Análisis

Análisis (54)

El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2000. Representa la evolución de una relación en constante acercamiento, sobre todo después de haberse firmado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación de 1997.

Si bien México ha celebrado otros tratados con otras naciones, éste tiene un matiz especial. Contiene un instrumento jurídico conocido como “cláusula democrática” que tiene implícita la manifestación de ambas partes de respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

México ha transitado durante la segunda mitad del Siglo XX por sucesos que lo llevaron hacia una lucha por la democracia que se consolida día a día y que ha servido de guía para reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, sobre todo luego de las violaciones graves ocurridas en este ámbito desde la década de los sesenta. El largo camino de México en este tema no ha sido fácil. Las desapariciones forzadas, la tortura y los feminicidios provocaron que muchos de los organismos internacionales emitieran opiniones y recomendaciones al Estado mexicano. Uno de los casos más representativos es el Caso Radilla, el cual fue determinante para los cambios constitucionales que se darían en 2011.

La democracia es sin duda uno de los motores que impulsan el avance y la progresión de los derechos humanos en un país; la Unión Europea tiene una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. América Latina, por su parte, aún no logra orientar sus políticas públicas para eliminar la desigualdad y la discriminación por lo que no tiene un control ciudadano eficaz sobre dichas políticas. México no es la excepción.
En este sentido, la cláusula democrática contenida en el TLCUEM revela el compromiso de los Estados con su sociedad civil al impulsar cambios que conduzcan al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto sin duda convierte a este instrumento, en principio únicamente económico, en uno que se va dibujando también en la esfera política.

Dicho lo anterior, podemos inferir que la cláusula democrática tiene un tinte de presión dentro de las relaciones internacionales ya que promueve ante todo la democracia entre quienes celebran tratados como el TLCUEM, como un requisito para poder tener relaciones económicas y comerciales. Esto definitivamente toca fibras sensibles en México debido a sus principios de política exterior, que son el resultado de una historia que registra intervenciones militares de otros países, así como también episodios injerencistas.

Es importante destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto a la violencia contra periodistas registrada en lo que va de este año, no es el primero que realiza. Desde 2017 ha manifestado su desacuerdo respecto al elevado número de violaciones graves en México, como lo hizo en su visita al Senado mexicano el Diputado del Parlamento Europeo Josep Marie Terricabras. Cabe señalar que, de manera periódica, los diputados europeos emiten opiniones relativas a los derechos humanos debido a la universalidad de los mismos.

La relevancia de la postura del Gobierno mexicano respecto al pronunciamiento del Parlamento Europeo es de índole político; no obstante, sí reaviva esas fibras sensibles que remontan al pasado que ha vivido México y en ese sentido representa un reto para la diplomacia mexicana. Tras un análisis minucioso del pronunciamiento europeo, le corresponde al gobierno mexicano destacar y transmitir a la comunidad internacional los avances de México en el tema de derechos humanos y el compromiso demostrado en el camino hacia su pleno goce y respeto por medio de instrumentos internacionales.

Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Europa poco a poco se han enfriado, llegando al punto en el que el actual presidente mexicano, sugirió “pausar” la relación con España y calificar a los integrantes del Parlamento Europeo como “borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. Por ello, es imperante analizar el impacto sustancial de las declaraciones del jefe de Estado mexicano en la imagen de México en el exterior y la conducción de su política exterior.

El 09 de febrero en su conferencia matutina, el presidente mexicano sugirió poner pausa a las relaciones con el gobierno de España, considerando que, en sexenios pasados hubo “saqueos” por parte de empresas energéticas españolas. En su momento dicha declaración causó incertidumbre en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. El Titular del Ejecutivo no dio una instrucción precisa de cómo, cuándo y por cuánto tiempo se pondría en “pausa” la relación bilateral. Sin mayor trascendencia política en las relaciones entre ambos países, el 08 de marzo de 2022, el Senado mexicano en apego a sus facultades plasmadas en el artículo 76 de la CPEUM en materia de política exterior, ratificó al político Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México ante España. A pesar de las implicaciones políticas de su nombramiento, su labor en ese país será fortalecer la ya débil relación entre ambas naciones y mediar entre la postura que el mandatario mexicano tiene hacia ese país así como velar por los intereses de México en el exterior.

