Análisis (59)
La visita de López Obrador a Centroamérica y Cuba: la zona de mayor influencia de México
Rafael Velázquez Flores
Desde el punto de vista geopolítico, México tiene una posición privilegiada. Es puente entre América del Norte y del Sur. Además, el país está colocado entre Asia Pacífico y Europa y África. Es decir, el país está en el centro del mundo. La geografía así lo ha determinado. Sin embargo, México no tiene una política exterior que refleje su realidad geopolítica. En otras palabras, la nación no tiene una presencia relevante en África. No influye de manera determinante en Europa y en Asia en términos políticos. Solamente existe una relación comercial estable en esas dos regiones. En América del Norte, Estados Unidos tiene un mayor poder hegemónico. Hacia el sur, el gobierno mexicano ha buscado ejercer cierto liderazgo en la región. En algunas ocasiones ha tenido éxito y, en otras, las capacidades de México para influir en la zona son limitadas.
En donde México ha tenido una constante e importante presencia ha sido en Centroamérica y el Caribe. Es decir, estas dos subregiones representan la mayor zona de influencia del país. Históricamente, los diferentes gobiernos mexicanos han buscado ejercer cierta hegemonía en la zona. Por razones de seguridad o de promoción económica, México ha tratado de convertirse en una potencia regional frente a sus vecinos inmediatos en el sur. Por ejemplo, la administración de López Portillo firmó con Venezuela el Pacto de San José para proveer petróleo, a precio preferencial, a algunos países de Centroamérica y el Caribe. En el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid promovió la creación del Grupo Contadora para solucionar, de manera pacífica, los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las guerras civiles estaban afectando el sur-sureste mexicano con la llegada de miles de refugiados. Contadora le dio a México mucho prestigio internacional y sembró la semilla para el que, más tarde, se convirtió en el Grupo de Río, el cual dio lugar en 2010 a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Carlos Salinas de Gortari dio continuidad a esta política a través del Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez. Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000, el entonces presidente Vicente Fox propuso el Plan Puebla Panamá para integrar a la región con el sur-sureste de México e impulsar el crecimiento económico. La iniciativa no prosperó por falta de recursos económicos. Pero las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dieron continuidad a la presencia de México en la región a través del Proyecto Mesoamérica, el cual busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre varios países de Centroamérica y el Caribe.
Cuando López Obrador tomó posesión de la presidencia en diciembre de 2018, una de sus primeras iniciativas de políticas exterior fue el Plan de Desarrollo Integral, el cual busca impulsar el desarrollo de Centroamérica para reducir la migración. Para ese entonces, varias caravanas de migrantes centroamericanos intentaban cruzar el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos. La iniciativa representó, para entonces, la mayor propuesta de cooperación internacional por parte del gobierno mexicano. Para coordinar su operación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un diagnóstico para presentar recomendaciones concretas.
El viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica se enmarca en esta lógica de mantener una presencia constante de México en la región desde la perspectiva de la Geopolítica.
Un propósito principal fue dar continuidad y seguimiento a la exportación de los programas sociales que tiene la administración actual en Centroamérica, como son Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el futuro. Asimismo, el presidente buscaba reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos. Pero al mismo tiempo, un objetivo fue reafirmar la hegemonía geopolítica que el país proyecta en la zona. En este contexto, el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice a inicios de mayo del 2022. En otras palabras, la esencia del viaje se enmarcó en cuestiones de identidad nacional, geopolítica, pero también de cooperación internacional para la promoción del desarrollo económico de la región y, de esta manera, atacar las causas de la migración.
La visita incluyó también una escala en Cuba, uno de los países con mayor simbolismo para México en el Caribe. Luego de la Revolución de 1959, México trató de mantener una relación cercana con la isla. Sin embargo, una vez que Fidel Castro declaró en diciembre de 1961 que la esencia de su movimiento era marxista-leninista y después de que la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, México mantuvo una distancia hacia el régimen de Castro. En ese entonces, el gobierno de Adolfo López Mateos mantuvo una doble política. Por un lado, públicamente, su administración defendía a Cuba a través de los principios tradicionales de su política exterior y buscaba mantener autonomía frente a Estados Unidos. Esta posición era principalmente para consumo interno porque generaba consenso y cierta legitimidad para el PRI. Sin embargo, por otro lado, el gobierno mexicano apoyaba, en privado, a Washington en su lucha contra el comunismo.
A finales del siglo XX, la relación de México con Cuba tuvo altibajos. Con Díaz Ordaz, el vínculo fue frío. Pero con la llegada de Luis Echeverría y José López Portillo, la interacción mejoró. Echeverría fue el primer presidente en visitar la Cuba socialista. López Portillo mantuvo un diálogo abierto con Castro. Sin embargo, con la crisis económica de inicios de los años ochenta, México optó por una asociación económica con Estados Unidos más abierta. La cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque no hubo un alejamiento explícito hacia Castro, el gobierno trató de manejar con discreción la relación con Cuba para no afectar la negociación de dicho tratado. Sin embargo, la relación bilateral empezó a tensionarse con la administración de Ernesto Zedillo, cuando su entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se reunió con la disidencia cubana en La Habana, lo cual no gustó a Castro. Además, el comandante afirmó que los niños mexicanos reconocían con mayor facilidad a los personajes de Walt Disney que a los héroes patrios. Esta declaración causó un primer conflicto diplomático entre Cuba y México.
Con la llegada de Vicente Fox, la relación con Cuba empeoró. Primero, en 2002, el presidente Fox le pidió a Castro, en una llamada telefónica, llegar a una reunión internacional que se celebraba en México y regresarse lo antes posible para no afectar la llegada de George Bush (el famoso incidente del “comes y te vas”). Después, en 2004, la administración de Fox decidió expulsar al embajador cubano en México, lo que desató una grave crisis diplomática que estuvo a punto de romper las relaciones bilaterales. La causa de este diferendo fue un discurso de Castro en el que mencionaba que la política internacional de México se había convertido en cenizas porque había votado en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Más adelante, la administración de Felipe Calderón buscó recomponer la relación. Sin embargo, el vínculo se mantuvo limitado durante el segundo sexenio del PAN. Con el regreso del PRI en 2012, el presidente Enrique Peña buscó un mayor acercamiento cuando México condonó una deuda antigua a Cuba y los dos países firmaron un acuerdo migratorio.
La llegada de un gobierno de izquierda a México en el 2018 cambió notablemente el panorama. Desde entonces, el presidente López Obrador ha buscado un mayor acercamiento a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha visitado México en tres ocasiones. En la primera, acudió a la toma de protesta de López Obrador el 1 de diciembre de 2018. El segundo viaje ocurrió en octubre de 2019 y fue una visita oficial. Asimismo, en septiembre de 2021, Díaz-Canel fue el invitado de honor durante las celebraciones del inicio de la independencia de México y acudió a la cumbre de la CELAC. Por lo tanto, la visita de AMLO representó la cuarta reunión, de manera presencial, con su homólogo cubano. Con ningún otro presidente, López Obrador ha tenido más reuniones. Con Estados Unidos, la relación más importante para México, AMLO solamente se reunió en una ocasión con Donald Trump y otra con Joe Biden (presencialmente).
En su viaje a Cuba, el presidente mexicano buscó reforzar los lazos diplomáticos con Cuba. Otro propósito fue incrementar la cooperación internacional entre ambas naciones. Como era de esperarse, AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales. En esta visita oficial, el líder mexicano recibió la orden de José Martí, la mayor distinción que puede recibir un extranjero en Cuba. El asunto migratorio ocupó también en la agenda un lugar estratégico. Este asunto despierta mucho interés para el presidente mexicano. Un tema común en Centroamérica y Cuba fue la apuesta de México por buscar una mayor integración latinoamericana y rechazar la política intervencionista de Estados Unidos. Incluso, AMLO volvió a insistir en la posibilidad de eliminar a la OEA para construir un organismo regional que sirve a los intereses de América Latina y no sea “lacayo” de ninguna potencia. En el mismo tono, el presidente mexicano mantuvo su posición de que ningún país de la región sea excluido en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio de 2022. La crítica es debido a que Estados Unidos aplicó un veto para Cuba, Nicaragua y Venezuela.
AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales.
