivel para mediar entre los países beligerantes, abogando por una solución pacífica al conflicto. En propias palabras del canciller Ebrard, la intención es “crear un canal diplomático que permita reducir las tensiones y encauzar la mediación”.

Por otro lado, la postura del gobierno mexicano ante la invasión de Ucrania ha sido divergente en comparación con el posicionamiento del cuerpo diplomático. Si bien, inicialmente el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó en sus conferencias mañaneras su condena a la invasión rusa, al poco tiempo decidió no sumarse a las sanciones económicas que algunos países impusieron en contra de Moscú. El presidente mexicano justificó esta decisión argumentando que “no era una medida aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU” y que se estaba “apegando al histórico principio de no intervención” que ha sido uno de los pilares de la política exterior mexicana.

El gobierno mexicano también rechazó enviar armamento como forma de asistencia para el ejército ucraniano en este combate. En esa ocasión, el presidente argumentó que México es un país pacifista que se ha destacado a lo largo de su historia por no tomar parte en conflictos. Aunque esta declaración no es del todo cierta pues México sí ha brindado apoyo armamentístico a otros grupos en el pasado. El caso más conocido se presentó en el contexto de la guerra civil española, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando México envió armas al bando republicano.

Otra muestra de divergencia en cuanto a posiciones en materia de política exterior por parte del gobierno mexicano se puede encontrar en las acciones del Poder Legislativo. Apenas a un mes de iniciada la invasión, la Cámara de Diputados decidió formalizar la creación de un Grupo de Amistad México-Rusia con el fin de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones. Es relevante señalar que la creación de este grupo no fue una declaración explícita de apoyo para Rusia. En declaración del presidente del grupo de amistad, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez del PT, recalcó la importancia de mantener relaciones con Rusia tanto como con Ucrania.

Asimismo, los integrantes de este grupo de amistad hicieron hincapié en la necesidad de encontrar una solución pacífica al conflicto, donde ambas partes dejen las armas. Sin embargo, la creación de este grupo fue altamente cuestionada y fue blanco de críticas como la que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al señalar que “este tipo de acciones no pueden pasar”, la solidaridad de México debe “estar con Ucrania y en contra de Rusia”. El embajador también declaró que “entre México y Estados Unidos no puede haber diferencias”.

Si bien, en el discurso el gobierno mexicano se apega a la diplomacia, sus acciones distan de este objetivo.

Como se puede observar, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania el posicionamiento del cuerpo de representación mexicano en el exterior ha sido diplomático. Se ha dejado en claro reiteradamente que México condena la invasión, pero no está completamente de acuerdo con la estrategia que promueven las potencias occidentales para solucionar el conflicto. Sin embargo, los esfuerzos del cuerpo diplomático mexicano encuentran dificultad con las acciones del propio gobierno mexicano. Si bien, en el discurso el gobierno mexicano se apega a la diplomacia, sus acciones distan de este objetivo.

Sin embargo, es altamente probable que la ambigüedad con la que México se ha desenvuelto en este conflicto se deba al deseo de ser pragmático para evitar dañar sus relaciones internacionales. Al promover la solución pacífica del conflicto y condenar a Rusia por la invasión, pero sin apoyar cualquier tipo de sanción no oficial, México se asegura de no enemistarse con ningún país. Y aunque sus acciones le han ocasionado varias críticas y cuestionamientos, afortunadamente no han provocado un deterioro de sus relaciones con aliados importantes como Estados Unidos o la Unión Europea.

El pasado 1 de febrero de 2023 tuvo lugar en la Ciudad de México la reunión de seguimiento al programa de cooperación AMEXCID-PNUD (PROCAP) encabezada por su directora ejecutiva, la Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas. El objetivo primordial de dicha reunión fue analizar el desempeño de los componentes y objetivos específicos del programa. Fue en junio de 2013 que comienza la primera etapa del PROCAP y para junio de 2025 con la tercera etapa se contempla su consumación, o en su defecto, restructuración.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) funge como uno de los instrumentos de poder blando de la política exterior y, en cuestión del estado mexicano, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID) participa integralmente en la promoción de la CID.

En el caso particular del PROCAP lo hace de la mano de un organismo internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, pese a que es un programa ‘longevo’ dentro de la Agencia, sus metas se han mantenido firmes a lo largo de las cuatro diferentes direcciones ejecutivas que han transcurrido.

El PNUD en su trayectoria en México se ha caracterizado por desempeñar un papel predominante dentro de los organismos internacionales que trabajan en favor del desarrollo. Es justamente ese protagonismo el que le confiere ‘poder’ en la planeación y asignación de recursos. Si bien la principal directriz del PROCAP está a cargo de la AMEXCID, en ocasiones se puede llegar a cuestionar las facultades del PNUD en este respecto.

El proyecto cuenta con 3 etapas distribuidas de la siguiente manera:


Etapa Periodo Componentes
1a Junio 2013- noviembre 2017 1. Fortalecimiento institucional de la AMEXCID
2. Sistematización de políticas y buenas prácticas mexicanas con alto potencial a ser compartidas en el marco de la cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CT)
3. Promover la designación de centros de excelencia para fortalecer el papel de México en cooperación Sur. Sur, triangular y horizontal

2a Diciembre 2017 – septiembre 2019 1. Desarrollo de capacidades nacionales para la cooperación internacional
2. Consolidación de la política de CSS y CT
3. Promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo
3a Octubre 2019 – junio 2025 1. Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la CID
2. Fortalecimiento de la política mexicana de CID, en sus modalidades de recepción y oferta
3. Promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo
4. Apoyo a la implementación del Plan de Desarrollo Integral

En la primera etapa del PROCAP, según el mismo reporte de actividades, el resultado fue en gran medida eficiente en el ámbito de desarrollo de material para el Registro Nacional de Cooperación Internacional (RENCID); desarrollo de equipos multidisciplinarios; capacitaciones e impulso a centros de excelencia. La segunda etapa además de otorgar seguimiento a los temas anteriores agregó una perspectiva de género más visible en el programa y la inclusión de la Agenda 2030 entre otras acciones relacionadas con la CSS y la CT. Por último, la tercera etapa actualmente en vigor, aunado a lo anterior, contribuye al desenvolvimiento de las capacidades institucionales y capital humano.

Finalmente, a manera de recapitulación, los temas substanciales que contempla el programa son el posicionamiento de la AMEXCID; el desarrollo de capacidades institucionales; sistematización de políticas y buenas prácticas; consolidación de CSS y CT y apoyo al Plan de Desarrollo Integral. En alusión a este último punto (Plan Nacional de Desarrollo), si bien, dentro del documento constitutivo de la administración vigente (2019-2024) prioriza la cooperación entre países latinoamericanos, no se ha dejado completamente a un lado las gestiones con países de Europa o Norteamérica por mencionar algunos y por supuesto a la participación en conjunto con la SRE. Con todo lo anterior, continúa abierta la agenda para el antes mencionado Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD y la evaluación de sus resultados más significativos en los años que le restan de gestión.

