El pasado 6 de enero se cumplieron dos años de la toma del Capitolio en Washington, por parte de grupos de ultraderecha afines a Donald Trump, que no reconocieron los resultados electorales de noviembre del 2020 en los que resultó victorioso el candidato demócrata Joe Biden. El asalto se produjo momentos después de que el entonces presidente republicano pronunció un discurso en el que responsabilizó al congreso por supuestamente permitir un golpe a la democracia de su país, y literalmente incitó a sus seguidores a marchar hasta el Capitolio. Estas y otras evidencias fueron recopiladas por el comité de la Cámara de Representantes que investiga desde entonces la responsabilidad del magnate y empresario ante lo que fue considerado un intento de golpe de Estado. Trump también es investigado por violar la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos considerados de seguridad nacional. De proceder los cargos, el exmandatario podría desde ser multado hasta inhabilitado para ocupar cargos políticos.

De manera bastante similar, el 8 de enero de este 2023 grupos conservadores de ultraderecha asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, la capital política del país suramericano a unos días de que el izquierdista Luis Ignacio Lula Da Silva juramentó para su tercer mandato presidencial. Simpatizantes del ahora expresidente Jair Bolsonaro lograron acceder de manera violenta en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, pero fueron frenados al intentar tomar el Palacio de Planalto, la sede del poder ejecutivo. Pese a que el ahora exmilitar retirado de origen paulista se encontraba en Estados Unidos el día de la trifulca política, incluso desde dos días previos a finalizar su mandato, la Suprema Corte brasileña autorizó investigarle debido a un video en el que cuestionó los resultados y a las instituciones electorales del país, así como el haber justificado los bloqueos y protestas en respuesta al triunfo de Lula Da Silva. Esta investigación se sumó a otras cuatro pendientes con las que que el exmandatario ya acumula cinco procesos penales en su contra.

Para ambas situaciones, la comunidad internacional se pronunció en contra de la violencia, en favor de la voluntad democrática y el quehacer de las instituciones para la resolución pacífica de las divergencias políticas. El apoyo de líderes del continente y de buena parte de los países occidentales se demostró casi al instante en comunicados y discursos políticos con diferentes tonos y matices. En este punto, es necesario destacar cuáles fueron las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante estas crisis políticas, en las que de una u otra forma su afinidad ideológica y trayectoria política son determinantes para comprender sus posturas y acciones ante estos sucesos.

En el caso de Estados Unidos, López Obrador prefirió ser cauteloso en pronunciarse sobre el triunfo electoral de Biden a pesar de que los resultados se consideraron contundentes al finalizar los escrutinios electorales, apenas un par de días de la votación, debido a varias causas explicadas a continuación. Por una parte, la demora en reconocer el triunfo ineludible del candidato demócrata puede explicarse por el acercamiento que Andrés Manuel tuvo con Trump, que llegó al punto de oficializar su primera visita fuera del país para atender la entrada en vigor del T-MEC en Washington, durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19, y apenas unos meses previos a la contienda electoral. Es necesario recordar que se pronosticó un choque entre ambos líderes debido a sus manejos nacionalistas y populistas de la política interna y externa, el cual tuvo un inicio estrepitoso con la imposición de aranceles como medida de Trump para frenar la inmigración irregular que atraviesa por territorio mexicano, y que culminó con el despliegue de la Guardia Nacional para contener dichos flujos migratorios, especialmente en la frontera sur.

Por otro lado, esta dilación de reconocimiento político-electoral se explica también por el hecho de que Trump alegó que iría a los tribunales ante lo que consideró un fraude electoral, de manera similar a lo sucedido en México durante las elecciones presidenciales del año 2006. En aquella contienda compitió por primera vez el líder mexicano de izquierda, y al final de la cual los líderes internacionales se precipitaron a reconocer a Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional ante una diferencia de votos muy estrecha, pese a las exigencias de los partidos políticos y un sector importante de la sociedad por una revisión al proceso electoral. El presidente López Obrador reservó sus opiniones durante varias de las conferencias mañaneras que ofrece casi a diario, con el argumento que debía respetar el cierre de procesos electorales para entonces sí pronunciarse al respecto del entonces nuevo presidente de Estados Unidos. Un día después del asalto al Capitolio, el presidente mexicano se limitó a declarar que no sostenía una postura al respecto, que no intervendría en asuntos internos, y que únicamente lo haría en favor de la paz y la democracia.

