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Después de meses de un impasse político entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración de Dina Boluarte, se abre un nuevo capítulo del conflicto que parece no llegar a una pronta resolución. El pasado 27 de mayo, el presidente de México anunció una pausa de las relaciones económicas y comerciales con Perú, luego de que el parlamento andino emitiera días antes una declaratoria de persona non grata para el mandatario mexicano. La decisión de la República del Perú, sustentada por mayoría en el Congreso, se emite en un contexto de constante injerencia en los asuntos internos del país por parte de AMLO, acción que se viene suscitando de forma reiterada desde la destitución y detención del expresidente peruano Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

Lo anterior denota gran parte de la inconsistencia y discrecionalidad con que AMLO conduce sus acciones hacia el exterior. Aun cuando, al inicio de su administración, en diciembre de 2018, el mandatario insistió en que su gobierno actuaría conforme a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación, honrando la Doctrina Estrada, esta no es la primera vez –ni seguramente será la última– que el presidente actúa según sus propios conceptos y principios de política exterior, en perjuicio de la cancillería y el servicio exterior mexicano.

Cabe recalcar que esta ya es la segunda declaratoria de persona non grata realizada por Perú hacia autoridades mexicanas en los últimos seis meses, hecho nunca antes registrado en la historia de la relación bilateral. El primer caso, el 20 de diciembre de 2022, sucedió con respecto al embajador mexicano Pablo Monroy, quien tuvo que abandonar la máxima representación de México en Perú tras las declaraciones de apoyo del presidente AMLO hacia su homólogo Pedro Castillo. Como consecuencia, la relación bilateral se vio reducida a nivel encargado de negocios. Si bien, en aquél momento, el embajador mexicano se limitó a retirarse del país sin realizar alguna declaratoria, en el caso AMLO, este agradeció la decisión y la calificó como “un timbre de orgullo”, al tiempo que insistió en que no reconocerá la “presidencia espuria” de Dina Boluarte.

Asimismo, el mandatario mexicano, quien ha otorgado asilo político a la esposa e hijos del expresidente Castillo, conforme lo dicta la tradición diplomática mexicana, asegura que este fue víctima de un golpe de “la oligarquía peruana” e ignora que su actuar estuvo fuera de los límites constitucionales. Además, insiste en que Boluarte, que asumió el cargo vía sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, “fue impuesta” en el Gobierno de Perú y, por tanto, su presidencia es ilegítima. A este posicionamiento se suma el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien al igual que AMLO, no ha escatimado en expresar sus opiniones más personales y en calificar los procesos políticos del país andino.

Por otro lado, parte de la disputa con la República del Perú se centra en la renuencia de México por entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico, mecanismo de integración regional que ambos países comparten junto con Colombia y Chile. López Obrador tendría que haber entregado la titularidad del mecanismo a Perú en una cumbre programada en noviembre pasado en la Ciudad de México, para que este pudiera iniciar funciones en enero, conforme lo estipula el artículo séptimo del Acuerdo Marco de la Alianza. Sin embargo, justo en ese periodo, el intento de Castillo de disolver el congreso y de implantar un Estado de excepción convulsionó la política interna de la nación peruana.

Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel.

En este escenario, Boluarte ha manifestado que la posición reacia de su homólogo mexicano está generando la paralización de la mayoría de las acciones del bloque, cuya esencia es eminentemente comercial. Asimismo, ha advertido al gobierno de México que, de no formalizar el traspaso de la presidencia, “acarreará responsabilidad internacional” por incumplir con sus obligaciones jurídicas del Acuerdo Marco. En este sentido, Gabriel Boric, presidente de Chile, se ha mantenido como un actor más neutral, en un esfuerzo por mediar entre la posición compartida de México y Colombia con respecto a la legitimidad de Boluarte con el fin de preservar la Alianza y evitar aún más el deterioro de las relaciones. No obstante, para entregar la presidencia del organismo debe existir un consenso entre sus cuatro integrantes, motivo por el cual, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reafirma que se encuentran “en un paréntesis”.