Aunada a esta fuerte declaración que impactó la política exterior del gobierno en turno hacia el continente europeo, el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra Europa. En esta ocasión la crítica fue hacia el Parlamento Europeo, después de que el pasado 10 de marzo, haya aprobado una serie de resoluciones, entre ellas una sobre violaciones a derechos humanos en México. Vale la pena mencionar que la resolución aprobada por el órgano europeo tomó como base la declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero de 2022 sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez y la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del representante para México de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 28 de enero de 2022 condenando el asesinato de María de Lourdes Maldonado Lopez. Es decir, los parlamentaristas europeos han sido recurrentes en el tema, y en los debates sostenidos exhortaron al gobierno mexicano frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos.

En su respuesta, el mandatario mexicano envió un comunicado que descalifica a los parlamentarios europeos. Lamentó que se “sumen como borregos: a la estrategia reaccionaria y golpista” de todos sus opositores, de su proyecto de gobierno y de la Cuarta Transformación. Un día después de haberse hecho pública la carta, el Ejecutivo, en su conferencia matutina, señaló la resolución del Parlamento como una “resolución calumniosa” e injerencista en la política mexicana.

Para entender de mejor manera el fondo de la carta de respuesta del presidente López Obrador, se debe destacar que desde su campaña presidencial, declaró que la mejor política exterior es la política interior, definiendo así que el interés nacional de su gobierno es atender cuestiones internas como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza sin gran interés en el ámbito internacional. Por consiguiente, no es de extrañarse las declaraciones que el mandatario mexicano ha hecho hacia el exterior. Sin embargo, dichos mensajes tienen un peso e impacto en el sistema internacional, disminuyendo así la capacidad de negociación internacional del Estado mexicano. Resalto que la firma y ratificación de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea está pendiente desde el 28 de abril de 2020, fecha en que se concretó la negociación de este instrumento jurídico.

A diferencia de otros tratados de libre comercio, el distintivo del Acuerdo Global es la inclusión de la “cláusula democrática”. Con ella se tiende a buscar la paz y el respeto de los derechos humanos entre las naciones firmantes, tanto en su interior como en el ámbito internacional. Dicha cláusula se encuentra vigente en el actual TLCUEM. Por lo que es necesario precisar que, en el punto 12 de las recomendaciones del Parlamento Europeo se “Subraya la relevancia de México como socio estratégico”, y a través del Acuerdo Global UE-México modernizado se busca reforzar aún más las disposiciones en materia de derechos humanos permitiendo a la Unión Europea y a México debatir distintas cuestiones, entre ellas “los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral.” En otras palabras, existe un marco jurídico vinculante que ambas partes acordaron cumplir y respetar. En el TLCUEM quedó plasmada la voluntad actual del Estado mexicano de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, principalmente desde el ámbito jurídico. Todavía está por determinarse el impacto que tendrá la declaración presidencial en el avance o estancamiento del Acuerdo.

No obstante, e independientemente de la forma en que López Obrador redactó su respuesta al Parlamento Europeo, es fundamental mencionar que la carta no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del cuerpo diplomático mexicano. Esta decisión alude a que su objetivo no era diplomático, sino político. El presidente López Obrador ha enfrentado una serie de ataques en los últimos meses que han disminuido su aprobación. Por consiguiente, ha utilizado la provocación internacional para desviar la atención de los mismos. La disputa con el gobierno de Austria para traer el penacho del antiguo emperador mexica, Moctezuma a territorio nacional, la problemática en torno al nombramiento de Pedro Salmerón como posible embajador de México ante Panamá y como ya mencioné anteriormente, la supuesta “pausa” en las relaciones diplomáticas con España son ejemplos de cómo el mandatario mexicano ha caído en la provocación con el extranjero.

