A principios del siglo XXI, México comenzó una transición democrática que prometía marcar el inicio de una era de paz y estabilidad política. Sin embargo, esa transición fue cualquier cosa menos pacífica. El período estuvo marcado por una serie de sucesos violentos que revelaron tensiones profundas en la estructura política y social del país. Incluso, en la última década del siglo XX, el asesinato de más de noventa activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1988 y 1994, hasta el levantamiento del EZLN y otros asesinatos políticos de alto perfil, México enfrentó una realidad donde la violencia política y criminal se convirtieron en constantes que acompañaron y complicaron el proceso de cambio.

El análisis realizado por Mónica Serrano (2020) en "Del 'Momento Mexicano' a la realidad de la violencia político-criminal" destaca la importancia de identificar los principales factores que intensificaron la violencia político-criminal en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Un periodo marcado por los conflictos internos y por el notable ascenso del narcotráfico como un actor crucial, con suficiente poder para influir en los resultados electorales y cuestionar la estabilidad de la democracia.

En este orden de ideas, respecto a los factores internos, la presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un aumento alarmante de la violencia y una percepción generalizada de la inseguridad. Con ello, se reflejó la incapacidad gubernamental para enfrentar y contener la violencia que se presentaba en el territorio. Es decir, no hubo una estrategia clara, coherente y eficaz para combatir el crimen organizado, la mayoría de las políticas implementadas fueron reactivas y no atendían las causas estructurales de la violencia.

Estas políticas de seguridad, como la militarización en la lucha contra el narcotráfico, resultaron contraproducentes y generaron un aumento de la violencia sin disminuir la capacidad operativa de los carteles. Cabe resaltar que la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el gobierno de Peña Nieto no tuvo los efectos planteados ya que, lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con su predecesor, Felipe Calderón. (Arroyo, 2018)

Aunado a lo anterior, el gobierno, afectado por acusaciones de corrupción y conexiones con el crimen organizado, vio cómo su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley se debilitaban por la infiltración de grupos criminales en las instituciones estatales. Esta situación se complicó por un sistema judicial mexicano ineficaz e incapaz de administrar justicia, con altos niveles de impunidad y una distinción borrosa entre civiles, combatientes, participantes en economías ilícitas y aquellos fuera de ellas, lo que exacerbaba la crisis debido a la interacción continua entre lo legal y lo ilegal.

Al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, México enfrentaba una situación crítica de violencia e inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Hacia 2017, el país registró un récord de homicidios, evidenciando un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre los mexicanos. Aunque el gobierno de Peña Nieto fue consciente de estos problemas, no consiguió garantizar la seguridad pública ni proteger eficazmente a la población.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., conocido como Centro Prodh (2018) destacó que “2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas”. Esta aseveración está basada en el hecho de que hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 hemicidios violentos, cifra que supera los indicadores correspondientes en todo el 2011, cuando se intensificó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ por el expresidente Felipe Calderón. Esta alarmante estadística no solo reflejó el aumento de la violencia en el país, sino también hizo patente el impacto profundo y duradero de las políticas de seguridad adoptadas en años anteriores.

La situación se complicó aún más por factores externos, tales como la abundancia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y una alta demanda de drogas ilícitas por parte de este país, lo que propició un ambiente favorable para el narcotráfico en México. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que México cumpliera con sus políticas antinarcóticas, las medidas adoptadas resultaron a menudo en estrategias punitivas que no atendieron las causas profundas de la violencia.

Frente a este panorama, no solo el gobierno mexicano sino también diversas organizaciones no gubernamentales, han hecho llamados a que el gobierno estadounidense haga más estricto el control sobre la producción, venta y distribución de armas, que a menudo terminan en el mercado ilícito de México, aumentando la violencia vinculada al crimen organizado. (Nexos, 2011) Paradójicamente, el gobierno de Estados Unidos no cede en sus presiones hacia el gobierno mexicano para asegurar el acatamiento de sus prioridades antinarcóticos y antiarmas, las cuales han influido en la formulación de políticas de seguridad en México.

