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El comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se impulsa por el intercambio de bienes tangibles y un creciente número de bienes intangibles. En este marco, se consideró la definición de reglas sobre el comercio electrónico entre los tres socios durante los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por lo que, la presión ejercida por el gobierno estadounidense, principalmente, y la inercia del comercio internacional obligaron a México a posicionar al comercio electrónico como parte de su agenda de política exterior a partir de 2020; lo cual representa un área de oportunidad en materia económica y en el desarrollo de políticas públicas para el país.

Durante los 26 años de vigencia del TLCAN ocurrieron dos hechos clave. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) estadounidenses y canadienses se beneficiarían ampliamente del mercado regional. Mientras que, el uso de Internet y las telecomunicaciones alcanzarían su máximo desarrollo y transformarían, entre otras cosas, al comercio internacional.

Cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos señalan que en 2018 hubo 89,492 PYMES que exportaron a Canadá y 53,682 PYMES que exportaron a México. Por su parte, el gobierno canadiense informó que en 2019 la mayoría de empresas exportadoras dirigieron sus ventas hacia Estados Unidos y 97% de ellas eran PYMES; mientras que del total de empresas que exportaron a México, 89% fueron PYMES.

Previo a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020, las tendencias de participación de las PYMES en el mercado norteamericano mostraron un comportamiento favorable para Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el comercio electrónico y las PYMES ya formaban parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado por Canadá, Estados Unidos, México y otros ocho países en 2016. Aunque Estados Unidos se retiró, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, los textos de ambos temas se utilizaron para la redacción de los capítulos 19 y 25 del T-MEC.

La OCDE (2019) define al comercio electrónico o e-commerce como “la venta o compra de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”. Con base en esta definición, el capítulo 19 del T-MEC reconoce la importancia de promover el crecimiento económico por medio del comercio digital, la eliminación de obstáculos para su uso y el desarrollo de marcos de protección para los consumidores.

La definición de PYME varía de acuerdo al número de personal, ventas, ingresos y sector de las empresas. A pesar de las diferencias conceptuales de PYME, para Canadá, Estados Unidos y México dichas empresas constituyen la base de sus economías. Es así que, en el capítulo 25 del T-MEC se enfatiza la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el acceso de las PYMES a nuevos mercados a través del comercio electrónico, mediante la reducción de la burocracia. En este marco, se acordó celebrar comités anuales sobre PYMES para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés.

Actualmente, existen alrededor de 30 millones de PYMES en Estados Unidos que emplean a 60 millones de personas. En Canadá, las PYMES constituyen la mayoría de las empresas en el país y dan empleo a poco más de 10 millones de canadienses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las PYMES representan 97% de las empresas en México y en 2019 había 4.9 millones de establecimientos con 27 millones de personas ocupadas. De ese total, sólo 1% logra exportar.

Las medidas de distanciamiento social por COVID-19 potencializaron el crecimiento del comercio electrónico. De acuerdo con Wilson Center, las ventas digitales en México subieron 170% entre marzo y diciembre de 2020; mientras que 50.7 millones de mexicanos gastaron US$28 mil millones. Datos de Statistics Canada indicaron que en 2021 hubo 27 millones de usuarios de comercio electrónico, es decir, 72.5% de la población canadiense y cuyas ventas minoristas alcanzaron un máximo histórico de US$3,820 millones en 2020. Cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos señalaron que las ventas de comercio electrónico en 2021 se duplicaron con respecto a 2019 con un valor de US$870 mil millones.

El auge del comercio electrónico representa una oportunidad para la inserción de las PYMES a las cadenas globales de valor. Es decir, en lugar de producir bienes desde cero, se espera que la empresa sólo se enfoque en llevar a cabo una etapa de todo el proceso productivo. El éxito de las PYMES de Estados Unidos y Canadá, desde antes del boom del comercio electrónico, atendió a la inversión en innovación, protección de la propiedad intelectual, conexión con los consumidores finales y apoyo gubernamental a través de programas como CanExport y The United States Commercial Service. Mientras que, en materia de comercio electrónico han buscado adaptarse a áreas clave como: compras híbridas, ciberseguridad, migración a pagos móviles y marketing digital.

