En el contexto actual de la globalización, el crecimiento exponencial de las ciudades ha llevado a más de la mitad de la población mundial a vivir en áreas urbanas. Este fenómeno ha generado diversos retos para el desarrollo. En este entorno, la región transfronteriza Tijuana-San Diego experimenta un rápido crecimiento poblacional y urbano, alcanzando una población actual de 5.46 millones de habitantes aproximadamente. Este aumento demográfico impulsa mayores necesidades urbanas y una explotación más intensa de los recursos. Ante estos desafíos, resalta la importancia de la cooperación transfronteriza y el desarrollo sostenible como herramientas fundamentales para asegurar mejores condiciones de vida y desarrollo en la región.

Tijuana y San Diego se erigen como ejemplos destacados de interdependencia transfronteriza. Caracterizadas por su frontera altamente transitada, estas ciudades han forjado vínculos económicos, sociales, políticos y culturales robustos, trascendiendo los simples cruces diarios de personas. Desde la década de 1990, la frontera entre México y Estados Unidos se ha internacionalizado, adoptando nuevas formas económicas y dinámicas sociales que han fomentado la creación de zonas libres y corredores económicos y urbanos. Además, la población combinada de Tijuana y San Diego vive una realidad binacional, compartiendo no solo un espacio geográfico sino también estructuras sociales y económicas similares. A pesar de las diferencias en desarrollo urbano y económico, se percibe una similitud palpable en la manera en que ambas ciudades se desarrollan y crecen de manera interdependiente. El término "metrópolis transfronteriza" captura esta dualidad, describiendo un espacio donde la frontera sirve tanto como divisor de dos culturas como unificador de comunidades. La proximidad de Tijuana a San Diego ha catalizado una integración profunda, evidenciada en el significativo intercambio de bienes y servicios. No obstante, el reconocimiento de una metrópolis transfronteriza funcional presenta complejidades, dadas las diferencias en los contextos políticos de México y Estados Unidos. Por ende, la planificación y las políticas públicas deben abordar esta realidad compleja, promoviendo un desarrollo equitativo con impacto en ambos lados de la frontera.

En términos de urbanización, Tijuana ha experimentado un crecimiento notable, expandiéndose para acomodar una población en aumento y subrayando su rol central como ciudad fronteriza y metrópoli en expansión. Estas condiciones urbanas posicionan a la ciudad como un centro de poder económico y político en el escenario global, lo que resalta la urgencia de adoptar una planeación urbana sostenible que englobe a ambas ciudades en un esfuerzo colaborativo frente a los desafíos de la globalización y la interdependencia transfronteriza. Por lo tanto es crucial revisar los instrumentos de planeación urbana, así como los planes y estrategias de desarrollo, para comprender las prioridades en la planificación urbana de ciudades como San Diego y Tijuana. Pues dichos instrumentos permiten a los gobiernos establecer políticas y directrices enfocadas en el crecimiento y desarrollo sostenible de la urbe. Esta revisión además permite identificar los retos y necesidades por ejemplo en San Diego, la planeación se concentra en la conservación ambiental, el transporte público, la vivienda asequible y la revitalización urbana, mientras que en Tijuana se enfoca en mejorar la infraestructura, la movilidad, la seguridad y la calidad del espacio público.

Dada la integración y al mismo tiempo la disparidad entre estas ciudades resulta esencial que el desarrollo sostenible sea el eje central en los próximos esfuerzos de cooperación transfronteriza. Este enfoque, que equilibra la protección ambiental, el crecimiento económico y la justicia social, busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Basándose en los pilares económico, social y ambiental, este modelo persigue un equilibrio entre ellos para asegurar una sostenibilidad a largo plazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la Asamblea General de la ONU en 2015, conforman una agenda global que aborda desafíos de desarrollo sostenible hasta 2030. El Objetivo 11 se enfoca en ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, siendo crucial para la planificación urbana. Sin embargo, el ritmo acelerado del crecimiento urbano demanda un compromiso y cooperación internacionales, especialmente en regiones como Tijuana y San Diego, donde la cooperación e interdependencia ya son palpables. La cooperación transfronteriza, que promueve un sentido de pertenencia más allá de los límites geográficos, se evidencia en regiones como Tijuana-San Diego, donde la población comparte elementos culturales y tradiciones. La efectividad de esta cooperación depende de una gobernanza basada en objetivos compartidos y convergencia de intereses. En este contexto, las instituciones de planeación urbana juegan un papel crucial, trabajando de manera independiente y colaborativa para abordar desafíos urbanos complejos y fomentar el desarrollo sostenible.