Hace unos días tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños mejor conocida como la CELAC y reunió a 33 representantes de los países integrantes. Como es bien sabido, a lo largo de los años en la región de América Latina y el Caribe se han visibilizado diversos proyectos que buscan la integración y esta agrupación obedece a ello. Es prudente recordar que esta iniciativa nace con la voluntad de dos potencias en la región: México y Brasil, así pues, el antecedente a la CELAC fue el Grupo Río que reunía cada año a los mandatarios en las denominadas Cumbres Río a finales de los ochentas y funcionaba como una herramienta de diálogo político y es hasta la cumbre de 2010 que se decide transformar en el organismo que nos ocupa.

Al igual que la mayoría de los mecanismos de integración, en la región se destacan las dinámicas intergubernamentales y para el caso de la CELAC, su máxima jerarquía se ve representada por la presidencia pro-tempore con la intención de democratizar este cargo. Este foro reúne de manera anual a jefas y jefes de Estado y de Gobierno para realizar los respectivos balances de la presidencia pro tempore, dialogar sobre las relaciones entre los países de la región, realizar proyecciones para dicho organismo y entablar diálogos políticos para una mayor integración entre los distintos países integrantes.

En esta cumbre se destacó el trabajo realizado por Argentina y su liderazgo frente a la CELAC así como también se hicieron notar las felicitaciones al presidente brasileño Lula Da Silva por la victoria de las elecciones democráticas y la celebración del regreso de Brasil a este organismo y se afirmó que con el liderazgo de Brasil, la CELAC entrará en una etapa de mayor consolidación y profundizará su presencia internacional. A su vez, se planteó el uso de una moneda en común entre Argentina y Brasil, sin embargo, esta propuesta se analizará para la viabilidad de su implementación.

Por su parte, también se apuntó a la desafortunada situación que atraviesa Perú con las protestas que, según Aristegui noticias, han dejado por lo menos a 63 personas fallecidas. El presidente chileno, Gabriel Boric reprochó el accionar del gobierno de Dina Boluarte frente a la represión de la sociedad civil en relación con las manifestaciones y violación de derechos. Asimismo, se hicieron pronunciamientos dirigidos a eliminar el bloqueo a Cuba, el regreso de Venezuela a la plataforma multilateral y el llamado al respeto de la democracia y al Estado de Derecho en los países.

Ahora bien, ¿cuál es el papel que ha desempeñado México en este mecanismo de integración? La realidad es que el interés por la integración siempre ha estado presente, de hecho, México es parte de otros proyectos tendientes a la integración como la Alianza del Pacífico (AP), Comunidad del Caribe (CARICOM), Asociación Latinoamericana de Integración(ALADI) por mencionar algunos, ya sea como Estado miembro u observador. La República Mexicana ha sido representada en las cumbres de la CELAC principalmente por las o los responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su caso los respectivos mandatarios en turno.

En el lapso de la celebración de las Cumbres de jefes y jefas de Estado de este organismo, Felipe Calderón fue Presidente de México durante 2010 a 2012, posteriormente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, y en ese mismo año Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República y respectivamente, México de la CELAC en 2020. Durante la presidencia pro-tempore de México se debe apuntar que el mundo entero atravesaba por los impactos de la pandemia del COVID-19. Justamente, este escenario se agravó para la región latinoamericana y caribeña en donde persisten las desigualdades y en la que predomina la informalidad laboral, lo que a su vez incide en que las personas no tengan acceso a seguridad social. En este sentido, con la creación de vacunas para combatir dicho virus, el acceso a las mismas se convirtió en prioridad para todos los países de la región y sus esquemas de vacunación.

Bajo esta tesitura y con prioridades muy puntuales, México durante su presidencia pro-tempore de la CELAC devolvió la atención a los objetivos tendientes a la integración en la región. Fue en septiembre de 2021 que Palacio Nacional fungió como sede para la VI Cumbre de la CELAC y el mandatario de la República Mexicana, en su discurso de bienvenida, resaltó que la CELAC podría convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre los países de América latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica como Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a las soberanías. Además, AMLO apuntó que se debía de buscar algo similar a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea. Resaltó que podía convertirse en realidad si se pensaba y se abordaba sobre tres cuestiones básicas:

1. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos
2. La cooperación para el desarrollo
3. La ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación

Desde la trinchera política AMLO destacó que se podían comprometer a respetar las decisiones internas de los pueblos y que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país bajo ningún pretexto con sanciones económicas. Así como también, externó que las controversias sobre democracia y derechos humanos fueran dirimidas a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales creadas por los países de América y que la última palabra la tengan las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, enfatizó en la cooperación con Estados Unidos y Canadá para avanzar en la esfera económica y comercial y celebrar un tratado para fortalecer el mercado interno y puntualizó que solamente se requiere de hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y solicitar a estas instituciones de un plan con el objetivo de promover la comunidad económica.

Finalmente, en esa intervención, AMLO señaló que la integración productiva con dimensión social debía contar con el componente de la inversión para el bienestar de todos los pueblos de América bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso y que se debía avanzar hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Ahora bien, con relación a la reciente VII Cumbre de la CELAC, fue el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en su representación, pero hizo llegar un mensaje a la CELAC en donde aprovechó para saludar a la Presidenta de Honduras Xiomara Castro, a Lula Da Silva, presidente de Brasil, y a su hermano del alma como se refirió a Alberto Fernández, presidente de Argentina que a su vez presidió dicha cumbre.

"[…] cuando se le preguntó a Ebrard por la ausencia de López Obrador, respondió que él no hacía viajes tan largos […]"

En este mensaje, hizo alusión a la unión que aspiraba Simón Bolívar en la región y nuevamente hizo referencia al caso de la Unión Europea y resaltó la necesidad de respetar la independencia de todos los países y buscar unidad bajo esas condiciones. También felicitó al recién electo presidente de Brasil, posteriormente condenó la situación del Perú y la manera en que se reprimieron las protestas del pueblo en donde apuntó que se opone al autoritarismo y rechaza el encarcelamiento de Pedro Castillo (ex-presidente de Perú). Finalmente envió saludos fraternos a los pueblos hermanos y comunicó que iba a secundar todo lo que Argentina acordara en el marco de esta cumbre.

Ahora bien, cuando se le preguntó a Ebrard por la ausencia de López Obrador, respondió que él no hacía viajes tan largos y que, no obstante, había enviado su mensaje y que se encontraba muy presente en la cumbre, así como también enfatizó en que hacía mucho tiempo que Argentina, Brasil y México estuvieran alineados en la misma visión política y que eso le da una gran potencia a la visión de la CELAC.

En este orden de ideas, se debe traer a colación que precisamente la intención y parte de los objetivos principales de este organismo, es la de consolidarse como un espacio exclusivo de los países de la región latinoamericana y caribeña. A su vez, México se ha pronunciado respecto a la idoneidad de la cooperación e involucramiento de Estados Unidos y Canadá para la celebración de tratados comerciales con los países miembros de la CELAC. Asimismo, al remitirnos a lo comentado por el presidente mexicano de buscar parecerse a la Unión Europea es prudente destacar que la realidad latinoamericana y caribeña es sumamente diferente a la de Europa. El contexto en el que se formó la Comunidad Económica y avanzó respectivamente a la hoy conocida Unión Europea tuvo una realidad distinta a la de la región en América Latina y el Caribe.