Con este viaje, López Obrador manda la señal de que Cuba y Centroamérica son vínculos estratégicos para su administración desde el punto de vista geopolítico, de identidad nacional, diplomático y de cooperación internacional. El mensaje también está dirigido a los sectores sociales internos que lo apoyan. Una política de autonomía frente a Estados Unidos y de acercamiento hacia Centroamérica y Cuba genera dividendos políticos para una administración de izquierda. En conclusión, López Obrador le ha dado continuidad a la tradición de tener a Centroamérica y el Caribe como las zonas de mayor influencia de la política exterior de México. Es altamente previsible que su administración mantendrá esta tendencia hacia el final de su sexenio. En otras palabras, Centroamérica seguirá siendo el principal objetivo de la cooperación internacional mexicana para impulsar el desarrollo económico y detener las causas de la migración. Con Cuba, México reforzará su alianza con la isla para ejercer liderazgo en América Latina y para que sirva de contrapeso frente a Estados Unidos.
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
María Guadalupe Peña González
La tradición diplomática mexicana muestra un quehacer constante tanto en mesas de negociación, rondas, reuniones ministeriales, en las cuales nuestro país –a pesar de las divisiones y luchas entre poderosos– participa activamente para luchar contra el cambio climático.
Desde el principio, algunos críticos le han restado importancia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante, Acuerdo de Escazú). Aquí amerita valorar su trascendencia respecto a lo que la sociedad exige de sus gobiernos: vincular sus compromisos internacionales con lo que esa sociedad puede hacer respecto a los efectos del cambio climático.
La diplomacia ambiental
Las actividades de la diplomacia ambiental que al inicio se dedicaban a promover el desarrollo sostenible y evitar la aparición de conflictos internacionales emanados por la degradación ambiental, ahora deben enfocarse a apoyar a las naciones en acciones para mitigar y adaptar a los pueblos a los efectos del cambio climático.
En el caso de nuestro país, México ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992 y desde entonces ha participado en todas las Conferencias de las Partes (COP). Posteriormente, en 2003 ratificó el Protocolo de Kioto; y en 2010, México organizó y fue sede de la COP16, celebrada en Cancún.
Dicho evento marco un hito en el liderazgo diplomático pues logró un "consenso" en la declaración final, donde se resaltaba la necesidad de nuevos compromisos de reducción de emisiones, la propuesta de creación de un Fondo Verde y sus mecanismos de operación. Además, a partir de ese momento, la embajadora Patricia Espinosa Cantellano se convirtió en referente idóneo para tratar temas relacionados a la diplomacia ambiental en cambio climático. En 2016 fue nombrada secretaria ejecutiva de la CMNUCC.
México tradujo la participación internacional en la creación de instituciones especializadas en medio ambiente y cambio climático: desde la formación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como del Programa Especial de Cambio Climático.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático, a pesar de los cambios sexenales mantiene dos grandes pilares: el primero tiene que ver con estrategias de mitigación –entendida como oportunidades de reducción de emisiones–; el segundo, con la adaptación –reducir la vulnerabilidad y construir capacidades para enfrentar el cambio climático–.
Aun cuando existe un Programa Especial de Cambio Climático donde se proponen los objetivos específicos de reducción voluntaria de emisiones, la Ley General para el Cambio Climático, en vigor desde 2012, difiere en algunos aspectos de la COP 21 efectuada en 2015. Esto ocasiona que las tareas tanto de nuestras representaciones diplomáticas como del propio gobierno mexicano, deban realizar un trabajo de “hilado fino” para canalizar la información y decisiones asumidas para reformular la política climática mexicana.
Dicha actividad diplomática se tiene que traducir en hechos, convertir esos compromisos internacionales en acciones de gobierno. Esto se logra con coherencia y voluntad política.
Si bien en distintos momentos el presidente de México ha afirmado que en el desarrollo de la política exterior se observarán los principios normativos establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún no tenemos el programa o plan de acción correspondiente. Es necesario establecer lineamientos, metas y estrategias para concretarlos.
Los principios de política exterior no son entes aislados. Si nos referimos a las acciones de protección al ambiente y cambio climático, es indispensable defender la relación que tienen con el derecho a un medio ambiente sano –ya incluido en el artículo 4º constitucional– obviamente enlazado con el principio de “la defensa, protección y promoción de los derechos humanos”. No tenemos temas aislados en la agenda internacional; todo va concatenado con lo ya actuado y firmado en instrumentos internacionales.
Antecedentes del Acuerdo de Escazú
Tenemos como punto de partida en la materia a la Conferencia celebrada en Estocolmo en 1972, titulada “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano“, con la que inicia un diálogo internacional sobre un problema global, el cuidado del medio ambiente. Consideramos como antecedente el Principio 19 de la Declaración de Estocolmo:
Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Se exige un compromiso tanto a gobiernos como medios de comunicación para lograr la educación y sensibilización de la población hacia la problemática del cuidado del medio ambiente. En 1992, durante la Cumbre para la Tierra celebrada en Rio de Janeiro, se acordó un compromiso no vinculante, la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, en cuyo Principio 10 se indica lo siguiente:
Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
Otros instrumentos internacionales que hacen referencia a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el acceso a la información, entre los que consideramos más relevantes enlistar son:
1. Programa de Acción aprobado en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (1994).
2. En el marco de la OEA, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra (1996).
3. En el marco de la CARICOM, Carta de la Sociedad Civil. Adoptada por los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (1997).
4. En Europa, la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocida como Convención de Aarhus, 1998).
5. En el marco del Foro Ambiental Mundial celebrado en Suecia: La Declaración de Malmö (2000).
6. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) (2002).
7. Declaración de Santa Cruz +10 (2006).
8. Directrices para la Elaboración de Legislación Nacional sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocidas como Directrices de Bali de 2010).
9. El Documento final derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como Río+20, 2012).
10. Declaración de la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2014).
11. La Resolución 686 (XXXV) aprobada en el trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL (2014).
12. Resolución sobre la aplicación del Principio 10, aprobada en la Primera Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2014).
13. Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización adoptada en la XX Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2014).
14. Declaración de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2015).
15. Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
16. Declaración de la XX Reunión del Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2016).
17. Resolución 706(XXXVI) aprobada en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL (2016).
18. Resolución 2/25 aprobada en la segunda Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2016).
De las distintas reuniones y resoluciones enumeradas se desprende una constante: la voluntad política de los países, en especial de América Latina, de facilitar la información en materia de medio ambiente y cambio climático a todos los sectores de la población.
Los alcances del Acuerdo de Escazú
De los antecedentes anteriormente listados sumamos como base: 1) la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible; 2) el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; 3) la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 4) la Agenda 2030 y su respectivo ODS 16.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, tiene como objetivo garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno; y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Los temas nodales presentes en este Acuerdo son:
- La gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional;
- Los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
- Se incluye una disposición vinculante sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El artículo 2, inciso c) define “información ambiental”: por “información ambiental” se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales;
Cabe destacar que la citada definición tiene un alcance mucho más amplio de lo que se dice en nuestro país. Va más allá de la información estadística -subida a una página de internet- y, por ende, su difusión debe implicar, como lo ordena el artículo 5 titulado “Acceso a la información ambiental”, que cada Estado parte garantice el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.
Los Estados parte deben garantizar que los sistemas de información ambiental sean accesibles para todas las personas, en especial que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, en los diversos idiomas usados en el país y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos por medio de canales de comunicación adecuados. Esto último es de suma relevancia, pues muchos de los grupos vulnerables en situación de pobreza son analfabetos; en consecuencia, se le exige a los Estados parte, busquen las vías idóneas para asegurar puedan cumplir con lo señalado en el artículo 7.
Para la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el Acuerdo de Escazú señala en su artículo 7 que el público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, y que, cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación.
En relación al acceso a la justicia en asuntos ambientales, el artículo 8 indica que cada país debe garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. En el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento:
- cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental;
- cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y
- cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Cabe destacar la inclusión de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en el Artículo 9, pues cada país debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad.
Finalmente, cabe mencionar que en el artículo 19 “Solución de controversias”, se establece como uno de los medios de solución el recurrir a la Corte Internacional de Justicia.
La COP1 del Acuerdo de Escazú
Los días 20 al 22 de abril de 2022, se llevó a cabo la primera reunión de la Conferencia de las partes en la sede de la CEPAL, en Santiago, Chile. Inaugurada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvo como entre otros objetivos revisar el avance de la implementación del Acuerdo.
El trabajo realizado en esos tres días tuvo como resultado:
1. Proyecto de decisión: defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
- En atención al artículo 15 del Acuerdo, se estableció un grupo de trabajo ad hoc para elaborar un plan de acción sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho plan se presentará en la segunda reunión ordinaria de la COP. También se celebrará un foro anual.