Pero la necesidad de cooperación y en enfoque sostenible para la planeación fronteriza no se limita únicamente a la región transfronteriza Tijuana - San Diego, si no que existen regiones que han avanzado en cuanto a los enfoques y estrategias, un ejemplo de esto es La Unión Europea que ha centrado su cooperación intergubernamental en la sostenibilidad urbana, con la Carta de Leipzig como documento clave. El Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (MERCS) se desarrolló como una herramienta voluntaria para impulsar la sostenibilidad en las ciudades europeas, basándose en los principios de la Carta de Leipzig y adaptándose a la diversidad de las ciudades europeas.

"[…] la creciente interdependencia entre Tijuana y San Diego resalta la necesidad de una cooperación transfronteriza sólida."

El MERCS incluye un conjunto de instrumentos, como un listado de cuestiones para la autoevaluación, un sistema de indicadores, herramientas de visualización de resultados y herramientas de intercambio de experiencias entre ciudades. Esta estructura flexible y común ha demostrado ser efectiva para promover la sostenibilidad urbana en Europa. La experiencia de cooperación intergubernamental en la UE en sostenibilidad urbana podría servir como modelo para la región fronteriza de Tijuana y San Diego. Ambas ciudades enfrentan desafíos similares en temas urbanos, y al adoptar un enfoque integrado y sostenible en la planificación urbana, podrían generar proyectos conjuntos que aborden estas problemáticas de manera colaborativa. La adaptación del ERFSC o la creación de un marco de referencia similar para Tijuana y San Diego podría proporcionar una herramienta compartida y un lenguaje común para definir la sostenibilidad urbana en la región fronteriza. Esto fortalecería la cooperación transfronteriza y promovería un desarrollo urbano sostenible y equitativo en la región.

Por lo tanto, la creciente interdependencia entre Tijuana y San Diego resalta la necesidad de una cooperación transfronteriza sólida y de un enfoque sostenible en la planificación urbana para enfrentar los retos de la urbanización y la globalización. La adopción de marcos y estrategias exitosos, como los desarrollados en Europa, podría fomentar un desarrollo urbano sostenible y equitativo en la región, beneficiando a ambas ciudades en este proceso de colaboración internacional.

La paradiplomacia es el fenómeno de las relaciones internacionales que involucra a los gobiernos subnacionales, es decir, de regiones, estados, ciudades, provincias, municipios o gobiernos locales. Estos actores buscan establecer vínculos con otros actores internacionales con el fin de promover sus intereses, cooperar en temas comunes o influir en la agenda global. La paradiplomacia plantea una serie de cuestiones éticas que deben ser analizadas desde una perspectiva crítica y reflexiva. En este ensayo, se abordarán algunos de los principales desafíos éticos que enfrenta la paradiplomacia, tales como la legitimidad, la representatividad, la transparencia, la responsabilidad y la coherencia.

El mundo actual, cada vez más interconectado y globalizado, ha permitido una mayor interacción entre los diversos actores internacionales. Los gobiernos locales han conseguido mayor relevancia en las relaciones internacionales a través de su vinculación con el exterior en paralelo al Estado del que forman parte y han utilizado la paradiplomacia como herramienta para lograrlo. Dicha vinculación tiene múltiples objetivos y motivaciones, desde la defensa de la identidad y la autonomía, hasta la búsqueda de oportunidades económicas y sociales, pasando por la cooperación para el desarrollo y la resolución de conflictos. Sin embargo, ¿Qué criterios éticos guían la paradiplomacia? ¿Qué impacto tiene la paradiplomacia en el desarrollo de los pueblos y las naciones? ¿Qué desafíos y oportunidades plantea la paradiplomacia para el orden internacional?

Estas son algunas de las preguntas que se abordan en este ensayo, que tiene como objetivo analizar la relación entre ética, paradiplomacia y desarrollo. La ética se refiere al conjunto de principios y valores que orientan la conducta humana en función del bien común, la paradiplomacia se refiere a las acciones internacionales que realizan los actores subnacionales o gobiernos locales para promover sus intereses y cooperar con otros actores y el desarrollo se refiere al proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas, tanto en el ámbito material como en el social, cultural y ambiental.