La región latinoamericana y caribeña tiene un pasado con diversos enfrentamientos, intervenciones de potencias extranjeras y largos periodos de lucha para materializar sus respectivas independencias y gozar de plena soberanía. Por lo tanto, pensar en un esquema de integración regional desde el modelo europeo es remitirse a la teoría de integración clásica en donde los países ceden soberanía y existen figuras supranacionales en la toma de decisiones para los países involucrados. Bajo esta perspectiva, naturalmente desaparecen las estructuras fundacionales en las que operan la mayoría de los mecanismos de integración en la región de América Latina con dinámicas intergubernamentales y en consecuencia la condicionante de la voluntad política.

Los esquemas intergubernamentales representan una dualidad pues se resalta lo positivo de la flexibilidad en la toma de decisiones, pero a su vez, la atención que le proporcione la administración en turno incidirá en la relevancia que tenga la integración para sus agendas nacionales o planes de desarrollo. Por ejemplo, Brasil no estuvo involucrado en temas sobre integración mientras Jair Bolsonaro (ex presidente) asumió la presidencia pues la integración en la región y la política medio ambiental no fueron consideradas prioridades para su gobierno.

Finalmente, en la cumbre se hizo un llamado a la democratización del organismo y se designó la presidencia pro tempore a San Vicente y las Granadinas. Además, se resaltó la rotación de la presidencia por regiones para que no quede centrado en potencias con mayores capacidades materiales. “La unidad en la diversidad” es la meta que se propuso la CELAC para fortalecer la integración en la región, sin embargo, esta unidad debe consolidarse a través de proyectos en conjunto y habrá que plantearse metas concretas para alcanzar y materializar los objetivos regionales. Resultan favorecedores los puntos de encuentro entre los gobiernos con relación a la ideología política y la consciencia de la relevancia de unidad y cooperación entre los países miembros. Así pues, −no solamente para México− se vislumbra una nueva etapa para que la integración nuevamente se posicione en las agendas nacionales y esto coadyuvará en mantener activa a la CELAC como plataforma de alto valor para el diálogo político entre los países de la región latinoamericana y caribeña.

La problemática de las drogas históricamente ha planteado diversos desafíos para las sociedades antiguas y modernas. Diversas drogas como el opio, el LSD, la marihuana y la cocaína, entre otros, han influenciado la manera en que se entiende este fenómeno en muchas culturas. En la actualidad, la producción, comercialización y consumo de drogas indudablemente está arraigada a ubicaciones geográficas que brindan bondades, ventajas y beneficios para ese mercado. En esta dinámica convergen regiones estratégicas que actúan respecto a la demanda y oferta. Respecto a la producción, según datos de la ONU, Colombia con más de 200,000 hectáreas en el 2021 se ubica como el mayor productor de cocaína en el mundo. Además, en el país andino se siembran drogas como marihuana y amapola en zonas como Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

En efecto, en el proceso de producción y comercialización de la cocaína intervienen miles de campesinos colombianos de las zonas más marginadas del país que ven en los rendimientos de la siembra de hoja de coca la solución al abandono del agro por parte del Estado. La población campesina e indígenas que se dedica a esta actividad son parte de entornos de pobreza extrema y vulnerabilidad en donde no existen servicios públicos, colegios, ni vías terrestres aptas para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ven en la ilegalidad la única alternativa para tener una solvencia económica que garantice la subsistencia propia y de su grupo familiar. Además, la falta de instituciones y presencia del ejército o policía colombiana en la zona facilitan la injerencia de grupos al margen de la ley que gobiernan estos territorios y que fomentan el bienestar de la comunidad.

Por otro lado, en el norte del mismo continente se encuentra México, uno de los principales corredores de drogas en el mundo. Según el Congreso de Estados Unidos, en México existen más de 15 organizaciones narcotraficantes que se disputan el territorio, las cuales están fuertemente armadas y controlan regiones estratégicas por donde envían drogas a EE.UU. En paralelo, según el CIDE, en México operan más de 150 bandas criminales las cuales se dedican a secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas. Los tentáculos de las poderosas estructuras narco-criminales controlan regiones y municipios enteros. Además, de acuerdo con investigadores de la San Diego State University, la influencia de estas estructuras se ha diversificado a temas como tala ilegal, industria del aguacate, minas ilegales, migración, entre otros. Sin embargo, probablemente la que más beneficios redituables ha traído ha sido el robo de gasolina ya que este recurso es vendido ilegalmente por todo el territorio mexicano. Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del narcotráfico bajo una mirada enfocada en el caso mexicano y colombiano.

"La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado."

Respecto a los dos casos analizados anteriormente, la magnitud de la relación de Colombia y México en temas de narcotráfico es innegable. Colombia es el principal proveedor de cocaína que transportan los carteles mexicanos rumbo a Europa y Estados Unidos. La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado. El aumento considerable de miles de hectáreas de coca en Colombia se le atribuye, en buena parte, a los negocios con el narco mexicano y la alta demanda de consumidores en Estados Unidos y Europa. Existen reportes de campesinos en el que experimentan con nuevas semillas con el fin de producir más cantidades en menos tiempo. De igual manera, el dinero del narco mexicano y estructuras criminales aliadas en Colombia los hace acreedores del control de pistas clandestinas y zonas aeroportuarias desde donde envían los cargamentos de drogas a México y otros destinos.

En ese sentido, el negocio de las drogas en sus diferentes etapas a través de estructuras narcotraficantes transfronterizas, auspiciadas por grupos al margen de la ley, generan una problemática reflejada en regiones con índices históricos de violencia tanto en México como en Colombia. Además, a través de esta actividad existe un fomento de comunidades hacia la ilegalidad con base en la falta de oportunidades por parte de los gobiernos en cuestión. Los vínculos del narco mexicano y las organizaciones criminales con grupos al margen de la ley al interior de Colombia fortalecen el entramado criminal dotándoles de recursos financieros para la ilegalidad expresada en un mayor número de miembros y mejores elementos de dotación. El poder de estos grupos en algunas regiones ha desafiado la institucionalidad del gobierno, generando una connotación de debilidad e insuficiencia gubernamental.

En definitiva, bajo una visión crítica, el concepto de lucha antidrogas en México, Colombia y a nivel global debe ser repensado desde una mirada integral. Más aún, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas no es un problema que interese únicamente a los dos países, sino que sus efectos se vislumbran directa o indirectamente a nivel global, la visión actual de las drogas y su posterior acción en contra de esta es un generador de focos de violencia en diferentes zonas. La guerra histórica contra las drogas, en vez de generar resultados definitivos, ha exacerbado sus consecuencias. Este replanteamiento del fenómeno de las drogas tiene que llevar al gobierno mexicano y colombiano a meditar en la influencia de Estados Unidos en las políticas antidrogas en el cono sur a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los cuales han sido un rotundo fracaso en la práctica.

El replanteamiento en el tratamiento en temas antidrogas es imperante. La necesidad de cambio de visión por parte de los gobiernos en el mundo parte del reconocimiento del consumo de drogas, no bajo la lupa de una política de criminalización, sino tratado a través de un tema de salud pública. Si gobiernos como el estadounidense se enfocaran en programas serios y rigurosos de prevención de consumo de drogas, indudablemente bajaría la demanda lo cual significaría que se reducirían los mercados y esto llevaría a una disminución significativa de comercialización de narcóticos. Finalmente, cabe señalar que las drogas, su comercialización y efectos son una realidad y dependerá del gobierno si el monopolio de estas sustancias queda en manos de estructuras narcotraficantes, con todo lo que implica, o lo ostenta él mismo imponiendo las condiciones en toda la cadena productiva.

La cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá hasta la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) no ha derivado en soluciones a problemas comunes más allá del pragmatismo impulsado por el interés nacional de cada una de las naciones que conforman este espacio geográfico. Desde la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), principal institución regional formal, académicos han discutido la posibilidad de construir una región integrada, con instituciones para resolver problemas comunes, más allá del ámbito económico y comercial. La idea de América del Norte, ampliamente difundida por Robert Pastor, obedecía a estas pretensiones. Sin embargo, las agendas nacionales tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, desde la era Bush hasta la era Trump, han avanzado hacia otra dirección. La protección de la soberanía nacional, las medidas unilaterales y el énfasis en las relaciones bilaterales se han impuesto sobre el desarrollo de instituciones regionales.

A pesar de que América del Norte es una de las regiones con mayor flujo de mercancías, personas y procesos de producción en el mundo, hasta el momento carece de instituciones regionales formales para tratar problemas comunes, tales como la seguridad, la migración laboral y la salud. La falta de promoción de un acercamiento trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá ha contribuido a que no se consolide el desarrollo regional para combatir de forma conjunta los problemas que aquejan la región. En su lugar, los Estados han optado por concentrarse en sus relaciones bilaterales, lo cual ha ocasionado que en América del Norte: 1) prevalezca una estructura de cooperación fragmentada en el tema de seguridad, 2) no existan instituciones regionales para mejorar el estado de los trabajadores migrantes en toda la zona y 3) no exista un sistema efectivo para la contención y mitigación epidemiológica que supla las medidas unilaterales adoptadas por las partes en caso de emergencia sanitaria.

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como objetivo exponer los alcances y limitaciones de la X Cumbre de Líderes de América del Norte con respecto al desarrollo de mecanismos e instituciones regionales. De esta forma, el argumento principal de este trabajo gira en torno a que la X CLAN no supone un avance significativo en el desarrollo de instituciones regionales para resolver problemas comunes en América del Norte. Esto es así debido a que la X CLAN no ha logrado establecer una verdadera comunidad de intereses compartidos de la cual derive una identidad regional norteamericana. Sin embargo, sus alcances dependerán del seguimiento de los mecanismos prometidos en la Cumbre.

La X Cumbre de Líderes de América del Norte trajo como resultado los siguientes compromisos: 1) promover sociedades diversas, inclusivas, equitativas y democráticas que combatan el racismo; 2) combatir la crisis climática, por medio de la adopción de energías limpias y la reducción de las emisiones de metano para 2030; 3) fortalecer la competitividad, la innovación y la resiliencia; 4) promover la ampliación de las vías legales y otras medidas humanitarias para hacer frente a la migración irregular en la región; 5) coordinar acciones y estrategias para combatir el tráfico de armas y drogas, así como la trata de personas; 6) intercambiar información y establecer políticas públicas para proteger a sus países contra las crisis de salud actuales y futuras.

Los mecanismos de carácter trilateral prometidos en la Cumbre son escasos. En primer lugar, con respecto a diversidad, equidad e inclusión, el compromiso de los Estados de América del Norte se apoya en mecanismos regionales y globales ya existentes, tales como el Grupo de Trabajo Trilateral sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas, pactado en la VIII CLAN en 2016, la Coalición por la Igualdad de Derechos en las Américas y el Grupo Central LGBTQI+ de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, sobre el cambio climático las naciones pactaron el siguiente mecanismo de cooperación: la elaboración de un Plan de Acción para la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos para finales de 2025 y contribuir en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos a la mitad para 2030.

En tercer lugar, con respecto al fortalecimiento de la competitividad, los gobiernos se comprometieron a crear el primer foro trilateral sobre semiconductores, el cual incluirá a representantes de alto nivel del sector y la participación gubernamental del gabinete de Estados Unidos, México y Canadá. Esto con el propósito de forjar cadenas de suministro regionales más sólidas, así como promover la inversión específica en industrias, tales como los semiconductores y las baterías de vehículos eléctricos. Asimismo, los mandatarios anunciaron la creación de un comité para impulsar la sustitución de importaciones. Este comité estará compuesto por 4 expertos por país. El comité tiene como objetivo buscar la autosuficiencia económica en América del Norte con respecto a China y otros países.

En cuarto lugar, con respecto al tema de la migración, las naciones adoptaran los siguientes mecanismos de cooperación: la finalización y la aplicación del Plan de Acción Trilateral para la Ampliación de las Alianzas para el Desarrollo, el cual busca abordar las causas profundas de la migración irregular. Este mecanismo abarca toda la región de América Latina y está acompañado de la creación de un centro en el sur de México que cuenta con apoyo del sector privado. Asimismo, México y Estados Unidos convinieron en la creación de un Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada. Un mecanismo similar existe entre México y Canadá desde 1974.

En quinto lugar, sobre el tema de seguridad, México, Estados Unidos y Canadá convinieron en reanudar el diálogo sobre la Estrategia de América del Norte para Combatir la Trata de Personas. Asimismo, las naciones acordaron continuar y actualizar el Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (NADD), esto incluye la celebración de reuniones de los directores del NADD y de una cumbre trilateral de salud pública. Otro mecanismo relevante es el establecimiento de una postura unificada en lo relativo a la recopilación e intercambio de registros de nombres de pasajeros.

Por último, en sexto lugar, en el ámbito de la salud, los Estados norteamericanos convinieron en la revisión del Plan de América del Norte para la Gripe Animal y Pandémica (NAPAPI, por sus siglas en inglés) para mejorar la prevención, preparación y agilizar la respuesta a las emergencias sanitarias en América del Norte.

Por otro lado, en términos generales, la X CLAN sirvió para para sentar las bases para atender problemas vigentes, aunque no haya medidas concretas fuera de las mencionadas anteriormente. Asimismo, existe una escasez de compromiso trilateral en distintos temas. Por ejemplo, la regulación de la migración laboral aún sigue fragmentada en dos programas de trabajadores agrícolas de temporada. Por un lado, el que existe entre México y Canadá y ahora el anunciado entre Estados Unidos y México. Esto obedece a las características divergentes de las relaciones bilaterales. Es decir, a la relación histórica en el ámbito de la migración que ha tenido México y Estados Unidos, la cual ha significado un problema para Washington, cosa que no ha ocurrido la mayor parte del tiempo entre México y Canadá. De la misma forma, en el ámbito de la regulación de la migración, los esfuerzos conjuntos destacan la participación de México como receptor de migrantes de Centroamérica. A la vez que el enfoque concuerda con el objetivo del gobierno del presidente mexicano de hacer énfasis en el desarrollo de los países expulsores de migrantes. En este ámbito, las estrategias anunciadas por los países norteamericanos podrían fortalecer el desarrollo regional y continental.

Por otro lado, los mecanismos propuestos en el tema de la seguridad son la continuación de mecanismos ya existentes. En este sentido, a corto plazo no debería esperarse una estructura institucional regional que atienda los problemas de seguridad de América del Norte. Las razones estriban en que Canadá no comparte, en magnitud, los problemas que existen entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. En la misma área, hubo temas relevantes desplazados en la reunión, tales como el tema sobre regulación de uso y venta de armas en Estados Unidos.