2. Proyecto de decisión: Arreglos financieros
- En atención al artículo 14 del Acuerdo, para apoyar el financiamiento del Acuerdo, el Fondo de Contribuciones Voluntarias se constituirá como un fondo fiduciario.
3. Propuesta revisada de reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes
- De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo, la “Secretaría” será la/el Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
- El “público” se entiende cualquier persona natural o jurídica u organizada en formas comunitarias. Tendrá acceso a las reuniones, documentos y eventos en todas las modalidades. Podrán también realizar intervenciones, formular propuestas y organizar eventos paralelos.
- Las reuniones de la COP se realizarán en Santiago de Chile cada dos años.
- Para la toma de decisiones, las Partes harán todo lo posible para llegar a un acuerdo por consenso. Si se agotan todos los esfuerzos por lograr consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la decisión sobre una cuestión de fondo en última instancia se tomará por el voto de una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes.
4. Propuesta revisada sobre las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
- El Comité reportará a la COP sobre sus actividades, incluyendo las conclusiones que adopte en casos de incumplimiento.
- Proporcionará apoyo a la COP sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. Esta función incluirá las siguientes actividades: Periódicamente, presentará a la COP un informe sobre asuntos sistémicos relativos a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo; y elaborará un informe sobre cualquier aspecto relativo a la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo que le solicite la COP.
- El Comité podrá elaborar a motu proprio observaciones generales sobre la interpretación del Acuerdo.
- El Comité podrá responder consultas sobre la interpretación del Acuerdo que le formule una Parte.
Además, Mario Cimoli, Representante Regional para América del Sur de la ACNUDH y Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), firmaron un convenio de colaboración con la CEPAL mediante el cual se comprometen a impulsar un enfoque de derechos humanos en la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, basando su cooperación en los cuatro pilares del Acuerdo: acceso a la información, a la participación, a la justicia y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Finalmente, en la Declaración Política aprobada al término de la reunión, los delegados asistentes también reafirmaron la importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Acciones contradictorias del gobierno de México
En los diferentes foros y medios especializados en materia de protección al ambiente y cambio climático se ha señalado tener cierta preocupación por los anuncios emitidos y los grandes proyectos en proceso del Gobierno de México.
Si bien hasta hace algunos años la participación activa de los diplomáticos mexicanos auguraba un buen papel respecto a los resultados que se esperan incluso para la Agenda 2030, lo que ahora se escucha en los pasillos de Cancillería, es que no hay rumbo y que lo logrado en avances al respecto se toparán con pared.
La preocupación va en aumento cuando ante la publicación tardía del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el correspondiente Programa Especial de Cambio Climático, las acciones para mitigar los efectos del cambio climático dependen y penden de un hilo, pues el presupuesto que se destinó para tal rubro en los distintos programas existentes, fueron los primeros en padecer recortes que atienden más a un capricho político (por ejemplo, la consulta por la revocación de mandato) y al cumplimiento de las promesas de campaña (la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles).
El presidente López Obrador afirma en el discurso que su gobierno está “comprometido” con el medio ambiente. De hecho, en la construcción del Tren Maya diariamente se destruye y tala zonas de alto valor ambiental y en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se destina la mayor parte del presupuesto etiquetado en infraestructura para sostener la obra sobre una zona de humedales.
Mención aparte merece el programa “Sembrando Vida”, pues resulta ser una copia del Programa Nacional de Reforestación de López Portillo: recuérdese que sembraron eucaliptos en zonas del país donde el suelo no resulto idóneo. Lo mismo pero en versión siglo XXI, es la apuesta del gobierno de López Obrador respecto a la reforestación en el país.
¿Por qué planteamos este panorama? Cuando México suscribió el Acuerdo de Escazú en 2018, era otro el contexto, era otro gobierno. Ahora, tal parece que una cosa es lo que se firma y otra lo que al gobierno en realidad le interesa.
La información respecto a los grandes proyectos emblema del actual gobierno de México, son clasificados como “de seguridad nacional”, no por el riesgo, sino porque en su mayor parte se hace uso discrecional del presupuesto y por el involucramiento de las fuerzas armadas.
Todos los conflictos ambientales que han llegado a dirimirse en juzgados, siguen haciéndolo por la vía administrativa para lograr frenar los actos administrativos que ponen en peligro el equilibrio ecológico; para señalarle a los distintos niveles de gobierno que sus acciones comprometen y ponen en riesgo a las comunidades indígenas, la vía siempre ha sido el juicio de amparo.
El panorama es negro: los activistas defensores de derechos ambientales son víctimas de persecución, desaparición forzada e incluso de homicidio. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tan sólo en el año 2021 se registraron al menos 108 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos ambientales y 25 personas fueron asesinadas.
Ante esto, el gobierno de México ha preferido ignorar la problemática descrita. Pronunciamientos de condena “enérgica”, discursos a modo, incluso, se ha llegado al punto de considerar todo eso como parte de un golpeteo político, etc.
México necesita modificar el rumbo por el bien del país y del medio ambiente.
La política exterior, entendida como el conjunto de acciones, decisiones, estrategias y posicionamientos que lleva a cabo un estado más allá de sus fronteras con el objetivo de coadyuvar a la consecución del interés nacional debiera, en sentido estricto, promover y defender las aspiraciones de una nación en su conjunto y no los intereses o caprichos de un grupo o los de la administración en turno. Idealmente, al menos en el caso mexicano, la política exterior debiera ser el instrumento que impulse el desarrollo nacional e impacte favorablemente las condiciones de vida de toda la población.
Ya desde el siglo XIX, en México se reconocía la estrecha y continua relación con Estados Unidos de América, no sólo por la proximidad geográfica sino por la intensidad de los temas en la agenda bilateral. Durante el siglo XX, esta relación se fue profundizando, haciéndose más compleja e interdependiente. Para México, la relación con el vecino del norte es prioritaria. Estados Unidos es el socio comercial número uno, además de asuntos de seguridad, migración, narcotráfico, tráfico de armas, tránsito de personas, paradiplomacia transfronteriza, inversión extranjera, cooperación tecnológica, agenda energética y decenas de temas más que se suman a las dinámicas bilaterales. El gobierno de la llamada Cuarta Transformación no puede seguir ignorando esta realidad y menos aún ponerla en riesgo, tal y como lo ha hecho en lo que va de la presente administración.
Muchas son las acciones que dan claros signos de una política exterior errática tanto espacios bilaterales y multilaterales. Baste recordar que en la reunión de los llamados “tres amigos” en noviembre pasado, el tema de China fue parte de las discusiones de los representantes del T-MEC, siendo la posición de México en voz de Andrés Manuel López, preocupante, al señalar a China como “una amenaza toda vez que su crecimiento económico y el control que tiene del mercado mundial es una desproporción inaceptable y un riesgo para todos, particularmente para América del Norte”. Pareciera que el presidente desconoce que el gigante asiático es nuestro segundo socio comercial.
Frente a Europa, otro socio estratégico, también se han cometido desaciertos como el comunicado emitido desde la oficina de la presidencia en la que se les llama “borregos” a los parlamentarios europeos a raíz de las observaciones que hicieran respecto a la inseguridad en México particularmente en torno a los periodistas. Nuevamente el ejecutivo, sin pasar por la Cancillería, incurre en faltas a las prácticas diplomáticas por lo ofensivo del comunicado, que se suma a los continuos reclamos a España y al Vaticano al demandarles disculpas para el pueblo mexicano por lo que llama “agravios históricos” cometidos durante la conquista.
El posicionamiento de México frente a la guerra de Rusia y Ucrania vuelve a evidenciar la falta de rumbo de la política exterior. Bajo una extraña interpretación del principio de no intervención, López Obrador se ha negado a implementar sanciones contra Rusia, al tiempo que las juventudes morenistas del Estado de México difundieron un comunicado en el que apoyaban la invasión a Ucrania, a lo que se suma la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en el Congreso de la Unión por iniciativa de diputados mayoritariamente morenistas. Un respiro frente a esta serie de desatinos lo ofrece el representante de México en las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, quien lleva a cabo enconados esfuerzos en el Consejo de Seguridad para mantener una posición congruente con lo que ha sido la tradición de política exterior mexicana. No obstante, esto no logra mitigar lo ya referido, ni el “aparente” silencio del Canciller, quien parece estar más preocupado por su carrera para el 2024.
Frente a Estados Unidos, la lista de desaciertos crece sistemáticamente, así como el abordaje disímbolo de temas como la transición a energía limpias, las agendas verdes, la reforma energética, la cuestión migratoria, además de la lucha contra las bandas del crimen organizado. Los desacuerdos aumentan y declaraciones como la de Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos, al afirmar que “México no puede estar cercano a Rusia”, evidencian la tensión entre ambos países.