Este ensayo analiza cómo la ética influye en la paradiplomacia y cómo ésta contribuye al desarrollo. Se parte de la hipótesis de que la paradiplomacia puede ser un instrumento ético para el desarrollo, siempre que se base en el respeto a la soberanía nacional, la solidaridad internacional y los derechos humanos. Además de examinar algunos casos de paradiplomacia exitosa en diferentes regiones del mundo, como Europa, América Latina y Asia, y de identificar a los factores que favorecen o dificultan su práctica. Se concluye con algunas recomendaciones para fortalecer el papel de la paradiplomacia como agente ético del desarrollo.

La paradiplomacia

El término paradiplomacia fue acuñado por el politólogo canadiense Ivo Duchacek para referirse a las actividades internacionales de las provincias canadienses. Desde entonces, el concepto se ha ampliado para abarcar a cualquier actor subnacional que participe en la arena internacional de forma autónoma o coordinada con el gobierno central. Algunos autores distinguen entre paradiplomacia horizontal, que se refiere a las relaciones entre actores subnacionales del mismo nivel, y paradiplomacia vertical, que se refiere a las relaciones entre actores subnacionales y estados soberanos.

La paradiplomacia tiene varias ventajas para los actores subnacionales. En primer lugar, les permite defender sus intereses específicos y aprovechar sus potencialidades en ámbitos como el comercio, la cultura, el turismo, el medio ambiente o la cooperación para el desarrollo. En segundo lugar, les permite acceder a información, recursos y redes que pueden complementar o compensar las limitaciones del gobierno central. En tercer lugar, les permite proyectar una imagen positiva y diferenciada en el exterior, lo que puede reforzar su identidad y legitimidad internas.

Principales dilemas éticos de la paradiplomacia

La legitimidad se refiere al grado en que los actores paradiplomáticos tienen el derecho o la autorización para participar en la arena internacional. La legitimidad puede derivar de la constitución, la ley, el consenso social o el reconocimiento internacional. Sin embargo, también puede ser cuestionada por otros actores estatales o subnacionales que pueden ver la paradiplomacia como una amenaza a su soberanía, su unidad o su interés nacional. Por lo tanto, los actores paradiplomáticos deben justificar sus acciones y objetivos ante sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional. Por ejemplo, el caso de Cataluña, que ha desarrollado una intensa actividad paradiplomática en favor de su autodeterminación, ha generado una fuerte controversia con el gobierno central de España, que lo considera una violación de la constitución y de la integridad territorial.

La representatividad refleja los intereses, las demandas y las expectativas de sus sociedades; implica que los actores paradiplomáticos sean democráticamente elegidos, consultados y controlados por sus electores. Además, la representatividad involucra el respeto a la diversidad y la pluralidad de opiniones y grupos sociales dentro de sus territorios. Por lo tanto, los actores paradiplomáticos deben evitar el elitismo, el clientelismo y el sectarismo en sus prácticas diplomáticas. Por ejemplo, el caso de Quebec, que ha mantenido una amplia red de relaciones internacionales con otros países francófonos y con organizaciones multilaterales, ha buscado siempre el consenso social y político sobre sus prioridades y acciones paradiplomáticas.

La transparencia manifestada por los actores diplomáticos cuando hacen pública y accesible la información sobre sus actividades, decisiones y resultados en el ámbito internacional. La transparencia implica que los actores paradiplomáticos deben rendir cuentas ante sus ciudadanos y ante las instituciones nacionales e internacionales. Además, la transparencia implica que los actores paradiplomáticos deben facilitar el escrutinio y la evaluación de sus acciones y objetivos por parte de otros actores interesados o afectados. Por lo tanto, deben evitar la opacidad, la discrecionalidad y la manipulación en sus relaciones internacionales. Por ejemplo, el caso de California, que ha liderado una serie de iniciativas paradiplomáticas sobre el cambio climático y la cooperación para el desarrollo, ha publicado regularmente informes y datos sobre sus proyectos y logros en estos ámbitos.

La responsabilidad se refiere al grado en que los actores paradiplomáticos asumen las consecuencias de sus acciones y decisiones en el ámbito internacional. La responsabilidad implica que los actores paradiplomáticos deben respetar las normas, los principios y los valores del derecho internacional y de los derechos humanos. Además de que los actores paradiplomáticos deben contribuir al bienestar común y al desarrollo sostenible de sus propias sociedades y del mundo en general. Por lo tanto, deben evitar el egoísmo, el oportunismo y el cortoplacismo en sus estrategias diplomáticas. Por ejemplo, el caso de Escocia, que ha participado activamente en diversas redes y foros internacionales sobre temas como la educación, la salud o la igualdad de género, ha demostrado un alto grado de compromiso ético y solidario con las causas globales.

