Análisis

Análisis (33)

El comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se impulsa por el intercambio de bienes tangibles y un creciente número de bienes intangibles. En este marco, se consideró la definición de reglas sobre el comercio electrónico entre los tres socios durante los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por lo que, la presión ejercida por el gobierno estadounidense, principalmente, y la inercia del comercio internacional obligaron a México a posicionar al comercio electrónico como parte de su agenda de política exterior a partir de 2020; lo cual representa un área de oportunidad en materia económica y en el desarrollo de políticas públicas para el país.

Durante los 26 años de vigencia del TLCAN ocurrieron dos hechos clave. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) estadounidenses y canadienses se beneficiarían ampliamente del mercado regional. Mientras que, el uso de Internet y las telecomunicaciones alcanzarían su máximo desarrollo y transformarían, entre otras cosas, al comercio internacional.

Cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos señalan que en 2018 hubo 89,492 PYMES que exportaron a Canadá y 53,682 PYMES que exportaron a México. Por su parte, el gobierno canadiense informó que en 2019 la mayoría de empresas exportadoras dirigieron sus ventas hacia Estados Unidos y 97% de ellas eran PYMES; mientras que del total de empresas que exportaron a México, 89% fueron PYMES.

Previo a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020, las tendencias de participación de las PYMES en el mercado norteamericano mostraron un comportamiento favorable para Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el comercio electrónico y las PYMES ya formaban parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado por Canadá, Estados Unidos, México y otros ocho países en 2016. Aunque Estados Unidos se retiró, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, los textos de ambos temas se utilizaron para la redacción de los capítulos 19 y 25 del T-MEC.

La OCDE (2019) define al comercio electrónico o e-commerce como “la venta o compra de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”. Con base en esta definición, el capítulo 19 del T-MEC reconoce la importancia de promover el crecimiento económico por medio del comercio digital, la eliminación de obstáculos para su uso y el desarrollo de marcos de protección para los consumidores.

La definición de PYME varía de acuerdo al número de personal, ventas, ingresos y sector de las empresas. A pesar de las diferencias conceptuales de PYME, para Canadá, Estados Unidos y México dichas empresas constituyen la base de sus economías. Es así que, en el capítulo 25 del T-MEC se enfatiza la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el acceso de las PYMES a nuevos mercados a través del comercio electrónico, mediante la reducción de la burocracia. En este marco, se acordó celebrar comités anuales sobre PYMES para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés.

Actualmente, existen alrededor de 30 millones de PYMES en Estados Unidos que emplean a 60 millones de personas. En Canadá, las PYMES constituyen la mayoría de las empresas en el país y dan empleo a poco más de 10 millones de canadienses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las PYMES representan 97% de las empresas en México y en 2019 había 4.9 millones de establecimientos con 27 millones de personas ocupadas. De ese total, sólo 1% logra exportar.

Las medidas de distanciamiento social por COVID-19 potencializaron el crecimiento del comercio electrónico. De acuerdo con Wilson Center, las ventas digitales en México subieron 170% entre marzo y diciembre de 2020; mientras que 50.7 millones de mexicanos gastaron US$28 mil millones. Datos de Statistics Canada indicaron que en 2021 hubo 27 millones de usuarios de comercio electrónico, es decir, 72.5% de la población canadiense y cuyas ventas minoristas alcanzaron un máximo histórico de US$3,820 millones en 2020. Cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos señalaron que las ventas de comercio electrónico en 2021 se duplicaron con respecto a 2019 con un valor de US$870 mil millones.

El auge del comercio electrónico representa una oportunidad para la inserción de las PYMES a las cadenas globales de valor. Es decir, en lugar de producir bienes desde cero, se espera que la empresa sólo se enfoque en llevar a cabo una etapa de todo el proceso productivo. El éxito de las PYMES de Estados Unidos y Canadá, desde antes del boom del comercio electrónico, atendió a la inversión en innovación, protección de la propiedad intelectual, conexión con los consumidores finales y apoyo gubernamental a través de programas como CanExport y The United States Commercial Service. Mientras que, en materia de comercio electrónico han buscado adaptarse a áreas clave como: compras híbridas, ciberseguridad, migración a pagos móviles y marketing digital.

Las PYMES mexicanas no sólo no forman parte de las cadenas de valor a nivel global ni regional, sino que sobreviven en la informalidad. La falta de un marco regulatorio en materia laboral y fiscal, de capacitación, de financiamiento, de un Estado de derecho que proteja a los empresarios de extorsión, entre otros, inciden en el fracaso de las PYMES. Además, las pocas PYMES que logran exportar suelen orientarse a bienes y servicios básicos carentes de innovación, que fácilmente pueden ser reemplazados por otros competidores.

Aunque la celebración del primer comité PYME en octubre de 2021 fue un acierto para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés, México es el socio al que se le debe prestar especial atención. Es fundamental que, en este marco, se le otorgue mayor peso al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía con un enfoque orientado al fomento de la innovación y protección de la propiedad intelectual.

 

Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

 

Desde el punto de vista geopolítico, México tiene una posición privilegiada. Es puente entre América del Norte y del Sur. Además, el país está colocado entre Asia Pacífico y Europa y África. Es decir, el país está en el centro del mundo. La geografía así lo ha determinado. Sin embargo, México no tiene una política exterior que refleje su realidad geopolítica. En otras palabras, la nación no tiene una presencia relevante en África. No influye de manera determinante en Europa y en Asia en términos políticos. Solamente existe una relación comercial estable en esas dos regiones. En América del Norte, Estados Unidos tiene un mayor poder hegemónico. Hacia el sur, el gobierno mexicano ha buscado ejercer cierto liderazgo en la región. En algunas ocasiones ha tenido éxito y, en otras, las capacidades de México para influir en la zona son limitadas.

En donde México ha tenido una constante e importante presencia ha sido en Centroamérica y el Caribe. Es decir, estas dos subregiones representan la mayor zona de influencia del país. Históricamente, los diferentes gobiernos mexicanos han buscado ejercer cierta hegemonía en la zona. Por razones de seguridad o de promoción económica, México ha tratado de convertirse en una potencia regional frente a sus vecinos inmediatos en el sur. Por ejemplo, la administración de López Portillo firmó con Venezuela el Pacto de San José para proveer petróleo, a precio preferencial, a algunos países de Centroamérica y el Caribe. En el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid promovió la creación del Grupo Contadora para solucionar, de manera pacífica, los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las guerras civiles estaban afectando el sur-sureste mexicano con la llegada de miles de refugiados. Contadora le dio a México mucho prestigio internacional y sembró la semilla para el que, más tarde, se convirtió en el Grupo de Río, el cual dio lugar en 2010 a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Carlos Salinas de Gortari dio continuidad a esta política a través del Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez. Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000, el entonces presidente Vicente Fox propuso el Plan Puebla Panamá para integrar a la región con el sur-sureste de México e impulsar el crecimiento económico. La iniciativa no prosperó por falta de recursos económicos. Pero las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dieron continuidad a la presencia de México en la región a través del Proyecto Mesoamérica, el cual busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre varios países de Centroamérica y el Caribe.