Urge reencausar la agenda de política exterior en todos los ámbitos y reconocer que nuestra prioridad es mantener en los mejores niveles de entendimiento y cooperación los vínculos con Estados Unidos, lo cual no significa doblegarnos a sus intereses, sino reconocer la realidad que los imperativos geopolíticos demandan.
La reapertura de negociaciones entre México y Corea del Sur para la firma de un Tratado de Libre comercio: ¿Quo Vadis?
Carlos Uscanga
El 2 de marzo pasado se anunció por parte de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo, la firma de un memorándum de entendimiento para el reinicio de las negociaciones comerciales para la posible conclusión de un Tratado de Libre Comercio (TLC), las cuales estaban suspendidas desde el verano del 2008.
El anuncio, a primera vista, generaba varias reacciones. La primera referida a que el gobierno mexicano había logrado ser más receptivo a las insistentes peticiones de Corea del Sur para avanzar en las pláticas bilaterales; mismas en las que México no había expresado voluntad política para su reactivación a pesar de las dos visitas de alto nivel que hicieron el presidente Lee Myung-bak en el 2010 y la presidenta Park Geun-hye seis años después. Como resultado de sus giras internacionales a México, ambos mandatarios coreanos retornaron a su país con las manos vacías.
Sin embargo, lo anterior no minó en el empeño desplegado por cada uno de los representantes diplomáticos coreanos en México que, de manera recurrente, referían el hecho de la necesidad de reaperturar la larga ruta de negociaciones fallidas. En efecto, para el próximo año se cumplirán veinte años de los primeros pasos de ese proceso, mismo que inició con la elaboración por parte de la UNAM de un estudio de factibilidad que precedió a la conformación del México-Korea Joint Expert Group (integrado por altos funcionarios, miembros del sector privado y académicos) que recomendó ampliar las posibilidades y opciones para profundizar las relaciones económicas binacionales.
Tiempo después, México y Seúl iniciaron conversaciones formales para la negociaciones del Acuerdo Estratégico de Complementación Económica (SECA por sus siglas en inglés) que terminaron de manera súbita, después de tres rondas, debido a la falta de consensos ante la oposición del empresariado mexicano; mismo que visualizaba a Corea del Sur como un gran competidor (en particular en el sector siderúrgico, químico y textiles) y el ser una posible plataforma para el comercio triangular proveniente de China. En ese momento, se aducía también la percepción negativa de las prácticas laborales de las empresas coreanas radicadas en el país y la falta de un mayor compromiso para profundizar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) coreana en el país.
Sin embargo, con la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), las autoridades de la Secretaría de Economía consideraron que a través de un “enfoque selectivo” se podría elevar el nivel de negociación comercial de un SECA a un TLC. A pesar de la permanencia de puntos de vista opuestos por parte del sector privado, se avanzó solamente en dos sesiones para después declarar finalmente la “suspensión técnica” de las mismas.
La política comercial de Corea del sur exploró tres opciones para lograr cumplir sus objetivos hacia el TLC pendiente con México y dejó de poner el dedo en el renglón tanto en lo bilateral como también a través de mecanismos de asociación económica regional de los cuales es miembro nuestro país. Seúl consideró la vía a través de convertirse como miembro asociado de la Alianza del Pacífico ( como justo lo acaba de ser Singapur en enero 2022) o a través de ser miembro del Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico ( TIPAT o CPTPP por sus siglas inglés) después de un cambio de estrategia en la que inicialmente mostraba su reticencia al ingresar al TPP original No obstante, las condiciones cambiaron a finales del año pasado cuando expresó su opinión de participar después de que China y Taiwán manifestarán su interés para explorar su incorporación al TIPAT.
"[...] es un hecho que México tiene una gran ventaja en la mesa de negociación y debería aprovechar la misma para maximizar sus demandas, incrementar la protección o postergar al máximo la apertura de sectores económicos sensibles de parte de México."
En el caso de México, más tardó el anuncio de Tatiana Clouthier sobre la reanudación de negociaciones que aparecer diversos pronunciamientos de los empresarios a través de las cámaras industriales. Mientras, que el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han sido los más vocales para apoyar una posible firma de un TLC, otros más como Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) lo considera de “dañino” y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lo calificó de “preocupante”.
Al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene el consenso necesario para intentar, por tercera ocasión, la conclusión satisfactoria de las rondas de negociación. Por un lado, podría pensarse que podría ser un posicionamiento de parte de los empresarios mexicanos para ganar espacios para que los negociadores de la Secretaría de Economía no cedan inmediatamente a compromisos de liberalización o tener margen de maniobra ante sus contrapartes coreanos para establecer aperturas graduales a los sectores sensitivos mexicanos (como los anteriormente descritos donde se suman el de electrodomésticos). Por el otro, el representar un frente de oposición que no va a ceder después del reinicio de negociaciones en el verano del 2022 y descarrilará la vía bilateral.
En el escenario de la poca empatía mostrada por la 4T hacia la mayoría de los empresarios antes y durante la pandemia (salvo a un muy pequeño grupo que se ha favorecido de las obras de infraestructura del gobierno federal), el discurso implementado por la Secretaría de Economía no ha generado mayor eco. Desde la argumentación tradicional y desgastada de que México avanza en su “diversificación comercial”, las ventajas de acceso al mercado sudcoreano de los productos mexicanos del sector agroindustrial, y la participación de PyMES locales en las cadenas de proveeduría de las corporaciones coreanas asentadas en el territorio nacional. Asimismo, se ha puesto en relieve el papel de la empresa automotriz KIA en Nuevo León como un ejemplo de la posible derrama de capital que pueda llevar un TLC al tener un ambiente de mayor transparencia y certidumbre, así como el hecho de que Corea del sur es ahora nuestro tercer socio comercial para justificar la necesidad de un mecanismo económico bilateral.
De manera independiente de cuál ser el medio para lograr un acuerdo de libre comercio con Corea del sur ya sea a través de Alianza del Pacífico o TIPAT, es claro que en lo bilateral se pueden incorporar aspectos más específicos de acceso a mercados, identificación o ampliación de cupos, y otras disposiciones que integran los modelos de TLC. Empero, es un hecho que México tiene una gran ventaja en la mesa de negociación y debería aprovechar la misma para maximizar sus demandas, incrementar la protección o postergar al máximo la apertura de sectores económicos sensibles de parte de México.
No es claro si México usará un modelo donde se incorpore el tema de la cooperación (como el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica con Japón), pero es evidente que puede ser un medio útil para ampliar sus beneficios. A pesar de lo que podamos pensar, es nuestro país está ubicado como de renta media alta por lo que ya no califica para ser receptor neto de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) bajo los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por lo que es menester buscar otras modalidades de cooperación incluyendo transferencia de tecnología en la que puedan ser beneficiados las PyMES o MIPyMES mexicanas. Podrían citarse muchas áreas de oportunidad, entre las cuales podrían identificarse el uso de tecnologías para el reciclaje industrial y tecnologías para el uso más eficiente de energías con menor impacto al medio ambiente, por mencionar algunas. Otras quizá referidas tecnologías para la innovación educativa, ampliar los programas de formación de recursos humanos especializados y a sus programas exitosos para la recuperación y rehabilitación de recursos hídricos o tecnología para la salud que son temas claves para México hoy día. Para el largo plazo, compartir experiencias de uso tecnologías de la comunicación e información y sus experiencias en su conversión en las tecnologías de frontera dentro de su transformación como una “sociedad 5.0”.
Es decir, aumentar significativamente las iniciativas de cooperación en el marco de un hipotético TLC bilateral con México, más allá de los programas implementados por Corea del Sur a través del KSP (Knowledge Sharing Program) limitadas a ser una consultoría especializada que diferentes Estados de la República han tenido a lo largo de los últimos años, ahora es tiempo que Seúl muestra claramente qué es lo que puede ofertar de manera significativa en la mesa de discusiones donde los negociadores mexicanos tienen una gran ventaja que ojalá no se desaproveche.