El presidente López Obrador resaltó, en una declaración posterior a su comunicado, tener la facultad constitucional de dirigir la política exterior, en apego al artículo 89, fracción X de la CPEUM. Con base en ello, es probable que ante futuros embates hacia su figura y gobierno, el mandatario mexicano siga utilizando estos espacios para crear tensiones con las naciones extranjeras. Sin embargo, estas consideraciones subrayan que estará en la Cancillería mexicana y su cuerpo diplomático, en especial el Servicio Exterior Mexicano, fortalecer la capacidad de negociación internacional mediante estrategias claras en apego al proyecto de nación así como en su excelsa tradición diplomática de defender a México en el exterior.

En marzo de 1947, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció el discurso que sentó las bases de la política de contención anticomunista característica de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Desde entonces, Washington se asumió como el defensor del “mundo libre” en lucha contra los regímenes izquierdistas totalitarios encarnados por la extinta Unión Soviética. Hoy día, Joe Biden parece estar dispuesto a lanzar una nueva cruzada estadounidense en favor de la libertad y la democracia, valores occidentales amenazados por el ascenso de lo que él llama “las autocracias”. Como el lector informado recordará, a comienzos de este año el mandatario estadounidense mencionó a Rusia y a China como dos autocracias controladas por individuos ambiciosos que imponen su voluntad a las grandes mayorías, tras acusar al ex presidente Trump de distorsionar los valores políticos de Estados Unidos al instigar el “asalto al Capitolio” ocurrido a comienzos de 2020.

En aquella alocución, Biden señaló que Estados Unidos está viviendo un punto de inflexión en su historia al asistir a una lucha entre la democracia y la autocracia, tanto dentro del país como hacia el exterior. Biden rechazó a los individuos que aspiran a ser dictadores, a los cuales exhortó a enfrentarles con determinación, ya sea que se trate de Donald Trump o Vladimir Putin. Un mes después de pronunciado dicho discurso, la invasión de Rusia a Ucrania—completamente condenable, pues representa un abuso por parte de una potencia en contra de un país libre—está brindando a Biden la oportunidad de erigirse en el nuevo paladín de la libertad y la democracia en el mundo: Además de permitirle mejorar su deteriorada imagen ante el electorado estadounidense y sanar las heridas abiertas por la administración Trump entre los aliados europeos de Estados Unidos, Biden está utilizando el conflicto ruso-ucraniano para trazar nuevas líneas divisorias en el mundo, ya no entre el capitalismo y el comunismo como ocurrió durante la Guerra Fría, sino esta vez entre la democracia y las autocracias.

Por ello, 2022 podría representar el comienzo de una nueva orientación en la política exterior estadounidense, dejando atrás la “lucha contra el terrorismo” impulsada desde 2001, contienda tan polémica y ambigua que podría ser eclipsada por una rivalidad donde los enemigos de Estados Unidos vuelven a tener un nombre y personalidad concretos. Habrá que ver si los recursos presupuestales de Estados Unidos en el siglo XXI son suficientes para apuntalar un nuevo liderazgo estadounidense para Occidente cuando la situación de Washington ya no es la misma que ostentaba tras el fin de la II Guerra Mundial, pues ha quedado claro que su economía no es tan fuerte como antes y que su superioridad militar no es suficiente para alcanzar la victoria en conflictos focalizados como el de Afganistán, ya no digamos en campañas que impliquen un despliegue sostenido de fuerzas por todo el planeta.

Además, está por verse si Washington podrá hacer frente a la dupla Moscú-Beijing que ha apostado por la construcción de un orden multipolar para el mundo del siglo XXI, especialmente si consideramos que tanto Rusia como China poseen arsenales nucleares cuya utilización podría también provocar la extinción de Estados Unidos, justo como en la carrera armamentística entre estadounidenses y soviéticos que definió a la Guerra Fría. En este escenario, resulta inquietante que Washington agregue tensión a un mundo ya plagado de distintas dificultades más aún cuando la actual retórica de Biden podría suponer un enfrentamiento directo con dos potencias nucleares muy poco dispuestas a recibir ordenes o lecciones por parte de Estados Unidos, más cuando el presidente Biden acaba de apremiar a China para que defina el bando que habrá de elegir en la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual bien podría constituir el primer gran episodio de esta nueva confrontación global anunciada por Washington.