En resumen, el conjunto entre la incapacidad del gobierno mexicano y la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos creó un escenario donde la violencia y el crimen pudieron desarrollarse. La administración de Peña Nieto no pudo establecer un sistema de seguridad y justicia efectiva y resistente frente a la magnitud del crimen organizado. Simultáneamente, los factores externos, sobre los cuales el gobierno mexicano tenía un control limitado, empeoraron la situación.

Externamente, México se enfrenta a dinámicas globales que complican aún más su lucha contra la violencia y el narcotráfico. La demanda de drogas ilícitas por parte de países como Estados Unidos alimenta directamente el poder y la influencia de los carteles de droga. Paralelamente, el flujo constante de armas de fuego desde el norte hacia México ha proporcionado a estos grupos criminales el arsenal necesario para desafiar a las fuerzas del orden y aterrorizar a la población.

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis.

Ciertamente el narcotráfico se alimenta de la demanda y se fortalece con el suministro de armas, ambos provenientes del norte. Sin embargo, la responsabilidad primordial de un Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y aquí es donde el gobierno del presidente al mando mostró una deficiencia crítica. Las medidas de seguridad implementadas no solo fueron ineficaces sino que "el legado de inseguridad y violencia del periodo de Enrique Peña Nieto, en el contexto más amplio de una crisis múltiple, postergó de manera indefinida las asignaturas pendientes de la transición en esta materia" (Serrano, 2020)

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis. Entre ellas, la corrupción sistémica y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones públicas, mientras que la falta de oportunidades económicas y educativas perpetuaron ciclos de pobreza que, a menudo, conducen a la violencia. Además, la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia impiden una respuesta eficaz contra el crimen organizado, dejando a las comunidades vulnerables ante la extorsión y la violencia. Es importante que el gobierno mexicano atienda estos desafíos estructurales con políticas inclusivas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y promuevan el desarrollo social y económico.

Por eso, el análisis integral de la violencia político-criminal en México revela que, si bien los factores externos jugaron un papel importante en la escalada de la violencia, la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para establecer un marco de seguridad efectivo que pudiera contrarrestar el flujo de armas y la demanda de drogas fue un factor crucial que facilitó el auge de los carteles y agravó el escenario nacional. En última instancia, la responsabilidad primordial del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La experiencia de México destaca la importancia de una gobernanza efectiva, el estado de derecho, así como políticas de seguridad y justicia integrales y adaptativas para enfrentar desafíos tan complejos como el narcotráfico y la violencia política-criminal.

Referencias

Arroyo, E. (2018). Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda. ITESO, Universidsd Jesuita de Guadalajara. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5618

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (2018). El gobierno de EPN deja una crisis de derechos humanos en México. https://centroprodh.org.mx/2018/11/30/el-gobierno-de-epn-deja-una-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

Nexos (2011). ¿Cuál es el impacto de la venta de armas en Estados Unidos en la violencia en México? Nexos. https://redaccion.nexos.com.mx/¿cual-es-el-impacto-de-la-venta-de-armas-en-estados-unidos-en-la-violencia-en-mexico/

Serrano, A. (2020). Del ‘momento mexicano’ a la realidad de la violencia político-criminal. Colegio de México. Foro Internacional (núm. 2), páginas 791-852. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2739

Desde hace años, México lucha contra el tráfico de armas y Estados Unidos contra el tráfico de drogas. Ambos países comparten el interés de seguridad nacional para detener a los grupos criminales que trafican armas ilícitas, drogas y explotan a los individuos a través de la trata de personas y ya reconocieron la importancia de trabajar en conjunto para erradicar estos y otros problemas que comparten sus fronteras.

En este sentido, la Iniciativa Mérida fue un marco de cooperación bilateral en materia de seguridad, Estado de derecho y control de drogas. Fue propuesta por México y adoptada en 2007 por los entonces presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. Tenía un enfoque militar que buscaba afectar la capacidad operativa del crimen organizado, equipar las fuerzas armadas, implementar reformas en materia de justicia y profesionalizar las instituciones de seguridad.