No obstante, el comportamiento y declaraciones de AMLO fueron muy distintos en los procesos electorales de Brasil, así como los de Colombia y Chile, en los cuales el presidente no dudó en mostrar su apoyo a los candidatos con los que comparte afinidad ideológica. Cabe mencionar que sí existió un distanciamiento entre el gobierno brasileño de Bolsonaro, Iván Duque de Colombia, y Sebastián Piñera de Chile, con el del mandatario mexicano, cuyas relaciones quedaron reducidas o perpetuadas en meramente términos diplomáticos formales, o las relaciones económicas preestablecidas. Para el caso concreto de Lula Da Silva, en las mañaneras del presidente, hubo alusiones con favoritismo hacia este candidato desde meses previos a la contienda electoral, con el que incluso se reunió el 2 de marzo de 2022 en Palacio Nacional. Asimismo, AMLO se pronunció claramente a favor de Lula apenas finalizada la primera vuelta electoral en Brasil, y al terminar la segunda vuelta establecieron una llamada telefónica el 31 de octubre para estrechar lazos políticos, en medio de protestas y bloqueos emergiendo en un Brasil muy dividido. A pesar de este acercamiento, Andrés Manuel tampoco fue a la toma de protesta del brasileño y en su lugar envió a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller en su representación.

"AMLO se pronunció claramente a favor de Lula apenas finalizada la primera vuelta electoral en Brasil, y al terminar la segunda vuelta establecieron una llamada telefónica el 31 de octubre para estrechar lazos políticos, en medio de protestas y bloqueos emergiendo en un Brasil muy dividido."

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada entre el 9 y l0 de enero, el presidente mexicano aprovechó la presencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau y del presidente Joe Biden para reiterar su apoyo al presidente Lula Da Silva, e involucrar a los líderes de la región en este apoyo a las instituciones brasileñas. Tal parece que el desgaste político que sufrió Biden por los costes de la guerra en Ucrania, así como las complicaciones económicas derivadas de la misma, sumadas a las pendientes por la pandemia y la guerra económica con China, le han orillado a fortalecer los vínculos con México y Canadá, lo cual aumenta el poder de negociación que tiene México para fijar ciertas posturas que en otros momentos coyunturales le habrían enfrentado con Washington.

Lo ocurrido recientemente en Brasil, así como en Estados Unidos, presupone también la evidencia de una división social creciente, que es a su vez producto de la polarización política instigada en buena medida por el discurso de los líderes políticos, y que deja un cúmulo de lecciones importantes para el resto de países de la región, en especial para México.

Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

Desde el punto de vista geopolítico, México tiene una posición privilegiada. Es puente entre América del Norte y del Sur. Además, el país está colocado entre Asia Pacífico y Europa y África. Es decir, el país está en el centro del mundo. La geografía así lo ha determinado. Sin embargo, México no tiene una política exterior que refleje su realidad geopolítica. En otras palabras, la nación no tiene una presencia relevante en África. No influye de manera determinante en Europa y en Asia en términos políticos. Solamente existe una relación comercial estable en esas dos regiones. En América del Norte, Estados Unidos tiene un mayor poder hegemónico. Hacia el sur, el gobierno mexicano ha buscado ejercer cierto liderazgo en la región. En algunas ocasiones ha tenido éxito y, en otras, las capacidades de México para influir en la zona son limitadas.

En donde México ha tenido una constante e importante presencia ha sido en Centroamérica y el Caribe. Es decir, estas dos subregiones representan la mayor zona de influencia del país. Históricamente, los diferentes gobiernos mexicanos han buscado ejercer cierta hegemonía en la zona. Por razones de seguridad o de promoción económica, México ha tratado de convertirse en una potencia regional frente a sus vecinos inmediatos en el sur. Por ejemplo, la administración de López Portillo firmó con Venezuela el Pacto de San José para proveer petróleo, a precio preferencial, a algunos países de Centroamérica y el Caribe. En el siguiente sexenio, Miguel de la Madrid promovió la creación del Grupo Contadora para solucionar, de manera pacífica, los conflictos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las guerras civiles estaban afectando el sur-sureste mexicano con la llegada de miles de refugiados. Contadora le dio a México mucho prestigio internacional y sembró la semilla para el que, más tarde, se convirtió en el Grupo de Río, el cual dio lugar en 2010 a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Carlos Salinas de Gortari dio continuidad a esta política a través del Mecanismo de Tuxtla Gutiérrez. Con la llegada del PAN a la presidencia en el 2000, el entonces presidente Vicente Fox propuso el Plan Puebla Panamá para integrar a la región con el sur-sureste de México e impulsar el crecimiento económico. La iniciativa no prosperó por falta de recursos económicos. Pero las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dieron continuidad a la presencia de México en la región a través del Proyecto Mesoamérica, el cual busca potenciar la complementariedad y la cooperación entre varios países de Centroamérica y el Caribe.