Cuando López Obrador tomó posesión de la presidencia en diciembre de 2018, una de sus primeras iniciativas de políticas exterior fue el Plan de Desarrollo Integral, el cual busca impulsar el desarrollo de Centroamérica para reducir la migración. Para ese entonces, varias caravanas de migrantes centroamericanos intentaban cruzar el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos. La iniciativa representó, para entonces, la mayor propuesta de cooperación internacional por parte del gobierno mexicano. Para coordinar su operación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un diagnóstico para presentar recomendaciones concretas.

El viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica se enmarca en esta lógica de mantener una presencia constante de México en la región desde la perspectiva de la Geopolítica.

Un propósito principal fue dar continuidad y seguimiento a la exportación de los programas sociales que tiene la administración actual en Centroamérica, como son Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el futuro. Asimismo, el presidente buscaba reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos. Pero al mismo tiempo, un objetivo fue reafirmar la hegemonía geopolítica que el país proyecta en la zona. En este contexto, el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice a inicios de mayo del 2022. En otras palabras, la esencia del viaje se enmarcó en cuestiones de identidad nacional, geopolítica, pero también de cooperación internacional para la promoción del desarrollo económico de la región y, de esta manera, atacar las causas de la migración.

La visita incluyó también una escala en Cuba, uno de los países con mayor simbolismo para México en el Caribe. Luego de la Revolución de 1959, México trató de mantener una relación cercana con la isla. Sin embargo, una vez que Fidel Castro declaró en diciembre de 1961 que la esencia de su movimiento era marxista-leninista y después de que la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, México mantuvo una distancia hacia el régimen de Castro. En ese entonces, el gobierno de Adolfo López Mateos mantuvo una doble política. Por un lado, públicamente, su administración defendía a Cuba a través de los principios tradicionales de su política exterior y buscaba mantener autonomía frente a Estados Unidos. Esta posición era principalmente para consumo interno porque generaba consenso y cierta legitimidad para el PRI. Sin embargo, por otro lado, el gobierno mexicano apoyaba, en privado, a Washington en su lucha contra el comunismo.

A finales del siglo XX, la relación de México con Cuba tuvo altibajos. Con Díaz Ordaz, el vínculo fue frío. Pero con la llegada de Luis Echeverría y José López Portillo, la interacción mejoró. Echeverría fue el primer presidente en visitar la Cuba socialista. López Portillo mantuvo un diálogo abierto con Castro. Sin embargo, con la crisis económica de inicios de los años ochenta, México optó por una asociación económica con Estados Unidos más abierta. La cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque no hubo un alejamiento explícito hacia Castro, el gobierno trató de manejar con discreción la relación con Cuba para no afectar la negociación de dicho tratado. Sin embargo, la relación bilateral empezó a tensionarse con la administración de Ernesto Zedillo, cuando su entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se reunió con la disidencia cubana en La Habana, lo cual no gustó a Castro. Además, el comandante afirmó que los niños mexicanos reconocían con mayor facilidad a los personajes de Walt Disney que a los héroes patrios. Esta declaración causó un primer conflicto diplomático entre Cuba y México.

Con la llegada de Vicente Fox, la relación con Cuba empeoró. Primero, en 2002, el presidente Fox le pidió a Castro, en una llamada telefónica, llegar a una reunión internacional que se celebraba en México y regresarse lo antes posible para no afectar la llegada de George Bush (el famoso incidente del “comes y te vas”). Después, en 2004, la administración de Fox decidió expulsar al embajador cubano en México, lo que desató una grave crisis diplomática que estuvo a punto de romper las relaciones bilaterales. La causa de este diferendo fue un discurso de Castro en el que mencionaba que la política internacional de México se había convertido en cenizas porque había votado en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Más adelante, la administración de Felipe Calderón buscó recomponer la relación. Sin embargo, el vínculo se mantuvo limitado durante el segundo sexenio del PAN. Con el regreso del PRI en 2012, el presidente Enrique Peña buscó un mayor acercamiento cuando México condonó una deuda antigua a Cuba y los dos países firmaron un acuerdo migratorio.

La llegada de un gobierno de izquierda a México en el 2018 cambió notablemente el panorama. Desde entonces, el presidente López Obrador ha buscado un mayor acercamiento a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha visitado México en tres ocasiones. En la primera, acudió a la toma de protesta de López Obrador el 1 de diciembre de 2018. El segundo viaje ocurrió en octubre de 2019 y fue una visita oficial. Asimismo, en septiembre de 2021, Díaz-Canel fue el invitado de honor durante las celebraciones del inicio de la independencia de México y acudió a la cumbre de la CELAC. Por lo tanto, la visita de AMLO representó la cuarta reunión, de manera presencial, con su homólogo cubano. Con ningún otro presidente, López Obrador ha tenido más reuniones. Con Estados Unidos, la relación más importante para México, AMLO solamente se reunió en una ocasión con Donald Trump y otra con Joe Biden (presencialmente).

En su viaje a Cuba, el presidente mexicano buscó reforzar los lazos diplomáticos con Cuba. Otro propósito fue incrementar la cooperación internacional entre ambas naciones. Como era de esperarse, AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales. En esta visita oficial, el líder mexicano recibió la orden de José Martí, la mayor distinción que puede recibir un extranjero en Cuba. El asunto migratorio ocupó también en la agenda un lugar estratégico. Este asunto despierta mucho interés para el presidente mexicano. Un tema común en Centroamérica y Cuba fue la apuesta de México por buscar una mayor integración latinoamericana y rechazar la política intervencionista de Estados Unidos. Incluso, AMLO volvió a insistir en la posibilidad de eliminar a la OEA para construir un organismo regional que sirve a los intereses de América Latina y no sea “lacayo” de ninguna potencia. En el mismo tono, el presidente mexicano mantuvo su posición de que ningún país de la región sea excluido en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio de 2022. La crítica es debido a que Estados Unidos aplicó un veto para Cuba, Nicaragua y Venezuela.

AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales.

Con este viaje, López Obrador manda la señal de que Cuba y Centroamérica son vínculos estratégicos para su administración desde el punto de vista geopolítico, de identidad nacional, diplomático y de cooperación internacional. El mensaje también está dirigido a los sectores sociales internos que lo apoyan. Una política de autonomía frente a Estados Unidos y de acercamiento hacia Centroamérica y Cuba genera dividendos políticos para una administración de izquierda. En conclusión, López Obrador le ha dado continuidad a la tradición de tener a Centroamérica y el Caribe como las zonas de mayor influencia de la política exterior de México. Es altamente previsible que su administración mantendrá esta tendencia hacia el final de su sexenio. En otras palabras, Centroamérica seguirá siendo el principal objetivo de la cooperación internacional mexicana para impulsar el desarrollo económico y detener las causas de la migración. Con Cuba, México reforzará su alianza con la isla para ejercer liderazgo en América Latina y para que sirva de contrapeso frente a Estados Unidos.