Finalmente, bajo circunstancias normales, en 2026 debería concluir el gobierno peruano en turno pero el escenario de violencia e inestabilidad política favorece un ambiente propicio para que nuevos cambios políticos sucedan. No obstante, el actual bloqueo legislativo excluye del debate la opción de adelantar elecciones hasta el mes de agosto, dando como única vía para aminorar la crisis la dimisión de Boluarte. De concretarse dicha acción, la actual mandataria sería la séptima persona en gobernar Perú en los últimos siete años, un número extremadamente elevado teniendo en cuenta que el mandato presidencial del país es de cinco años y que, además, evidencia la ineficiencia del sistema político-institucional peruano para brindar gobernabilidad a sus presidentes.

Por otro lado, no hay duda de que en materia de política exterior, López Obrador ha violado recurrentemente los principios que tanto predica, relegando a la Cancillería y al Servicio Exterior Mexicano a un segundo nivel. Así, el ejercicio de una diplomacia presidencial, caracterizada por su inconsistencia y un presidente ausente, únicamente reduce la presencia y liderazgo de México en la región latinoamericana. Más aún, en un contexto donde Brasil intenta liderar un nuevo proceso de integración con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en consecuencia, sin México incluido. En cuanto a la Alianza del Pacífico, tarde o temprano debe producirse el cambio de presidencia, porque, finalmente, es un tratado internacional. Aunque, probablemente, cuando esto suceda el escenario regional será uno muy distinto.

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El 28 de abril de 2011, hace 10 años, los presidentes de Chile, Colombia México y Perú firmaron la Declaración de Lima para crear a la Alianza del Pacífico (AP): en ese entonces un nuevo esquema de integración latinoamericano, en donde el libre comercio, la libre circulación de personas y la cooperación conforman sus referentes más significativos.

Esta Alianza tiene como fin promover diversos objetivos, entre los cuales destacan incentivar interacciones políticas, económicas y sociales entre sus miembros, con miras a articular integración profunda, que les fortalezcan en lo individual y como bloque regional. La AP obedeció a un contexto histórico y regional caracterizado por el entonces auge de mecanismos proclives al regionalismo post hegemónico, en donde sobresalen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que dejaban a Santiago, Bogotá, México y Lima -en aquellos años de clara tendencia neoliberal- “fuera de órbita”, aislados o en desventaja respecto a los esquemas progresistas señalados. Asimismo, la Alianza nació con una optimista orientación tendiente a insertarse de manera vibrante a lo largo de la rivera del mar Pacífico, en donde Asia constituye el espacio territorial de mayor trascendencia, dado su creciente poderío político, económico y geoestratégico.

Desde ese entonces hasta hoy en día, el contexto interno, regional y global en el que hace una década se creó a la AP se ha transformado de manera vertiginosa. Muestra de ello es que la ALBA, el Mercosur y la UNASUR sufren de complejas crisis. Otro ejemplo de estos turbulentos cambios se refiere a que tres de los cuatro países miembros (con excepción de Colombia) han sufrido alternancia en sus respectivos liderazgos presidenciales, ya sea con gobiernos de derecha o de izquierda. Asimismo, el libre comercio, como principal bandera de esta asociación de Estados, ha perdido peso, debido a la ralentización del comercio internacional, lo cual se profundiza como efecto de la emergencia por la Covid-19 que limita, aún más, los exiguos intercambios comerciales entre este cuarteto de países, cuyo porcentaje no sobrepasa el 3% del comercio total. El decir, las transacciones mercantiles intra AP son mínimas respecto a lo estipulado; lejos del 15% planeado para el año 2030. De igual forma, los viajes de negocios, turismo, etc. entre nacionales de los países involucrados, tras 8 años de franco aumento, también a causa de la pandemia se redujeron en cerca del 70%. Mientras tanto, el ejercicio “insignia” de cooperación bajo el sello AP, la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, que permite a alumnos y profesores universitarios realizar estancias en cualquiera de los otros tres países, paró, hasta que el Coronavirus lo permita.

Independientemente de lo anterior, la AP continua su marcha y no ha dejado de abordar temas clave, aunque simbólicos, de su amplia agenda, en donde iniciativas como la equidad de género, la agenda digital o el “Reto Covid”, mediante el cual se financian proyectos dedicados a enfrentar a esta enfermedad, muestran que este esquema de cooperación, aun en tiempos difíciles, intenta mantener su presencia en el panorama latinoamericano.