Cuando López Obrador tomó posesión de la presidencia en diciembre de 2018, una de sus primeras iniciativas de políticas exterior fue el Plan de Desarrollo Integral, el cual busca impulsar el desarrollo de Centroamérica para reducir la migración. Para ese entonces, varias caravanas de migrantes centroamericanos intentaban cruzar el territorio nacional para dirigirse a Estados Unidos. La iniciativa representó, para entonces, la mayor propuesta de cooperación internacional por parte del gobierno mexicano. Para coordinar su operación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un diagnóstico para presentar recomendaciones concretas.

El viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica se enmarca en esta lógica de mantener una presencia constante de México en la región desde la perspectiva de la Geopolítica.

Un propósito principal fue dar continuidad y seguimiento a la exportación de los programas sociales que tiene la administración actual en Centroamérica, como son Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el futuro. Asimismo, el presidente buscaba reforzar los lazos de hermandad entre los pueblos. Pero al mismo tiempo, un objetivo fue reafirmar la hegemonía geopolítica que el país proyecta en la zona. En este contexto, el presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice a inicios de mayo del 2022. En otras palabras, la esencia del viaje se enmarcó en cuestiones de identidad nacional, geopolítica, pero también de cooperación internacional para la promoción del desarrollo económico de la región y, de esta manera, atacar las causas de la migración.

La visita incluyó también una escala en Cuba, uno de los países con mayor simbolismo para México en el Caribe. Luego de la Revolución de 1959, México trató de mantener una relación cercana con la isla. Sin embargo, una vez que Fidel Castro declaró en diciembre de 1961 que la esencia de su movimiento era marxista-leninista y después de que la Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, México mantuvo una distancia hacia el régimen de Castro. En ese entonces, el gobierno de Adolfo López Mateos mantuvo una doble política. Por un lado, públicamente, su administración defendía a Cuba a través de los principios tradicionales de su política exterior y buscaba mantener autonomía frente a Estados Unidos. Esta posición era principalmente para consumo interno porque generaba consenso y cierta legitimidad para el PRI. Sin embargo, por otro lado, el gobierno mexicano apoyaba, en privado, a Washington en su lucha contra el comunismo.

A finales del siglo XX, la relación de México con Cuba tuvo altibajos. Con Díaz Ordaz, el vínculo fue frío. Pero con la llegada de Luis Echeverría y José López Portillo, la interacción mejoró. Echeverría fue el primer presidente en visitar la Cuba socialista. López Portillo mantuvo un diálogo abierto con Castro. Sin embargo, con la crisis económica de inicios de los años ochenta, México optó por una asociación económica con Estados Unidos más abierta. La cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque no hubo un alejamiento explícito hacia Castro, el gobierno trató de manejar con discreción la relación con Cuba para no afectar la negociación de dicho tratado. Sin embargo, la relación bilateral empezó a tensionarse con la administración de Ernesto Zedillo, cuando su entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se reunió con la disidencia cubana en La Habana, lo cual no gustó a Castro. Además, el comandante afirmó que los niños mexicanos reconocían con mayor facilidad a los personajes de Walt Disney que a los héroes patrios. Esta declaración causó un primer conflicto diplomático entre Cuba y México.

Con la llegada de Vicente Fox, la relación con Cuba empeoró. Primero, en 2002, el presidente Fox le pidió a Castro, en una llamada telefónica, llegar a una reunión internacional que se celebraba en México y regresarse lo antes posible para no afectar la llegada de George Bush (el famoso incidente del “comes y te vas”). Después, en 2004, la administración de Fox decidió expulsar al embajador cubano en México, lo que desató una grave crisis diplomática que estuvo a punto de romper las relaciones bilaterales. La causa de este diferendo fue un discurso de Castro en el que mencionaba que la política internacional de México se había convertido en cenizas porque había votado en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Más adelante, la administración de Felipe Calderón buscó recomponer la relación. Sin embargo, el vínculo se mantuvo limitado durante el segundo sexenio del PAN. Con el regreso del PRI en 2012, el presidente Enrique Peña buscó un mayor acercamiento cuando México condonó una deuda antigua a Cuba y los dos países firmaron un acuerdo migratorio.

La llegada de un gobierno de izquierda a México en el 2018 cambió notablemente el panorama. Desde entonces, el presidente López Obrador ha buscado un mayor acercamiento a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha visitado México en tres ocasiones. En la primera, acudió a la toma de protesta de López Obrador el 1 de diciembre de 2018. El segundo viaje ocurrió en octubre de 2019 y fue una visita oficial. Asimismo, en septiembre de 2021, Díaz-Canel fue el invitado de honor durante las celebraciones del inicio de la independencia de México y acudió a la cumbre de la CELAC. Por lo tanto, la visita de AMLO representó la cuarta reunión, de manera presencial, con su homólogo cubano. Con ningún otro presidente, López Obrador ha tenido más reuniones. Con Estados Unidos, la relación más importante para México, AMLO solamente se reunió en una ocasión con Donald Trump y otra con Joe Biden (presencialmente).