El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.

Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.

Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.

A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.

En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.

Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.

Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.

Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.

Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.

En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es una de las prioridades en la agenda de la Unión Europea (UE) toda vez que atenta contra la paz y la seguridad de Europa. Como dato histórico hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) entre otros, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales.

El mundo se dividió en dos bloques: el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y Europa Occidental y el bloque socialista liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Europa del Este. Europa había evitado los conflictos bélicos de gran escala por más de 75 años. Sin embargo, desde la disolución de URSS entre marzo de 1990 y diciembre de 1991 los problemas en la región no han cesado. El conflicto entre Rusia y Ucrania no es nuevo, ya que con el objetivo de dar fin a la guerra de Donbás en el este de Ucrania, originada en 2013 se firmaron los acuerdos de Minsk por representantes de Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk (RPL).

El primer tratado fue negociado bajo el auspicio de la OSCE. Por desgracia el alto al fuego fracasó y fue por lo que se firmó el acuerdo Minsk II con la mediación de Francia y Alemania y la ratificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el Minsk II se estipuló la concesión de un estatus especial a la RPD y a la RPL, así como la retirada de las tropas y del armamento ruso.

El problema de los acuerdos de Minsk es que ni Rusia ni Ucrania los han respetado, ya que ambos países violaron el alto al fuego y se tuvo que redactar un memorándum para la implementación del pacto que incluía una zona desmilitarizada. Cada país interpreta Minsk II a su manera, lo que dificulta su correcta implementación.

Ahora bien, en el 2014 Rusia se anexó a Crimea y apoyó a las milicias separatistas de la RPD y de la RPL que reconoció como repúblicas independientes a finales de febrero de 2022. La situación es complicada ya que Rusia argumenta que no invade Ucrania, sino que va al auxilio de la RPD y de la RPL, que Ucrania no respetó los acuerdos de Minsk y que la OTAN rompió la garantía que le otorgaron en 1990 de no expandirse hacia el este. Ucrania por su parte señala lo contrario. Los miembros de la OTAN y de la UE manifiestan que las sanciones impuestas a Rusia son por socavar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Mientras el conflicto continue, los miembros de la OTAN solo le brindarán apoyo económico y militar a Ucrania para evitar que se desencadene una innecesaria tercera guerra mundial.

El escenario más viable para dar fin al conflicto podría ser el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la desmilitarización de Ucrania y de los países que tengan frontera con Rusia. Este conflicto ha demostrado dos cosas: la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 ha fracasado y la lucha contra el cambio climático también. Así las cosas, se puede decir que en un mundo globalizado e interconectado debe prevalecer la solidaridad, el respeto al Estado de derecho y a la seguridad de los Estados soberanos.

El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.

Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.

Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.

Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.

Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.

Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).

Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.

Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.

Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.

En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.

En la literatura académica de la disciplina de las Relaciones Internacionales, existe una marcada diferencia entre una política exterior de Estado y una de gobierno. La primera incluye decisiones que responden al interés nacional, reflejan continuidad con administraciones anteriores, están basadas en objetivos claros y concretos, son planificadas y deliberadas, reflejan un proyecto de nación con amplio consenso social y son tomadas a partir de la consulta o la consideración de los intereses de los diversos grupos internos y de los actores externos. La segunda es una política que responde exclusivamente a los intereses del grupo en el poder, es totalmente coyuntural y reactiva, no se basa en objetivos específicos ni es planificada, no refleja un amplio consenso y no toma en cuenta a otros actores involucrados en el tema.

El comunicado del gobierno de México, en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo en torno al tema de los periodistas asesinados en el país, no cumple con los criterios necesarios para considerarse una política exterior de Estado. En primer lugar, el texto carece de todo protocolo diplomático y contiene un lenguaje ofensivo para la contraparte. En un primer momento, parecía que se trataba de un documento falso. Incluso algunos diputados de MORENA lo consideraron “burdo” y solicitaron que la SRE lo desmintiera. Sin embargo, al día siguiente el mismo presidente anunció en su conferencia matutina que él había redactado el texto en un vuelo a Chiapas junto con su vocero oficial.