"Canadá no comparte, en magnitud, los problemas que existen entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad."

Por otra parte, con respecto al tema de la salud, las naciones poseen una amplia experiencia para resolver los problemas de forma conjunta, como fue con la H1N1 en 2001. Reforzar las líneas de acción con base en la NAPAPI podría asegurar medidas efectivas regionales para contrarrestar futuras amenazas a la seguridad sanitaria de los ciudadanos en América del Norte. Sin lugar a dudas, esta es una vía deseable en América del Norte en contraposición a las medias adoptadas por la administración Trump durante la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, los mecanismos propuestos en el ámbito de derechos humanos y medio ambiente quedan opacados por la importancia que se le brindó al ámbito económico. Parece ser que el eje de la X CLAN son los semiconductores. El impulso a la industria de semiconductores por medio del panel de expertos pactado podría representar un avance significativo que posicione a América del Norte como una región autosustentable y competitiva en el ámbito de las mercancías derivadas de este sector. Esto beneficiaria a México y a sus socios norteamericanos y contrarrestaría la influencia de China en la región.

En conclusión, hay que destacar que la Cumbre de Líderes de América del Norte sirve para reforzar procesos que darán resultado en el futuro. Asimismo, depende de la voluntad política de los mandatarios y del seguimiento que se le den a los acuerdos y mecanismos propuestos. Sin lugar a dudas, con la misma celebración de la CLAN las naciones ganan. Sin embargo, eso no significa que América del Norte como región vaya a tener un desarrollo significativo como resultado. La construcción de instituciones regionales para atender problemas comunes depende de mucho más que de la celebración de esta reunión trilateral. En este sentido, la idea de una verdadera comunidad de intereses compartidos de la cual derive una identidad norteamericana es relevante para favorecer la construcción de instituciones regionales. Aunque la misma celebración de la X CLAN expresa la idea de una comunidad de intereses, así como la buena voluntad para dialogar desplazando los temas controversiales en las relaciones, no ofrece de forma explícita la idea de América del Norte como región y, en su lugar, refleja la búsqueda del interés nacional de cada nación. Pese a lo anterior, la X CLAN trae consigo la oportunidad de que México y Canadá tengan un mayor acercamiento y la proyección de que México, al lado de sus socios norteamericanos, puede tener un papel de liderazgo en el hemisferio occidental.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha registrado dos importantes crisis diplomáticas con respecto a sus relaciones con países sudamericanos. Si bien, desde su toma de posesión como presidente del país, en diciembre de 2018, el mandatario mexicano declaró que en materia de política exterior su gobierno actuaría en estricto apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, lo cierto es que no tiene empacho en expresar abiertamente sus muy personales opiniones políticas sobre otros países, sus gobiernos y hasta de calificar sus procesos electorales. En contraste, cuando la comunidad internacional señala los hierros de su gobierno, el presidente apela a la soberanía y la no intervención.

Las opiniones del encargado de diseñar y conducir la política exterior de México han dado como resultado serias fricciones con países como España, Panamá y Colombia, mismas que han tenido que ser resueltas por las gestiones diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano y la voluntad de los liderazgos políticos de tales países. Pero en otros casos, como lo son Bolivia y Perú, las declaraciones e intromisiones del mandatario mexicano terminaron con la declaración de persona non grata a los titulares de las representaciones diplomáticas de México, hechos nunca antes registrados en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con esos países.

El primero de los casos inició en 2019, tras la renuncia presidencial de Evo Morales al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La crisis política que se desarrolló en el país andino, tras el proceso de elecciones generales en octubre de ese mismo año, fue resultado de los intentos del mandatario boliviano para reelegirse en el cargo. Evo Morales gobernó de forma ininterrumpida desde el año 2006 y planeaba continuar durante el periodo 2020-2025. A través del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales logró el triunfo en las urnas, bajo severas críticas, acusaciones de fraude y protestas sociales, con el 47% de los sufragios totales. Sin embargo, durante los primeros días del mes de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia al cargo, toda vez que había perdido el apoyo del ejército y la policía, elementos de la fuerza pública boliviana que le recomendaron dejar la presidencia.

El gobierno de AMLO condenó esa acción como un golpe de Estado. De forma inmediata ofreció el mecanismo de asilo político con la intención declarada de brindar protección a la vida del ex mandatario, quien de forma inmediata la aceptó. De esta forma, en una operación propia de un thriller político, comandada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, un avión de la fuerza aérea mexicana extrajo a Evo Morales de Bolivia el 11 de noviembre de 2019 para ser llevado a la Ciudad de México. Morales, en calidad de asilado político, fue recibido por AMLO. Enseguida, el nuevo gobierno boliviano, declarado ipso facto en favor de la legisladora Jeanine Áñez, acusó a Evo Morales de alentar desde México los disturbios en su país. Por el apoyo brindado por el gobierno de México a Morales, el gobierno de Jeanine Áñez declaró persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado solicitándole abandonar el país es un plazo de 72 horas. La embajadora Mercado regresó a México el 31 de diciembre de 2019 en medio de una fuerte polémica diplomática con el cambio de residencia de Evo Morales a Argentina, auspiciado por el gobierno de Alberto Fernández. En enero del 2021, con la llegada de Luis Arce (candidato del MAS) a la presidencia de Bolivia, la embajadora María Teresa Mercado reanudó sus funciones como embajadora de México en dicho país con la intención de intensificar la cercanía entre ambos países en el marco del 190 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

"[…] el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego 'a modo' de la Doctrina Estrada."

El segundo caso, el 20 de diciembre de 2022, fue la expulsión de Pablo Monroy quien se desempeñaba como embajador de México en Perú. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se anunció la declaratoria de persona non grata para el embajador mexicano. La situación tuvo como raíz las declaraciones de apoyo del presidente AMLO al presidente peruano Pedro Castillo. Debe recordarse que Castillo exhortó a instalar un “gobierno de excepción”, convocar a elecciones para un congreso constituyente y por último decretó un toque de queda en todo el país andino. Tras el arresto del presidente Castillo por parte de la policía peruana en los primeros días de diciembre de 2022, llegó al gobierno la congresista Dina Boluarte.

Para el mandatario mexicano, Pedro Castillo fue depuesto por un “golpe del conservadurismo” e insistió que el gobierno de México realizaba una pausa en las relaciones, al mismo tiempo, hizo público el reconocimiento de Castillo como presidente de Perú. De inmediato la presidenta Boluarte condenó las declaraciones realizadas por AMLO. A través de la cancillería peruana, el gobierno protestó que “tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorios del principio de no intervención”. AMLO insistió tanto en la defensa de Castillo, al igual que los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia, como el tema de la pausa diplomática entre ambos gobiernos. De tal suerte que la cancillería mexicana solo se limitó a retirar al embajador Monroy, pero sin cerrar la embajada en Lima, con el argumento de continuar brindando protección a los connacionales en dicho país.

