Después de meses de un impasse político entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración de Dina Boluarte, se abre un nuevo capítulo del conflicto que parece no llegar a una pronta resolución. El pasado 27 de mayo, el presidente de México anunció una pausa de las relaciones económicas y comerciales con Perú, luego de que el parlamento andino emitiera días antes una declaratoria de persona non grata para el mandatario mexicano. La decisión de la República del Perú, sustentada por mayoría en el Congreso, se emite en un contexto de constante injerencia en los asuntos internos del país por parte de AMLO, acción que se viene suscitando de forma reiterada desde la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Lo anterior denota gran parte de la inconsistencia y discrecionalidad con que AMLO conduce sus acciones hacia el exterior. Aun cuando, al inicio de su administración, en diciembre de 2018, el mandatario insistió en que su gobierno actuaría conforme a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, honrando la Doctrina Estrada, esta no es la primera vez –ni seguramente será la última– que el presidente actúa según sus propios conceptos y principios de política exterior, en perjuicio de la cancillería y el servicio exterior mexicano.

Cabe recalcar que esta ya es la segunda declaratoria de persona non grata realizada por Perú hacia autoridades mexicanas en los últimos seis meses, hecho nunca antes registrado en la historia de la relación bilateral. El primer caso, el 20 de diciembre de 2022, sucedió con respecto al embajador mexicano Pablo Monroy, quien tuvo que abandonar la máxima representación de México en Perú tras las declaraciones de apoyo del presidente AMLO hacia su homólogo Pedro Castillo. Como consecuencia, la relación bilateral se vio reducida a nivel encargado de negocios. Si bien, en aquél momento, el embajador mexicano se limitó a retirarse del país sin realizar alguna declaratoria, en el caso AMLO, este agradeció la decisión y la calificó como “un timbre de orgullo”, al tiempo que insistió en que no reconocerá la “presidencia espuria” de Dina Boluarte.

Asimismo, el mandatario mexicano, quien ha otorgado asilo político a la esposa e hijos del expresidente Castillo, conforme lo dicta la tradición diplomática mexicana, asegura que este fue víctima de un golpe de “la oligarquía peruana” e ignora que su actuar estuvo fuera de los límites constitucionales. Además, insiste en que Boluarte, que asumió el cargo vía sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, “fue impuesta” en el Gobierno de Perú y, por tanto, su presidencia es ilegítima. A este posicionamiento se suma el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien al igual que AMLO, no ha escatimado en expresar sus opiniones más personales y en calificar los procesos políticos del país andino.

Por otro lado, parte de la disputa con la República del Perú se centra en la renuencia de México por entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico, mecanismo de integración regional que ambos países comparten junto con Colombia y Chile. López Obrador tendría que haber entregado la titularidad del mecanismo a Perú en una cumbre programada en noviembre pasado en la Ciudad de México, para que este pudiera iniciar funciones en enero, conforme lo estipula el artículo séptimo del Acuerdo Marco de la Alianza. Sin embargo, justo en ese periodo, el intento de Castillo de disolver el congreso y de implantar un Estado de excepción convulsionó la política interna de la nación peruana.

Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel.

En este escenario, Boluarte ha manifestado que la posición reacia de su homólogo mexicano está generando la paralización de la mayoría de las acciones del bloque, cuya esencia es eminentemente comercial. Asimismo, ha advertido al gobierno de México que, de no formalizar el traspaso de la presidencia, “acarreará responsabilidad internacional” por incumplir con sus obligaciones jurídicas del Acuerdo Marco. En este sentido, Gabriel Boric, presidente de Chile, se ha mantenido como un actor más neutral, en un esfuerzo por mediar entre la posición compartida de México y Colombia con respecto a la legitimidad de Boluarte con el fin de preservar la Alianza y evitar aún más el deterioro de las relaciones. No obstante, para entregar la presidencia del organismo debe existir un consenso entre sus cuatro integrantes, motivo por el cual, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reafirma que se encuentran “en un paréntesis”.

Finalmente, bajo circunstancias normales, en 2026 debería concluir el gobierno peruano en turno pero el escenario de violencia e inestabilidad política favorece un ambiente propicio para que nuevos cambios políticos sucedan. No obstante, el actual bloqueo legislativo excluye del debate la opción de adelantar elecciones hasta el mes de agosto, dando como única vía para aminorar la crisis la dimisión de Boluarte. De concretarse dicha acción, la actual mandataria sería la séptima persona en gobernar Perú en los últimos siete años, un número extremadamente elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial del país es de cinco años y que, además, evidencia la ineficiencia del sistema político-institucional peruano para brindar gobernabilidad a sus presidentes.

Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel. Así, el ejercicio de una diplomacia presidencial, caracterizada por su inconsistencia y un presidente ausente, únicamente reduce la presencia y liderazgo de México en la región latinoamericana. Más aún, en un contexto donde Brasil intenta liderar un nuevo proceso de integración con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en consecuencia, sin México incluido. En cuanto a la Alianza del Pacífico, tarde o temprano debe producirse el cambio de presidencia, porque, finalmente, es un tratado internacional. Aunque, probablemente, cuando esto suceda el escenario regional será uno muy distinto.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha registrado dos importantes crisis diplomáticas con respecto a sus relaciones con países sudamericanos. Si bien, desde su toma de posesión como presidente del país, en diciembre de 2018, el mandatario mexicano declaró que en materia de política exterior su gobierno actuaría en estricto apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, lo cierto es que no tiene empacho en expresar abiertamente sus muy personales opiniones políticas sobre otros países, sus gobiernos y hasta de calificar sus procesos electorales. En contraste, cuando la comunidad internacional señala los hierros de su gobierno, el presidente apela a la soberanía y la no intervención.