¿A dónde va la negociación del TLC con Corea del Sur? Es claro que en las tres vías: bilateral, Alianza del Pacífico o TIPAT hay grados diferenciados de complejidad para alcanzar el objetivo final de profundizar los nexos económicos entre ambos países; pero independientemente de cuál pueda ser el resultado final, México debe ser muy asertivo y obtener los mejores dividendos con acciones de impacto positivo al comercio exterior para la penetración de productos mexicanos al exigente mercado coreano, para la mayor captación de IED coreana en favor de la creación de empleo pero al mismo tiempo para transferencia de tecnología, y en acciones puntuales para compartir experiencias de aplicación de la innovación científica para la atención de la salud y protección del medio ambiente. De lo contrario sería una oportunidad desperdiciada como algunas que hemos tenido en la historia de la política comercial de México. 서울은 지갑을 열 시간입니다!
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Fuente: Elaboración Propia
La conmemoración el próximo año de 135º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia común. Los más de 400 años de contactos entre nuestras culturas han demostrado que, aun en contextos globales complejos, hemos sabido actualizar nuestra cooperación y entendimiento en función de valores compartidos.
Si bien la situación sanitaria aun presenta retos importantes, trabajamos con visión hacia un mundo post-pandemia para seguir consolidando nuestra colaboración. Para ello, mantenemos el diálogo político al más alto nivel. Recientemente, el Secretario Marcelo Ebrard y el Canciller japonés, Yoshimasa Hayashi, acordaron fortalecer los aspectos más exitosos de nuestra Asociación Estratégica y, al mismo tiempo, incorporar a ella nuevas acciones de cooperación. Con esto en mente, la Subsecretaria Carmen Moreno se reunió en Tokio con el Vice Ministro Hiroshi Suzuki y se prepara este mes de mayo la conmemoración del 125º aniversario de la migración japonesa a México.
Nuestra integración económica-comercial es un logro que continúa brindando resultados positivos. En 2005, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) representó un acuerdo de vanguardia y, desde entonces, el incremento comercial exponencial convirtió a Japón en nuestro quinto socio comercial global. Cada año intercambiamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Más de 1,300 empresas japonesas se han instalado en México siendo Japón el cuarto inversionista en nuestro país. El mercado japonés es el segundo destino para las exportaciones del sector agropecuario mexicano, con enorme potencial para otros múltiples productos.
Nuestra colaboración económica no es solo consecuencia del AAE, sino también resultado de nuestra asociación y estrecha coordinación en mecanismos como el G20, APEC, la OMC y, desde diciembre de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
Como en 1888 tuvimos la visión de apostar por una asociación de igualdad, hacia el futuro apostamos por aprovechar nuevas áreas de oportunidad y espacios de colaboración.
Buscamos incursionar en nuevos sectores de alta competitividad y con oportunidad de crecimiento en México, para atraer mayor inversión en infraestructura, robótica y el sector aeroespacial. En turismo, trabajamos con operadores para reactivar el flujo de turistas al expirar las restricciones impuestas por la pandemia y en cultura, promovemos un amplio abanico de expresiones de nuestro país, dinamizando también el gran interés por nuestra cocina.
El futuro es de los jóvenes, por ello buscamos crear programas, en el marco de la cooperación para el desarrollo, que formen recursos humanos en áreas como acuacultura marina, silvicultura, manejo de residuos plásticos y salud de adultos mayores. En consideración de las fortalezas de Japón en ciencia e innovación, impulsamos una mayor capacitación en agrotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, industrias verdes y salud. En el marco de la política exterior feminista, se busca incrementar la participación de las mujeres mexicanas en todos estos sectores.
De cara al futuro, la relación entre México y Japón se enfila a nuevos horizontes que confirmen su firmeza y le infundan renovados bríos, no solo para colaborar en la respuesta a los grandes retos globales de nuestro tiempo, sino también para seguir cultivando el más importante activo que tenemos en común y que nos une desde hace más de 400 años: la buena voluntad de nuestra gente, que es fundamento y bastión de nuestra larga amistad.
La cláusula democrática del TLCUEM: un debate en torno a los derechos humanos
Amparo Soledad Hernández Chávez
El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2000. Representa la evolución de una relación en constante acercamiento, sobre todo después de haberse firmado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación de 1997.
Si bien México ha celebrado otros tratados con otras naciones, éste tiene un matiz especial. Contiene un instrumento jurídico conocido como “cláusula democrática” que tiene implícita la manifestación de ambas partes de respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
México ha transitado durante la segunda mitad del Siglo XX por sucesos que lo llevaron hacia una lucha por la democracia que se consolida día a día y que ha servido de guía para reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, sobre todo luego de las violaciones graves ocurridas en este ámbito desde la década de los sesenta. El largo camino de México en este tema no ha sido fácil. Las desapariciones forzadas, la tortura y los feminicidios provocaron que muchos de los organismos internacionales emitieran opiniones y recomendaciones al Estado mexicano. Uno de los casos más representativos es el Caso Radilla, el cual fue determinante para los cambios constitucionales que se darían en 2011.
La democracia es sin duda uno de los motores que impulsan el avance y la progresión de los derechos humanos en un país; la Unión Europea tiene una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. América Latina, por su parte, aún no logra orientar sus políticas públicas para eliminar la desigualdad y la discriminación por lo que no tiene un control ciudadano eficaz sobre dichas políticas. México no es la excepción.
En este sentido, la cláusula democrática contenida en el TLCUEM revela el compromiso de los Estados con su sociedad civil al impulsar cambios que conduzcan al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto sin duda convierte a este instrumento, en principio únicamente económico, en uno que se va dibujando también en la esfera política.
Dicho lo anterior, podemos inferir que la cláusula democrática tiene un tinte de presión dentro de las relaciones internacionales ya que promueve ante todo la democracia entre quienes celebran tratados como el TLCUEM, como un requisito para poder tener relaciones económicas y comerciales. Esto definitivamente toca fibras sensibles en México debido a sus principios de política exterior, que son el resultado de una historia que registra intervenciones militares de otros países, así como también episodios injerencistas.
Es importante destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto a la violencia contra periodistas registrada en lo que va de este año, no es el primero que realiza. Desde 2017 ha manifestado su desacuerdo respecto al elevado número de violaciones graves en México, como lo hizo en su visita al Senado mexicano el Diputado del Parlamento Europeo Josep Marie Terricabras. Cabe señalar que, de manera periódica, los diputados europeos emiten opiniones relativas a los derechos humanos debido a la universalidad de los mismos.
La relevancia de la postura del Gobierno mexicano respecto al pronunciamiento del Parlamento Europeo es de índole político; no obstante, sí reaviva esas fibras sensibles que remontan al pasado que ha vivido México y en ese sentido representa un reto para la diplomacia mexicana. Tras un análisis minucioso del pronunciamiento europeo, le corresponde al gobierno mexicano destacar y transmitir a la comunidad internacional los avances de México en el tema de derechos humanos y el compromiso demostrado en el camino hacia su pleno goce y respeto por medio de instrumentos internacionales.
La política exterior del el presidente López Obrador hacia el continente europeo
Natalia Zorrilla Ramos
Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Europa poco a poco se han enfriado, llegando al punto en el que el actual presidente mexicano, sugirió “pausar” la relación con España y calificar a los integrantes del Parlamento Europeo como “borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. Por ello, es imperante analizar el impacto sustancial de las declaraciones del jefe de Estado mexicano en la imagen de México en el exterior y la conducción de su política exterior.
El 09 de febrero en su conferencia matutina, el presidente mexicano sugirió poner pausa a las relaciones con el gobierno de España, considerando que, en sexenios pasados hubo “saqueos” por parte de empresas energéticas españolas. En su momento dicha declaración causó incertidumbre en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. El Titular del Ejecutivo no dio una instrucción precisa de cómo, cuándo y por cuánto tiempo se pondría en “pausa” la relación bilateral. Sin mayor trascendencia política en las relaciones entre ambos países, el 08 de marzo de 2022, el Senado mexicano en apego a sus facultades plasmadas en el artículo 76 de la CPEUM en materia de política exterior, ratificó al político Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México ante España. A pesar de las implicaciones políticas de su nombramiento, su labor en ese país será fortalecer la ya débil relación entre ambas naciones y mediar entre la postura que el mandatario mexicano tiene hacia ese país así como velar por los intereses de México en el exterior.
Aunada a esta fuerte declaración que impactó la política exterior del gobierno en turno hacia el continente europeo, el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra Europa. En esta ocasión la crítica fue hacia el Parlamento Europeo, después de que el pasado 10 de marzo, haya aprobado una serie de resoluciones, entre ellas una sobre violaciones a derechos humanos en México. Vale la pena mencionar que la resolución aprobada por el órgano europeo tomó como base la declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero de 2022 sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez y la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del representante para México de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 28 de enero de 2022 condenando el asesinato de María de Lourdes Maldonado Lopez. Es decir, los parlamentaristas europeos han sido recurrentes en el tema, y en los debates sostenidos exhortaron al gobierno mexicano frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos.