En ese sentido, el que la AP cuente con 59 países observadores ubicados en distintas esquinas del mundo, cuatro candidatos a países asociados (Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur), junto con el renovado interés de Ecuador para convertirse en país miembro, habla de la proyección internacional con que cuenta este esquema integrador.

Más allá de lo anterior, los retos más relevantes de la AP consisten en mantener esquemas políticos e institucionales que superen las referidas transformaciones internas y externas, en el sentido de reforzar la endeble cohesión entre sus integrantes. Ello es un desafío de especial relevancia, si se toma en cuenta que México pasó de ser un país de perfil neoliberal a pregonar lo contrario, bajo el ejercicio de una política exterior que, por el momento, no parece priorizar a la AP. Mientras tanto, en Perú, tras momentos de inestabilidad política, Pedro Castillo, el candidato de izquierda, parece tener opciones de conseguir el triunfo electoral en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021. Igualmente, el desgaste político del presidente Sebastián Piñera en Chile, evidenciados por distintas manifestaciones sociales, junto con un fenómeno similar en Colombia en contra del presidente Iván Duque (en donde las encuestas, a un año de las elecciones, dan por ganador a la izquierda), generan que el futuro o la identidad original de la AP sean inciertos.

Por lo tanto, es plausible que, frente a este vertiginoso escenario, los fundamentos aliancistas originales, propensos a la economía abierta y el libre mercado, den un giro, incluso hacia lineamentos progresistas o de izquierda, lo cual significaría, en caso de que la AP continúe existiendo, en caso extremo, un posible viraje de 180 grados de este mecanismo integrador.

En definitiva, tras una década de existencia, la Alianza, al no conseguir anclarse como ejercicio integrador consolidado, navega sin un horizonte claro por Latinoamérica y el Océano Pacífico, cuyo devenir dependerá de la resiliencia de sus fundamentos legales e institucionales, y, sobre todo, de la voluntad política que le concedan los presidentes en turno de Chile, Colombia, México y Perú; países que comparten la creciente polarización política y social entre sus habitantes; fenómeno opuesto al proceso de integración profunda de la AP.

De la conjunción de tales factores dependerá que la AP se mantenga a flote, reoriente sus horizontes, o que simplemente navegue a la deriva, sin un rumbo claro en la convulsa marejada que caracteriza a los distintos procesos de integración en Latinoamérica, que conviven y compiten en complejo entorno regional y global.

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En la primera década del siglo XXI, se desarrollaron distintos mecanismos de integración regional latinoamericana y caribeña, en los que, sobre todo los países sudamericanos buscaron ganar espacios de autonomía en la geopolítica regional respecto a la hegemonía estadounidense. Desde entonces, el panorama regional se ha reconfigurado y en la segunda década del siglo XXI la turbulencia política ha paralizado a la mayor parte de los procesos regionales de la década anterior. De ahí que surja la pregunta sobre ¿cómo se posiciona México en la geopolítica de la integración regional del siglo XXI? La hipótesis que guía este texto estriba en el hecho de que la situación geopolítica de México dificulta sus posibilidades de responder oportunamente a los cambios internacionales para articular e instrumentar un posicionamiento internacional más beneficioso de acuerdo con su interés nacional. Ante ello, con el fin de dilucidar esa hipótesis de trabajo, a continuación, se hace un breve esbozo sobre la geopolítica de la integración regional mexicana en la segunda década del siglo XXI.

El regionalismo debe comprenderse como aquella tendencia que integra a las regiones mediante la cooperación entre los gobiernos que dirigen sus procesos económicos, políticos y sociales sin perder su autonomía, pero contrayendo compromisos formales entre ellos, con el fin de alcanzar objetivos colectivos que no podrían conseguirse individualmente por falta de recursos y capacidades (Closa, 2016: 1). Una característica del regionalismo de América Latina y el Caribe es que, históricamente, ha evitado las estructuras de integración más rígidas de soberanía mancomunada, optando, más bien, por la cooperación intergubernamental, para lograr mayor capacidad estatal con la cual negociar en los sistemas hegemónicos mundiales (Petersen y Shulz, 2018: 121). Por eso, Tomassini (1981) decía que no basta estudiar la política exterior de los países, si no se adopta como punto de partida el análisis y el funcionamiento del sistema internacional considerado en su conjunto.

