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Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

 

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El 16 de abril de 2021 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley que regula a la cooperación internacional para el desarrollo (CID) de México, considerada por la Constitución como principio normativo de la política exterior. El propósito esencial de la inédita normativa fue mejorar la capacidad del gobierno federal, para programar, gestionar coordinar, financiar y evaluar los ejercicios de esa naturaleza, en sus vertientes receptora y oferente. Fue así como producto de esa Ley nació un Sistema de CID mexicana, que se confeccionó para armonizar su actuar, tanto con base en necesidades nacionales, como a la luz de los nuevos lineamientos de la agenda global del desarrollo, bajo la expectativa de que México se posicionara como un referente destacado en la materia.

Con base en esta Ley, el 27 de septiembre de 2011 nació la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), como la instancia adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desde entonces regula el actuar en este segmento de las relaciones internacionales oficiales de nuestro país. A la par, la Ley obliga al gobierno en turno a guiar sus actividades a este respecto mediante un Programa nacional de cooperación internacional, así como alimentar, de manera permanente, a un Sistema de información. Este mecanismo debe dar cuenta de proyectos, programas, acuerdos y recursos dedicados a la colaboración que México instrumenta y, de esa forma, atender a los principios de visibilidad y rendición de cuentas.

Con el paso de los años, este Sistema de CID, si bien registra avances en varios de sus segmentos, en tiempos recientes enfrenta dificultades que, incluso, atentan contra los elementos fundamentales de la Ley. Por ejemplo, la AMEXCID continúa funcionando mediante una estructura que, en esencia, y a pesar de algunas adecuaciones, tiene como origen a la entonces Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, diseñada en el año 2000, más de veinte años atrás. Si bien la reforma institucional de la AMEXCID está en puerta mediante adecuaciones al Reglamento Interior de la SRE, el rezago institucional y la fragmentación de las oficinas que componen a este organismo desconcentrado de la Cancillería compone una tarea que continúa pendiente. El Programa Nacional de CID (PROCID), que por Ley debe crearse cada sexenio, tiene un rezago, al momento actual, de dos años y medio, mientras que los datos más recientes que arroja el Registro Nacional de CID corresponden al año 2017, lo que implica una demora de cuatro años. Ello impide a las autoridades conocer los montos, orientaciones geográficas y tipos de colaboración que México ofrece en su entorno exterior; elementos indispensables para hacer las evaluaciones necesarias sobre los aciertos y elementos de oportunidad de esta faceta de México en el exterior, en especial Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Finamente, el FONCID fue recientemente eliminado, lo que deja en vilo el instrumento que el gobierno utilizará para honrar y transparentar el compromiso presidencial de otorgar de cerca de 100 millones de dólares anuales a nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala (expulsores de migrantes a Estados Unidos), quienes reciben los programas “Sembrado Vidas” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como réplica o, en voz de la AMEXCID, “exportación” (sic) de las estas acciones aplicadas en México.

Llama la atención que este generoso ejercicio de colaboración mexicano hacia el Sur no coincide del todo con los cánones de la cooperación actual, que requiere de ejercicios de complementariedad, coparticipación y cofinanciamiento entre los socios, tendientes a adaptarse a las necesidades de los beneficiarios (demand driven) y evitar medidas asistencialistas, que impiden la apropiación de los proyectos. En este sentido, no olvidar que la CID de nuestros días debe necesariamente abordar, de manera integral, rubros estructurales como mejoras en políticas púbicas en temas de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, cuidado ambiental, equidad de género, prevención de desastres naturales, etc.

En definitiva, a 10 años de la entrada en vigor de la Ley de CID, junto con sus logros, resulta fundamental atender, de manera cabal, al espíritu y contenido de este mandato federal, para facilitar al gobierno la construcción de una política de cooperación internacional más sistémica, de Estado, que atienda a las causas del subdesarrollo. Ello evitaría que la contención migratoria sea la principal brújula que en buena medida orienta el actuar de la AMEXCID.

Para ello es necesario, ya sea cumplir con el contenido de la Ley citada, o hacer un alto, y reflexionar, de la mano de distintos actores nacionales, para transformar a esta normativa y al Sistema que aglutina a la CID mexicana. Hacer esto permitiría plantear las modificaciones necesarias para hacer de este instrumento -y principio normativo de la política exterior- una novedosa herramienta al servicio de las causas nacionales e internacionales, que sea adaptativa a los propósitos de desarrollo y, a la par, de la política exterior mexicana.

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