En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha registrado dos importantes crisis diplomáticas con respecto a sus relaciones con países sudamericanos. Si bien, desde su toma de posesión como presidente del país, en diciembre de 2018, el mandatario mexicano declaró que en materia de política exterior su gobierno actuaría en estricto apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, lo cierto es que no tiene empacho en expresar abiertamente sus muy personales opiniones políticas sobre otros países, sus gobiernos y hasta de calificar sus procesos electorales. En contraste, cuando la comunidad internacional señala los hierros de su gobierno, el presidente apela a la soberanía y la no intervención.

Las opiniones del encargado de diseñar y conducir la política exterior de México han dado como resultado serias fricciones con países como España, Panamá y Colombia, mismas que han tenido que ser resueltas por las gestiones diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano y la voluntad de los liderazgos políticos de tales países. Pero en otros casos, como lo son Bolivia y Perú, las declaraciones e intromisiones del mandatario mexicano terminaron con la declaración de persona non grata a los titulares de las representaciones diplomáticas de México, hechos nunca antes registrados en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con esos países.

El primero de los casos inició en 2019, tras la renuncia presidencial de Evo Morales al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La crisis política que se desarrolló en el país andino, tras el proceso de elecciones generales en octubre de ese mismo año, fue resultado de los intentos del mandatario boliviano para reelegirse en el cargo. Evo Morales gobernó de forma ininterrumpida desde el año 2006 y planeaba continuar durante el periodo 2020-2025. A través del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales logró el triunfo en las urnas, bajo severas críticas, acusaciones de fraude y protestas sociales, con el 47% de los sufragios totales. Sin embargo, durante los primeros días del mes de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia al cargo, toda vez que había perdido el apoyo del ejército y la policía, elementos de la fuerza pública boliviana que le recomendaron dejar la presidencia.

El gobierno de AMLO condenó esa acción como un golpe de Estado. De forma inmediata ofreció el mecanismo de asilo político con la intención declarada de brindar protección a la vida del ex mandatario, quien de forma inmediata la aceptó. De esta forma, en una operación propia de un thriller político, comandada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, un avión de la fuerza aérea mexicana extrajo a Evo Morales de Bolivia el 11 de noviembre de 2019 para ser llevado a la Ciudad de México. Morales, en calidad de asilado político, fue recibido por AMLO. Enseguida, el nuevo gobierno boliviano, declarado ipso facto en favor de la legisladora Jeanine Áñez, acusó a Evo Morales de alentar desde México los disturbios en su país. Por el apoyo brindado por el gobierno de México a Morales, el gobierno de Jeanine Áñez declaró persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado solicitándole abandonar el país es un plazo de 72 horas. La embajadora Mercado regresó a México el 31 de diciembre de 2019 en medio de una fuerte polémica diplomática con el cambio de residencia de Evo Morales a Argentina, auspiciado por el gobierno de Alberto Fernández. En enero del 2021, con la llegada de Luis Arce (candidato del MAS) a la presidencia de Bolivia, la embajadora María Teresa Mercado reanudó sus funciones como embajadora de México en dicho país con la intención de intensificar la cercanía entre ambos países en el marco del 190 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

"[…] el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego 'a modo' de la Doctrina Estrada."

El segundo caso, el 20 de diciembre de 2022, fue la expulsión de Pablo Monroy quien se desempeñaba como embajador de México en Perú. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se anunció la declaratoria de persona non grata para el embajador mexicano. La situación tuvo como raíz las declaraciones de apoyo del presidente AMLO al presidente peruano Pedro Castillo. Debe recordarse que Castillo exhortó a instalar un “gobierno de excepción”, convocar a elecciones para un congreso constituyente y por último decretó un toque de queda en todo el país andino. Tras el arresto del presidente Castillo por parte de la policía peruana en los primeros días de diciembre de 2022, llegó al gobierno la congresista Dina Boluarte.

Para el mandatario mexicano, Pedro Castillo fue depuesto por un “golpe del conservadurismo” e insistió que el gobierno de México realizaba una pausa en las relaciones, al mismo tiempo, hizo público el reconocimiento de Castillo como presidente de Perú. De inmediato la presidenta Boluarte condenó las declaraciones realizadas por AMLO. A través de la cancillería peruana, el gobierno protestó que “tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorios del principio de no intervención”. AMLO insistió tanto en la defensa de Castillo, al igual que los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia, como el tema de la pausa diplomática entre ambos gobiernos. De tal suerte que la cancillería mexicana solo se limitó a retirar al embajador Monroy, pero sin cerrar la embajada en Lima, con el argumento de continuar brindando protección a los connacionales en dicho país.