Las PYMES mexicanas no sólo no forman parte de las cadenas de valor a nivel global ni regional, sino que sobreviven en la informalidad. La falta de un marco regulatorio en materia laboral y fiscal, de capacitación, de financiamiento, de un Estado de derecho que proteja a los empresarios de extorsión, entre otros, inciden en el fracaso de las PYMES. Además, las pocas PYMES que logran exportar suelen orientarse a bienes y servicios básicos carentes de innovación, que fácilmente pueden ser reemplazados por otros competidores.

Aunque la celebración del primer comité PYME en octubre de 2021 fue un acierto para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés, México es el socio al que se le debe prestar especial atención. Es fundamental que, en este marco, se le otorgue mayor peso al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía con un enfoque orientado al fomento de la innovación y protección de la propiedad intelectual.

 

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al cambio climático como un tema definitorio de nuestro tiempo (ONU, 2021). En efecto, como factor global, las consecuencias de este fenómeno empiezan a ser cada vez más graves, pues muchos países ya tienen que enfrentar los diversos problemas derivados del incremento en el nivel del mar, acidificación, sequías, desastres, desequilibrios de los ecosistemas, entre otros.1 Dichos retos, a su vez, están produciendo efectos en los ámbitos social, económico y político, con alcance transnacional, pues los cambios presionan a diferentes estratos de la sociedad.

En México, el artículo 4° constitucional señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” (Cámara de Diputados, 2021). Se destaca que ninguno de los principios que rigen el actuar internacional del Estado incorpora de manera concreta el tema ambiental. No obstante, la diplomacia mexicana ha sido activa en este sentido desde hace décadas, lo que ha producido un “efecto candado” que vincula lo externo con lo interno: se ha comprometido a México, mediante múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales, en distintas áreas para implementar una estructura institucional, de carácter transversal, con el fin de proteger el medio ambiente.

México ha participado en foros clave: la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Protocolo de Montreal en 1987, la Conferencia de Río en 1992, el Protocolo de Kioto en 1997, el Acuerdo de París en 2015, entre otros. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las acciones se concentraron en reforestación, promoción del Fondo Verde, reducción de emisiones, además de aprobarse la Ley General de Cambio Climático y echar andar los programas de eficiencia energética (Vázquez Tapia, 2012).

También, México fue sede de la 16va Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que se limitó el incremento de temperatura en 2º C, se fortalecieron mecanismos de transferencia tecnológica, se propuso diseñar un marco de adaptación, entre otras medidas.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, México participó en la COP 21 celebrada en París, en 2015, en donde se reafirmó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2º C sobre los niveles preindustriales (United Nations, Climate Change, 2015). Al respecto, nuestro país se comprometió a incrementar la generación de energía limpia para alcanzar, en 2024, el 35% del total y 43% para 2030. También, se debe reducir 22% de GEI y 51% de carbono negro.

México puso el ejemplo en establecer compromisos voluntarios para disminuir los GEI y entre 2013 y 2018 reportó la reducción de 70 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Además, se eliminaron los subsidios a combustibles fósiles y se puso un impuesto al carbono, sin olvidar que con la Reforma Energética se logró que cerca del 30% de la matriz energética se constituya con energías renovables (Pacchiano Alamán, 2018).

Con todo, seguimos ocupando el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de GEI. Por sus características geográficas, México es vulnerable a eventos meteorológicos extremos por lo que los daños y pérdidas estimadas son enormes.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos para institucionalizar y coordinar instrumentos con el fin de enfrentar el problema, el presupuesto destinado al asunto, la voluntad política y las capacidades gubernamentales son deficientes. Los ejemplos del efecto negativo del cambio climático y de la displicencia de las autoridades en el tema ambiental abundan. En 2021, México enfrenta una sequía en casi el 85% de su territorio, lo que ha provocado estragos en el abastecimiento de agua para uso industrial, agrícola y de consumo (Miranda, 2021). Esto empieza a revelar la necesidad de que los asuntos para la mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con relación al cambio climático sean de importancia para el interés y la seguridad nacional en los hechos y no solo en el discurso.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo compromiso para mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades (ONU, s/f).