En conclusión, el hecho de que gobiernos de izquierda como el de Bolivia o Perú fueran afines a las políticas del presidente AMLO en México, no fue un inhibidor para que las relaciones entre los países pasaran por sus peores momentos registrados a lo largo de la historia. Dos factores resultan ser las causas de estos distanciamientos o “pausas”, como gusta llamarlas el presidente de México. El primero de ellos, de carácter interno, es el nulo interés de AMLO por los asuntos internacionales. Reduce con ello su presencia y liderazgo en Latinoamérica, misma que pretende conducir, al igual que la política nacional desde la tribuna de La Mañanera. El segundo, de tipo externo, tiene que ver con los graves problemas políticos que atraviesan países como Bolivia y Perú. De tal suerte, Bolivia vive bajo un intenso nivel de polarización política, avivado por el ex presidente Evo Morales y MAS. El caso de Perú responde a una crisis sistémica, tras el fin de la dictadura del fujimorismo, cuatro presidentes se encuentran encarcelados y uno más se suicidó. En ese sentido, el sistema de partidos provoca que exista una alta volatilidad y tanto partidos políticos como sus candidaturas aparezcan y desaparezcan en cada elección. Ello obliga a que las presidencias peruanas sean rehenes o raptores de sus propios congresos. Bajo ese escenario internacional, el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego “a modo” de la Doctrina Estrada.

El pasado 6 de enero se cumplieron dos años de la toma del Capitolio en Washington, por parte de grupos de ultraderecha afines a Donald Trump, que no reconocieron los resultados electorales de noviembre del 2020 en los que resultó victorioso el candidato demócrata Joe Biden. El asalto se produjo momentos después de que el entonces presidente republicano pronunció un discurso en el que responsabilizó al congreso por supuestamente permitir un golpe a la democracia de su país, y literalmente incitó a sus seguidores a marchar hasta el Capitolio. Estas y otras evidencias fueron recopiladas por el comité de la Cámara de Representantes que investiga desde entonces la responsabilidad del magnate y empresario ante lo que fue considerado un intento de golpe de Estado. Trump también es investigado por violar la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos considerados de seguridad nacional. De proceder los cargos, el exmandatario podría desde ser multado hasta inhabilitado para ocupar cargos políticos.

De manera bastante similar, el 8 de enero de este 2023 grupos conservadores de ultraderecha asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, la capital política del país suramericano a unos días de que el izquierdista Luis Ignacio Lula Da Silva juramentó para su tercer mandato presidencial. Simpatizantes del ahora expresidente Jair Bolsonaro lograron acceder de manera violenta en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, pero fueron frenados al intentar tomar el Palacio de Planalto, la sede del poder ejecutivo. Pese a que el ahora exmilitar retirado de origen paulista se encontraba en Estados Unidos el día de la trifulca política, incluso desde dos días previos a finalizar su mandato, la Suprema Corte brasileña autorizó investigarle debido a un video en el que cuestionó los resultados y a las instituciones electorales del país, así como el haber justificado los bloqueos y protestas en respuesta al triunfo de Lula Da Silva. Esta investigación se sumó a otras cuatro pendientes con las que que el exmandatario ya acumula cinco procesos penales en su contra.

Para ambas situaciones, la comunidad internacional se pronunció en contra de la violencia, en favor de la voluntad democrática y el quehacer de las instituciones para la resolución pacífica de las divergencias políticas. El apoyo de líderes del continente y de buena parte de los países occidentales se demostró casi al instante en comunicados y discursos políticos con diferentes tonos y matices. En este punto, es necesario destacar cuáles fueron las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante estas crisis políticas, en las que de una u otra forma su afinidad ideológica y trayectoria política son determinantes para comprender sus posturas y acciones ante estos sucesos.

En el caso de Estados Unidos, López Obrador prefirió ser cauteloso en pronunciarse sobre el triunfo electoral de Biden a pesar de que los resultados se consideraron contundentes al finalizar los escrutinios electorales, apenas un par de días de la votación, debido a varias causas explicadas a continuación. Por una parte, la demora en reconocer el triunfo ineludible del candidato demócrata puede explicarse por el acercamiento que Andrés Manuel tuvo con Trump, que llegó al punto de oficializar su primera visita fuera del país para atender la entrada en vigor del T-MEC en Washington, durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, y apenas unos meses previos a la contienda electoral. Es necesario recordar que se pronosticó un choque entre ambos líderes debido a sus manejos nacionalistas y populistas de la política interna y externa, el cual tuvo un inicio estrepitoso con la imposición de aranceles como medida de Trump para frenar la inmigración irregular que atraviesa por territorio mexicano, y que culminó con el despliegue de la Guardia Nacional para contener dichos flujos migratorios, especialmente en la frontera sur.

Por otro lado, esta dilación de reconocimiento político-electoral se explica también por el hecho de que Trump alegó que iría a los tribunales ante lo que consideró un fraude electoral, de manera similar a lo sucedido en México durante las elecciones presidenciales del año 2006. En aquella contienda compitió por primera vez el líder mexicano de izquierda, y al final de la cual los líderes internacionales se precipitaron a reconocer a Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional ante una diferencia de votos muy estrecha, pese a las exigencias de los partidos políticos y un sector importante de la sociedad por una revisión al proceso electoral. El presidente López Obrador reservó sus opiniones durante varias de las conferencias mañaneras que ofrece casi a diario, con el argumento que debía respetar el cierre de procesos electorales para entonces sí pronunciarse al respecto del entonces nuevo presidente de Estados Unidos. Un día después del asalto al Capitolio, el presidente mexicano se limitó a declarar que no sostenía una postura al respecto, que no intervendría en asuntos internos, y que únicamente lo haría en favor de la paz y la democracia.

No obstante, el comportamiento y declaraciones de AMLO fueron muy distintos en los procesos electorales de Brasil, así como los de Colombia y Chile, en los cuales el presidente no dudó en mostrar su apoyo a los candidatos con los que comparte afinidad ideológica. Cabe mencionar que sí existió un distanciamiento entre el gobierno brasileño de Bolsonaro, Iván Duque de Colombia, y Sebastián Piñera de Chile, con el del mandatario mexicano, cuyas relaciones quedaron reducidas o perpetuadas en meramente términos diplomáticos formales, o las relaciones económicas preestablecidas. Para el caso concreto de Lula Da Silva, en las mañaneras del presidente, hubo alusiones con favoritismo hacia este candidato desde meses previos a la contienda electoral, con el que incluso se reunió el 2 de marzo de 2022 en Palacio Nacional. Asimismo, AMLO se pronunció claramente a favor de Lula apenas finalizada la primera vuelta electoral en Brasil, y al terminar la segunda vuelta establecieron una llamada telefónica el 31 de octubre para estrechar lazos políticos, en medio de protestas y bloqueos emergiendo en un Brasil muy dividido. A pesar de este acercamiento, Andrés Manuel tampoco fue a la toma de protesta del brasileño y en su lugar envió a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller en su representación.

"AMLO se pronunció claramente a favor de Lula apenas finalizada la primera vuelta electoral en Brasil, y al terminar la segunda vuelta establecieron una llamada telefónica el 31 de octubre para estrechar lazos políticos, en medio de protestas y bloqueos emergiendo en un Brasil muy dividido."

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada entre el 9 y l0 de enero, el presidente mexicano aprovechó la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau y del presidente Joe Biden para reiterar su apoyo al presidente Lula Da Silva, e involucrar a los líderes de la región en este apoyo a las instituciones brasileñas. Tal parece que el desgaste político que sufrió Biden por los costes de la guerra en Ucrania, así como las complicaciones económicas derivadas de la misma, sumadas a las pendientes por la pandemia y la guerra económica con China, le han orillado a fortalecer los vínculos con México y Canadá, lo cual aumenta el poder de negociación que tiene México para fijar ciertas posturas que en otros momentos coyunturales le habrían enfrentado con Washington.