Un texto de esta naturaleza no debe ser escrito en tan corto tiempo y a partir del enojo por parte del jefe del Ejecutivo por el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. También es un error estratégico el no haber involucrado en el proceso de toma de decisiones al secretario de Relaciones Exteriores, el principal responsable de la política exterior del país. Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente AMLO basó su respuesta en función del principio de la No Intervención. Sin embargo, México firmó con la Unión Europea (UE) una cláusula de respeto a los derechos humanos cuando se concretó el acuerdo de libre comercio entre México y la UE. Este instrumento jurídico está al mismo nivel de la propia Constitución mexicana. En este sentido, los eurodiputados pueden hacer este tipo de observaciones y solicitudes. Por lo tanto, no hay elementos para decir que ellos estaban interfiriendo en los asuntos internos de México. Si a la administración de AMLO no le parecen este tipo de posicionamientos, entonces debe denunciar el tratado. Mientras esté en vigor, no puede hacer este tipo de pronunciamientos.

Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

El comunicado de AMLO no representa el interés nacional porque es reflejo de los intereses del grupo en el poder. Es claro que la carta estaba dirigida principalmente a los grupos que apoyan al actual mandatario. Parece que al presidente le preocupa su popularidad y toma estas decisiones para que un sector de la sociedad lo vea como el héroe que defiende a México frente a los extranjeros imperialistas. Sin embargo, hay otros sectores que están en desacuerdo con este tipo de medidas. Por lo tanto, la polarización aumenta en el país, lo cual no ayuda ni a la política interna ni a la externa. Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes. Por su parte, la oposición criticó abiertamente al presidente e incluso mandó cartas al Parlamento Europeo para deslindarse del comunicado de AMLO.

Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes.

El comunicado incluso puede ir en contra del interés nacional porque puede afectar la relación política y comercial con la Unión Europea. Tampoco representa continuidad con la política establecida desde el sexenio de Ernesto Zedillo para hacer de Europa una opción de diversificación económica y para atraer inversiones. Por lo tanto, la carta de AMLO al Parlamento Europeo no es congruente con los objetivos de política exterior de México frente a la UE ni fue una decisión planificada. Fue totalmente reactiva. Además, el posicionamiento no refleja un proyecto de nación de amplio consenso puesto que muchos sectores de la sociedad no estuvieron de acuerdo con la medida. El presidente no consultó a actores clave, ni siquiera al secretario de Relaciones Exteriores. Efectivamente, el artículo 89 de la Constitución faculta al Ejecutivo para “dirigir” la política exterior de México. Pero si sus decisiones representan los intereses exclusivos del grupo en el poder, entonces no se trata de una política exterior de Estado. Es, por tanto, una política exterior de gobierno. México debe aspirar a acciones que verdaderamente reflejen una política exterior de Estado para promover el interés nacional y para reflejar una imagen de un país que se comporta a la altura de los desafíos del sistema internacional.

Tradicionalmente, México ha sido objeto de diversas intervenciones extranjeras que han alterado su integridad territorial, socavado su soberanía y su Estado de Derecho. La historia de la República Mexicana sistemáticamente se ha caracterizado por la pérdida de territorios. Esto se explica por la posición geoestratégica que el país ha presentado incluso desde que era colonia española. Así, Centroamérica, Texas, los espacios del septentrión, la Mesilla, la Isla de Clipperton y casi El Chamizal han sido pérdidas geográficas de recursos marinos y terrestres. Las intervenciones se dieron, principalmente, por parte de Austria, España, Estados Unidos y Francia quienes siempre vieron un espacio estratégico en la posición física de México en el mundo.

Debido a toda esta experiencia traumática en cuanto a su soberanía territorial, la política exterior se ha construido basada en la lucha por la sobrevivencia y defensa del Estado Mexicano. El destino geográfico de México le hizo vivir y convivir al sur de la potencia mundial. Esa característica geopolítica determinó que la política exterior aunque se practique en otras latitudes a través de la diversificación, siempre debe de tomar en cuenta la relación con Estados Unidos. En este sentido, México se ha pronunciado en los foros y conflictos internacionales con base en los principios de política exterior enmarcados en el Artículo 89, Fracción X de la Constitución Política. Estos principios son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios fueron elevados a rango constitucional en la década de 1980 y son los que guían el actuar de México en la escala global.