 

La tradición diplomática mexicana muestra un quehacer constante tanto en mesas de negociación, rondas, reuniones ministeriales, en las cuales nuestro país –a pesar de las divisiones y luchas entre poderosos– participa activamente para luchar contra el cambio climático.

Desde el principio, algunos críticos le han restado importancia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante, Acuerdo de Escazú). Aquí amerita valorar su trascendencia respecto a lo que la sociedad exige de sus gobiernos: vincular sus compromisos internacionales con lo que esa sociedad puede hacer respecto a los efectos del cambio climático.

La diplomacia ambiental

Las actividades de la diplomacia ambiental que al inicio se dedicaban a promover el desarrollo sostenible y evitar la aparición de conflictos internacionales emanados por la degradación ambiental, ahora deben enfocarse a apoyar a las naciones en acciones para mitigar y adaptar a los pueblos a los efectos del cambio climático.

En el caso de nuestro país, México ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992 y desde entonces ha participado en todas las Conferencias de las Partes (COP). Posteriormente, en 2003 ratificó el Protocolo de Kioto; y en 2010, México organizó y fue sede de la COP16, celebrada en Cancún.

Dicho evento marco un hito en el liderazgo diplomático pues logró un "consenso" en la declaración final, donde se resaltaba la necesidad de nuevos compromisos de reducción de emisiones, la propuesta de creación de un Fondo Verde y sus mecanismos de operación. Además, a partir de ese momento, la embajadora Patricia Espinosa Cantellano se convirtió en referente idóneo para tratar temas relacionados a la diplomacia ambiental en cambio climático. En 2016 fue nombrada secretaria ejecutiva de la CMNUCC.

México tradujo la participación internacional en la creación de instituciones especializadas en medio ambiente y cambio climático: desde la formación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como del Programa Especial de Cambio Climático.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático, a pesar de los cambios sexenales mantiene dos grandes pilares: el primero tiene que ver con estrategias de mitigación –entendida como oportunidades de reducción de emisiones–; el segundo, con la adaptación –reducir la vulnerabilidad y construir capacidades para enfrentar el cambio climático–.

Aun cuando existe un Programa Especial de Cambio Climático donde se proponen los objetivos específicos de reducción voluntaria de emisiones, la Ley General para el Cambio Climático, en vigor desde 2012, difiere en algunos aspectos de la COP 21 efectuada en 2015. Esto ocasiona que las tareas tanto de nuestras representaciones diplomáticas como del propio gobierno mexicano, deban realizar un trabajo de “hilado fino” para canalizar la información y decisiones asumidas para reformular la política climática mexicana.

Dicha actividad diplomática se tiene que traducir en hechos, convertir esos compromisos internacionales en acciones de gobierno. Esto se logra con coherencia y voluntad política.

Si bien en distintos momentos el presidente de México ha afirmado que en el desarrollo de la política exterior se observarán los principios normativos establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún no tenemos el programa o plan de acción correspondiente. Es necesario establecer lineamientos, metas y estrategias para concretarlos.

Los principios de política exterior no son entes aislados. Si nos referimos a las acciones de protección al ambiente y cambio climático, es indispensable defender la relación que tienen con el derecho a un medio ambiente sano –ya incluido en el artículo 4º constitucional– obviamente enlazado con el principio de “la defensa, protección y promoción de los derechos humanos”. No tenemos temas aislados en la agenda internacional; todo va concatenado con lo ya actuado y firmado en instrumentos internacionales.

Antecedentes del Acuerdo de Escazú

Tenemos como punto de partida en la materia a la Conferencia celebrada en Estocolmo en 1972, titulada “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano“, con la que inicia un diálogo internacional sobre un problema global, el cuidado del medio ambiente. Consideramos como antecedente el Principio 19 de la Declaración de Estocolmo:

Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.

Se exige un compromiso tanto a gobiernos como medios de comunicación para lograr la educación y sensibilización de la población hacia la problemática del cuidado del medio ambiente. En 1992, durante la Cumbre para la Tierra celebrada en Rio de Janeiro, se acordó un compromiso no vinculante, la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, en cuyo Principio 10 se indica lo siguiente:

Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Otros instrumentos internacionales que hacen referencia a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el acceso a la información, entre los que consideramos más relevantes enlistar son:

1. Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (1994).
2. En el marco de la OEA, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra (1996).
3. En el marco de la CARICOM, Carta de la Sociedad Civil. Adoptada por los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (1997).
4. En Europa, la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocida como Convención de Aarhus, 1998).
5. En el marco del Foro Ambiental Mundial celebrado en Suecia: La Declaración de Malmö (2000).
6. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) (2002).
7. Declaración de Santa Cruz +10 (2006).
8. Directrices para la Elaboración de Legislación Nacional sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocidas como Directrices de Bali de 2010).
9. El Documento final derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como Río+20, 2012).
10. Declaración de la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2014).
11. La Resolución 686 (XXXV) aprobada en el trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL (2014).
12. Resolución sobre la aplicación del Principio 10, aprobada en la Primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2014).
13. Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización adoptada en la XX Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2014).
14. Declaración de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2015).
15. Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
16. Declaración de la XX Reunión del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2016).
17. Resolución 706(XXXVI) aprobada en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL (2016).
18. Resolución 2/25 aprobada en la segunda Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2016).

De las distintas reuniones y resoluciones enumeradas se desprende una constante: la voluntad política de los países, en especial de América Latina, de facilitar la información en materia de medio ambiente y cambio climático a todos los sectores de la población.

Los alcances del Acuerdo de Escazú

De los antecedentes anteriormente listados sumamos como base: 1) la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible; 2) el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; 3) la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 4) la Agenda 2030 y su respectivo ODS 16.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tiene como objetivo garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno; y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Los temas nodales presentes en este Acuerdo son:

  • La gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional;
  • Los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
  • Se incluye una disposición vinculante sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El artículo 2, inciso c) define “información ambiental”: por “información ambiental” se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales;

Cabe destacar que la citada definición tiene un alcance mucho más amplio de lo que se dice en nuestro país. Va más allá de la información estadística -subida a una página de internet- y, por ende, su difusión debe implicar, como lo ordena el artículo 5 titulado “Acceso a la información ambiental”, que cada Estado parte garantice el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.

Los Estados parte deben garantizar que los sistemas de información ambiental sean accesibles para todas las personas, en especial que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, en los diversos idiomas usados en el país y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos por medio de canales de comunicación adecuados. Esto último es de suma relevancia, pues muchos de los grupos vulnerables en situación de pobreza son analfabetos; en consecuencia, se le exige a los Estados parte, busquen las vías idóneas para asegurar puedan cumplir con lo señalado en el artículo 7.