En conclusión, el hecho de que gobiernos de izquierda como el de Bolivia o Perú fueran afines a las políticas del presidente AMLO en México, no fue un inhibidor para que las relaciones entre los países pasaran por sus peores momentos registrados a lo largo de la historia. Dos factores resultan ser las causas de estos distanciamientos o “pausas”, como gusta llamarlas el presidente de México. El primero de ellos, de carácter interno, es el nulo interés de AMLO por los asuntos internacionales. Reduce con ello su presencia y liderazgo en Latinoamérica, misma que pretende conducir, al igual que la política nacional desde la tribuna de La Mañanera. El segundo, de tipo externo, tiene que ver con los graves problemas políticos que atraviesan países como Bolivia y Perú. De tal suerte, Bolivia vive bajo un intenso nivel de polarización política, avivado por el ex presidente Evo Morales y MAS. El caso de Perú responde a una crisis sistémica, tras el fin de la dictadura del fujimorismo, cuatro presidentes se encuentran encarcelados y uno más se suicidó. En ese sentido, el sistema de partidos provoca que exista una alta volatilidad y tanto partidos políticos como sus candidaturas aparezcan y desaparezcan en cada elección. Ello obliga a que las presidencias peruanas sean rehenes o raptores de sus propios congresos. Bajo ese escenario internacional, el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego “a modo” de la Doctrina Estrada.

Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Europa poco a poco se han enfriado, llegando al punto en el que el actual presidente mexicano, sugirió “pausar” la relación con España y calificar a los integrantes del Parlamento Europeo como “borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. Por ello, es imperante analizar el impacto sustancial de las declaraciones del jefe de Estado mexicano en la imagen de México en el exterior y la conducción de su política exterior.

El 09 de febrero en su conferencia matutina, el presidente mexicano sugirió poner pausa a las relaciones con el gobierno de España, considerando que, en sexenios pasados hubo “saqueos” por parte de empresas energéticas españolas. En su momento dicha declaración causó incertidumbre en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. El Titular del Ejecutivo no dio una instrucción precisa de cómo, cuándo y por cuánto tiempo se pondría en “pausa” la relación bilateral. Sin mayor trascendencia política en las relaciones entre ambos países, el 08 de marzo de 2022, el Senado mexicano en apego a sus facultades plasmadas en el artículo 76 de la CPEUM en materia de política exterior, ratificó al político Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México ante España. A pesar de las implicaciones políticas de su nombramiento, su labor en ese país será fortalecer la ya débil relación entre ambas naciones y mediar entre la postura que el mandatario mexicano tiene hacia ese país así como velar por los intereses de México en el exterior.

Aunada a esta fuerte declaración que impactó la política exterior del gobierno en turno hacia el continente europeo, el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra Europa. En esta ocasión la crítica fue hacia el Parlamento Europeo, después de que el pasado 10 de marzo, haya aprobado una serie de resoluciones, entre ellas una sobre violaciones a derechos humanos en México. Vale la pena mencionar que la resolución aprobada por el órgano europeo tomó como base la declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero de 2022 sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez y la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del representante para México de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 28 de enero de 2022 condenando el asesinato de María de Lourdes Maldonado Lopez. Es decir, los parlamentaristas europeos han sido recurrentes en el tema, y en los debates sostenidos exhortaron al gobierno mexicano frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos.

En su respuesta, el mandatario mexicano envió un comunicado que descalifica a los parlamentarios europeos. Lamentó que se “sumen como borregos: a la estrategia reaccionaria y golpista” de todos sus opositores, de su proyecto de gobierno y de la Cuarta Transformación. Un día después de haberse hecho pública la carta, el Ejecutivo, en su conferencia matutina, señaló la resolución del Parlamento como una “resolución calumniosa” e injerencista en la política mexicana.

Para entender de mejor manera el fondo de la carta de respuesta del presidente López Obrador, se debe destacar que desde su campaña presidencial, declaró que la mejor política exterior es la política interior, definiendo así que el interés nacional de su gobierno es atender cuestiones internas como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza sin gran interés en el ámbito internacional. Por consiguiente, no es de extrañarse las declaraciones que el mandatario mexicano ha hecho hacia el exterior. Sin embargo, dichos mensajes tienen un peso e impacto en el sistema internacional, disminuyendo así la capacidad de negociación internacional del Estado mexicano. Resalto que la firma y ratificación de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea está pendiente desde el 28 de abril de 2020, fecha en que se concretó la negociación de este instrumento jurídico.

A diferencia de otros tratados de libre comercio, el distintivo del Acuerdo Global es la inclusión de la “cláusula democrática”. Con ella se tiende a buscar la paz y el respeto de los derechos humanos entre las naciones firmantes, tanto en su interior como en el ámbito internacional. Dicha cláusula se encuentra vigente en el actual TLCUEM. Por lo que es necesario precisar que, en el punto 12 de las recomendaciones del Parlamento Europeo se “Subraya la relevancia de México como socio estratégico”, y a través del Acuerdo Global UE-México modernizado se busca reforzar aún más las disposiciones en materia de derechos humanos permitiendo a la Unión Europea y a México debatir distintas cuestiones, entre ellas “los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral.” En otras palabras, existe un marco jurídico vinculante que ambas partes acordaron cumplir y respetar. En el TLCUEM quedó plasmada la voluntad actual del Estado mexicano de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, principalmente desde el ámbito jurídico. Todavía está por determinarse el impacto que tendrá la declaración presidencial en el avance o estancamiento del Acuerdo.