Las opiniones del encargado de diseñar y conducir la política exterior de México han dado como resultado serias fricciones con países como España, Panamá y Colombia, mismas que han tenido que ser resueltas por las gestiones diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano y la voluntad de los liderazgos políticos de tales países. Pero en otros casos, como lo son Bolivia y Perú, las declaraciones e intromisiones del mandatario mexicano terminaron con la declaración de persona non grata a los titulares de las representaciones diplomáticas de México, hechos nunca antes registrados en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con esos países.

El primero de los casos inició en 2019, tras la renuncia presidencial de Evo Morales al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La crisis política que se desarrolló en el país andino, tras el proceso de elecciones generales en octubre de ese mismo año, fue resultado de los intentos del mandatario boliviano para reelegirse en el cargo. Evo Morales gobernó de forma ininterrumpida desde el año 2006 y planeaba continuar durante el periodo 2020-2025. A través del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales logró el triunfo en las urnas, bajo severas críticas, acusaciones de fraude y protestas sociales, con el 47% de los sufragios totales. Sin embargo, durante los primeros días del mes de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia al cargo, toda vez que había perdido el apoyo del ejército y la policía, elementos de la fuerza pública boliviana que le recomendaron dejar la presidencia.

El gobierno de AMLO condenó esa acción como un golpe de Estado. De forma inmediata ofreció el mecanismo de asilo político con la intención declarada de brindar protección a la vida del ex mandatario, quien de forma inmediata la aceptó. De esta forma, en una operación propia de un thriller político, comandada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, un avión de la fuerza aérea mexicana extrajo a Evo Morales de Bolivia el 11 de noviembre de 2019 para ser llevado a la Ciudad de México. Morales, en calidad de asilado político, fue recibido por AMLO. Enseguida, el nuevo gobierno boliviano, declarado ipso facto en favor de la legisladora Jeanine Áñez, acusó a Evo Morales de alentar desde México los disturbios en su país. Por el apoyo brindado por el gobierno de México a Morales, el gobierno de Jeanine Áñez declaró persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado solicitándole abandonar el país es un plazo de 72 horas. La embajadora Mercado regresó a México el 31 de diciembre de 2019 en medio de una fuerte polémica diplomática con el cambio de residencia de Evo Morales a Argentina, auspiciado por el gobierno de Alberto Fernández. En enero del 2021, con la llegada de Luis Arce (candidato del MAS) a la presidencia de Bolivia, la embajadora María Teresa Mercado reanudó sus funciones como embajadora de México en dicho país con la intención de intensificar la cercanía entre ambos países en el marco del 190 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

"[…] el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego 'a modo' de la Doctrina Estrada."

El segundo caso, el 20 de diciembre de 2022, fue la expulsión de Pablo Monroy quien se desempeñaba como embajador de México en Perú. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se anunció la declaratoria de persona non grata para el embajador mexicano. La situación tuvo como raíz las declaraciones de apoyo del presidente AMLO al presidente peruano Pedro Castillo. Debe recordarse que Castillo exhortó a instalar un “gobierno de excepción”, convocar a elecciones para un congreso constituyente y por último decretó un toque de queda en todo el país andino. Tras el arresto del presidente Castillo por parte de la policía peruana en los primeros días de diciembre de 2022, llegó al gobierno la congresista Dina Boluarte.

Para el mandatario mexicano, Pedro Castillo fue depuesto por un “golpe del conservadurismo” e insistió que el gobierno de México realizaba una pausa en las relaciones, al mismo tiempo, hizo público el reconocimiento de Castillo como presidente de Perú. De inmediato la presidenta Boluarte condenó las declaraciones realizadas por AMLO. A través de la cancillería peruana, el gobierno protestó que “tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorios del principio de no intervención”. AMLO insistió tanto en la defensa de Castillo, al igual que los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia, como el tema de la pausa diplomática entre ambos gobiernos. De tal suerte que la cancillería mexicana solo se limitó a retirar al embajador Monroy, pero sin cerrar la embajada en Lima, con el argumento de continuar brindando protección a los connacionales en dicho país.

En conclusión, el hecho de que gobiernos de izquierda como el de Bolivia o Perú fueran afines a las políticas del presidente AMLO en México, no fue un inhibidor para que las relaciones entre los países pasaran por sus peores momentos registrados a lo largo de la historia. Dos factores resultan ser las causas de estos distanciamientos o “pausas”, como gusta llamarlas el presidente de México. El primero de ellos, de carácter interno, es el nulo interés de AMLO por los asuntos internacionales. Reduce con ello su presencia y liderazgo en Latinoamérica, misma que pretende conducir, al igual que la política nacional desde la tribuna de La Mañanera. El segundo, de tipo externo, tiene que ver con los graves problemas políticos que atraviesan países como Bolivia y Perú. De tal suerte, Bolivia vive bajo un intenso nivel de polarización política, avivado por el ex presidente Evo Morales y MAS. El caso de Perú responde a una crisis sistémica, tras el fin de la dictadura del fujimorismo, cuatro presidentes se encuentran encarcelados y uno más se suicidó. En ese sentido, el sistema de partidos provoca que exista una alta volatilidad y tanto partidos políticos como sus candidaturas aparezcan y desaparezcan en cada elección. Ello obliga a que las presidencias peruanas sean rehenes o raptores de sus propios congresos. Bajo ese escenario internacional, el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego “a modo” de la Doctrina Estrada.