Después de meses de un impasse político entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración de Dina Boluarte, se abre un nuevo capítulo del conflicto que parece no llegar a una pronta resolución. El pasado 27 de mayo, el presidente de México anunció una pausa de las relaciones económicas y comerciales con Perú, luego de que el parlamento andino emitiera días antes una declaratoria de persona non grata para el mandatario mexicano. La decisión de la República del Perú, sustentada por mayoría en el Congreso, se emite en un contexto de constante injerencia en los asuntos internos del país por parte de AMLO, acción que se viene suscitando de forma reiterada desde la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
Lo anterior denota gran parte de la inconsistencia y discrecionalidad con que AMLO conduce sus acciones hacia el exterior. Aun cuando, al inicio de su administración, en diciembre de 2018, el mandatario insistió en que su gobierno actuaría conforme a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, honrando la Doctrina Estrada, esta no es la primera vez –ni seguramente será la última– que el presidente actúa según sus propios conceptos y principios de política exterior, en perjuicio de la cancillería y el servicio exterior mexicano.
Cabe recalcar que esta ya es la segunda declaratoria de persona non grata realizada por Perú hacia autoridades mexicanas en los últimos seis meses, hecho nunca antes registrado en la historia de la relación bilateral. El primer caso, el 20 de diciembre de 2022, sucedió con respecto al embajador mexicano Pablo Monroy, quien tuvo que abandonar la máxima representación de México en Perú tras las declaraciones de apoyo del presidente AMLO hacia su homólogo Pedro Castillo. Como consecuencia, la relación bilateral se vio reducida a nivel encargado de negocios. Si bien, en aquél momento, el embajador mexicano se limitó a retirarse del país sin realizar alguna declaratoria, en el caso AMLO, este agradeció la decisión y la calificó como “un timbre de orgullo”, al tiempo que insistió en que no reconocerá la “presidencia espuria” de Dina Boluarte.
Asimismo, el mandatario mexicano, quien ha otorgado asilo político a la esposa e hijos del expresidente Castillo, conforme lo dicta la tradición diplomática mexicana, asegura que este fue víctima de un golpe de “la oligarquía peruana” e ignora que su actuar estuvo fuera de los límites constitucionales. Además, insiste en que Boluarte, que asumió el cargo vía sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, “fue impuesta” en el Gobierno de Perú y, por tanto, su presidencia es ilegítima. A este posicionamiento se suma el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien al igual que AMLO, no ha escatimado en expresar sus opiniones más personales y en calificar los procesos políticos del país andino.
Por otro lado, parte de la disputa con la República del Perú se centra en la renuencia de México por entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico, mecanismo de integración regional que ambos países comparten junto con Colombia y Chile. López Obrador tendría que haber entregado la titularidad del mecanismo a Perú en una cumbre programada en noviembre pasado en la Ciudad de México, para que este pudiera iniciar funciones en enero, conforme lo estipula el artículo séptimo del Acuerdo Marco de la Alianza. Sin embargo, justo en ese periodo, el intento de Castillo de disolver el congreso y de implantar un Estado de excepción convulsionó la política interna de la nación peruana.
Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel.
En este escenario, Boluarte ha manifestado que la posición reacia de su homólogo mexicano está generando la paralización de la mayoría de las acciones del bloque, cuya esencia es eminentemente comercial. Asimismo, ha advertido al gobierno de México que, de no formalizar el traspaso de la presidencia, “acarreará responsabilidad internacional” por incumplir con sus obligaciones jurídicas del Acuerdo Marco. En este sentido, Gabriel Boric, presidente de Chile, se ha mantenido como un actor más neutral, en un esfuerzo por mediar entre la posición compartida de México y Colombia con respecto a la legitimidad de Boluarte con el fin de preservar la Alianza y evitar aún más el deterioro de las relaciones. No obstante, para entregar la presidencia del organismo debe existir un consenso entre sus cuatro integrantes, motivo por el cual, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reafirma que se encuentran “en un paréntesis”.
Finalmente, bajo circunstancias normales, en 2026 debería concluir el gobierno peruano en turno pero el escenario de violencia e inestabilidad política favorece un ambiente propicio para que nuevos cambios políticos sucedan. No obstante, el actual bloqueo legislativo excluye del debate la opción de adelantar elecciones hasta el mes de agosto, dando como única vía para aminorar la crisis la dimisión de Boluarte. De concretarse dicha acción, la actual mandataria sería la séptima persona en gobernar Perú en los últimos siete años, un número extremadamente elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial del país es de cinco años y que, además, evidencia la ineficiencia del sistema político-institucional peruano para brindar gobernabilidad a sus presidentes.
Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel. Así, el ejercicio de una diplomacia presidencial, caracterizada por su inconsistencia y un presidente ausente, únicamente reduce la presencia y liderazgo de México en la región latinoamericana. Más aún, en un contexto donde Brasil intenta liderar un nuevo proceso de integración con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en consecuencia, sin México incluido. En cuanto a la Alianza del Pacífico, tarde o temprano debe producirse el cambio de presidencia, porque, finalmente, es un tratado internacional. Aunque, probablemente, cuando esto suceda el escenario regional será uno muy distinto.