Lo ocurrido recientemente en Brasil, así como en Estados Unidos, presupone también la evidencia de una división social creciente, que es a su vez producto de la polarización política instigada en buena medida por el discurso de los líderes políticos, y que deja un cúmulo de lecciones importantes para el resto de países de la región, en especial para México.

El comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se impulsa por el intercambio de bienes tangibles y un creciente número de bienes intangibles. En este marco, se consideró la definición de reglas sobre el comercio electrónico entre los tres socios durante los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por lo que, la presión ejercida por el gobierno estadounidense, principalmente, y la inercia del comercio internacional obligaron a México a posicionar al comercio electrónico como parte de su agenda de política exterior a partir de 2020; lo cual representa un área de oportunidad en materia económica y en el desarrollo de políticas públicas para el país.

Durante los 26 años de vigencia del TLCAN ocurrieron dos hechos clave. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) estadounidenses y canadienses se beneficiarían ampliamente del mercado regional. Mientras que, el uso de Internet y las telecomunicaciones alcanzarían su máximo desarrollo y transformarían, entre otras cosas, al comercio internacional.

Cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos señalan que en 2018 hubo 89,492 PYMES que exportaron a Canadá y 53,682 PYMES que exportaron a México. Por su parte, el gobierno canadiense informó que en 2019 la mayoría de empresas exportadoras dirigieron sus ventas hacia Estados Unidos y 97% de ellas eran PYMES; mientras que del total de empresas que exportaron a México, 89% fueron PYMES.

Previo a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020, las tendencias de participación de las PYMES en el mercado norteamericano mostraron un comportamiento favorable para Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el comercio electrónico y las PYMES ya formaban parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado por Canadá, Estados Unidos, México y otros ocho países en 2016. Aunque Estados Unidos se retiró, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, los textos de ambos temas se utilizaron para la redacción de los capítulos 19 y 25 del T-MEC.

La OCDE (2019) define al comercio electrónico o e-commerce como “la venta o compra de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”. Con base en esta definición, el capítulo 19 del T-MEC reconoce la importancia de promover el crecimiento económico por medio del comercio digital, la eliminación de obstáculos para su uso y el desarrollo de marcos de protección para los consumidores.

La definición de PYME varía de acuerdo al número de personal, ventas, ingresos y sector de las empresas. A pesar de las diferencias conceptuales de PYME, para Canadá, Estados Unidos y México dichas empresas constituyen la base de sus economías. Es así que, en el capítulo 25 del T-MEC se enfatiza la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el acceso de las PYMES a nuevos mercados a través del comercio electrónico, mediante la reducción de la burocracia. En este marco, se acordó celebrar comités anuales sobre PYMES para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés.

Actualmente, existen alrededor de 30 millones de PYMES en Estados Unidos que emplean a 60 millones de personas. En Canadá, las PYMES constituyen la mayoría de las empresas en el país y dan empleo a poco más de 10 millones de canadienses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las PYMES representan 97% de las empresas en México y en 2019 había 4.9 millones de establecimientos con 27 millones de personas ocupadas. De ese total, sólo 1% logra exportar.

Las medidas de distanciamiento social por COVID-19 potencializaron el crecimiento del comercio electrónico. De acuerdo con Wilson Center, las ventas digitales en México subieron 170% entre marzo y diciembre de 2020; mientras que 50.7 millones de mexicanos gastaron US$28 mil millones. Datos de Statistics Canada indicaron que en 2021 hubo 27 millones de usuarios de comercio electrónico, es decir, 72.5% de la población canadiense y cuyas ventas minoristas alcanzaron un máximo histórico de US$3,820 millones en 2020. Cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos señalaron que las ventas de comercio electrónico en 2021 se duplicaron con respecto a 2019 con un valor de US$870 mil millones.

El auge del comercio electrónico representa una oportunidad para la inserción de las PYMES a las cadenas globales de valor. Es decir, en lugar de producir bienes desde cero, se espera que la empresa sólo se enfoque en llevar a cabo una etapa de todo el proceso productivo. El éxito de las PYMES de Estados Unidos y Canadá, desde antes del boom del comercio electrónico, atendió a la inversión en innovación, protección de la propiedad intelectual, conexión con los consumidores finales y apoyo gubernamental a través de programas como CanExport y The United States Commercial Service. Mientras que, en materia de comercio electrónico han buscado adaptarse a áreas clave como: compras híbridas, ciberseguridad, migración a pagos móviles y marketing digital.

Las PYMES mexicanas no sólo no forman parte de las cadenas de valor a nivel global ni regional, sino que sobreviven en la informalidad. La falta de un marco regulatorio en materia laboral y fiscal, de capacitación, de financiamiento, de un Estado de derecho que proteja a los empresarios de extorsión, entre otros, inciden en el fracaso de las PYMES. Además, las pocas PYMES que logran exportar suelen orientarse a bienes y servicios básicos carentes de innovación, que fácilmente pueden ser reemplazados por otros competidores.

Aunque la celebración del primer comité PYME en octubre de 2021 fue un acierto para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés, México es el socio al que se le debe prestar especial atención. Es fundamental que, en este marco, se le otorgue mayor peso al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía con un enfoque orientado al fomento de la innovación y protección de la propiedad intelectual.

 

Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

 

Desde el punto de vista geopolítico, México tiene una posición privilegiada. Es puente entre América del Norte y del Sur. Además, el país está colocado entre Asia Pacífico y Europa y África. Es decir, el país está en el centro del mundo. La geografía así lo ha determinado. Sin embargo, México no tiene una política exterior que refleje su realidad geopolítica. En otras palabras, la nación no tiene una presencia relevante en África. No influye de manera determinante en Europa y en Asia en términos políticos. Solamente existe una relación comercial estable en esas dos regiones. En América del Norte, Estados Unidos tiene un mayor poder hegemónico. Hacia el sur, el gobierno mexicano ha buscado ejercer cierto liderazgo en la región. En algunas ocasiones ha tenido éxito y, en otras, las capacidades de México para influir en la zona son limitadas.

En donde México ha tenido una constante e importante presencia ha sido en Centroamérica y el Caribe. Es decir, estas dos subregiones representan la mayor zona de influencia del país. Históricamente, los diferentes gobiernos mexicanos han buscado ejercer cierta hegemonía en la zona. Por razones de seguridad o de promoción económica, México ha tratado de convertirse en una potencia regional frente a sus vecinos inmediatos en el sur. Por ejemplo, la administración de López Portillo firmó con Venezuela el Pacto de San José para proveer petróleo, a precio preferencial, a algunos países de Centroamérica y el Caribe. En el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid promovió la creación del Grupo Contadora para solucionar, de manera pacífica, los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las guerras civiles estaban afectando el sur-sureste mexicano con la llegada de miles de refugiados. Contadora le dio a México mucho prestigio internacional y sembró la semilla para el que, más tarde, se convirtió en el Grupo de Río, el cual dio lugar en 2010 a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Carlos Salinas de Gortari dio continuidad a esta política a través del Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez. Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000, el entonces presidente Vicente Fox propuso el Plan Puebla Panamá para integrar a la región con el sur-sureste de México e impulsar el crecimiento económico. La iniciativa no prosperó por falta de recursos económicos. Pero las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dieron continuidad a la presencia de México en la región a través del Proyecto Mesoamérica, el cual busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre varios países de Centroamérica y el Caribe.