La coherencia alude al actuar de los paradiplomáticos cuando mantienen una línea de acción consistente y compatible con sus discursos y compromisos en el ámbito internacional. La coherencia implica, por un lado, que los actores paradiplomáticos alineen sus intereses y objetivos con los de sus respectivos estados nacionales y con los de la comunidad internacional. Por otro lado, implica que coordinen y cooperaren con otros actores estatales o subnacionales que compartan sus visiones y valores. Por lo tanto, los actores paradiplomáticos deben evitar la contradicción, la incoherencia y el conflicto en sus iniciativas diplomáticas. Por ejemplo, el caso de Flandes, que ha establecido una estrecha colaboración con el gobierno federal de Bélgica y con la Unión Europea en materia de comercio, cultura o seguridad, ha mostrado coherencia y complementariedad en su acción exterior.

Paradiplomacia: desarrollo, ética y cooperación

El desarrollo es uno de los objetivos principales de la paradiplomacia, tanto para los actores subnacionales que la practican como para los socios con los que se relacionan. La paradiplomacia puede facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos, recursos y buenas prácticas entre entidades territoriales que comparten desafíos similares o que tienen potencialidades complementarias. Así, la paradiplomacia puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, al fomento de la innovación y la competitividad, y a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Por ejemplo, la Red de Ciudades C40 es una iniciativa paradiplomática que reúne a más de 90 ciudades del mundo para colaborar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, también puede generar desafíos, como la competencia desleal, la fragmentación del orden internacional o la vulneración de los derechos humanos.

La ética es otro aspecto fundamental de la paradiplomacia, ya que implica una responsabilidad compartida de los actores subnacionales con el bienestar de la humanidad y el planeta. La paradiplomacia puede ser un medio para impulsar agendas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático o la Agenda 2030 para las Ciudades. Además, la paradiplomacia puede promover valores como el diálogo, la solidaridad, el respeto a la diversidad y los derechos humanos, y la defensa de la paz y la democracia. Un ejemplo de esto es el Foro Global de Asociaciones Regionales (FOGAR), que agrupa a más de 30 organizaciones regionales que trabajan por el desarrollo sostenible, la cohesión social y la gobernabilidad democrática. La paradiplomacia puede ser una expresión de la responsabilidad global, de la solidaridad, del diálogo intercultural y del respeto a la diversidad. Pero también puede ser una fuente de conflictos, de injerencia, de hegemonía y de exclusión. Por ello, se requiere un marco ético que oriente la paradiplomacia hacia el bien común y el interés general.

La cooperación es el elemento que articula la paradiplomacia, ya que se basa en la construcción de redes y alianzas entre actores subnacionales y otros actores internacionales, como estados, organizaciones internacionales, sociedad civil o sector privado. La cooperación permite generar sinergias, complementariedades y beneficios mutuos entre los distintos niveles de gobernabilidad. La cooperación también implica un compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas, puede estimular la cooperación multilateral, a través de redes o asociaciones de actores subnacionales; o bilateral, a través de acuerdos o convenios específicos. Puede potenciar la cooperación sur-sur, entre actores de países en desarrollo o emergentes, o norte-sur, entre actores de países desarrollados y en desarrollo. Un ejemplo de cooperación paradiplomática es el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), que apoya a las administraciones públicas subnacionales en el diseño e implementación de proyectos de cooperación sur-sur.

Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea (UE) ha impulsado la participación de las regiones y las ciudades en sus políticas y programas, así como en sus relaciones exteriores con otras regiones del mundo. Esto ha permitido a los actores subnacionales europeos desarrollar una amplia red de cooperación e intercambio con otros actores subnacionales, tanto dentro como fuera de la UE, en temas como el medio ambiente, la cultura, la educación o la innovación. Esta paradiplomacia europea ha contribuido a reforzar la cohesión interna de la UE, así como su proyección externa como actor global.

En América Latina, la paradiplomacia ha sido un medio para que los actores subnacionales expresen sus demandas e intereses frente a los gobiernos centrales, muchas veces débiles o excluyentes. Regiones como Sao Paulo en Brasil, Antioquia en Colombia o Santa Cruz en Bolivia han desarrollado una intensa actividad internacional para promover su desarrollo económico y social, así como su autonomía política. Al mismo tiempo, han establecido vínculos de cooperación con otras regiones latinoamericanas o de otros continentes, especialmente en el marco de organizaciones regionales como el Mercosur o la Comunidad Andina.