En su viaje a Cuba, el presidente mexicano buscó reforzar los lazos diplomáticos con Cuba. Otro propósito fue incrementar la cooperación internacional entre ambas naciones. Como era de esperarse, AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales. En esta visita oficial, el líder mexicano recibió la orden de José Martí, la mayor distinción que puede recibir un extranjero en Cuba. El asunto migratorio ocupó también en la agenda un lugar estratégico. Este asunto despierta mucho interés para el presidente mexicano. Un tema común en Centroamérica y Cuba fue la apuesta de México por buscar una mayor integración latinoamericana y rechazar la política intervencionista de Estados Unidos. Incluso, AMLO volvió a insistir en la posibilidad de eliminar a la OEA para construir un organismo regional que sirve a los intereses de América Latina y no sea “lacayo” de ninguna potencia. En el mismo tono, el presidente mexicano mantuvo su posición de que ningún país de la región sea excluido en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles en junio de 2022. La crítica es debido a que Estados Unidos aplicó un veto para Cuba, Nicaragua y Venezuela.

AMLO exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo comercial a la isla, como tradicionalmente México lo ha hecho en diferentes foros mundiales.

Con este viaje, López Obrador manda la señal de que Cuba y Centroamérica son vínculos estratégicos para su administración desde el punto de vista geopolítico, de identidad nacional, diplomático y de cooperación internacional. El mensaje también está dirigido a los sectores sociales internos que lo apoyan. Una política de autonomía frente a Estados Unidos y de acercamiento hacia Centroamérica y Cuba genera dividendos políticos para una administración de izquierda. En conclusión, López Obrador le ha dado continuidad a la tradición de tener a Centroamérica y el Caribe como las zonas de mayor influencia de la política exterior de México. Es altamente previsible que su administración mantendrá esta tendencia hacia el final de su sexenio. En otras palabras, Centroamérica seguirá siendo el principal objetivo de la cooperación internacional mexicana para impulsar el desarrollo económico y detener las causas de la migración. Con Cuba, México reforzará su alianza con la isla para ejercer liderazgo en América Latina y para que sirva de contrapeso frente a Estados Unidos.

Desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las relaciones entre México y Europa poco a poco se han enfriado, llegando al punto en el que el actual presidente mexicano, sugirió “pausar” la relación con España y calificar a los integrantes del Parlamento Europeo como “borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”. Por ello, es imperante analizar el impacto sustancial de las declaraciones del jefe de Estado mexicano en la imagen de México en el exterior y la conducción de su política exterior.

El 09 de febrero en su conferencia matutina, el presidente mexicano sugirió poner pausa a las relaciones con el gobierno de España, considerando que, en sexenios pasados hubo “saqueos” por parte de empresas energéticas españolas. En su momento dicha declaración causó incertidumbre en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. El Titular del Ejecutivo no dio una instrucción precisa de cómo, cuándo y por cuánto tiempo se pondría en “pausa” la relación bilateral. Sin mayor trascendencia política en las relaciones entre ambos países, el 08 de marzo de 2022, el Senado mexicano en apego a sus facultades plasmadas en el artículo 76 de la CPEUM en materia de política exterior, ratificó al político Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de México ante España. A pesar de las implicaciones políticas de su nombramiento, su labor en ese país será fortalecer la ya débil relación entre ambas naciones y mediar entre la postura que el mandatario mexicano tiene hacia ese país así como velar por los intereses de México en el exterior.

Aunada a esta fuerte declaración que impactó la política exterior del gobierno en turno hacia el continente europeo, el Presidente López Obrador arremetió nuevamente contra Europa. En esta ocasión la crítica fue hacia el Parlamento Europeo, después de que el pasado 10 de marzo, haya aprobado una serie de resoluciones, entre ellas una sobre violaciones a derechos humanos en México. Vale la pena mencionar que la resolución aprobada por el órgano europeo tomó como base la declaración de la Unión Europea, Noruega y Suiza del 15 de febrero de 2022 sobre el asesinato del periodista Heber López Vásquez y la declaración conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del representante para México de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 28 de enero de 2022 condenando el asesinato de María de Lourdes Maldonado Lopez. Es decir, los parlamentaristas europeos han sido recurrentes en el tema, y en los debates sostenidos exhortaron al gobierno mexicano frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos.

En su respuesta, el mandatario mexicano envió un comunicado que descalifica a los parlamentarios europeos. Lamentó que se “sumen como borregos: a la estrategia reaccionaria y golpista” de todos sus opositores, de su proyecto de gobierno y de la Cuarta Transformación. Un día después de haberse hecho pública la carta, el Ejecutivo, en su conferencia matutina, señaló la resolución del Parlamento como una “resolución calumniosa” e injerencista en la política mexicana.