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se caracterizó por una política exterior activa y responsable, pero también por una guerra contra el crimen organizado que provocó un aumento de la violencia en todo el país. Con la Iniciativa Mérida, Calderón buscaba dejar atrás la posición de subordinación de México hacia el país vecino, que este aceptara su corresponsabilidad en materia de narcotráfico y brindara su apoyo para combatirlo. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque se limitó el alcance de la Política Exterior Mexicana, la Iniciativa Mérida continuó, pero sus mecanismos se debilitaron y provocaron descoordinación y fragmentación en la cooperación binacional sobre seguridad entre ambos países, llevándola a una fase terminal.

Para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Iniciativa desapareció y se sustituyó por el Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Fue adoptado a finales del año 2021 a raíz del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, como una estrategia integral a largo plazo de acciones binacionales para abrir oportunidades de mayores transformaciones para garantizar la seguridad, salud y desarrollo para ambos países.

El Entendimiento Bicentenario busca reafirmar la soberanía de México ante Estados Unidos en temas de seguridad, proteger a la sociedad, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar redes criminales. Para ello, establece 3 ejes de trabajo, 102 acciones y 26 objetivos en los que prevalece el uso de la inteligencia en lugar de la fuerza, aborda la ciberdelincuencia, enfatiza el intercambio de información entre gobiernos y trata el problema de las drogas con un enfoque de salud pública.

Debido a que México y Estados Unidos comparten retos y sus políticas internas afectan al país vecino, cooperar para garantizar la seguridad es fundamental. Por ello, el Entendimiento Bicentenario es una forma de encauzar la relación bilateral en materia de seguridad hacia fines más concretos que los planteados por la Iniciativa Mérida, que permitan potenciar sus capacidades y fortalecer las estrategias.

Para aplicar los objetivos del Entendimiento, México y Estados Unidos han implementado medidas a nivel interno y a largo plazo. Sin embargo, se acercan los comicios del 2024 en ambos países. Con el cambio gobierno que se avecina, ¿qué pasará con este Entendimiento y sus objetivos? Ya que existe la posibilidad de que no se les dé continuidad, como sucede con varios acuerdos de política interna y externa con el cambio de administración.

Aunque falta mucho por hacer en temas de seguridad y aún es pronto para evaluar el impacto del Entendimiento Bicentenario, es importante preservar esta cooperación y dar continuidad a las estrategias conjuntas para alcanzar sus objetivos y mantener una política exterior exitosa en la que se cuente con los recursos materiales y el interés, independientemente de quién ocupe la silla presidencial.

La problemática de las drogas históricamente ha planteado diversos desafíos para las sociedades antiguas y modernas. Diversas drogas como el opio, el LSD, la marihuana y la cocaína, entre otros, han influenciado la manera en que se entiende este fenómeno en muchas culturas. En la actualidad, la producción, comercialización y consumo de drogas indudablemente está arraigada a ubicaciones geográficas que brindan bondades, ventajas y beneficios para ese mercado. En esta dinámica convergen regiones estratégicas que actúan respecto a la demanda y oferta. Respecto a la producción, según datos de la ONU, Colombia con más de 200,000 hectáreas en el 2021 se ubica como el mayor productor de cocaína en el mundo. Además, en el país andino se siembran drogas como marihuana y amapola en zonas como Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

En efecto, en el proceso de producción y comercialización de la cocaína intervienen miles de campesinos colombianos de las zonas más marginadas del país que ven en los rendimientos de la siembra de hoja de coca la solución al abandono del agro por parte del Estado. La población campesina e indígenas que se dedica a esta actividad son parte de entornos de pobreza extrema y vulnerabilidad en donde no existen servicios públicos, colegios, ni vías terrestres aptas para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ven en la ilegalidad la única alternativa para tener una solvencia económica que garantice la subsistencia propia y de su grupo familiar. Además, la falta de instituciones y presencia del ejército o policía colombiana en la zona facilitan la injerencia de grupos al margen de la ley que gobiernan estos territorios y que fomentan el bienestar de la comunidad.