En Asia, la paradiplomacia ha sido un instrumento para que los actores subnacionales se adapten a los cambios geopolíticos y económicos que vive el continente. Así, ciudades como Shanghái en China, Tokio en Japón o Singapur han aprovechado su potencial económico y financiero para posicionarse como centros globales de negocios e innovación. Al mismo tiempo, han establecido alianzas estratégicas con otras ciudades asiáticas o de otras regiones del mundo, especialmente en el ámbito de la integración regional asiática o del comercio internacional. Estos casos muestran cómo la paradiplomacia puede tener un impacto positivo en el desarrollo de los actores subnacionales y sus sociedades, siempre que se realice con criterios éticos y respetuosos con el orden internacional.

Desafíos

La paradiplomacia también tiene algunos inconvenientes y riesgos. En primer lugar, puede generar conflictos o contradicciones con la política exterior del estado al que pertenecen los actores subnacionales, lo que puede afectar a la coherencia y la credibilidad del país. En segundo lugar, puede suponer una carga financiera y administrativa para los actores subnacionales, que deben contar con personal calificado y recursos suficientes para gestionar sus actividades internacionales. En tercer lugar, puede exacerbar las tensiones o rivalidades entre los actores subnacionales o con el gobierno central, especialmente si hay aspiraciones separatistas o autonomistas.

La paradiplomacia ha experimentado un auge en las últimas décadas, debido a factores como la globalización, la regionalización, la descentralización, la democratización y la digitalización. Algunos ejemplos de casos exitosos de paradiplomacia son: la participación de California en el Acuerdo de París sobre el cambio climático; la cooperación entre las regiones fronterizas de México y Estados Unidos en temas de seguridad, migración y desarrollo; la creación de redes de ciudades como C40 o Metropolis para abordar los desafíos urbanos o la diplomacia cultural de Barcelona o Quebec.

No obstante, también hay ejemplos de casos fallidos o problemáticos de paradiplomacia: la interferencia de Rusia en los asuntos internos de Ucrania a través de Crimea; el intento fallido de Cataluña de celebrar un referéndum de independencia en 2017; la suspensión de la autonomía de Hong Kong por parte de China o la falta de reconocimiento internacional de Taiwán.

Conclusión

La paradiplomacia es un fenómeno complejo y dinámico cada vez más relevante en el mundo actual, que ofrece oportunidades y desafíos para que los actores subnacionales participen activamente en la construcción de un orden internacional más justo, sostenible e integrado que también requiere un análisis ético riguroso y profundo. Sin embargo, esta participación también implica una responsabilidad ética, que debe basarse en los principios y valores universales que rigen el comportamiento humano.

Es necesario fomentar el diálogo y la coordinación entre los actores subnacionales y los gobiernos nacionales, para evitar conflictos o duplicidades en la acción internacional. Asimismo, se propone impulsar la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los actores subnacionales de diferentes regiones del mundo, para compartir experiencias y buenas prácticas en temas de interés común. Finalmente, se sugiere promover la participación y el empoderamiento de la sociedad civil en la paradiplomacia, para garantizar su legitimidad y transparencia, así como su contribución al desarrollo humano y sostenible.

En este ensayo, se ha demostrado que existe una sinergia positiva entre ética, paradiplomacia y desarrollo, que puede potenciarse mediante una acción coherente, transparente, respetuosa y cooperativa de los actores subnacionales en el ámbito internacional. Es necesario establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno para aprovechar los beneficios y evitar los riesgos de la paradiplomacia, de esta manera, podrán contribuir positivamente a la construcción de un orden internacional más democrático, pacífico y solidario.

Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

La conmemoración el próximo año de 135º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia común. Los más de 400 años de contactos entre nuestras culturas han demostrado que, aun en contextos globales complejos, hemos sabido actualizar nuestra cooperación y entendimiento en función de valores compartidos.