Para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el Acuerdo de Escazú señala en su artículo 7 que el público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, y que, cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación.

En relación al acceso a la justicia en asuntos ambientales, el artículo 8 indica que cada país debe garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. En el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento:

  1. cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;
  2. cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y
  3. cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.

Cabe destacar la inclusión de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en el Artículo 9, pues cada país debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad.

Finalmente, cabe mencionar que en el artículo 19 “Solución de controversias”, se establece como uno de los medios de solución el recurrir a la Corte Internacional de Justicia.

La COP1 del Acuerdo de Escazú

Los días 20 al 22 de abril de 2022, se llevó a cabo la primera reunión de la Conferencia de las partes en la sede de la CEPAL, en Santiago, Chile. Inaugurada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvo como entre otros objetivos revisar el avance de la implementación del Acuerdo.

El trabajo realizado en esos tres días tuvo como resultado:

1. Proyecto de decisión: defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

  • En atención al artículo 15 del Acuerdo, se estableció un grupo de trabajo ad hoc para elaborar un plan de acción sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho plan se presentará en la segunda reunión ordinaria de la COP. También se celebrará un foro anual.

2. Proyecto de decisión: Arreglos financieros

  • En atención al artículo 14 del Acuerdo, para apoyar el financiamiento del Acuerdo, el Fondo de Contribuciones Voluntarias se constituirá como un fondo fiduciario.

3. Propuesta revisada de reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes

  • De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo, la “Secretaría” será la/el Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
  • El “público” se entiende cualquier persona natural o jurídica u organizada en formas comunitarias. Tendrá acceso a las reuniones, documentos y eventos en todas las modalidades. Podrán también realizar intervenciones, formular propuestas y organizar eventos paralelos.
  • Las reuniones de la COP se realizarán en Santiago de Chile cada dos años.
  • Para la toma de decisiones, las Partes harán todo lo posible para llegar a un acuerdo por consenso. Si se agotan todos los esfuerzos por lograr consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la decisión sobre una cuestión de fondo en última instancia se tomará por el voto de una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.

4. Propuesta revisada sobre las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento

  • El Comité reportará a la COP sobre sus actividades, incluyendo las conclusiones que adopte en casos de incumplimiento.
  • Proporcionará apoyo a la COP sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. Esta función incluirá las siguientes actividades: Periódicamente, presentará a la COP un informe sobre asuntos sistémicos relativos a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo; y elaborará un informe sobre cualquier aspecto relativo a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo que le solicite la COP.
  • El Comité podrá elaborar a motu proprio observaciones generales sobre la interpretación del Acuerdo.
  • El Comité podrá responder consultas sobre la interpretación del Acuerdo que le formule una Parte.

Además, Mario Cimoli, Representante Regional para América del Sur de la ACNUDH y Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), firmaron un convenio de colaboración con la CEPAL mediante el cual se comprometen a impulsar un enfoque de derechos humanos en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, basando su cooperación en los cuatro pilares del Acuerdo: acceso a la información, a la participación, a la justicia y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Finalmente, en la Declaración Política aprobada al término de la reunión, los delegados asistentes también reafirmaron la importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Acciones contradictorias del gobierno de México

En los diferentes foros y medios especializados en materia de protección al ambiente y cambio climático se ha señalado tener cierta preocupación por los anuncios emitidos y los grandes proyectos en proceso del Gobierno de México.

Si bien hasta hace algunos años la participación activa de los diplomáticos mexicanos auguraba un buen papel respecto a los resultados que se esperan incluso para la Agenda 2030, lo que ahora se escucha en los pasillos de Cancillería, es que no hay rumbo y que lo logrado en avances al respecto se toparán con pared.

La preocupación va en aumento cuando ante la publicación tardía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el correspondiente Programa Especial de Cambio Climático, las acciones para mitigar los efectos del cambio climático dependen y penden de un hilo, pues el presupuesto que se destinó para tal rubro en los distintos programas existentes, fueron los primeros en padecer recortes que atienden más a un capricho político (por ejemplo, la consulta por la revocación de mandato) y al cumplimiento de las promesas de campaña (la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles).

El presidente López Obrador afirma en el discurso que su gobierno está “comprometido” con el medio ambiente. De hecho, en la construcción del Tren Maya diariamente se destruye y tala zonas de alto valor ambiental y en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se destina la mayor parte del presupuesto etiquetado en infraestructura para sostener la obra sobre una zona de humedales.

Mención aparte merece el programa “Sembrando Vida”, pues resulta ser una copia del Programa Nacional de Reforestación de López Portillo: recuérdese que sembraron eucaliptos en zonas del país donde el suelo no resulto idóneo. Lo mismo pero en versión siglo XXI, es la apuesta del gobierno de López Obrador respecto a la reforestación en el país.

¿Por qué planteamos este panorama? Cuando México suscribió el Acuerdo de Escazú en 2018, era otro el contexto, era otro gobierno. Ahora, tal parece que una cosa es lo que se firma y otra lo que al gobierno en realidad le interesa.

La información respecto a los grandes proyectos emblema del actual gobierno de México, son clasificados como “de seguridad nacional”, no por el riesgo, sino porque en su mayor parte se hace uso discrecional del presupuesto y por el involucramiento de las fuerzas armadas.

Todos los conflictos ambientales que han llegado a dirimirse en juzgados, siguen haciéndolo por la vía administrativa para lograr frenar los actos administrativos que ponen en peligro el equilibrio ecológico; para señalarle a los distintos niveles de gobierno que sus acciones comprometen y ponen en riesgo a las comunidades indígenas, la vía siempre ha sido el juicio de amparo.

El panorama es negro: los activistas defensores de derechos ambientales son víctimas de persecución, desaparición forzada e incluso de homicidio. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tan sólo en el año 2021 se registraron al menos 108 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos ambientales y 25 personas fueron asesinadas.

Ante esto, el gobierno de México ha preferido ignorar la problemática descrita. Pronunciamientos de condena “enérgica”, discursos a modo, incluso, se ha llegado al punto de considerar todo eso como parte de un golpeteo político, etc.

México necesita modificar el rumbo por el bien del país y del medio ambiente.

La política exterior, entendida como el conjunto de acciones, decisiones, estrategias y posicionamientos que lleva a cabo un estado más allá de sus fronteras con el objetivo de coadyuvar a la consecución del interés nacional debiera, en sentido estricto, promover y defender las aspiraciones de una nación en su conjunto y no los intereses o caprichos de un grupo o los de la administración en turno. Idealmente, al menos en el caso mexicano, la política exterior debiera ser el instrumento que impulse el desarrollo nacional e impacte favorablemente las condiciones de vida de toda la población.