En su respuesta, el mandatario mexicano envió un comunicado que descalifica a los parlamentarios europeos. Lamentó que se “sumen como borregos: a la estrategia reaccionaria y golpista” de todos sus opositores, de su proyecto de gobierno y de la Cuarta Transformación. Un día después de haberse hecho pública la carta, el Ejecutivo, en su conferencia matutina, señaló la resolución del Parlamento como una “resolución calumniosa” e injerencista en la política mexicana.
Para entender de mejor manera el fondo de la carta de respuesta del presidente López Obrador, se debe destacar que desde su campaña presidencial, declaró que la mejor política exterior es la política interior, definiendo así que el interés nacional de su gobierno es atender cuestiones internas como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza sin gran interés en el ámbito internacional. Por consiguiente, no es de extrañarse las declaraciones que el mandatario mexicano ha hecho hacia el exterior. Sin embargo, dichos mensajes tienen un peso e impacto en el sistema internacional, disminuyendo así la capacidad de negociación internacional del Estado mexicano. Resalto que la firma y ratificación de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea está pendiente desde el 28 de abril de 2020, fecha en que se concretó la negociación de este instrumento jurídico.
A diferencia de otros tratados de libre comercio, el distintivo del Acuerdo Global es la inclusión de la “cláusula democrática”. Con ella se tiende a buscar la paz y el respeto de los derechos humanos entre las naciones firmantes, tanto en su interior como en el ámbito internacional. Dicha cláusula se encuentra vigente en el actual TLCUEM. Por lo que es necesario precisar que, en el punto 12 de las recomendaciones del Parlamento Europeo se “Subraya la relevancia de México como socio estratégico”, y a través del Acuerdo Global UE-México modernizado se busca reforzar aún más las disposiciones en materia de derechos humanos permitiendo a la Unión Europea y a México debatir distintas cuestiones, entre ellas “los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral.” En otras palabras, existe un marco jurídico vinculante que ambas partes acordaron cumplir y respetar. En el TLCUEM quedó plasmada la voluntad actual del Estado mexicano de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, principalmente desde el ámbito jurídico. Todavía está por determinarse el impacto que tendrá la declaración presidencial en el avance o estancamiento del Acuerdo.
No obstante, e independientemente de la forma en que López Obrador redactó su respuesta al Parlamento Europeo, es fundamental mencionar que la carta no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del cuerpo diplomático mexicano. Esta decisión alude a que su objetivo no era diplomático, sino político. El presidente López Obrador ha enfrentado una serie de ataques en los últimos meses que han disminuido su aprobación. Por consiguiente, ha utilizado la provocación internacional para desviar la atención de los mismos. La disputa con el gobierno de Austria para traer el penacho del antiguo emperador mexica, Moctezuma a territorio nacional, la problemática en torno al nombramiento de Pedro Salmerón como posible embajador de México ante Panamá y como ya mencioné anteriormente, la supuesta “pausa” en las relaciones diplomáticas con España son ejemplos de cómo el mandatario mexicano ha caído en la provocación con el extranjero.
El presidente López Obrador resaltó, en una declaración posterior a su comunicado, tener la facultad constitucional de dirigir la política exterior, en apego al artículo 89, fracción X de la CPEUM. Con base en ello, es probable que ante futuros embates hacia su figura y gobierno, el mandatario mexicano siga utilizando estos espacios para crear tensiones con las naciones extranjeras. Sin embargo, estas consideraciones subrayan que estará en la Cancillería mexicana y su cuerpo diplomático, en especial el Servicio Exterior Mexicano, fortalecer la capacidad de negociación internacional mediante estrategias claras en apego al proyecto de nación así como en su excelsa tradición diplomática de defender a México en el exterior.
Ucrania y la nueva Doctrina Truman
Fernando Octavio Hernández Sánchez
En marzo de 1947, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció el discurso que sentó las bases de la política de contención anticomunista característica de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Desde entonces, Washington se asumió como el defensor del “mundo libre” en lucha contra los regímenes izquierdistas totalitarios encarnados por la extinta Unión Soviética. Hoy día, Joe Biden parece estar dispuesto a lanzar una nueva cruzada estadounidense en favor de la libertad y la democracia, valores occidentales amenazados por el ascenso de lo que él llama “las autocracias”. Como el lector informado recordará, a comienzos de este año el mandatario estadounidense mencionó a Rusia y a China como dos autocracias controladas por individuos ambiciosos que imponen su voluntad a las grandes mayorías, tras acusar al ex presidente Trump de distorsionar los valores políticos de Estados Unidos al instigar el “asalto al Capitolio” ocurrido a comienzos de 2020.
En aquella alocución, Biden señaló que Estados Unidos está viviendo un punto de inflexión en su historia al asistir a una lucha entre la democracia y la autocracia, tanto dentro del país como hacia el exterior. Biden rechazó a los individuos que aspiran a ser dictadores, a los cuales exhortó a enfrentarles con determinación, ya sea que se trate de Donald Trump o Vladimir Putin. Un mes después de pronunciado dicho discurso, la invasión de Rusia a Ucrania—completamente condenable, pues representa un abuso por parte de una potencia en contra de un país libre—está brindando a Biden la oportunidad de erigirse en el nuevo paladín de la libertad y la democracia en el mundo: Además de permitirle mejorar su deteriorada imagen ante el electorado estadounidense y sanar las heridas abiertas por la administración Trump entre los aliados europeos de Estados Unidos, Biden está utilizando el conflicto ruso-ucraniano para trazar nuevas líneas divisorias en el mundo, ya no entre el capitalismo y el comunismo como ocurrió durante la Guerra Fría, sino esta vez entre la democracia y las autocracias.
Por ello, 2022 podría representar el comienzo de una nueva orientación en la política exterior estadounidense, dejando atrás la “lucha contra el terrorismo” impulsada desde 2001, contienda tan polémica y ambigua que podría ser eclipsada por una rivalidad donde los enemigos de Estados Unidos vuelven a tener un nombre y personalidad concretos. Habrá que ver si los recursos presupuestales de Estados Unidos en el siglo XXI son suficientes para apuntalar un nuevo liderazgo estadounidense para Occidente cuando la situación de Washington ya no es la misma que ostentaba tras el fin de la II Guerra Mundial, pues ha quedado claro que su economía no es tan fuerte como antes y que su superioridad militar no es suficiente para alcanzar la victoria en conflictos focalizados como el de Afganistán, ya no digamos en campañas que impliquen un despliegue sostenido de fuerzas por todo el planeta.
Además, está por verse si Washington podrá hacer frente a la dupla Moscú-Beijing que ha apostado por la construcción de un orden multipolar para el mundo del siglo XXI, especialmente si consideramos que tanto Rusia como China poseen arsenales nucleares cuya utilización podría también provocar la extinción de Estados Unidos, justo como en la carrera armamentística entre estadounidenses y soviéticos que definió a la Guerra Fría. En este escenario, resulta inquietante que Washington agregue tensión a un mundo ya plagado de distintas dificultades más aún cuando la actual retórica de Biden podría suponer un enfrentamiento directo con dos potencias nucleares muy poco dispuestas a recibir ordenes o lecciones por parte de Estados Unidos, más cuando el presidente Biden acaba de apremiar a China para que defina el bando que habrá de elegir en la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual bien podría constituir el primer gran episodio de esta nueva confrontación global anunciada por Washington.
Análisis del comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo: ¿qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México?
Jorge David Hueyopa Cuevas
El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.
Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.
Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.
A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.
En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.
Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.
Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.
Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.
Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.
En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.
El conflicto entre Rusia y Ucrania es una de las prioridades en la agenda de la Unión Europea (UE) toda vez que atenta contra la paz y la seguridad de Europa. Como dato histórico hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) entre otros, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales.
El mundo se dividió en dos bloques: el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y Europa Occidental y el bloque socialista liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Europa del Este. Europa había evitado los conflictos bélicos de gran escala por más de 75 años. Sin embargo, desde la disolución de URSS entre marzo de 1990 y diciembre de 1991 los problemas en la región no han cesado. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es nuevo, ya que con el objetivo de dar fin a la guerra de Donbás en el este de Ucrania, originada en 2013 se firmaron los acuerdos de Minsk por representantes de Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL).
