Tuesday, 15 March 2022 18:20

México, Unión Europea y Derechos Humanos

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El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.

Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.

Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.

Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.

Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.

Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).

Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.

Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.

Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.

En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.

Additional Info

  • Autor: Juan Pablo Prado Lallande
  • Semblanza: Doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Investigador en Relaciones Internacionales de la BUAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Directivo del CESPEM y Vicepresidente de la AMEI.
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