Ya desde el siglo XIX, en México se reconocía la estrecha y continua relación con Estados Unidos de América, no sólo por la proximidad geográfica sino por la intensidad de los temas en la agenda bilateral. Durante el siglo XX, esta relación se fue profundizando, haciéndose más compleja e interdependiente. Para México, la relación con el vecino del norte es prioritaria. Estados Unidos es el socio comercial número uno, además de asuntos de seguridad, migración, narcotráfico, tráfico de armas, tránsito de personas, paradiplomacia transfronteriza, inversión extranjera, cooperación tecnológica, agenda energética y decenas de temas más que se suman a las dinámicas bilaterales. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación no puede seguir ignorando esta realidad y menos aún ponerla en riesgo, tal y como lo ha hecho en lo que va de la presente administración.

Muchas son las acciones que dan claros signos de una política exterior errática tanto espacios bilaterales y multilaterales. Baste recordar que en la reunión de los llamados “tres amigos” en noviembre pasado, el tema de China fue parte de las discusiones de los representantes del T-MEC, siendo la posición de México en voz de Andrés Manuel López, preocupante, al señalar a China como “una amenaza toda vez que su crecimiento económico y el control que tiene del mercado mundial es una desproporción inaceptable y un riesgo para todos, particularmente para América del Norte”. Pareciera que el presidente desconoce que el gigante asiático es nuestro segundo socio comercial.

Frente a Europa, otro socio estratégico, también se han cometido desaciertos como el comunicado emitido desde la oficina de la presidencia en la que se les llama “borregos” a los parlamentarios europeos a raíz de las observaciones que hicieran respecto a la inseguridad en México particularmente en torno a los periodistas. Nuevamente el ejecutivo, sin pasar por la Cancillería, incurre en faltas a las prácticas diplomáticas por lo ofensivo del comunicado, que se suma a los continuos reclamos a España y al Vaticano al demandarles disculpas para el pueblo mexicano por lo que llama “agravios históricos” cometidos durante la conquista.

El posicionamiento de México frente a la guerra de Rusia y Ucrania vuelve a evidenciar la falta de rumbo de la política exterior. Bajo una extraña interpretación del principio de no intervención, López Obrador se ha negado a implementar sanciones contra Rusia, al tiempo que las juventudes morenistas del Estado de México difundieron un comunicado en el que apoyaban la invasión a Ucrania, a lo que se suma la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en el Congreso de la Unión por iniciativa de diputados mayoritariamente morenistas. Un respiro frente a esta serie de desatinos lo ofrece el representante de México en las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, quien lleva a cabo enconados esfuerzos en el Consejo de Seguridad para mantener una posición congruente con lo que ha sido la tradición de política exterior mexicana. No obstante, esto no logra mitigar lo ya referido, ni el “aparente” silencio del Canciller, quien parece estar más preocupado por su carrera para el 2024.

Frente a Estados Unidos, la lista de desaciertos crece sistemáticamente, así como el abordaje disímbolo de temas como la transición a energía limpias, las agendas verdes, la reforma energética, la cuestión migratoria, además de la lucha contra las bandas del crimen organizado. Los desacuerdos aumentan y declaraciones como la de Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos, al afirmar que “México no puede estar cercano a Rusia”, evidencian la tensión entre ambos países.

Urge reencausar la agenda de política exterior en todos los ámbitos y reconocer que nuestra prioridad es mantener en los mejores niveles de entendimiento y cooperación los vínculos con Estados Unidos, lo cual no significa doblegarnos a sus intereses, sino reconocer la realidad que los imperativos geopolíticos demandan.

 

 

El 2 de marzo pasado se anunció por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo, la firma de un memorándum de entendimiento para el reinicio de las negociaciones comerciales para la posible conclusión de un Tratado de Libre Comercio (TLC), las cuales estaban suspendidas desde el verano del 2008.

El anuncio, a primera vista, generaba varias reacciones. La primera referida a que el gobierno mexicano había logrado ser más receptivo a las insistentes peticiones de Corea del Sur para avanzar en las pláticas bilaterales; mismas en las que México no había expresado voluntad política para su reactivación a pesar de las dos visitas de alto nivel que hicieron el presidente Lee Myung-bak en el 2010 y la presidenta Park Geun-hye seis años después. Como resultado de sus giras internacionales a México, ambos mandatarios coreanos retornaron a su país con las manos vacías.

Sin embargo, lo anterior no minó en el empeño desplegado por cada uno de los representantes diplomáticos coreanos en México que, de manera recurrente, referían el hecho de la necesidad de reaperturar la larga ruta de negociaciones fallidas. En efecto, para el próximo año se cumplirán veinte años de los primeros pasos de ese proceso, mismo que inició con la elaboración por parte de la UNAM de un estudio de factibilidad que precedió a la conformación del México-Korea Joint Expert Group (integrado por altos funcionarios, miembros del sector privado y académicos) que recomendó ampliar las posibilidades y opciones para profundizar las relaciones económicas binacionales.

Tiempo después, México y Seúl iniciaron conversaciones formales para la negociaciones del Acuerdo Estratégico de Complementación Económica (SECA por sus siglas en inglés) que terminaron de manera súbita, después de tres rondas, debido a la falta de consensos ante la oposición del empresariado mexicano; mismo que visualizaba a Corea del Sur como un gran competidor (en particular en el sector siderúrgico, químico y textiles) y el ser una posible plataforma para el comercio triangular proveniente de China. En ese momento, se aducía también la percepción negativa de las prácticas laborales de las empresas coreanas radicadas en el país y la falta de un mayor compromiso para profundizar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) coreana en el país.

Sin embargo, con la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), las autoridades de la Secretaría de Economía consideraron que a través de un “enfoque selectivo” se podría elevar el nivel de negociación comercial de un SECA a un TLC. A pesar de la permanencia de puntos de vista opuestos por parte del sector privado, se avanzó solamente en dos sesiones para después declarar finalmente la “suspensión técnica” de las mismas.

La política comercial de Corea del sur exploró tres opciones para lograr cumplir sus objetivos hacia el TLC pendiente con México y dejó de poner el dedo en el renglón tanto en lo bilateral como también a través de mecanismos de asociación económica regional de los cuales es miembro nuestro país. Seúl consideró la vía a través de convertirse como miembro asociado de la Alianza del Pacífico ( como justo lo acaba de ser Singapur en enero 2022) o a través de ser miembro del Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico ( TIPAT o CPTPP por sus siglas inglés) después de un cambio de estrategia en la que inicialmente mostraba su reticencia al ingresar al TPP original No obstante, las condiciones cambiaron a finales del año pasado cuando expresó su opinión de participar después de que China y Taiwán manifestarán su interés para explorar su incorporación al TIPAT.