Así, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, el gobierno mexicano que mantenía la continuidad con las políticas neoliberales de la década de 1990 tomó el liderazgo para conformar con otros Estados de perfil similar, la Alianza del Pacífico, con el fin de realizar una integración profunda en la floreciente región del Asia Pacífico, revalidando el comercio al servicio de la integración (Prado y Velázquez, 2017). Los países que conformaron esa alianza también mantenían tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos, por lo que dicha iniciativa no tardó en articularse con los proyectos estadounidenses que buscaban contener las proyecciones económicas mundiales de China. De ahí que se haya sospechado sobre la utilidad geopolítica de la Alianza del Pacífico como mecanismo de contención de otras iniciativas de integración de corte más progresistas, contrapuestas a los intereses estadounidenses. Es por ello por lo que, los procesos regionales latinoamericanos y caribeños más recientes deben enmarcarse en los problemas de los Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial, a partir de su crisis económica y de credibilidad patente desde la década de 1970, y el paralelo ascenso de China, que, desde entonces, se ha ido convirtiendo en el nuevo centro de la economía mundial (Arrighi, 2007).

El gobierno chino busca la autoridad internacional, al practicar la credibilidad estratégica con sus aliados (Xuetong, 2016). Por eso China, ha ido aumentando su presencia en el mundo y, en particular, ha reforzado sus alianzas estratégicas en la región de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo XXI, prefiriendo para ello la interlocución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que por primera vez reúne a los 33 países de la región sin la presencia deliberada de los Estados Unidos, Canadá o alguna otra potencia extra regional. Este acercamiento se ha visto concretado en los Planes de Trabajo del Foro CELAC-China de 2015-2019 y de 2019-2021, con cientos de propuestas específicas de cooperación de largo plazo. Además, en 2018, el gobierno chino hizo la invitación explícita a los países miembros de la CELAC para sumarse a the Belt and Road Initiative, el megaproyecto de inversiones y financiamiento, que busca hacer girar a las regiones del mundo entorno a China, aprovechando su impulso económico y financiero.

En este panorama, a contracorriente del giro a la derecha en muchos países de la región, el gobierno de México viró a la izquierda tras la histórica victoria en las urnas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, pero a diferencia de los gobiernos de tendencia progresista de la década anterior, que replantearon sus relaciones exteriores con el fortalecimiento de alianzas regionales y subregionales desde una perspectiva geopolítica, en abierta oposición al Consenso de Washington, el nuevo gobierno mexicano mantiene una perspectiva más pragmática, bajo la idea de que “la mejor política exterior es la interior”, sin despegar su mirada de temas, de particular interés interno, vinculados con el exterior, como la migración y la reformulación del combate antidrogas, particularmente ligados a la histórica relación con los Estados Unidos (SEGOB-México, 2019). Aquí, por ejemplo, llama la atención que el gobierno mexicano haya expresado sus intenciones de revitalizar las relaciones con China, pero sin entrar the Belt and Road Initiative, lo cual refleja las tensiones propias de la geopolítica latinoamericana y caribeña, que ya no puede dejar de considerar la presencia china, sin abandonar sus vínculos históricos con los Estados Unidos.

En este contexto, la presidencia pro-tempore de México en la CELAC en 2020, y luego por motivos de la pandemia continuada en 2021, abrió la oportunidad al gobierno de López Obrador de encausar sus esfuerzos de política exterior para articularse con los países de la región, mejorar su diálogo político y la relación con los socios extra regionales, como China. En este panorama destaca el reciente eje entre México y el nuevo gobierno de tendencia progresista de Argentina, que mira a proyectarse en los espacios regionales como la CELAC, renovando las expectativas y el optimismo de reconstruir la integración latinoamericana y caribeña, entroncando con el proyecto de nuevo orden mundial al que apunta China. En estas condiciones, la política exterior del presidente López Obrador tiene el reto de acercarse más a China, para engancharse a los nuevos motores del crecimiento económico de la región Asia Pacífico, al mismo tiempo que encauce la estrecha relación que mantiene con los Estados Unidos para mejorar la competitividad de la economía mexicana en el mundo, además de aprovechar las redes socioculturales que mantiene con la Unión Europea y con el resto de los países de América Latina y el Caribe. En suma, México debe encausar sus esfuerzos para aprovechar la coyuntura de la geopolítica del siglo XXI.

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Referencias

Arrighi, Giovanni (2018 [2007]). Adam Smith en Pekín, Orígenes y fundamentos del siglo XX. Madrid, Akal.