En el gobierno actual, la agenda medioambiental parece estar disminuida. El énfasis en robustecer la producción de energías fósiles (Raphael, 2021) en detrimento de aquellas como la solar, eólica o nuclear, por nombrar las más destacadas, puede derivar en el debilitamiento de las capacidades nacionales en términos económicos, políticos, sociales y, como colofón, internacionales. Si bien, la narrativa del presidente durante la cumbre de líderes sobre cambio climático, convocada en abril de este año por el presidente estadounidense Joe R. Biden, quien presenta una ambiciosa agenda en la materia, ya incluyó en su discurso el término, las propuestas que presentó nuestro gobierno no contribuyen a soluciones de mitigación, adaptación o transición energética, sino que continúan con una política para la producción de energías fósiles y vinculan algunas ideas provenientes de la política social, como “Sembrando Vida”, que no ha probado ser una medida efectiva en términos ambientales (Guzmán, 2021).

Incluso, el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no incluyó el término de cambio climático, lo que mostró que, en su momento, los líderes no tuvieron un verdadero compromiso ni preocupación sobre el tema.

Se necesitan replantear las prioridades en materia de la vinculación entre política ambiental y política exterior. Se esbozan las siguientes propuestas:

  • Es fundamental construir una narrativa y política, basada en la ciencia, que coloque al cambio climático y la protección del medio ambiente como asuntos de interés y seguridad nacional, para que estos temas sean ejes referentes de la política exterior y se legitime la movilización de recursos.
  • Agregar como principio de política exterior “el respeto, la protección y promoción del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental” para convertirla en una política de Estado.
  • Dentro de la legislación mexicana, definir las acciones que debe realizar cada organismo gubernamental, así como reforzar la coordinación, con el liderazgo de la SRE, en los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.
  • Aprovechar el ímpetu del gobierno de Estados Unidos para negociar proyectos de cooperación en materia de mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con base en la identificación de necesidades claras a partir de un diagnóstico por regiones y observando los límites a la soberanía.
  • Negociar acuerdos con los actores globales más dinámicos en materia de desarrollo de nuevas fuentes de energía para profundizar la transferencia tecnológica, así como formular esquemas de cooperación Sur-Sur con actores que presenten similitudes en materia de adaptación y resiliencia.
  • Participar activamente en los principales foros globales para negociar la transferencia de recursos financieros. La SRE debe dar acompañamiento, junto con la sociedad civil, para compensar la falta de recursos del Estado mexicano.
  • Es necesario generar nuevas tecnologías sustentables para ayudar a salvar la Tierra, por ello se requiere de inversión y difusión de dichas innovaciones para establecer políticas públicas en la materia.
  • Entre los ODS, existen metas que las organizaciones tanto públicas como privadas deben cumplir antes del 2030 con el objetivo de provocar un impacto positivo en la sociedad. Por ello, la colaboración entre las instituciones públicas de todos los órdenes del gobierno y la sociedad civil es fundamental. Es relevante fomentar la educación ambiental.

Así pues, México debe adoptar como estrategia robustecer su presencia internacional en materia de medio ambiente, lo que implica un cambio de narrativa, con el propósito de encontrar aliados con intereses afines que puedan beneficiarse de México, pero también puedan apoyar en la solución de problemas comunes. Es necesario que el gobierno se replanteé la perspectiva no solo en términos de política medio ambiental, sino también en materia internacional y reconozca que el problema del medio ambiente en general, y el del cambio climático en particular, puede ser clave para el desarrollo de México y su posición internacional durante el resto de este siglo.

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Notas

1 Se estima que, de continuar la tendencia, la temperatura global aumentará cerca de 4º C hacia el fin de siglo.

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Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://bit.ly/3gVRwch, consultado el 1 de mayo de 2021.

Guzmán, Sandra. (2021). La agenda ‘climática’ de López Obrador, Estrategia Sustentable, disponible en: https://bit.ly/3eQ5b1P, consultado el 2 de mayo de 2021.

López-Vallejo Olvera, Marcela. (2018). Medio ambiente, cambio climático y energía sustentable en la agenda internacional de México: diagnóstico y propuestas, en Schiavon, Jorge A., Rafael Velázquez Flores y Humberto Garza Elizondo (eds.), La política exterior de México 2018-2024: Diagnóstico y propuestas, CIDE, UABC, UANL, México.

Miranda, Fanny. (2021). México, con sequía en el 84.9% de su territorio: Servicio Meteorológico Nacional, Milenio Diario, disponible en: https://bit.ly/3eS5YiO, consultado el 2 de mayo de 2021.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). 2021 es un año decisivo para la acción colectiva contra la emergencia climática: António Guterres, disponible en: https://bit.ly/335CZmm, consultado el 30 de abril de 2021.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s/f). Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, consultado 2 de mayo de 2021.

