El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.
Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.
Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.
A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.
En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.
Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.
Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.
Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.
Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.
En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.