"[...] es un hecho que México tiene una gran ventaja en la mesa de negociación y debería aprovechar la misma para maximizar sus demandas, incrementar la protección o postergar al máximo la apertura de sectores económicos sensibles de parte de México."

En el caso de México, más tardó el anuncio de Tatiana Clouthier sobre la reanudación de negociaciones que aparecer diversos pronunciamientos de los empresarios a través de las cámaras industriales. Mientras, que el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han sido los más vocales para apoyar una posible firma de un TLC, otros más como Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) lo considera de “dañino” y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lo calificó de “preocupante”.

Al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene el consenso necesario para intentar, por tercera ocasión, la conclusión satisfactoria de las rondas de negociación. Por un lado, podría pensarse que podría ser un posicionamiento de parte de los empresarios mexicanos para ganar espacios para que los negociadores de la Secretaría de Economía no cedan inmediatamente a compromisos de liberalización o tener margen de maniobra ante sus contrapartes coreanos para establecer aperturas graduales a los sectores sensitivos mexicanos (como los anteriormente descritos donde se suman el de electrodomésticos). Por el otro, el representar un frente de oposición que no va a ceder después del reinicio de negociaciones en el verano del 2022 y descarrilará la vía bilateral.

En el escenario de la poca empatía mostrada por la 4T hacia la mayoría de los empresarios antes y durante la pandemia (salvo a un muy pequeño grupo que se ha favorecido de las obras de infraestructura del gobierno federal), el discurso implementado por la Secretaría de Economía no ha generado mayor eco. Desde la argumentación tradicional y desgastada de que México avanza en su “diversificación comercial”, las ventajas de acceso al mercado sudcoreano de los productos mexicanos del sector agroindustrial, y la participación de PyMES locales en las cadenas de proveeduría de las corporaciones coreanas asentadas en el territorio nacional. Asimismo, se ha puesto en relieve el papel de la empresa automotriz KIA en Nuevo León como un ejemplo de la posible derrama de capital que pueda llevar un TLC al tener un ambiente de mayor transparencia y certidumbre, así como el hecho de que Corea del sur es ahora nuestro tercer socio comercial para justificar la necesidad de un mecanismo económico bilateral.

De manera independiente de cuál ser el medio para lograr un acuerdo de libre comercio con Corea del sur ya sea a través de Alianza del Pacífico o TIPAT, es claro que en lo bilateral se pueden incorporar aspectos más específicos de acceso a mercados, identificación o ampliación de cupos, y otras disposiciones que integran los modelos de TLC. Empero, es un hecho que México tiene una gran ventaja en la mesa de negociación y debería aprovechar la misma para maximizar sus demandas, incrementar la protección o postergar al máximo la apertura de sectores económicos sensibles de parte de México.

No es claro si México usará un modelo donde se incorpore el tema de la cooperación (como el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con Japón), pero es evidente que puede ser un medio útil para ampliar sus beneficios. A pesar de lo que podamos pensar, es nuestro país está ubicado como de renta media alta por lo que ya no califica para ser receptor neto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) bajo los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por lo que es menester buscar otras modalidades de cooperación incluyendo transferencia de tecnología en la que puedan ser beneficiados las PyMES o MIPyMES mexicanas. Podrían citarse muchas áreas de oportunidad, entre las cuales podrían identificarse el uso de tecnologías para el reciclaje industrial y tecnologías para el uso más eficiente de energías con menor impacto al medio ambiente, por mencionar algunas. Otras quizá referidas tecnologías para la innovación educativa, ampliar los programas de formación de recursos humanos especializados y a sus programas exitosos para la recuperación y rehabilitación de recursos hídricos o tecnología para la salud que son temas claves para México hoy día. Para el largo plazo, compartir experiencias de uso tecnologías de la comunicación e información y sus experiencias en su conversión en las tecnologías de frontera dentro de su transformación como una “sociedad 5.0”.

Es decir, aumentar significativamente las iniciativas de cooperación en el marco de un hipotético TLC bilateral con México, más allá de los programas implementados por Corea del Sur a través del KSP (Knowledge Sharing Program) limitadas a ser una consultoría especializada que diferentes Estados de la República han tenido a lo largo de los últimos años, ahora es tiempo que Seúl muestra claramente qué es lo que puede ofertar de manera significativa en la mesa de discusiones donde los negociadores mexicanos tienen una gran ventaja que ojalá no se desaproveche.

¿A dónde va la negociación del TLC con Corea del Sur? Es claro que en las tres vías: bilateral, Alianza del Pacífico o TIPAT hay grados diferenciados de complejidad para alcanzar el objetivo final de profundizar los nexos económicos entre ambos países; pero independientemente de cuál pueda ser el resultado final, México debe ser muy asertivo y obtener los mejores dividendos con acciones de impacto positivo al comercio exterior para la penetración de productos mexicanos al exigente mercado coreano, para la mayor captación de IED coreana en favor de la creación de empleo pero al mismo tiempo para transferencia de tecnología, y en acciones puntuales para compartir experiencias de aplicación de la innovación científica para la atención de la salud y protección del medio ambiente. De lo contrario sería una oportunidad desperdiciada como algunas que hemos tenido en la historia de la política comercial de México. 서울은 지갑을 열 시간입니다!


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Fuente: Elaboración Propia
Sunday, 10 April 2022 07:07

México y Japón, viendo hacia el futuro

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La conmemoración el próximo año de 135º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia común. Los más de 400 años de contactos entre nuestras culturas han demostrado que, aun en contextos globales complejos, hemos sabido actualizar nuestra cooperación y entendimiento en función de valores compartidos.

Si bien la situación sanitaria aun presenta retos importantes, trabajamos con visión hacia un mundo post-pandemia para seguir consolidando nuestra colaboración. Para ello, mantenemos el diálogo político al más alto nivel. Recientemente, el Secretario Marcelo Ebrard y el Canciller japonés, Yoshimasa Hayashi, acordaron fortalecer los aspectos más exitosos de nuestra Asociación Estratégica y, al mismo tiempo, incorporar a ella nuevas acciones de cooperación. Con esto en mente, la Subsecretaria Carmen Moreno se reunió en Tokio con el Vice Ministro Hiroshi Suzuki y se prepara este mes de mayo la conmemoración del 125º aniversario de la migración japonesa a México.

Nuestra integración económica-comercial es un logro que continúa brindando resultados positivos. En 2005, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) representó un acuerdo de vanguardia y, desde entonces, el incremento comercial exponencial convirtió a Japón en nuestro quinto socio comercial global. Cada año intercambiamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Más de 1,300 empresas japonesas se han instalado en México siendo Japón el cuarto inversionista en nuestro país. El mercado japonés es el segundo destino para las exportaciones del sector agropecuario mexicano, con enorme potencial para otros múltiples productos.

