La problemática de las drogas históricamente ha planteado diversos desafíos para las sociedades antiguas y modernas. Diversas drogas como el opio, el LSD, la marihuana y la cocaína, entre otros, han influenciado la manera en que se entiende este fenómeno en muchas culturas. En la actualidad, la producción, comercialización y consumo de drogas indudablemente está arraigada a ubicaciones geográficas que brindan bondades, ventajas y beneficios para ese mercado. En esta dinámica convergen regiones estratégicas que actúan respecto a la demanda y oferta. Respecto a la producción, según datos de la ONU, Colombia con más de 200,000 hectáreas en el 2021 se ubica como el mayor productor de cocaína en el mundo. Además, en el país andino se siembran drogas como marihuana y amapola en zonas como Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

En efecto, en el proceso de producción y comercialización de la cocaína intervienen miles de campesinos colombianos de las zonas más marginadas del país que ven en los rendimientos de la siembra de hoja de coca la solución al abandono del agro por parte del Estado. La población campesina e indígenas que se dedica a esta actividad son parte de entornos de pobreza extrema y vulnerabilidad en donde no existen servicios públicos, colegios, ni vías terrestres aptas para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ven en la ilegalidad la única alternativa para tener una solvencia económica que garantice la subsistencia propia y de su grupo familiar. Además, la falta de instituciones y presencia del ejército o policía colombiana en la zona facilitan la injerencia de grupos al margen de la ley que gobiernan estos territorios y que fomentan el bienestar de la comunidad.

Por otro lado, en el norte del mismo continente se encuentra México, uno de los principales corredores de drogas en el mundo. Según el Congreso de Estados Unidos, en México existen más de 15 organizaciones narcotraficantes que se disputan el territorio, las cuales están fuertemente armadas y controlan regiones estratégicas por donde envían drogas a EE.UU. En paralelo, según el CIDE, en México operan más de 150 bandas criminales las cuales se dedican a secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas. Los tentáculos de las poderosas estructuras narco-criminales controlan regiones y municipios enteros. Además, de acuerdo con investigadores de la San Diego State University, la influencia de estas estructuras se ha diversificado a temas como tala ilegal, industria del aguacate, minas ilegales, migración, entre otros. Sin embargo, probablemente la que más beneficios redituables ha traído ha sido el robo de gasolina ya que este recurso es vendido ilegalmente por todo el territorio mexicano. Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del narcotráfico bajo una mirada enfocada en el caso mexicano y colombiano.

"La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado."

Respecto a los dos casos analizados anteriormente, la magnitud de la relación de Colombia y México en temas de narcotráfico es innegable. Colombia es el principal proveedor de cocaína que transportan los carteles mexicanos rumbo a Europa y Estados Unidos. La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado. El aumento considerable de miles de hectáreas de coca en Colombia se le atribuye, en buena parte, a los negocios con el narco mexicano y la alta demanda de consumidores en Estados Unidos y Europa. Existen reportes de campesinos en el que experimentan con nuevas semillas con el fin de producir más cantidades en menos tiempo. De igual manera, el dinero del narco mexicano y estructuras criminales aliadas en Colombia los hace acreedores del control de pistas clandestinas y zonas aeroportuarias desde donde envían los cargamentos de drogas a México y otros destinos.

En ese sentido, el negocio de las drogas en sus diferentes etapas a través de estructuras narcotraficantes transfronterizas, auspiciadas por grupos al margen de la ley, generan una problemática reflejada en regiones con índices históricos de violencia tanto en México como en Colombia. Además, a través de esta actividad existe un fomento de comunidades hacia la ilegalidad con base en la falta de oportunidades por parte de los gobiernos en cuestión. Los vínculos del narco mexicano y las organizaciones criminales con grupos al margen de la ley al interior de Colombia fortalecen el entramado criminal dotándoles de recursos financieros para la ilegalidad expresada en un mayor número de miembros y mejores elementos de dotación. El poder de estos grupos en algunas regiones ha desafiado la institucionalidad del gobierno, generando una connotación de debilidad e insuficiencia gubernamental.