Para entender de mejor manera el fondo de la carta de respuesta del presidente López Obrador, se debe destacar que desde su campaña presidencial, declaró que la mejor política exterior es la política interior, definiendo así que el interés nacional de su gobierno es atender cuestiones internas como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza sin gran interés en el ámbito internacional. Por consiguiente, no es de extrañarse las declaraciones que el mandatario mexicano ha hecho hacia el exterior. Sin embargo, dichos mensajes tienen un peso e impacto en el sistema internacional, disminuyendo así la capacidad de negociación internacional del Estado mexicano. Resalto que la firma y ratificación de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea está pendiente desde el 28 de abril de 2020, fecha en que se concretó la negociación de este instrumento jurídico.

A diferencia de otros tratados de libre comercio, el distintivo del Acuerdo Global es la inclusión de la “cláusula democrática”. Con ella se tiende a buscar la paz y el respeto de los derechos humanos entre las naciones firmantes, tanto en su interior como en el ámbito internacional. Dicha cláusula se encuentra vigente en el actual TLCUEM. Por lo que es necesario precisar que, en el punto 12 de las recomendaciones del Parlamento Europeo se “Subraya la relevancia de México como socio estratégico”, y a través del Acuerdo Global UE-México modernizado se busca reforzar aún más las disposiciones en materia de derechos humanos permitiendo a la Unión Europea y a México debatir distintas cuestiones, entre ellas “los derechos humanos, con la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y otros interlocutores a escala multilateral.” En otras palabras, existe un marco jurídico vinculante que ambas partes acordaron cumplir y respetar. En el TLCUEM quedó plasmada la voluntad actual del Estado mexicano de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, principalmente desde el ámbito jurídico. Todavía está por determinarse el impacto que tendrá la declaración presidencial en el avance o estancamiento del Acuerdo.

No obstante, e independientemente de la forma en que López Obrador redactó su respuesta al Parlamento Europeo, es fundamental mencionar que la carta no pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni del cuerpo diplomático mexicano. Esta decisión alude a que su objetivo no era diplomático, sino político. El presidente López Obrador ha enfrentado una serie de ataques en los últimos meses que han disminuido su aprobación. Por consiguiente, ha utilizado la provocación internacional para desviar la atención de los mismos. La disputa con el gobierno de Austria para traer el penacho del antiguo emperador mexica, Moctezuma a territorio nacional, la problemática en torno al nombramiento de Pedro Salmerón como posible embajador de México ante Panamá y como ya mencioné anteriormente, la supuesta “pausa” en las relaciones diplomáticas con España son ejemplos de cómo el mandatario mexicano ha caído en la provocación con el extranjero.

El presidente López Obrador resaltó, en una declaración posterior a su comunicado, tener la facultad constitucional de dirigir la política exterior, en apego al artículo 89, fracción X de la CPEUM. Con base en ello, es probable que ante futuros embates hacia su figura y gobierno, el mandatario mexicano siga utilizando estos espacios para crear tensiones con las naciones extranjeras. Sin embargo, estas consideraciones subrayan que estará en la Cancillería mexicana y su cuerpo diplomático, en especial el Servicio Exterior Mexicano, fortalecer la capacidad de negociación internacional mediante estrategias claras en apego al proyecto de nación así como en su excelsa tradición diplomática de defender a México en el exterior.

El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.

Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.

Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.

A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.

En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.

Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.

Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.

Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.

Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.

En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.

Por tercera ocasión en su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira internacional. En esta vez, el mandatario asistió a Washington a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau. Unos días antes, había asistido a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora que México preside ese organismo. En julio de 2020, el presidente mexicano había visitado a Donald Trump para conmemorar la puesta en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Los tres viajes fueron a Estados Unidos, lo que implica la prioridad que tiene ese país para la política exterior de México.

A esta altura (mitad del sexenio), varios presidentes llevaban una gran cantidad de visitas al exterior. Por ejemplo, a finales de su tercer año de gobierno, Salinas de Gortari ya había hecho 43 viajes internacionales, Ernesto Zedillo 29, Vicente Fox 57, Felipe Calderón 56 y Enrique Peña Nieto 36. Existe una diferencia abismal entre las salidas de AMLO en comparación con sus antecesores, lo que demuestra el poco interés del actual mandatario en la política exterior.