Cuando López Obrador tomó posesión de la presidencia en diciembre de 2018, una de sus primeras iniciativas de políticas exterior fue el Plan de Desarrollo Integral, el cual busca impulsar el desarrollo de Centroamérica para reducir la migración. Para ese entonces, varias caravanas de migrantes centroamericanos intentaban cruzar el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos. La iniciativa representó, para entonces, la mayor propuesta de cooperación internacional por parte del gobierno mexicano. Para coordinar su operación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un diagnóstico para presentar recomendaciones concretas.

El viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica se enmarca en esta lógica de mantener una presencia constante de México en la región desde la perspectiva de la Geopolítica.

Un propósito principal fue dar continuidad y seguimiento a la exportación de los programas sociales que tiene la administración actual en Centroamérica, como son Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el futuro. Asimismo, el presidente buscaba reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos. Pero al mismo tiempo, un objetivo fue reafirmar la hegemonía geopolítica que el país proyecta en la zona. En este contexto, el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice a inicios de mayo del 2022. En otras palabras, la esencia del viaje se enmarcó en cuestiones de identidad nacional, geopolítica, pero también de cooperación internacional para la promoción del desarrollo económico de la región y, de esta manera, atacar las causas de la migración.

La visita incluyó también una escala en Cuba, uno de los países con mayor simbolismo para México en el Caribe. Luego de la Revolución de 1959, México trató de mantener una relación cercana con la isla. Sin embargo, una vez que Fidel Castro declaró en diciembre de 1961 que la esencia de su movimiento era marxista-leninista y después de que la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, México mantuvo una distancia hacia el régimen de Castro. En ese entonces, el gobierno de Adolfo López Mateos mantuvo una doble política. Por un lado, públicamente, su administración defendía a Cuba a través de los principios tradicionales de su política exterior y buscaba mantener autonomía frente a Estados Unidos. Esta posición era principalmente para consumo interno porque generaba consenso y cierta legitimidad para el PRI. Sin embargo, por otro lado, el gobierno mexicano apoyaba, en privado, a Washington en su lucha contra el comunismo.

A finales del siglo XX, la relación de México con Cuba tuvo altibajos. Con Díaz Ordaz, el vínculo fue frío. Pero con la llegada de Luis Echeverría y José López Portillo, la interacción mejoró. Echeverría fue el primer presidente en visitar la Cuba socialista. López Portillo mantuvo un diálogo abierto con Castro. Sin embargo, con la crisis económica de inicios de los años ochenta, México optó por una asociación económica con Estados Unidos más abierta. La cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque no hubo un alejamiento explícito hacia Castro, el gobierno trató de manejar con discreción la relación con Cuba para no afectar la negociación de dicho tratado. Sin embargo, la relación bilateral empezó a tensionarse con la administración de Ernesto Zedillo, cuando su entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se reunió con la disidencia cubana en La Habana, lo cual no gustó a Castro. Además, el comandante afirmó que los niños mexicanos reconocían con mayor facilidad a los personajes de Walt Disney que a los héroes patrios. Esta declaración causó un primer conflicto diplomático entre Cuba y México.

Con la llegada de Vicente Fox, la relación con Cuba empeoró. Primero, en 2002, el presidente Fox le pidió a Castro, en una llamada telefónica, llegar a una reunión internacional que se celebraba en México y regresarse lo antes posible para no afectar la llegada de George Bush (el famoso incidente del “comes y te vas”). Después, en 2004, la administración de Fox decidió expulsar al embajador cubano en México, lo que desató una grave crisis diplomática que estuvo a punto de romper las relaciones bilaterales. La causa de este diferendo fue un discurso de Castro en el que mencionaba que la política internacional de México se había convertido en cenizas porque había votado en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Más adelante, la administración de Felipe Calderón buscó recomponer la relación. Sin embargo, el vínculo se mantuvo limitado durante el segundo sexenio del PAN. Con el regreso del PRI en 2012, el presidente Enrique Peña buscó un mayor acercamiento cuando México condonó una deuda antigua a Cuba y los dos países firmaron un acuerdo migratorio.

La llegada de un gobierno de izquierda a México en el 2018 cambió notablemente el panorama. Desde entonces, el presidente López Obrador ha buscado un mayor acercamiento a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha visitado México en tres ocasiones. En la primera, acudió a la toma de protesta de López Obrador el 1 de diciembre de 2018. El segundo viaje ocurrió en octubre de 2019 y fue una visita oficial. Asimismo, en septiembre de 2021, Díaz-Canel fue el invitado de honor durante las celebraciones del inicio de la independencia de México y acudió a la cumbre de la CELAC. Por lo tanto, la visita de AMLO representó la cuarta reunión, de manera presencial, con su homólogo cubano. Con ningún otro presidente, López Obrador ha tenido más reuniones. Con Estados Unidos, la relación más importante para México, AMLO solamente se reunió en una ocasión con Donald Trump y otra con Joe Biden (presencialmente).

En su viaje a Cuba, el presidente mexicano buscó reforzar los lazos diplomáticos con Cuba. Otro propósito fue incrementar la cooperación internacional entre ambas naciones. Como era de esperarse, AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales. En esta visita oficial, el líder mexicano recibió la orden de José Martí, la mayor distinción que puede recibir un extranjero en Cuba. El asunto migratorio ocupó también en la agenda un lugar estratégico. Este asunto despierta mucho interés para el presidente mexicano. Un tema común en Centroamérica y Cuba fue la apuesta de México por buscar una mayor integración latinoamericana y rechazar la política intervencionista de Estados Unidos. Incluso, AMLO volvió a insistir en la posibilidad de eliminar a la OEA para construir un organismo regional que sirve a los intereses de América Latina y no sea “lacayo” de ninguna potencia. En el mismo tono, el presidente mexicano mantuvo su posición de que ningún país de la región sea excluido en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio de 2022. La crítica es debido a que Estados Unidos aplicó un veto para Cuba, Nicaragua y Venezuela.

AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales.

Con este viaje, López Obrador manda la señal de que Cuba y Centroamérica son vínculos estratégicos para su administración desde el punto de vista geopolítico, de identidad nacional, diplomático y de cooperación internacional. El mensaje también está dirigido a los sectores sociales internos que lo apoyan. Una política de autonomía frente a Estados Unidos y de acercamiento hacia Centroamérica y Cuba genera dividendos políticos para una administración de izquierda. En conclusión, López Obrador le ha dado continuidad a la tradición de tener a Centroamérica y el Caribe como las zonas de mayor influencia de la política exterior de México. Es altamente previsible que su administración mantendrá esta tendencia hacia el final de su sexenio. En otras palabras, Centroamérica seguirá siendo el principal objetivo de la cooperación internacional mexicana para impulsar el desarrollo económico y detener las causas de la migración. Con Cuba, México reforzará su alianza con la isla para ejercer liderazgo en América Latina y para que sirva de contrapeso frente a Estados Unidos.

 

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