Por otro lado, en el norte del mismo continente se encuentra México, uno de los principales corredores de drogas en el mundo. Según el Congreso de Estados Unidos, en México existen más de 15 organizaciones narcotraficantes que se disputan el territorio, las cuales están fuertemente armadas y controlan regiones estratégicas por donde envían drogas a EE.UU. En paralelo, según el CIDE, en México operan más de 150 bandas criminales las cuales se dedican a secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas. Los tentáculos de las poderosas estructuras narco-criminales controlan regiones y municipios enteros. Además, de acuerdo con investigadores de la San Diego State University, la influencia de estas estructuras se ha diversificado a temas como tala ilegal, industria del aguacate, minas ilegales, migración, entre otros. Sin embargo, probablemente la que más beneficios redituables ha traído ha sido el robo de gasolina ya que este recurso es vendido ilegalmente por todo el territorio mexicano. Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del narcotráfico bajo una mirada enfocada en el caso mexicano y colombiano.

"La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado."

Respecto a los dos casos analizados anteriormente, la magnitud de la relación de Colombia y México en temas de narcotráfico es innegable. Colombia es el principal proveedor de cocaína que transportan los carteles mexicanos rumbo a Europa y Estados Unidos. La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado. El aumento considerable de miles de hectáreas de coca en Colombia se le atribuye, en buena parte, a los negocios con el narco mexicano y la alta demanda de consumidores en Estados Unidos y Europa. Existen reportes de campesinos en el que experimentan con nuevas semillas con el fin de producir más cantidades en menos tiempo. De igual manera, el dinero del narco mexicano y estructuras criminales aliadas en Colombia los hace acreedores del control de pistas clandestinas y zonas aeroportuarias desde donde envían los cargamentos de drogas a México y otros destinos.

En ese sentido, el negocio de las drogas en sus diferentes etapas a través de estructuras narcotraficantes transfronterizas, auspiciadas por grupos al margen de la ley, generan una problemática reflejada en regiones con índices históricos de violencia tanto en México como en Colombia. Además, a través de esta actividad existe un fomento de comunidades hacia la ilegalidad con base en la falta de oportunidades por parte de los gobiernos en cuestión. Los vínculos del narco mexicano y las organizaciones criminales con grupos al margen de la ley al interior de Colombia fortalecen el entramado criminal dotándoles de recursos financieros para la ilegalidad expresada en un mayor número de miembros y mejores elementos de dotación. El poder de estos grupos en algunas regiones ha desafiado la institucionalidad del gobierno, generando una connotación de debilidad e insuficiencia gubernamental.

En definitiva, bajo una visión crítica, el concepto de lucha antidrogas en México, Colombia y a nivel global debe ser repensado desde una mirada integral. Más aún, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas no es un problema que interese únicamente a los dos países, sino que sus efectos se vislumbran directa o indirectamente a nivel global, la visión actual de las drogas y su posterior acción en contra de esta es un generador de focos de violencia en diferentes zonas. La guerra histórica contra las drogas, en vez de generar resultados definitivos, ha exacerbado sus consecuencias. Este replanteamiento del fenómeno de las drogas tiene que llevar al gobierno mexicano y colombiano a meditar en la influencia de Estados Unidos en las políticas antidrogas en el cono sur a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los cuales han sido un rotundo fracaso en la práctica.

El replanteamiento en el tratamiento en temas antidrogas es imperante. La necesidad de cambio de visión por parte de los gobiernos en el mundo parte del reconocimiento del consumo de drogas, no bajo la lupa de una política de criminalización, sino tratado a través de un tema de salud pública. Si gobiernos como el estadounidense se enfocaran en programas serios y rigurosos de prevención de consumo de drogas, indudablemente bajaría la demanda lo cual significaría que se reducirían los mercados y esto llevaría a una disminución significativa de comercialización de narcóticos. Finalmente, cabe señalar que las drogas, su comercialización y efectos son una realidad y dependerá del gobierno si el monopolio de estas sustancias queda en manos de estructuras narcotraficantes, con todo lo que implica, o lo ostenta él mismo imponiendo las condiciones en toda la cadena productiva.