Los viajes internacionales de los presidentes se convirtieron en una tradición a partir del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964). El entonces mandatario realizó un total de 18 giras por diferentes partes del mundo, como fueron América del Norte, América Latina, Europa y Asia. De hecho, López Mateos (ALM) fue el primer presidente mexicano en pisar, en funciones, Europa, América Latina y Asia. Sus antecesores (Porfirio Díaz, Ávila Camacho y Miguel Alemán) solamente habían hecho visitas de trabajo a Estados Unidos y Ruiz Cortines había asistido a una reunión a Panamá. Con ello, ALM iniciaba la práctica de la diplomacia presidencial, en donde el jefe del Ejecutivo atendía personalmente los temas de la política exterior de México y los viajes internacionales representaban una de las actividades más relevantes.

En el siguiente sexenio, Gustavo Díaz Ordaz solamente realizó 10 giras por el mundo, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos. Parecía que al entonces mandatario no le interesaban los asuntos externos. Sin embargo, Luis Echeverría le dio un giro importante a la diplomacia presidencial puesto que realizó en total de 41 visitas, incluyendo África y Medio Oriente. La distensión de la Guerra Fría, las dificultades económicas y el interés de Echeverría de ganar el premio Nobel de la Paz y de convertirse en el secretario general de la ONU explican el activismo internacional del sexenio. Por su parte, López Portillo no se quiso quedar atrás de su antecesor inmediato y, apoyado por la riqueza petrolera del país, llevó a cabo 27 viajes internacionales. Miguel de la Madrid efectuó solamente 23 visitas. La crisis económica de los años ochenta impactó las posibilidades de una mayor proyección al exterior.

A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (CSG), las visitas de Estado y de trabajo a diferentes naciones se convirtieron en una práctica recurrente de la política exterior de México. El entonces mandatario buscaba incluir a México entre las naciones desarrolladas. Así, su administración firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, se unió al Foro de Cooperación Económica del Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) e ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos. En este contexto, CSG realizó 63 viajes internacionales. Para entonces, la diplomacia presidencial mexicana estaba en su apogeo. En el siguiente sexenio, Ernesto Zedillo realizó solamente 42 giras por el mundo. La crisis de 1994, conocida como el error de diciembre, afectó las posibilidades de una mayor proyección internacional de México en esa época.

En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió, por primera vez en setenta años, la elección presidencial. Vicente Fox llegó a la primera magistratura del país bajo las siglas del conservador Partido Acción Nacional (PAN). El bono democrático le permitió a Fox desarrollar una amplia diplomacia presidencial, al llevar a cabo un total de 114 giras internacionales, el mayor número en la historia de la política exterior de México. La alternancia política tuvo un impacto significativo en esta actividad. Por su parte, su copartidario, Felipe Calderón, realizó 89 viajes al exterior. Fue un número menor en comparación con el sexenio anterior, pero de todas maneras el número era muy alto. En los inicios de su sexenio, el panista no tuvo oportunidad de dedicarle mucho tiempo a esa actividad debido a las demandas de fraude electoral y a la violencia que se desató por la guerra contra las bandas de narcotraficantes.

Con el breve regreso del PRI en 2012, el número de visitas también fue muy alto. Enrique Peña Nieto efectuó un total de 87 giras por todo el mundo. Sin embargo, con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, la diplomacia presidencial tuvo un serio retroceso. Hasta el 19 de noviembre de 2021, AMLO solamente contabilizaba tres viajes internacionales. El primero fue en 2020 a Washington DC para visitar a Donald Trump y conmemorar la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La opinión pública mexicana criticó esta gira porque existía la interpretación de que AMLO estaba apoyando la reelección de su homólogo. La ausencia del primer ministro canadiense en la reunión abonó a esa acusación. Incluso, los demócratas consideraron que AMLO se estaba inclinando por el republicano.

La segunda salida del actual presidente fue el 9 de noviembre pasado. Andrés Manuel López Obrador asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual México ocupa un asiento no permanente y durante noviembre presidirá los trabajos de ese organismo. El mandatario aprovechó la ocasión para presentar un Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar, con el cual se busca reducir la pobreza en el mundo y mejorar las condiciones de vida de la población del planeta. Por su parte, el representante ruso comentó que el Consejo de Seguridad no era el foro idóneo para presentar ese tipo de propuestas. Sin embargo, AMLO y la Secretaría de Relaciones Exteriores comentaron que México presentaría la iniciativa en el marco de la Asamblea General de la ONU. La propuesta de AMLO es similar a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que presentó Luis Echeverría en los años setenta. Varios sectores sociales han criticado a AMLO por el carácter idealista de su iniciativa. Sin embargo, no es un ejercicio ocioso el hacer este tipo de planteamientos. Desde la perspectiva del presidente, México se debe posicionar en el ámbito internacional para influir en un sistema más equilibrado. Pero lo más probable es que AMLO tenga poca receptividad por parte de las potencias económicas del orbe sobre el asunto.