Con esto en mente, México se ha pronunciado por la defensa de la paz y la seguridad enarbolada por la tradición de las Naciones Unidas. En esos foros, recientemente, México se pronunció en contra de las intervenciones en Afganistán, Irak, Siria y ahora en Ucrania. Como muchos otros países, México hizo un llamado a la solución pacífica de las controversias. En las acciones, posiciones y decisiones que México toma más allá de sus fronteras siempre ha prevalecido el respeto al Derecho Internacional. Pero, también el país debe tomar en cuenta su relación exterior más importante que es con Estados Unidos, pues en ella hay muchos temas que sostienen la agenda como diplomacia, economía, comercio, derecho, seguridad, medio ambiente, educación, cultura, migración, entre otros.
El conflicto ruso-ucraniano no es nuevo, sino que su antecedente cercano es la anexión de Crimea en 2014 y la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La posición de México respecto a la invasión de Rusia a Ucrania de febrero de 2022 se ha mantenido con una condena a la intervención armada y al no envío de armas a ningún país, ya que México es una nación pacifista. Sin embargo, en el pasado, por ejemplo Lázaro Cárdenas envió cargamentos de armas para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y en el periodo de Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (Escuadrón 201) fue enviada a la contienda del Pacífico. También, la postura de México será puesta a prueba para ver si otorga asilo a refugiados rusos y ucranianos, como lo practicó en casos como la misma guerra civil en España, las dictaduras en América Latina, la crisis centroamericana de la década de 1980 o las guerras de Siria y Afganistán. Esto es debido a que ciudadanos de Rusia y Ucrania han intentado cruzar la frontera México-Estados Unidos derivado del conflicto.

En cuanto a la posición mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ucraniana y a la invasión por parte de la Federación de Rusia, México está comprometido con el cumplimiento de las convenciones ligadas al desarme y hace votos por una salida pacífica al conflicto. En este tenor, el país se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. También, México hizo un llamado urgente al cese al fuego y mientras éste se logra que haya una pausa humanitaria para garantizar la protección a la población civil y acceso a ayuda para quien la necesite.

En este contexto, México es signatario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales. En caso de conflictos armados, México comparte con otros países el compromiso de la defensa y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Aún en las confrontaciones más ásperas y crueles existen derechos que deben de prevalecer que se basan en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. Aunque la sociedad internacional se enfrenta a nuevos retos en materia de conflictos armados, con nuevas tecnologías y operaciones digitalizadas, los principios humanitarios siguen siendo los mismos.

En la emergencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la posición de México es también la protección de los connacionales que están en territorio del conflicto bélico. Por esa razón, el gobierno mexicano tomó medidas y en constante comunicación con las embajadas en Ucrania y en Rumania envió dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a desplazados por el teatro de esa guerra y envió apoyo humanitario. Así, las aeronaves enviadas a Rumania trasladaron a la mayor cantidad de personas de origen nacional e incluso apoyó con el transporte de ciudadanos de países hermanos de América Latina. Estas acciones reflejan el cumplimiento de una de las máximas prioridades de la política exterior de México que es la defensa de los intereses de los connacionales en el extranjero a través de la protección consular.

En este sentido, México que forma parte del bloque latinoamericano ha buscado la creación de un corredor humanitario junto a Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de Centroamérica y el Caribe. Estos países han pedido ayuda a la ONU para evacuar a sus ciudadanos de la zona de conflicto, como ya lo están haciendo, actuando en solidaridad con la región del cono sur para formular una respuesta conjunta para acelerar las gestiones consulares. Con estas acciones, México está poniendo en práctica los principios de su política exterior sobre el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, como bien se sabe, en las relaciones internacionales todo está conectado. Directa o indirectamente, el conflicto bélico afecta a todo el mundo y México está empezando a sentir la onda expansiva en los precios del petróleo, en el alza de la gasolina, el gas, la inflación y en la fluctuación del peso. Por ejemplo, el petróleo Brent ha alcanzado más de 123 dólares por barril. Pues, Rusia al ser un país petrolero y al sufrir sanciones económicas por la guerra invariablemente afecta a la economía internacional. Con estas consecuencias, el sector agrícola y de los alimentos también podría sufrir un impacto en el alza de precios. Rusia y Ucrania son productores de trigo y maíz en más de 20% a escala global y eso afecta el mercado agrícola incluyendo el de los fertilizantes de los cuales México en un importador.