En definitiva, bajo una visión crítica, el concepto de lucha antidrogas en México, Colombia y a nivel global debe ser repensado desde una mirada integral. Más aún, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas no es un problema que interese únicamente a los dos países, sino que sus efectos se vislumbran directa o indirectamente a nivel global, la visión actual de las drogas y su posterior acción en contra de esta es un generador de focos de violencia en diferentes zonas. La guerra histórica contra las drogas, en vez de generar resultados definitivos, ha exacerbado sus consecuencias. Este replanteamiento del fenómeno de las drogas tiene que llevar al gobierno mexicano y colombiano a meditar en la influencia de Estados Unidos en las políticas antidrogas en el cono sur a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los cuales han sido un rotundo fracaso en la práctica.

El replanteamiento en el tratamiento en temas antidrogas es imperante. La necesidad de cambio de visión por parte de los gobiernos en el mundo parte del reconocimiento del consumo de drogas, no bajo la lupa de una política de criminalización, sino tratado a través de un tema de salud pública. Si gobiernos como el estadounidense se enfocaran en programas serios y rigurosos de prevención de consumo de drogas, indudablemente bajaría la demanda lo cual significaría que se reducirían los mercados y esto llevaría a una disminución significativa de comercialización de narcóticos. Finalmente, cabe señalar que las drogas, su comercialización y efectos son una realidad y dependerá del gobierno si el monopolio de estas sustancias queda en manos de estructuras narcotraficantes, con todo lo que implica, o lo ostenta él mismo imponiendo las condiciones en toda la cadena productiva.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha registrado dos importantes crisis diplomáticas con respecto a sus relaciones con países sudamericanos. Si bien, desde su toma de posesión como presidente del país, en diciembre de 2018, el mandatario mexicano declaró que en materia de política exterior su gobierno actuaría en estricto apego a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, lo cierto es que no tiene empacho en expresar abiertamente sus muy personales opiniones políticas sobre otros países, sus gobiernos y hasta de calificar sus procesos electorales. En contraste, cuando la comunidad internacional señala los hierros de su gobierno, el presidente apela a la soberanía y la no intervención.

Las opiniones del encargado de diseñar y conducir la política exterior de México han dado como resultado serias fricciones con países como España, Panamá y Colombia, mismas que han tenido que ser resueltas por las gestiones diplomáticas del Servicio Exterior Mexicano y la voluntad de los liderazgos políticos de tales países. Pero en otros casos, como lo son Bolivia y Perú, las declaraciones e intromisiones del mandatario mexicano terminaron con la declaración de persona non grata a los titulares de las representaciones diplomáticas de México, hechos nunca antes registrados en la historia de nuestras relaciones diplomáticas con esos países.

El primero de los casos inició en 2019, tras la renuncia presidencial de Evo Morales al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La crisis política que se desarrolló en el país andino, tras el proceso de elecciones generales en octubre de ese mismo año, fue resultado de los intentos del mandatario boliviano para reelegirse en el cargo. Evo Morales gobernó de forma ininterrumpida desde el año 2006 y planeaba continuar durante el periodo 2020-2025. A través del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales logró el triunfo en las urnas, bajo severas críticas, acusaciones de fraude y protestas sociales, con el 47% de los sufragios totales. Sin embargo, durante los primeros días del mes de noviembre, Evo Morales presentó su renuncia al cargo, toda vez que había perdido el apoyo del ejército y la policía, elementos de la fuerza pública boliviana que le recomendaron dejar la presidencia.