Viajes internacionales presidenciales
(1958-2021)

Elaboración propia

En su tercer viaje, AMLO acudió a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington DC el 18 de noviembre. La reunión fue una idea de Joe Biden con el propósito de reactivar el diálogo trilateral, luego de que Donald Trump lo interrumpió. López Obrador aceptó asistir personalmente y no enviar a su secretario de Relaciones Exteriores. La cita fue importante para retomar una visión tripartita en América del Norte para enfrentar los retos generados por la pandemia del Covid 19. En el marco de la cumbre, los tres gobiernos mostraron interés en establecer los mecanismos necesarios para promover el crecimiento económico de la región y aprovechar el marco del T-MEC para fomentar el comercio y las inversiones. Asimismo, la seguridad, migración, energía y medio ambiente estuvieron presentes en la agenda de discusión. Estos temas representan los asuntos de mayor relevancia e interés para los gobiernos y las sociedades de los tres países.

La cumbre trilateral no generará en automático soluciones mágicas para los problemas de América del Norte; pero sentará las bases para una cooperación trilateral. El foro abre las puertas para que los tres líderes se involucren en los asuntos regionales. Anteriormente parecía que en América del Norte existían dos relaciones bilaterales (México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos.). Con la reactivación de la cumbre, se abren las posibilidades para generar una relación trilateral en la región. En el caso de México, la reunión puede producir espacios de negociación con Estados Unidos al incluir en la fórmula a Canadá. Asimismo, este foro abre la posibilidad para que López Obrador retome el asunto de la diplomacia presidencial con más interés, por lo menos en América del Norte.

Con AMLO, la diplomacia presidencial ha sufrido un retroceso serio y muy significativo. México puede perder oportunidades que normalmente se logran en reuniones de alto nivel. López Obrador no ha asistido a cumbres del G20 y otros foros globales. Prefiere dejar que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se ocupe de esas responsabilidades. En este caso, AMLO prefiere atender directamente las necesidades relacionadas con la política interna. Sin embargo, es necesario que el actual presidente asuma su papel como jefe de Estado y asista de manera personal a los foros y reuniones de alto nivel. El interés nacional de México lo demanda.

La llamada telefónica sostenida por los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joseph Biden del 22 de enero de 2021, la reunión virtual entre ambos mandatarios del 1 de marzo de 2021, así como la participación de López Obrador en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021 convocada por el presidente Biden son muy indicativas del momento en el que se encuentra la relación bilateral México-Estados Unidos: fueron intercambios necesarios para ambos mandatarios que, aunque cordiales, fueron muy generales y relativamente fríos. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de estos tres encuentros?

Para entender el tenor de estos intercambios, en primera instancia es necesario recordar las máximas prioridades de la administración Biden: primero y antes que nada, busca atender las tres profundas crisis nacionales que está enfrentando Estados Unidos: salud (Covid-19), económica (por la recesión generada por el Covid-19) y social (con niveles no vistos en décadas de fragmentación y polarización social y política); segundo, buscar solución a cuatro crisis internacionales: migración (fundamentalmente los flujos migratorios irregulares desde Centroamérica y México), de gobernanza global (por la crisis en las instituciones multilaterales), de cambio climático y la competencia por el liderazgo mundial (frente a China).

Aun ante las reiteradas acciones de AMLO hacia Biden y los demócratas del último año (visita a Trump en tiempos electorales en julio de 2020; retraso en la felicitación ante el triunfo electoral de Biden; ofrecimiento de asilo a Assange; carta de felicitación fría y más bien dirigida a la audiencia mexicana; caso Cienfuegos —sin proceso judicial en México, publicación del expediente confidencial y crítica a sistema judicial de Estados Unidos en la integración del mismo—; Ley de Seguridad Nacional obligando a agentes extranjeros, principalmente estadounidenses, a informar a la SRE sobre sus actividades y hallazgos; falta de condena a la toma del Capitolio pero crítica a las redes sociales por coartar la libertad de expresión del Presidente Trump, entre otros), la administración Biden aceptó tener la segunda llamada telefónica del presidente con un Jefe de Estado extranjero (tras Canadá) el 22 de enero de 2021 y la segunda reunión virtual (nuevamente, después de Canadá) el 1 de marzo de 2021, con México. Además, AMLO fue incluido entre los 40 líderes participantes en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021. Esto es reflejo de dos puntos fundamentales: primero, Biden es un político profesional y, segundo, que entiende que su relación con México (y Canadá) es interméstica.