En el contexto actual, México debe ser prudente en cuanto a su política exterior respecto al conflicto, pues aunque condene la guerra y la intervención, también mantiene relaciones diplomáticas, políticas y económicas con los dos bandos de la guerra. Por ejemplo, en 2020 Rusia ocupó el lugar 35 en cuanto a socios comerciales de México y fue el primero entre los países de Europa Central y Oriental con un comercio bilateral de 1,291.8 millones de dólares. En el mismo año, las importaciones mexicanas de Rusia fueron de 870.4 millones de dólares, un cifra 33% menor que la de 2019. En cuanto a las Relaciones de México con Ucrania, éstas se caracterizan porque México es su segundo socio comercial más importante en América Latina y el Caribe. En 2020, el comercio entre los dos países se ubicó en 291.3 millones de dólares. Con todo, más allá de las relaciones comerciales, como país del sur global, México ha llamado al diálogo y la concertación entre los pueblos apoyado por los instrumentos del Derecho Internacional de donde también han emanado los principios que siempre ha defendido en el concierto regional y global.

Finalmente, siguiendo la vocación pacifista de México, el aparato de política exterior del país puede actuar en un bloque que defienda los intereses de los países latinoamericanos. En este sentido, el interlocutor podría ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un mecanismo vigente que ha cooperado con Europa y Asia. La CELAC podría ser una sola voz en los organismos internacionales como la ONU, para dar una salida al conflicto e incluso fungir como mediadora, como lo hizo el Grupo Contadora que es su antecedente o el Grupo de los 6 (G-6) en materia de desarme de la década de 1980. América Latina ha sido cuna de varios Premios Nobel de la Paz. Con ese respaldo de vocación pacifista, México podría fungir como líder en la solución de los conflictos internacionales como el de Rusia-Ucrania, ya que el país mantiene buenas relaciones con ambas naciones. Con estas recomendaciones, México debería continuar con el proyecto de actor con responsabilidad global y ser una verdadera potencia media como lo demandan los tiempos inciertos que corren en el escenario internacional.

Hablar de la relación entre México y la República Popular China (en adelante China), implica remembrar los esfuerzos que ambas naciones han celebrado desde 1972, cuando el entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez y su homólogo en China, el presidente Mao Zedong, decidieron sumar esfuerzos y formalizar las relaciones comerciales de estos países.

El vínculo ha sido fructífero. México, como muchos otros países, ha consolidado su comercio exterior, con un énfasis particular en China. Esto puede observarse por ejemplo a través de la balanza de pagos que muestra un resultado deficitario que evidentemente responde a la incesante actividad comercial con este país. Sin embargo, del otro lado, China presume un superávit frente a México. En este sentido, las lecciones no se hacen esperar, tal es el caso de Faure y Fang, quienes desde 2008 atribuían el superávit de China a las tazas de ahorro, el bajo nivel de consumismo y en general al autocontrol de la población China.

Por su parte México, en su lucha de diversificación de mercados, ha presentado un acercamiento a Asia, en donde la jugada se ha tornado en mucho comprar y poco vender. La bandera deficitaria para México corresponde a China, que lo convierte en su tercer socio comercial, solo debajo de Estados Unidos y Canadá.

Traducido en porcentajes, en 2019 las exportaciones de México hacia China fueron de un 1,85%, superado por Canadá con un 4,43% y Estados Unidos que típicamente tiene la delantera con un 75,1%. Por otro lado, la procedencia de las importaciones mexicanas tiene una correlación directa con Estados Unidos ocupando un 54,4%, mientras que China avanza al segundo lugar con un 14,4% del total, al que claramente se puede atribuir el déficit de la balanza de pagos de México con China (OEC, 2022).