El primer tratado fue negociado bajo el auspicio de la OSCE. Por desgracia el alto al fuego fracasó y fue por lo que se firmó el acuerdo Minsk II con la mediación de Francia y Alemania y la ratificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el Minsk II se estipuló la concesión de un estatus especial a la RPD y a la RPL, así como la retirada de las tropas y del armamento ruso.
El problema de los acuerdos de Minsk es que ni Rusia ni Ucrania los han respetado, ya que ambos países violaron el alto al fuego y se tuvo que redactar un memorándum para la implementación del pacto que incluía una zona desmilitarizada. Cada país interpreta Minsk II a su manera, lo que dificulta su correcta implementación.
Ahora bien, en el 2014 Rusia se anexó a Crimea y apoyó a las milicias separatistas de la RPD y de la RPL que reconoció como repúblicas independientes a finales de febrero de 2022. La situación es complicada ya que Rusia argumenta que no invade Ucrania, sino que va al auxilio de la RPD y de la RPL, que Ucrania no respetó los acuerdos de Minsk y que la OTAN rompió la garantía que le otorgaron en 1990 de no expandirse hacia el este. Ucrania por su parte señala lo contrario. Los miembros de la OTAN y de la UE manifiestan que las sanciones impuestas a Rusia son por socavar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mientras el conflicto continue, los miembros de la OTAN solo le brindarán apoyo económico y militar a Ucrania para evitar que se desencadene una innecesaria tercera guerra mundial.
El escenario más viable para dar fin al conflicto podría ser el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la desmilitarización de Ucrania y de los países que tengan frontera con Rusia. Este conflicto ha demostrado dos cosas: la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 ha fracasado y la lucha contra el cambio climático también. Así las cosas, se puede decir que en un mundo globalizado e interconectado debe prevalecer la solidaridad, el respeto al Estado de derecho y a la seguridad de los Estados soberanos.
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El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.
Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.
Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.
Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.
Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.
Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).
Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.
Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.
Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.
En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.
¿El comunicado de AMLO al Parlamento Europeo representa una política exterior de Estado?
Rafael Velázquez Flores
En la literatura académica de la disciplina de las Relaciones Internacionales, existe una marcada diferencia entre una política exterior de Estado y una de gobierno. La primera incluye decisiones que responden al interés nacional, reflejan continuidad con administraciones anteriores, están basadas en objetivos claros y concretos, son planificadas y deliberadas, reflejan un proyecto de nación con amplio consenso social y son tomadas a partir de la consulta o la consideración de los intereses de los diversos grupos internos y de los actores externos. La segunda es una política que responde exclusivamente a los intereses del grupo en el poder, es totalmente coyuntural y reactiva, no se basa en objetivos específicos ni es planificada, no refleja un amplio consenso y no toma en cuenta a otros actores involucrados en el tema.
El comunicado del gobierno de México, en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo en torno al tema de los periodistas asesinados en el país, no cumple con los criterios necesarios para considerarse una política exterior de Estado. En primer lugar, el texto carece de todo protocolo diplomático y contiene un lenguaje ofensivo para la contraparte. En un primer momento, parecía que se trataba de un documento falso. Incluso algunos diputados de MORENA lo consideraron “burdo” y solicitaron que la SRE lo desmintiera. Sin embargo, al día siguiente el mismo presidente anunció en su conferencia matutina que él había redactado el texto en un vuelo a Chiapas junto con su vocero oficial.
Un texto de esta naturaleza no debe ser escrito en tan corto tiempo y a partir del enojo por parte del jefe del Ejecutivo por el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. También es un error estratégico el no haber involucrado en el proceso de toma de decisiones al secretario de Relaciones Exteriores, el principal responsable de la política exterior del país. Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente AMLO basó su respuesta en función del principio de la No Intervención. Sin embargo, México firmó con la Unión Europea (UE) una cláusula de respeto a los derechos humanos cuando se concretó el acuerdo de libre comercio entre México y la UE. Este instrumento jurídico está al mismo nivel de la propia Constitución mexicana. En este sentido, los eurodiputados pueden hacer este tipo de observaciones y solicitudes. Por lo tanto, no hay elementos para decir que ellos estaban interfiriendo en los asuntos internos de México. Si a la administración de AMLO no le parecen este tipo de posicionamientos, entonces debe denunciar el tratado. Mientras esté en vigor, no puede hacer este tipo de pronunciamientos.
Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El comunicado de AMLO no representa el interés nacional porque es reflejo de los intereses del grupo en el poder. Es claro que la carta estaba dirigida principalmente a los grupos que apoyan al actual mandatario. Parece que al presidente le preocupa su popularidad y toma estas decisiones para que un sector de la sociedad lo vea como el héroe que defiende a México frente a los extranjeros imperialistas. Sin embargo, hay otros sectores que están en desacuerdo con este tipo de medidas. Por lo tanto, la polarización aumenta en el país, lo cual no ayuda ni a la política interna ni a la externa. Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes. Por su parte, la oposición criticó abiertamente al presidente e incluso mandó cartas al Parlamento Europeo para deslindarse del comunicado de AMLO.
Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes.
El comunicado incluso puede ir en contra del interés nacional porque puede afectar la relación política y comercial con la Unión Europea. Tampoco representa continuidad con la política establecida desde el sexenio de Ernesto Zedillo para hacer de Europa una opción de diversificación económica y para atraer inversiones. Por lo tanto, la carta de AMLO al Parlamento Europeo no es congruente con los objetivos de política exterior de México frente a la UE ni fue una decisión planificada. Fue totalmente reactiva. Además, el posicionamiento no refleja un proyecto de nación de amplio consenso puesto que muchos sectores de la sociedad no estuvieron de acuerdo con la medida. El presidente no consultó a actores clave, ni siquiera al secretario de Relaciones Exteriores. Efectivamente, el artículo 89 de la Constitución faculta al Ejecutivo para “dirigir” la política exterior de México. Pero si sus decisiones representan los intereses exclusivos del grupo en el poder, entonces no se trata de una política exterior de Estado. Es, por tanto, una política exterior de gobierno. México debe aspirar a acciones que verdaderamente reflejen una política exterior de Estado para promover el interés nacional y para reflejar una imagen de un país que se comporta a la altura de los desafíos del sistema internacional.
La política exterior de México y el conflicto Rusia-Ucrania
Carlos Gabriel Argüelles Arredondo
Tradicionalmente, México ha sido objeto de diversas intervenciones extranjeras que han alterado su integridad territorial, socavado su soberanía y su Estado de Derecho. La historia de la República Mexicana sistemáticamente se ha caracterizado por la pérdida de territorios. Esto se explica por la posición geoestratégica que el país ha presentado incluso desde que era colonia española. Así, Centroamérica, Texas, los espacios del septentrión, la Mesilla, la Isla de Clipperton y casi El Chamizal han sido pérdidas geográficas de recursos marinos y terrestres. Las intervenciones se dieron, principalmente, por parte de Austria, España, Estados Unidos y Francia quienes siempre vieron un espacio estratégico en la posición física de México en el mundo.
Debido a toda esta experiencia traumática en cuanto a su soberanía territorial, la política exterior se ha construido basada en la lucha por la sobrevivencia y defensa del Estado Mexicano. El destino geográfico de México le hizo vivir y convivir al sur de la potencia mundial. Esa característica geopolítica determinó que la política exterior aunque se practique en otras latitudes a través de la diversificación, siempre debe de tomar en cuenta la relación con Estados Unidos. En este sentido, México se ha pronunciado en los foros y conflictos internacionales con base en los principios de política exterior enmarcados en el Artículo 89, Fracción X de la Constitución Política. Estos principios son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios fueron elevados a rango constitucional en la década de 1980 y son los que guían el actuar de México en la escala global.
Con esto en mente, México se ha pronunciado por la defensa de la paz y la seguridad enarbolada por la tradición de las Naciones Unidas. En esos foros, recientemente, México se pronunció en contra de las intervenciones en Afganistán, Irak, Siria y ahora en Ucrania. Como muchos otros países, México hizo un llamado a la solución pacífica de las controversias. En las acciones, posiciones y decisiones que México toma más allá de sus fronteras siempre ha prevalecido el respeto al Derecho Internacional. Pero, también el país debe tomar en cuenta su relación exterior más importante que es con Estados Unidos, pues en ella hay muchos temas que sostienen la agenda como diplomacia, economía, comercio, derecho, seguridad, medio ambiente, educación, cultura, migración, entre otros.