Nuestra colaboración económica no es solo consecuencia del AAE, sino también resultado de nuestra asociación y estrecha coordinación en mecanismos como el G20, APEC, la OMC y, desde diciembre de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Como en 1888 tuvimos la visión de apostar por una asociación de igualdad, hacia el futuro apostamos por aprovechar nuevas áreas de oportunidad y espacios de colaboración.
Buscamos incursionar en nuevos sectores de alta competitividad y con oportunidad de crecimiento en México, para atraer mayor inversión en infraestructura, robótica y el sector aeroespacial. En turismo, trabajamos con operadores para reactivar el flujo de turistas al expirar las restricciones impuestas por la pandemia y en cultura, promovemos un amplio abanico de expresiones de nuestro país, dinamizando también el gran interés por nuestra cocina.

El futuro es de los jóvenes, por ello buscamos crear programas, en el marco de la cooperación para el desarrollo, que formen recursos humanos en áreas como acuacultura marina, silvicultura, manejo de residuos plásticos y salud de adultos mayores. En consideración de las fortalezas de Japón en ciencia e innovación, impulsamos una mayor capacitación en agrotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, industrias verdes y salud. En el marco de la política exterior feminista, se busca incrementar la participación de las mujeres mexicanas en todos estos sectores.

De cara al futuro, la relación entre México y Japón se enfila a nuevos horizontes que confirmen su firmeza y le infundan renovados bríos, no solo para colaborar en la respuesta a los grandes retos globales de nuestro tiempo, sino también para seguir cultivando el más importante activo que tenemos en común y que nos une desde hace más de 400 años: la buena voluntad de nuestra gente, que es fundamento y bastión de nuestra larga amistad.

El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2000. Representa la evolución de una relación en constante acercamiento, sobre todo después de haberse firmado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación de 1997.

Si bien México ha celebrado otros tratados con otras naciones, éste tiene un matiz especial. Contiene un instrumento jurídico conocido como “cláusula democrática” que tiene implícita la manifestación de ambas partes de respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

México ha transitado durante la segunda mitad del Siglo XX por sucesos que lo llevaron hacia una lucha por la democracia que se consolida día a día y que ha servido de guía para reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, sobre todo luego de las violaciones graves ocurridas en este ámbito desde la década de los sesenta. El largo camino de México en este tema no ha sido fácil. Las desapariciones forzadas, la tortura y los feminicidios provocaron que muchos de los organismos internacionales emitieran opiniones y recomendaciones al Estado mexicano. Uno de los casos más representativos es el Caso Radilla, el cual fue determinante para los cambios constitucionales que se darían en 2011.

La democracia es sin duda uno de los motores que impulsan el avance y la progresión de los derechos humanos en un país; la Unión Europea tiene una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. América Latina, por su parte, aún no logra orientar sus políticas públicas para eliminar la desigualdad y la discriminación por lo que no tiene un control ciudadano eficaz sobre dichas políticas. México no es la excepción.
En este sentido, la cláusula democrática contenida en el TLCUEM revela el compromiso de los Estados con su sociedad civil al impulsar cambios que conduzcan al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto sin duda convierte a este instrumento, en principio únicamente económico, en uno que se va dibujando también en la esfera política.

Dicho lo anterior, podemos inferir que la cláusula democrática tiene un tinte de presión dentro de las relaciones internacionales ya que promueve ante todo la democracia entre quienes celebran tratados como el TLCUEM, como un requisito para poder tener relaciones económicas y comerciales. Esto definitivamente toca fibras sensibles en México debido a sus principios de política exterior, que son el resultado de una historia que registra intervenciones militares de otros países, así como también episodios injerencistas.

Es importante destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto a la violencia contra periodistas registrada en lo que va de este año, no es el primero que realiza. Desde 2017 ha manifestado su desacuerdo respecto al elevado número de violaciones graves en México, como lo hizo en su visita al Senado mexicano el Diputado del Parlamento Europeo Josep Marie Terricabras. Cabe señalar que, de manera periódica, los diputados europeos emiten opiniones relativas a los derechos humanos debido a la universalidad de los mismos.

La relevancia de la postura del Gobierno mexicano respecto al pronunciamiento del Parlamento Europeo es de índole político; no obstante, sí reaviva esas fibras sensibles que remontan al pasado que ha vivido México y en ese sentido representa un reto para la diplomacia mexicana. Tras un análisis minucioso del pronunciamiento europeo, le corresponde al gobierno mexicano destacar y transmitir a la comunidad internacional los avances de México en el tema de derechos humanos y el compromiso demostrado en el camino hacia su pleno goce y respeto por medio de instrumentos internacionales.

Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Europa poco a poco se han enfriado, llegando al punto en el que el actual presidente mexicano, sugirió “pausar” la relación con España y calificar a los integrantes del Parlamento Europeo como “borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. Por ello, es imperante analizar el impacto sustancial de las declaraciones del jefe de Estado mexicano en la imagen de México en el exterior y la conducción de su política exterior.

El 09 de febrero en su conferencia matutina, el presidente mexicano sugirió poner pausa a las relaciones con el gobierno de España, considerando que, en sexenios pasados hubo “saqueos” por parte de empresas energéticas españolas. En su momento dicha declaración causó incertidumbre en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. El Titular del Ejecutivo no dio una instrucción precisa de cómo, cuándo y por cuánto tiempo se pondría en “pausa” la relación bilateral. Sin mayor trascendencia política en las relaciones entre ambos países, el 08 de marzo de 2022, el Senado mexicano en apego a sus facultades plasmadas en el artículo 76 de la CPEUM en materia de política exterior, ratificó al político Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México ante España. A pesar de las implicaciones políticas de su nombramiento, su labor en ese país será fortalecer la ya débil relación entre ambas naciones y mediar entre la postura que el mandatario mexicano tiene hacia ese país así como velar por los intereses de México en el exterior.

Aunada a esta fuerte declaración que impactó la política exterior del gobierno en turno hacia el continente europeo, el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra Europa. En esta ocasión la crítica fue hacia el Parlamento Europeo, después de que el pasado 10 de marzo, haya aprobado una serie de resoluciones, entre ellas una sobre violaciones a derechos humanos en México. Vale la pena mencionar que la resolución aprobada por el órgano europeo tomó como base la declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero de 2022 sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez y la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del representante para México de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 28 de enero de 2022 condenando el asesinato de María de Lourdes Maldonado Lopez. Es decir, los parlamentaristas europeos han sido recurrentes en el tema, y en los debates sostenidos exhortaron al gobierno mexicano frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos.

En su respuesta, el mandatario mexicano envió un comunicado que descalifica a los parlamentarios europeos. Lamentó que se “sumen como borregos: a la estrategia reaccionaria y golpista” de todos sus opositores, de su proyecto de gobierno y de la Cuarta Transformación. Un día después de haberse hecho pública la carta, el Ejecutivo, en su conferencia matutina, señaló la resolución del Parlamento como una “resolución calumniosa” e injerencista en la política mexicana.