El gobierno de AMLO condenó esa acción como un golpe de Estado. De forma inmediata ofreció el mecanismo de asilo político con la intención declarada de brindar protección a la vida del ex mandatario, quien de forma inmediata la aceptó. De esta forma, en una operación propia de un thriller político, comandada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, un avión de la fuerza aérea mexicana extrajo a Evo Morales de Bolivia el 11 de noviembre de 2019 para ser llevado a la Ciudad de México. Morales, en calidad de asilado político, fue recibido por AMLO. Enseguida, el nuevo gobierno boliviano, declarado ipso facto en favor de la legisladora Jeanine Áñez, acusó a Evo Morales de alentar desde México los disturbios en su país. Por el apoyo brindado por el gobierno de México a Morales, el gobierno de Jeanine Áñez declaró persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado solicitándole abandonar el país es un plazo de 72 horas. La embajadora Mercado regresó a México el 31 de diciembre de 2019 en medio de una fuerte polémica diplomática con el cambio de residencia de Evo Morales a Argentina, auspiciado por el gobierno de Alberto Fernández. En enero del 2021, con la llegada de Luis Arce (candidato del MAS) a la presidencia de Bolivia, la embajadora María Teresa Mercado reanudó sus funciones como embajadora de México en dicho país con la intención de intensificar la cercanía entre ambos países en el marco del 190 aniversario de sus relaciones diplomáticas.

"[…] el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego 'a modo' de la Doctrina Estrada."

El segundo caso, el 20 de diciembre de 2022, fue la expulsión de Pablo Monroy quien se desempeñaba como embajador de México en Perú. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se anunció la declaratoria de persona non grata para el embajador mexicano. La situación tuvo como raíz las declaraciones de apoyo del presidente AMLO al presidente peruano Pedro Castillo. Debe recordarse que Castillo exhortó a instalar un “gobierno de excepción”, convocar a elecciones para un congreso constituyente y por último decretó un toque de queda en todo el país andino. Tras el arresto del presidente Castillo por parte de la policía peruana en los primeros días de diciembre de 2022, llegó al gobierno la congresista Dina Boluarte.

Para el mandatario mexicano, Pedro Castillo fue depuesto por un “golpe del conservadurismo” e insistió que el gobierno de México realizaba una pausa en las relaciones, al mismo tiempo, hizo público el reconocimiento de Castillo como presidente de Perú. De inmediato la presidenta Boluarte condenó las declaraciones realizadas por AMLO. A través de la cancillería peruana, el gobierno protestó que “tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorios del principio de no intervención”. AMLO insistió tanto en la defensa de Castillo, al igual que los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia, como el tema de la pausa diplomática entre ambos gobiernos. De tal suerte que la cancillería mexicana solo se limitó a retirar al embajador Monroy, pero sin cerrar la embajada en Lima, con el argumento de continuar brindando protección a los connacionales en dicho país.

En conclusión, el hecho de que gobiernos de izquierda como el de Bolivia o Perú fueran afines a las políticas del presidente AMLO en México, no fue un inhibidor para que las relaciones entre los países pasaran por sus peores momentos registrados a lo largo de la historia. Dos factores resultan ser las causas de estos distanciamientos o “pausas”, como gusta llamarlas el presidente de México. El primero de ellos, de carácter interno, es el nulo interés de AMLO por los asuntos internacionales. Reduce con ello su presencia y liderazgo en Latinoamérica, misma que pretende conducir, al igual que la política nacional desde la tribuna de La Mañanera. El segundo, de tipo externo, tiene que ver con los graves problemas políticos que atraviesan países como Bolivia y Perú. De tal suerte, Bolivia vive bajo un intenso nivel de polarización política, avivado por el ex presidente Evo Morales y MAS. El caso de Perú responde a una crisis sistémica, tras el fin de la dictadura del fujimorismo, cuatro presidentes se encuentran encarcelados y uno más se suicidó. En ese sentido, el sistema de partidos provoca que exista una alta volatilidad y tanto partidos políticos como sus candidaturas aparezcan y desaparezcan en cada elección. Ello obliga a que las presidencias peruanas sean rehenes o raptores de sus propios congresos. Bajo ese escenario internacional, el presidente AMLO opta por una política exterior que utiliza los principios de forma discrecional y un apego “a modo” de la Doctrina Estrada.