El conflicto ruso-ucraniano no es nuevo, sino que su antecedente cercano es la anexión de Crimea en 2014 y la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La posición de México respecto a la invasión de Rusia a Ucrania de febrero de 2022 se ha mantenido con una condena a la intervención armada y al no envío de armas a ningún país, ya que México es una nación pacifista. Sin embargo, en el pasado, por ejemplo Lázaro Cárdenas envió cargamentos de armas para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y en el periodo de Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (Escuadrón 201) fue enviada a la contienda del Pacífico. También, la postura de México será puesta a prueba para ver si otorga asilo a refugiados rusos y ucranianos, como lo practicó en casos como la misma guerra civil en España, las dictaduras en América Latina, la crisis centroamericana de la década de 1980 o las guerras de Siria y Afganistán. Esto es debido a que ciudadanos de Rusia y Ucrania han intentado cruzar la frontera México-Estados Unidos derivado del conflicto.
En cuanto a la posición mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ucraniana y a la invasión por parte de la Federación de Rusia, México está comprometido con el cumplimiento de las convenciones ligadas al desarme y hace votos por una salida pacífica al conflicto. En este tenor, el país se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. También, México hizo un llamado urgente al cese al fuego y mientras éste se logra que haya una pausa humanitaria para garantizar la protección a la población civil y acceso a ayuda para quien la necesite.
En este contexto, México es signatario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales. En caso de conflictos armados, México comparte con otros países el compromiso de la defensa y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Aún en las confrontaciones más ásperas y crueles existen derechos que deben de prevalecer que se basan en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. Aunque la sociedad internacional se enfrenta a nuevos retos en materia de conflictos armados, con nuevas tecnologías y operaciones digitalizadas, los principios humanitarios siguen siendo los mismos.
En la emergencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la posición de México es también la protección de los connacionales que están en territorio del conflicto bélico. Por esa razón, el gobierno mexicano tomó medidas y en constante comunicación con las embajadas en Ucrania y en Rumania envió dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a desplazados por el teatro de esa guerra y envió apoyo humanitario. Así, las aeronaves enviadas a Rumania trasladaron a la mayor cantidad de personas de origen nacional e incluso apoyó con el transporte de ciudadanos de países hermanos de América Latina. Estas acciones reflejan el cumplimiento de una de las máximas prioridades de la política exterior de México que es la defensa de los intereses de los connacionales en el extranjero a través de la protección consular.
En este sentido, México que forma parte del bloque latinoamericano ha buscado la creación de un corredor humanitario junto a Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de Centroamérica y el Caribe. Estos países han pedido ayuda a la ONU para evacuar a sus ciudadanos de la zona de conflicto, como ya lo están haciendo, actuando en solidaridad con la región del cono sur para formular una respuesta conjunta para acelerar las gestiones consulares. Con estas acciones, México está poniendo en práctica los principios de su política exterior sobre el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Sin embargo, como bien se sabe, en las relaciones internacionales todo está conectado. Directa o indirectamente, el conflicto bélico afecta a todo el mundo y México está empezando a sentir la onda expansiva en los precios del petróleo, en el alza de la gasolina, el gas, la inflación y en la fluctuación del peso. Por ejemplo, el petróleo Brent ha alcanzado más de 123 dólares por barril. Pues, Rusia al ser un país petrolero y al sufrir sanciones económicas por la guerra invariablemente afecta a la economía internacional. Con estas consecuencias, el sector agrícola y de los alimentos también podría sufrir un impacto en el alza de precios. Rusia y Ucrania son productores de trigo y maíz en más de 20% a escala global y eso afecta el mercado agrícola incluyendo el de los fertilizantes de los cuales México en un importador.
En el contexto actual, México debe ser prudente en cuanto a su política exterior respecto al conflicto, pues aunque condene la guerra y la intervención, también mantiene relaciones diplomáticas, políticas y económicas con los dos bandos de la guerra. Por ejemplo, en 2020 Rusia ocupó el lugar 35 en cuanto a socios comerciales de México y fue el primero entre los países de Europa Central y Oriental con un comercio bilateral de 1,291.8 millones de dólares. En el mismo año, las importaciones mexicanas de Rusia fueron de 870.4 millones de dólares, un cifra 33% menor que la de 2019. En cuanto a las Relaciones de México con Ucrania, éstas se caracterizan porque México es su segundo socio comercial más importante en América Latina y el Caribe. En 2020, el comercio entre los dos países se ubicó en 291.3 millones de dólares. Con todo, más allá de las relaciones comerciales, como país del sur global, México ha llamado al diálogo y la concertación entre los pueblos apoyado por los instrumentos del Derecho Internacional de donde también han emanado los principios que siempre ha defendido en el concierto regional y global.
Finalmente, siguiendo la vocación pacifista de México, el aparato de política exterior del país puede actuar en un bloque que defienda los intereses de los países latinoamericanos. En este sentido, el interlocutor podría ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un mecanismo vigente que ha cooperado con Europa y Asia. La CELAC podría ser una sola voz en los organismos internacionales como la ONU, para dar una salida al conflicto e incluso fungir como mediadora, como lo hizo el Grupo Contadora que es su antecedente o el Grupo de los 6 (G-6) en materia de desarme de la década de 1980. América Latina ha sido cuna de varios Premios Nobel de la Paz. Con ese respaldo de vocación pacifista, México podría fungir como líder en la solución de los conflictos internacionales como el de Rusia-Ucrania, ya que el país mantiene buenas relaciones con ambas naciones. Con estas recomendaciones, México debería continuar con el proyecto de actor con responsabilidad global y ser una verdadera potencia media como lo demandan los tiempos inciertos que corren en el escenario internacional.
México y China: 50 años de relaciones bilaterales
Luis Alfredo Ávila López y Carolina Zayas Márquez
Hablar de la relación entre México y la República Popular China (en adelante China), implica remembrar los esfuerzos que ambas naciones han celebrado desde 1972, cuando el entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez y su homólogo en China, el presidente Mao Zedong, decidieron sumar esfuerzos y formalizar las relaciones comerciales de estos países.
El vínculo ha sido fructífero. México, como muchos otros países, ha consolidado su comercio exterior, con un énfasis particular en China. Esto puede observarse por ejemplo a través de la balanza de pagos que muestra un resultado deficitario que evidentemente responde a la incesante actividad comercial con este país. Sin embargo, del otro lado, China presume un superávit frente a México. En este sentido, las lecciones no se hacen esperar, tal es el caso de Faure y Fang, quienes desde 2008 atribuían el superávit de China a las tazas de ahorro, el bajo nivel de consumismo y en general al autocontrol de la población China.
Por su parte México, en su lucha de diversificación de mercados, ha presentado un acercamiento a Asia, en donde la jugada se ha tornado en mucho comprar y poco vender. La bandera deficitaria para México corresponde a China, que lo convierte en su tercer socio comercial, solo debajo de Estados Unidos y Canadá.
Traducido en porcentajes, en 2019 las exportaciones de México hacia China fueron de un 1,85%, superado por Canadá con un 4,43% y Estados Unidos que típicamente tiene la delantera con un 75,1%. Por otro lado, la procedencia de las importaciones mexicanas tiene una correlación directa con Estados Unidos ocupando un 54,4%, mientras que China avanza al segundo lugar con un 14,4% del total, al que claramente se puede atribuir el déficit de la balanza de pagos de México con China (OEC, 2022).
Sobre el tintero hay buenas intenciones en la relación de estos dos países, ya que se prevé seguir fortaleciendo la comercialización y las inversiones. Adicional a esto, México debería observar y aprender del sistema de innovación de China con el objetivo de desarrollar el propio. Un buen punto de partida sería identificar la estructura de las estrategias de planeación que presenta China, que entre sus principales características destaca 1) planeación a largo plazo, y 2) continuidad en los planes y evaluación de las metas con sus respectivas consecuencias sobre el incumplimiento de las mismas. Otro aspecto a destacar es el énfasis de China sobre la inversión extranjera directa que propicia la transferencia y derrama tecnológica, y por supuesto el desarrollo de las ciencias, mientras que México continúa centrado en el sector manufacturero como eje principal en la industria.
Estos escenarios auguran para ambos países una prolongación de la relación bilateral, extendida ya no solo hacia temas de importación y exportación de productos y servicios además de las inversiones, sino que se extrapola hacia otros campos como lo es la diplomacia científica y académica, en donde se presagia un fortalecimiento entre instituciones educativas que sin duda fomentarán un acercamiento muy enriquecedor para ambos países.
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Faure, G. O., & Fang, T. (2008). Changing Chinese values: Keeping up with paradoxes. International business review, 17(2), 194-207.
Observatorio de Complejidad Económica (10 de marzo del 2022). México. https://oec.world/es/profile/country/mex?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1