Closa Carlos (2016). Governance structures and processes in integration organizations, Formalization of institutional credible commitments for governance. En: Closa Carlos, Casini. Lorenzo (coords). Comparative Regional Integration, Governance and Legal Models. United Kindom: Cambridge University Press, 1-153.

Prado, Juan Pablo y Velázquez, Rafael. (2017). La Alianza del Pacífico: comercio y cooperación al servicio de la integración. En Prado, Juan Pablo, Velázquez Rafael y Ochoa, Luis (eds). La Alianza del Pacífico, nuevo mecanismo de cooperación e integración latinoamericano. (págs. 63-86). AMEI-Fundación Konrad Adenauer.

Secretaría de Gobernación de México [SEGOB-México] (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Petersen Mark y Schulz, Carsten-Andreas (2018). Setting the Regional Agenda: A Critique of Post-hegemonic Regionalism. Latin American Politics and Society, 60(1),102-127.

Tomassini Luciano (1981). Falencias y falacias, notas sobre la evolución de las relaciones Norte-Sur. En Tomassini Luciano (selección). Las relaciones internacionales de América Latina. México: FCE, 41-62.

Xuetong Yan, (2016). Political Leadership and Power Redistribution. Chinese Journal of Internationalc Politics, 9(1),1-26.

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Diagnóstico

En la década de los años noventa del Siglo XX, tras el impulso del Nuevo Orden Internacional Multilateral que conllevó el fortalecimiento de bloques comerciales, la política exterior de México se enfocó a la diplomacia multinivel que respaldó la integración comercial con los Estados Unidos y Canadá con el consiguiente interés de priorizar la relación con América del Norte. Esto fue percibido erróneamente como una desviación de los lazos históricos y culturales con los países latinoamericanos.

Factores que conllevaron a esa situación

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se firmó en diciembre de 1992 por Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994 durante la presidencia de William Clinton. Después de casi 25 años, fue renegociado en el marco de una política proteccionista estadounidense. Así pues el 30 de noviembre de 2018, se firmó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también conocido como USMCA (Estados Unidos-México-Canadá) en Buenos Aires, Argentina.

En este escrito se expondrán brevemente las directrices en los dos últimos sexenios en relación a la política exterior, en donde encontramos un cambio significativo en el peso a las acciones sobre este particular. Mientras que Enrique Peña Nieto consideró fundamental sentar las bases para posicionar a México como actor global, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha retomado la postura que expresó durante la campaña presidencial con respecto a que “la mejor política exterior es la política interior”. Bajo la perspectiva de que las acciones hacia el exterior contribuirán al desarrollo nacional.1

En el Plan Nacional de Desarrollo de 2012-2018, se respaldó la importancia para reactivar la relación con las diferentes regiones y subregiones de la sociedad internacional. Específicamente con América Latina y el Caribe se fomentó el comercio e inversión, a través de la Alianza del Pacífico así como con Argentina y Brasil. Con los Estados del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, se respaldó la migración segura. A la par de los temas de agenda bilateral con Estados Unidos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, por su parte, carece de un capítulo sobre diplomacia multilateral y en lugar de ello, se incluye un breve apartado sobre la recuperación de los principios de política exterior. Solo se mencionan aspectos generales de la relación con Estados Unidos y Canadá así como con Centroamérica, sobre esta última el énfasis es buscar “desactivar el fenómeno migratorio”.2 En diversos foros, López Obrador ha expresado el interés de su gobierno por recuperar la unión con “Nuestra América”, al parafrasear a José Martí.

Recomendación de Política Pública

Ambos sexenios compartieron tres importantes desafíos interrelacionados, como son fortalecer el Estado de Derecho, tema migratorio y aspectos de seguridad, al enfocarnos en la postura hacia Latinoamérica puede establecerse continuidad. Para el gobierno actual podría agregarse la coyuntura planteada por la Pandemia de Covid-19 y diversas implicaciones en la toma de decisiones, en un escenario en el que se vuelve urgente recuperar la presencia de México en foros internacionales y no solo en los regionales, para entre otros aspectos ofrecer estabilidad para la inversión extranjera como opción para reactivar la economía.

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Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/objetivos-de-la-politica-exterior-de-mexico

2 DOF - Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

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