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El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2000. Representa la evolución de una relación en constante acercamiento, sobre todo después de haberse firmado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación de 1997.

Si bien México ha celebrado otros tratados con otras naciones, éste tiene un matiz especial. Contiene un instrumento jurídico conocido como “cláusula democrática” que tiene implícita la manifestación de ambas partes de respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

México ha transitado durante la segunda mitad del Siglo XX por sucesos que lo llevaron hacia una lucha por la democracia que se consolida día a día y que ha servido de guía para reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, sobre todo luego de las violaciones graves ocurridas en este ámbito desde la década de los sesenta. El largo camino de México en este tema no ha sido fácil. Las desapariciones forzadas, la tortura y los feminicidios provocaron que muchos de los organismos internacionales emitieran opiniones y recomendaciones al Estado mexicano. Uno de los casos más representativos es el Caso Radilla, el cual fue determinante para los cambios constitucionales que se darían en 2011.

La democracia es sin duda uno de los motores que impulsan el avance y la progresión de los derechos humanos en un país; la Unión Europea tiene una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. América Latina, por su parte, aún no logra orientar sus políticas públicas para eliminar la desigualdad y la discriminación por lo que no tiene un control ciudadano eficaz sobre dichas políticas. México no es la excepción.
En este sentido, la cláusula democrática contenida en el TLCUEM revela el compromiso de los Estados con su sociedad civil al impulsar cambios que conduzcan al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto sin duda convierte a este instrumento, en principio únicamente económico, en uno que se va dibujando también en la esfera política.

Dicho lo anterior, podemos inferir que la cláusula democrática tiene un tinte de presión dentro de las relaciones internacionales ya que promueve ante todo la democracia entre quienes celebran tratados como el TLCUEM, como un requisito para poder tener relaciones económicas y comerciales. Esto definitivamente toca fibras sensibles en México debido a sus principios de política exterior, que son el resultado de una historia que registra intervenciones militares de otros países, así como también episodios injerencistas.

Es importante destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto a la violencia contra periodistas registrada en lo que va de este año, no es el primero que realiza. Desde 2017 ha manifestado su desacuerdo respecto al elevado número de violaciones graves en México, como lo hizo en su visita al Senado mexicano el Diputado del Parlamento Europeo Josep Marie Terricabras. Cabe señalar que, de manera periódica, los diputados europeos emiten opiniones relativas a los derechos humanos debido a la universalidad de los mismos.

La relevancia de la postura del Gobierno mexicano respecto al pronunciamiento del Parlamento Europeo es de índole político; no obstante, sí reaviva esas fibras sensibles que remontan al pasado que ha vivido México y en ese sentido representa un reto para la diplomacia mexicana. Tras un análisis minucioso del pronunciamiento europeo, le corresponde al gobierno mexicano destacar y transmitir a la comunidad internacional los avances de México en el tema de derechos humanos y el compromiso demostrado en el camino hacia su pleno goce y respeto por medio de instrumentos internacionales.

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El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.

Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.

Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.

A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.

En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.

Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.

Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.

Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.

Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.

En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.

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En la literatura académica de la disciplina de las Relaciones Internacionales, existe una marcada diferencia entre una política exterior de Estado y una de gobierno. La primera incluye decisiones que responden al interés nacional, reflejan continuidad con administraciones anteriores, están basadas en objetivos claros y concretos, son planificadas y deliberadas, reflejan un proyecto de nación con amplio consenso social y son tomadas a partir de la consulta o la consideración de los intereses de los diversos grupos internos y de los actores externos. La segunda es una política que responde exclusivamente a los intereses del grupo en el poder, es totalmente coyuntural y reactiva, no se basa en objetivos específicos ni es planificada, no refleja un amplio consenso y no toma en cuenta a otros actores involucrados en el tema.

El comunicado del gobierno de México, en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo en torno al tema de los periodistas asesinados en el país, no cumple con los criterios necesarios para considerarse una política exterior de Estado. En primer lugar, el texto carece de todo protocolo diplomático y contiene un lenguaje ofensivo para la contraparte. En un primer momento, parecía que se trataba de un documento falso. Incluso algunos diputados de MORENA lo consideraron “burdo” y solicitaron que la SRE lo desmintiera. Sin embargo, al día siguiente el mismo presidente anunció en su conferencia matutina que él había redactado el texto en un vuelo a Chiapas junto con su vocero oficial.

Un texto de esta naturaleza no debe ser escrito en tan corto tiempo y a partir del enojo por parte del jefe del Ejecutivo por el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. También es un error estratégico el no haber involucrado en el proceso de toma de decisiones al secretario de Relaciones Exteriores, el principal responsable de la política exterior del país. Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente AMLO basó su respuesta en función del principio de la No Intervención. Sin embargo, México firmó con la Unión Europea (UE) una cláusula de respeto a los derechos humanos cuando se concretó el acuerdo de libre comercio entre México y la UE. Este instrumento jurídico está al mismo nivel de la propia Constitución mexicana. En este sentido, los eurodiputados pueden hacer este tipo de observaciones y solicitudes. Por lo tanto, no hay elementos para decir que ellos estaban interfiriendo en los asuntos internos de México. Si a la administración de AMLO no le parecen este tipo de posicionamientos, entonces debe denunciar el tratado. Mientras esté en vigor, no puede hacer este tipo de pronunciamientos.

Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

El comunicado de AMLO no representa el interés nacional porque es reflejo de los intereses del grupo en el poder. Es claro que la carta estaba dirigida principalmente a los grupos que apoyan al actual mandatario. Parece que al presidente le preocupa su popularidad y toma estas decisiones para que un sector de la sociedad lo vea como el héroe que defiende a México frente a los extranjeros imperialistas. Sin embargo, hay otros sectores que están en desacuerdo con este tipo de medidas. Por lo tanto, la polarización aumenta en el país, lo cual no ayuda ni a la política interna ni a la externa. Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes. Por su parte, la oposición criticó abiertamente al presidente e incluso mandó cartas al Parlamento Europeo para deslindarse del comunicado de AMLO.

Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes.

El comunicado incluso puede ir en contra del interés nacional porque puede afectar la relación política y comercial con la Unión Europea. Tampoco representa continuidad con la política establecida desde el sexenio de Ernesto Zedillo para hacer de Europa una opción de diversificación económica y para atraer inversiones. Por lo tanto, la carta de AMLO al Parlamento Europeo no es congruente con los objetivos de política exterior de México frente a la UE ni fue una decisión planificada. Fue totalmente reactiva. Además, el posicionamiento no refleja un proyecto de nación de amplio consenso puesto que muchos sectores de la sociedad no estuvieron de acuerdo con la medida. El presidente no consultó a actores clave, ni siquiera al secretario de Relaciones Exteriores. Efectivamente, el artículo 89 de la Constitución faculta al Ejecutivo para “dirigir” la política exterior de México. Pero si sus decisiones representan los intereses exclusivos del grupo en el poder, entonces no se trata de una política exterior de Estado. Es, por tanto, una política exterior de gobierno. México debe aspirar a acciones que verdaderamente reflejen una política exterior de Estado para promover el interés nacional y para reflejar una imagen de un país que se comporta a la altura de los desafíos del sistema internacional.

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