Pacchiano Alamán, Rafael. (3 octubre de 2018). México pone el ejemplo para enfrentar el cambio climático, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponible en: https://bit.ly/2QSxp42, consultado el 2 de mayo de 2021.

Raphael, Ricardo. (2021). México saldrá del Acuerdo de París, Proceso, disponible en: https://bit.ly/3eb1YL7, consultado el 2 de mayo de 2021.

Reina, Elena. (2016). México destruye parte de un manglar en Cancún para un proyecto hotelero, El País, disponible en: https://bit.ly/3gYqLEa, consultado el 2 de mayo de 2021.

United Nations, Climate Change. (2015). The Paris Agreement, disponible en: https://bit.ly/3vDaRDq, consultado el 1 de mayo de 2021.

Vázquez Tapia, Esmeralda A. (30 noviembre 2012). La 'semilla verde' de Calderón, no se convirtió en legado, dicen analistas, Expansión, disponible en https://expansion.mx/planetacnn/2012/11/30/la-semilla-verde-de-calderon-no-se-convirtio-en-legado-dicen-analistas, consultado el 30 de abril 2021.

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Diagnóstico

En la década de los años noventa del Siglo XX, tras el impulso del Nuevo Orden Internacional Multilateral que conllevó el fortalecimiento de bloques comerciales, la política exterior de México se enfocó a la diplomacia multinivel que respaldó la integración comercial con los Estados Unidos y Canadá con el consiguiente interés de priorizar la relación con América del Norte. Esto fue percibido erróneamente como una desviación de los lazos históricos y culturales con los países latinoamericanos.

Factores que conllevaron a esa situación

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se firmó en diciembre de 1992 por Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994 durante la presidencia de William Clinton. Después de casi 25 años, fue renegociado en el marco de una política proteccionista estadounidense. Así pues el 30 de noviembre de 2018, se firmó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también conocido como USMCA (Estados Unidos-México-Canadá) en Buenos Aires, Argentina.

En este escrito se expondrán brevemente las directrices en los dos últimos sexenios en relación a la política exterior, en donde encontramos un cambio significativo en el peso a las acciones sobre este particular. Mientras que Enrique Peña Nieto consideró fundamental sentar las bases para posicionar a México como actor global, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador ha retomado la postura que expresó durante la campaña presidencial con respecto a que “la mejor política exterior es la política interior”. Bajo la perspectiva de que las acciones hacia el exterior contribuirán al desarrollo nacional.1

En el Plan Nacional de Desarrollo de 2012-2018, se respaldó la importancia para reactivar la relación con las diferentes regiones y subregiones de la sociedad internacional. Específicamente con América Latina y el Caribe se fomentó el comercio e inversión, a través de la Alianza del Pacífico así como con Argentina y Brasil. Con los Estados del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, se respaldó la migración segura. A la par de los temas de agenda bilateral con Estados Unidos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, por su parte, carece de un capítulo sobre diplomacia multilateral y en lugar de ello, se incluye un breve apartado sobre la recuperación de los principios de política exterior. Solo se mencionan aspectos generales de la relación con Estados Unidos y Canadá así como con Centroamérica, sobre esta última el énfasis es buscar “desactivar el fenómeno migratorio”.2 En diversos foros, López Obrador ha expresado el interés de su gobierno por recuperar la unión con “Nuestra América”, al parafrasear a José Martí.

Recomendación de Política Pública

Ambos sexenios compartieron tres importantes desafíos interrelacionados, como son fortalecer el Estado de Derecho, tema migratorio y aspectos de seguridad, al enfocarnos en la postura hacia Latinoamérica puede establecerse continuidad. Para el gobierno actual podría agregarse la coyuntura planteada por la Pandemia de Covid-19 y diversas implicaciones en la toma de decisiones, en un escenario en el que se vuelve urgente recuperar la presencia de México en foros internacionales y no solo en los regionales, para entre otros aspectos ofrecer estabilidad para la inversión extranjera como opción para reactivar la economía.

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Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/objetivos-de-la-politica-exterior-de-mexico

2 DOF - Diario Oficial de la Federación
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

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