No obstante, e independientemente de la forma en que López Obrador redactó su respuesta al Parlamento Europeo, es fundamental mencionar que la carta no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del cuerpo diplomático mexicano. Esta decisión alude a que su objetivo no era diplomático, sino político. El presidente López Obrador ha enfrentado una serie de ataques en los últimos meses que han disminuido su aprobación. Por consiguiente, ha utilizado la provocación internacional para desviar la atención de los mismos. La disputa con el gobierno de Austria para traer el penacho del antiguo emperador mexica, Moctezuma a territorio nacional, la problemática en torno al nombramiento de Pedro Salmerón como posible embajador de México ante Panamá y como ya mencioné anteriormente, la supuesta “pausa” en las relaciones diplomáticas con España son ejemplos de cómo el mandatario mexicano ha caído en la provocación con el extranjero.

El presidente López Obrador resaltó, en una declaración posterior a su comunicado, tener la facultad constitucional de dirigir la política exterior, en apego al artículo 89, fracción X de la CPEUM. Con base en ello, es probable que ante futuros embates hacia su figura y gobierno, el mandatario mexicano siga utilizando estos espacios para crear tensiones con las naciones extranjeras. Sin embargo, estas consideraciones subrayan que estará en la Cancillería mexicana y su cuerpo diplomático, en especial el Servicio Exterior Mexicano, fortalecer la capacidad de negociación internacional mediante estrategias claras en apego al proyecto de nación así como en su excelsa tradición diplomática de defender a México en el exterior.

A inicios de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en algunos casos que se han convertido en crisis diplomáticas. En primer lugar, el presidente defendió su propuesta de Pedro Salmerón para embajador ante Panamá. El problema era que el candidato había sido acusado de acoso sexual entre estudiantes del ITAM. Además, el gobierno no siguió el protocolo correspondiente porque hizo el anuncio sin tener el visto bueno de la Cancillería panameña previamente. A pesar de ello, AMLO mantuvo la designación. El conflicto estalló cuando Panamá anunció que no aceptaría a Salmerón como representante mexicano debido a las acusaciones. El gobierno mexicano quedó mal parado ante la situación diplomática. Era la primera vez que, públicamente, un gobierno negaba el beneplácito de un nombramiento por parte de México.

Más adelante, el presidente AMLO anunció que pretendía poner “en pausa” la relación diplomática con España debido a que algunas de sus empresas habían robado a la nación mexicana. La declaración causó sorpresa tanto en la esfera interna como en la externa. También era la primera vez que Mexico hacía un tipo de anunció de esa naturaleza. Lo normal sería romper relaciones diplomáticas o retirar a los embajadores, como ocurrió con Cuba en 2004. La reacción de España no se hizo esperar y su gobierno declaró extrañeza en el dicho de AMLO puesto que ellos consideraban que la relación bilateral pasaba por un momento de normalidad y sus empresas hacían una contribución económica a México. Internamente, varios sectores consideraron que la declaración había sido una pifia diplomática.

El fin de semana del 13 de febrero, apareció una nota en el periódico El Universal, en la que se anunciaba que el gobierno de Perú se quejaba de que la administración de AMLO se estaba entrometiendo en los asuntos internos de esa nación.

Estos tres casos han causado debates en los foros políticos, académicos y diplomáticos en los países involucrados. La principal pregunta es si estos tres casos representan una “política exterior” deliberada; es decir, si son parte del proceso de toma de decisiones del aparato diplomático mexicano.

Es claro que la Constitución mexicana le otorga al presidente (artículo 89) la facultad de “dirigir” la política exterior del país. Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, toda política exterior debe partir de un proceso de plantación en donde los diversos actores involucrados discuten las diferentes alternativas, establecen objetivos concretos y seleccionan estrategias e instrumentos y toman decisiones basadas en un consenso. En este caso, la participación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de miembros del Servicio Exterior Mexicano, así como asesores expertos en el tema, es un requisito indispensable para que realmente sean decisiones de política exterior.

La principal pregunta es si estos tres casos representan una “política exterior” deliberada; es decir, si son parte del proceso de toma de decisiones del aparato diplomático mexicano.

Es altamente probable que los casos anteriormente mencionados sean producto de una visión totalmente personal del presidente mexicano y no sean resultado de un proceso de planificación. Es decir, son caprichos individuales y no lo que se define como una política exterior de “Estado”. Por lo tanto, esas decisiones no son en concreto “política exterior” de México, sino expresiones a nivel personal.

Estos tres casos reviven la discusión sobre la necesidad de crear un “Consejo Ciudadano” de política exterior que asesore al presidente en las decisiones al respecto. Este comité debe estar compuesto por expertos en el tema, legisladores, empresarios, miembros del Servicio Exterior Mexicano, y otros actores no gubernamentales, como académicos, comunicadores y representantes de la sociedad civil. Este proceso es necesario para evitar que el país se involucre en crisis diplomáticas, como los casos arriba señalados. Es importante romper el monopolio que tiene el presidente en esta materia. Incluso, una reforma constitucional podría ser una vía posible para realmente contar con una política exterior de “Estado” y no una de “gobierno”.