Para entender de mejor manera el fondo de la carta de respuesta del presidente López Obrador, se debe destacar que desde su campaña presidencial, declaró que la mejor política exterior es la política interior, definiendo así que el interés nacional de su gobierno es atender cuestiones internas como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza sin gran interés en el ámbito internacional. Por consiguiente, no es de extrañarse las declaraciones que el mandatario mexicano ha hecho hacia el exterior. Sin embargo, dichos mensajes tienen un peso e impacto en el sistema internacional, disminuyendo así la capacidad de negociación internacional del Estado mexicano. Resalto que la firma y ratificación de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea está pendiente desde el 28 de abril de 2020, fecha en que se concretó la negociación de este instrumento jurídico.

A diferencia de otros tratados de libre comercio, el distintivo del Acuerdo Global es la inclusión de la “cláusula democrática”. Con ella se tiende a buscar la paz y el respeto de los derechos humanos entre las naciones firmantes, tanto en su interior como en el ámbito internacional. Dicha cláusula se encuentra vigente en el actual TLCUEM. Por lo que es necesario precisar que, en el punto 12 de las recomendaciones del Parlamento Europeo se “Subraya la relevancia de México como socio estratégico”, y a través del Acuerdo Global UE-México modernizado se busca reforzar aún más las disposiciones en materia de derechos humanos permitiendo a la Unión Europea y a México debatir distintas cuestiones, entre ellas “los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral.” En otras palabras, existe un marco jurídico vinculante que ambas partes acordaron cumplir y respetar. En el TLCUEM quedó plasmada la voluntad actual del Estado mexicano de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, principalmente desde el ámbito jurídico. Todavía está por determinarse el impacto que tendrá la declaración presidencial en el avance o estancamiento del Acuerdo.

No obstante, e independientemente de la forma en que López Obrador redactó su respuesta al Parlamento Europeo, es fundamental mencionar que la carta no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del cuerpo diplomático mexicano. Esta decisión alude a que su objetivo no era diplomático, sino político. El presidente López Obrador ha enfrentado una serie de ataques en los últimos meses que han disminuido su aprobación. Por consiguiente, ha utilizado la provocación internacional para desviar la atención de los mismos. La disputa con el gobierno de Austria para traer el penacho del antiguo emperador mexica, Moctezuma a territorio nacional, la problemática en torno al nombramiento de Pedro Salmerón como posible embajador de México ante Panamá y como ya mencioné anteriormente, la supuesta “pausa” en las relaciones diplomáticas con España son ejemplos de cómo el mandatario mexicano ha caído en la provocación con el extranjero.

El presidente López Obrador resaltó, en una declaración posterior a su comunicado, tener la facultad constitucional de dirigir la política exterior, en apego al artículo 89, fracción X de la CPEUM. Con base en ello, es probable que ante futuros embates hacia su figura y gobierno, el mandatario mexicano siga utilizando estos espacios para crear tensiones con las naciones extranjeras. Sin embargo, estas consideraciones subrayan que estará en la Cancillería mexicana y su cuerpo diplomático, en especial el Servicio Exterior Mexicano, fortalecer la capacidad de negociación internacional mediante estrategias claras en apego al proyecto de nación así como en su excelsa tradición diplomática de defender a México en el exterior.

En marzo de 1947, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció el discurso que sentó las bases de la política de contención anticomunista característica de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Desde entonces, Washington se asumió como el defensor del “mundo libre” en lucha contra los regímenes izquierdistas totalitarios encarnados por la extinta Unión Soviética. Hoy día, Joe Biden parece estar dispuesto a lanzar una nueva cruzada estadounidense en favor de la libertad y la democracia, valores occidentales amenazados por el ascenso de lo que él llama “las autocracias”. Como el lector informado recordará, a comienzos de este año el mandatario estadounidense mencionó a Rusia y a China como dos autocracias controladas por individuos ambiciosos que imponen su voluntad a las grandes mayorías, tras acusar al ex presidente Trump de distorsionar los valores políticos de Estados Unidos al instigar el “asalto al Capitolio” ocurrido a comienzos de 2020.

En aquella alocución, Biden señaló que Estados Unidos está viviendo un punto de inflexión en su historia al asistir a una lucha entre la democracia y la autocracia, tanto dentro del país como hacia el exterior. Biden rechazó a los individuos que aspiran a ser dictadores, a los cuales exhortó a enfrentarles con determinación, ya sea que se trate de Donald Trump o Vladimir Putin. Un mes después de pronunciado dicho discurso, la invasión de Rusia a Ucrania—completamente condenable, pues representa un abuso por parte de una potencia en contra de un país libre—está brindando a Biden la oportunidad de erigirse en el nuevo paladín de la libertad y la democracia en el mundo: Además de permitirle mejorar su deteriorada imagen ante el electorado estadounidense y sanar las heridas abiertas por la administración Trump entre los aliados europeos de Estados Unidos, Biden está utilizando el conflicto ruso-ucraniano para trazar nuevas líneas divisorias en el mundo, ya no entre el capitalismo y el comunismo como ocurrió durante la Guerra Fría, sino esta vez entre la democracia y las autocracias.

Por ello, 2022 podría representar el comienzo de una nueva orientación en la política exterior estadounidense, dejando atrás la “lucha contra el terrorismo” impulsada desde 2001, contienda tan polémica y ambigua que podría ser eclipsada por una rivalidad donde los enemigos de Estados Unidos vuelven a tener un nombre y personalidad concretos. Habrá que ver si los recursos presupuestales de Estados Unidos en el siglo XXI son suficientes para apuntalar un nuevo liderazgo estadounidense para Occidente cuando la situación de Washington ya no es la misma que ostentaba tras el fin de la II Guerra Mundial, pues ha quedado claro que su economía no es tan fuerte como antes y que su superioridad militar no es suficiente para alcanzar la victoria en conflictos focalizados como el de Afganistán, ya no digamos en campañas que impliquen un despliegue sostenido de fuerzas por todo el planeta.

Además, está por verse si Washington podrá hacer frente a la dupla Moscú-Beijing que ha apostado por la construcción de un orden multipolar para el mundo del siglo XXI, especialmente si consideramos que tanto Rusia como China poseen arsenales nucleares cuya utilización podría también provocar la extinción de Estados Unidos, justo como en la carrera armamentística entre estadounidenses y soviéticos que definió a la Guerra Fría. En este escenario, resulta inquietante que Washington agregue tensión a un mundo ya plagado de distintas dificultades más aún cuando la actual retórica de Biden podría suponer un enfrentamiento directo con dos potencias nucleares muy poco dispuestas a recibir ordenes o lecciones por parte de Estados Unidos, más cuando el presidente Biden acaba de apremiar a China para que defina el bando que habrá de elegir en la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual bien podría constituir el primer gran episodio de esta nueva confrontación global anunciada por Washington.

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