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El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM) se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2000. Representa la evolución de una relación en constante acercamiento, sobre todo después de haberse firmado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación de 1997.

Si bien México ha celebrado otros tratados con otras naciones, éste tiene un matiz especial. Contiene un instrumento jurídico conocido como “cláusula democrática” que tiene implícita la manifestación de ambas partes de respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos que se encuentran contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

México ha transitado durante la segunda mitad del Siglo XX por sucesos que lo llevaron hacia una lucha por la democracia que se consolida día a día y que ha servido de guía para reconocer la importancia del respeto a los derechos humanos, sobre todo luego de las violaciones graves ocurridas en este ámbito desde la década de los sesenta. El largo camino de México en este tema no ha sido fácil. Las desapariciones forzadas, la tortura y los feminicidios provocaron que muchos de los organismos internacionales emitieran opiniones y recomendaciones al Estado mexicano. Uno de los casos más representativos es el Caso Radilla, el cual fue determinante para los cambios constitucionales que se darían en 2011.

La democracia es sin duda uno de los motores que impulsan el avance y la progresión de los derechos humanos en un país; la Unión Europea tiene una larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. América Latina, por su parte, aún no logra orientar sus políticas públicas para eliminar la desigualdad y la discriminación por lo que no tiene un control ciudadano eficaz sobre dichas políticas. México no es la excepción.
En este sentido, la cláusula democrática contenida en el TLCUEM revela el compromiso de los Estados con su sociedad civil al impulsar cambios que conduzcan al diseño y aplicación de políticas públicas basadas en el reconocimiento de los derechos humanos. Esto sin duda convierte a este instrumento, en principio únicamente económico, en uno que se va dibujando también en la esfera política.

Dicho lo anterior, podemos inferir que la cláusula democrática tiene un tinte de presión dentro de las relaciones internacionales ya que promueve ante todo la democracia entre quienes celebran tratados como el TLCUEM, como un requisito para poder tener relaciones económicas y comerciales. Esto definitivamente toca fibras sensibles en México debido a sus principios de política exterior, que son el resultado de una historia que registra intervenciones militares de otros países, así como también episodios injerencistas.

Es importante destacar que el pronunciamiento del Parlamento Europeo respecto a la violencia contra periodistas registrada en lo que va de este año, no es el primero que realiza. Desde 2017 ha manifestado su desacuerdo respecto al elevado número de violaciones graves en México, como lo hizo en su visita al Senado mexicano el Diputado del Parlamento Europeo Josep Marie Terricabras. Cabe señalar que, de manera periódica, los diputados europeos emiten opiniones relativas a los derechos humanos debido a la universalidad de los mismos.

La relevancia de la postura del Gobierno mexicano respecto al pronunciamiento del Parlamento Europeo es de índole político; no obstante, sí reaviva esas fibras sensibles que remontan al pasado que ha vivido México y en ese sentido representa un reto para la diplomacia mexicana. Tras un análisis minucioso del pronunciamiento europeo, le corresponde al gobierno mexicano destacar y transmitir a la comunidad internacional los avances de México en el tema de derechos humanos y el compromiso demostrado en el camino hacia su pleno goce y respeto por medio de instrumentos internacionales.

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