Sobre el tintero hay buenas intenciones en la relación de estos dos países, ya que se prevé seguir fortaleciendo la comercialización y las inversiones. Adicional a esto, México debería observar y aprender del sistema de innovación de China con el objetivo de desarrollar el propio. Un buen punto de partida sería identificar la estructura de las estrategias de planeación que presenta China, que entre sus principales características destaca 1) planeación a largo plazo, y 2) continuidad en los planes y evaluación de las metas con sus respectivas consecuencias sobre el incumplimiento de las mismas. Otro aspecto a destacar es el énfasis de China sobre la inversión extranjera directa que propicia la transferencia y derrama tecnológica, y por supuesto el desarrollo de las ciencias, mientras que México continúa centrado en el sector manufacturero como eje principal en la industria.

Estos escenarios auguran para ambos países una prolongación de la relación bilateral, extendida ya no solo hacia temas de importación y exportación de productos y servicios además de las inversiones, sino que se extrapola hacia otros campos como lo es la diplomacia científica y académica, en donde se presagia un fortalecimiento entre instituciones educativas que sin duda fomentarán un acercamiento muy enriquecedor para ambos países.

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Faure, G. O., & Fang, T. (2008). Changing Chinese values: Keeping up with paradoxes. International business review, 17(2), 194-207.
Observatorio de Complejidad Económica (10 de marzo del 2022). México. https://oec.world/es/profile/country/mex?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1

A casi un mes de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), en un comunicado el 13 de enero del año en curso, la cancillería anunció que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó las prioridades de México para el 2022. Resaltó las regiones de África, Medio Oriente, Asia y Europa y en particular, la identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo, la promoción del Plan Mundial de Bienestar y las prioridades de nuestro país en el G20. Asimismo, la embajadora Carmen Moreno Toscano, encabezó las reuniones regionales con los titulares de las Representaciones de México en dichas regiones.

Este hecho refleja la relación que se tiene con los países del norte de África y Medio Oriente. Se pronostica un crecimiento en la economía de los países petroleros de Medio Oriente, mientras que la economía mexicana mantendrá un crecimiento promedio. La impresión de las nuevas “líneas generales y directrices a seguir” refleja la pasiva relación de México con el Medio Oriente. Al mes de febrero, el precio del petróleo mexicano es de 84.12 dólares por barril y la West Texas Intermediate (WTI) opera a 91.51 dólares.

La esfera política mexicana visualiza a la región como una región inversora (porque la mayor parte de su riqueza proviene de los hidrocarburos fósiles) y no como un potencial socio, que representa un mercado aproximado de 440 millones de habitantes, sin contemplar a Turquía, que por sí solo tiene aproximadamente 83 millones de habitantes.

Todas estas observaciones, dan a entender una fría y ambigua aproximación de las relaciones diplomáticas que México tiene con dicha región. En un contexto donde al inicio de este año se anunciaron “nuevas líneas generales y directrices” identificando África y Medio Oriente como zonas prioritarias, estas decisiones se fijan bajo una visión reducida esperando captar inversiones hacia México, pasando por alto que países como Arabia Saudí, EAU y Qatar (los cuales cuentan con los índices de PIB per cápita más altos de la región) están invirtiendo y diversificando en sus propias economías. Como ejemplo está el proyecto “OXAGON” de la monarquía saudí.

En un mercado como lo es el iraquí, que se encuentra en un proceso de reconstrucción y donde México no tiene presencia, diversas industrias mexicanas, por ejemplo la industria constructora, tienen el potencial de ayudar a generar la infraestructura que necesitan en estos momentos. Así también, la industria agropecuaria mexicana puede satisfacer las demandas alimentarias de las nuevas ciudades inteligentes, los centros industriales emergentes en Arabia Saudí o los EAU, entre otros. Es menester subrayar la necesidad de pasar de la ambigüedad al activismo y la priorización de áreas de oportunidad de los productos mexicanos y enfocarse en cubrir las necesidades de los países de Medio Oriente, en los que México se posicionaría como un socio comercial a la altura actual de los mercados de EE.UU. y la Unión Europea.

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