Con respecto al primer punto, el profesionalismo de Biden como político significa que conducirá las relaciones de Estados Unidos con el mundo (y particularmente con México) a través de las instituciones del Estado y sus burocracias especializadas. Esto es fundamental para México (y el mundo), ya que generará certidumbre y predictibilidad en las acciones externas de Estados Unidos. En lo referente al segundo punto, el que la relación sea interméstica significa que Biden entiende que lo sucede en las políticas internas de México y Estados Unidos impacta a la relación bilateral. Esto implica que la relación bilateral es de alta complejidad, ya que incluye todos los temas de agenda nacional de ambos países y una multiplicidad de actores de los sectores público (de los tres poderes de la unión a nacional, pero también gobiernos estatales y locales), privado (empresas transnacionales y medios), social (organizaciones sociales, sindicales y academia).

La suma de estos dos puntos demuestra que Biden está consciente de que requiere de la cooperación de México (y Canadá, además de otros socios estratégicos europeos y asiáticos), para la solución de sus máximas prioridades domésticas (particularmente las crisis de salud y económica) e internacionales (especialmente el tema migratorio, gobernanza multilateral, cambio climático y la competencia de China). Por ello, aun ante las acciones poco amistosas de AMLO, la administración Biden decidió llevar a cabo la llamada telefónica y la reunión virtual con México, sólo después de Canadá, además de invitar a México a la cumbre virtual sobre cambio climático.

Los comunicados conjuntos derivados de la llamada telefónica y la reunión virtual, así como el video de la segunda, son igualmente indicativos de los temas prioritarios en la relación México-Estados Unidos con la llegada de la administración Biden: aquéllos que requieren de la cooperación con México para atender las prioridades de política interna (crisis de salud y económica) y externa (migración, cambio climático y China) de Estados Unidos. Dado que se trataba de reuniones públicas, cada uno de estos temas fue tratado de manera muy general, pero con claras indicaciones del rumbo de la relación bilateral. Los detalles de su ejecución se definirán por los canales institucionales establecidos, en privado y fuera de los reflectores.

Con respecto a la cumbre de cambio climático, el presidente Biden tuvo la cortesía de invitar al presidente AMLO entre los 40 líderes convocados, mandando una clara señal sobre la importancia que los temas medioambientales tendrán en la agenda interna e internacional de Estados Unidos. Desafortunadamente, el presidente López Obrador no entendió la relevancia del evento, cometiendo tres fallas protocolarias de forma y fondo. Primero, cometió una gran descortesía: sólo escuchó las presentaciones del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, incluyéndolas en el marco de su conferencia mañanera del 22 de abril, ausentándose durante las presentaciones de los demás jefes de Estado y gobierno participantes. Segundo, su mensaje no enfatizó los temas centrales de la cumbre: no habló sobre los compromisos de México para la reducción de gases de efecto invernadero y la promoción de energías limpias y renovables, sino que compartió la experiencia de su programa insignia de reforestación “Sembrando Vidas” y la reducción en la producción petrolera mexicana. Finalmente, tercero, sus palabras estuvieron fuera de contexto: incluyó un tema ajeno a la cumbre, la migración irregular de centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos, proponiendo a Biden que invierta en la ampliación del programa “Sembrando Vidas” a Centroamérica, ofreciendo visas de trabajo temporales a quienes participen en este programa por tres años y luego residencia o nacionalidad estadounidense tras tres o cuatro años adicionales.

Dado que había conocimiento previo por parte de Estados Unidos sobre estos tres puntos, no es de sorprender que el presidente Biden haya abandonado la sala cuando hablaba el presidente mexicano. En diplomacia, la reciprocidad y el protocolo son la base de toda negociación y cooperación: si el presidente AMLO no tuvo la cortesía de escuchar a sus homólogos y dedicar su mensaje al tema central de la cumbre, no podía esperar un trato especial por parte de su anfitrión. Jorge Castañeda lo llamo “el terrible desaire de Biden a AMLO” en su artículo en Nexos del 22 de abril; yo lo llamo simple y llana reciprocidad diplomática.

En suma, los intercambios entre Biden y AMLO en los primeros 100 días de la presidencia del presidente Biden (llamada telefónica, reunión virtual y cumbre sobre cambio climático) son muy indicativos del estado actual de la relación bilateral: están llenos de retórica de cordialidad (amistad, vecindad, cooperación, compromiso), pero han sido excesivamente generales, sin establecer acciones precisas. Sin embargo, reflejan claramente que las prioridades en la relación bilateral con la llegada de Biden (por la complejidad de esta relación interméstica) serán aquéllas que requieran de la cooperación con México para solución de las máximas prioridades de política interna (crisis de salud, económica y social) e internacional (crisis migratoria, cambio climático, gobernanza multilateral y China) de los Estados Unidos. Todavía es tiempo, aunque cada vez el intervalo de cooperación se esté reduciendo aceleradamente, de que México entienda estas prioridades, buscando los mecanismos de concertación con Estados Unidos que sirvan para atender estas crisis compartidas entre ambos países, para promover el bienestar y desarrollo de México.