Si bien la situación sanitaria aun presenta retos importantes, trabajamos con visión hacia un mundo post-pandemia para seguir consolidando nuestra colaboración. Para ello, mantenemos el diálogo político al más alto nivel. Recientemente, el Secretario Marcelo Ebrard y el Canciller japonés, Yoshimasa Hayashi, acordaron fortalecer los aspectos más exitosos de nuestra Asociación Estratégica y, al mismo tiempo, incorporar a ella nuevas acciones de cooperación. Con esto en mente, la Subsecretaria Carmen Moreno se reunió en Tokio con el Vice Ministro Hiroshi Suzuki y se prepara este mes de mayo la conmemoración del 125º aniversario de la migración japonesa a México.

Nuestra integración económica-comercial es un logro que continúa brindando resultados positivos. En 2005, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) representó un acuerdo de vanguardia y, desde entonces, el incremento comercial exponencial convirtió a Japón en nuestro quinto socio comercial global. Cada año intercambiamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Más de 1,300 empresas japonesas se han instalado en México siendo Japón el cuarto inversionista en nuestro país. El mercado japonés es el segundo destino para las exportaciones del sector agropecuario mexicano, con enorme potencial para otros múltiples productos.

Nuestra colaboración económica no es solo consecuencia del AAE, sino también resultado de nuestra asociación y estrecha coordinación en mecanismos como el G20, APEC, la OMC y, desde diciembre de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Como en 1888 tuvimos la visión de apostar por una asociación de igualdad, hacia el futuro apostamos por aprovechar nuevas áreas de oportunidad y espacios de colaboración.
Buscamos incursionar en nuevos sectores de alta competitividad y con oportunidad de crecimiento en México, para atraer mayor inversión en infraestructura, robótica y el sector aeroespacial. En turismo, trabajamos con operadores para reactivar el flujo de turistas al expirar las restricciones impuestas por la pandemia y en cultura, promovemos un amplio abanico de expresiones de nuestro país, dinamizando también el gran interés por nuestra cocina.

El futuro es de los jóvenes, por ello buscamos crear programas, en el marco de la cooperación para el desarrollo, que formen recursos humanos en áreas como acuacultura marina, silvicultura, manejo de residuos plásticos y salud de adultos mayores. En consideración de las fortalezas de Japón en ciencia e innovación, impulsamos una mayor capacitación en agrotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, industrias verdes y salud. En el marco de la política exterior feminista, se busca incrementar la participación de las mujeres mexicanas en todos estos sectores.

De cara al futuro, la relación entre México y Japón se enfila a nuevos horizontes que confirmen su firmeza y le infundan renovados bríos, no solo para colaborar en la respuesta a los grandes retos globales de nuestro tiempo, sino también para seguir cultivando el más importante activo que tenemos en común y que nos une desde hace más de 400 años: la buena voluntad de nuestra gente, que es fundamento y bastión de nuestra larga amistad.

En la primera década del siglo XXI, se desarrollaron distintos mecanismos de integración regional latinoamericana y caribeña, en los que, sobre todo los países sudamericanos buscaron ganar espacios de autonomía en la geopolítica regional respecto a la hegemonía estadounidense. Desde entonces, el panorama regional se ha reconfigurado y en la segunda década del siglo XXI la turbulencia política ha paralizado a la mayor parte de los procesos regionales de la década anterior. De ahí que surja la pregunta sobre ¿cómo se posiciona México en la geopolítica de la integración regional del siglo XXI? La hipótesis que guía este texto estriba en el hecho de que la situación geopolítica de México dificulta sus posibilidades de responder oportunamente a los cambios internacionales para articular e instrumentar un posicionamiento internacional más beneficioso de acuerdo con su interés nacional. Ante ello, con el fin de dilucidar esa hipótesis de trabajo, a continuación, se hace un breve esbozo sobre la geopolítica de la integración regional mexicana en la segunda década del siglo XXI.

El regionalismo debe comprenderse como aquella tendencia que integra a las regiones mediante la cooperación entre los gobiernos que dirigen sus procesos económicos, políticos y sociales sin perder su autonomía, pero contrayendo compromisos formales entre ellos, con el fin de alcanzar objetivos colectivos que no podrían conseguirse individualmente por falta de recursos y capacidades (Closa, 2016: 1). Una característica del regionalismo de América Latina y el Caribe es que, históricamente, ha evitado las estructuras de integración más rígidas de soberanía mancomunada, optando, más bien, por la cooperación intergubernamental, para lograr mayor capacidad estatal con la cual negociar en los sistemas hegemónicos mundiales (Petersen y Shulz, 2018: 121). Por eso, Tomassini (1981) decía que no basta estudiar la política exterior de los países, si no se adopta como punto de partida el análisis y el funcionamiento del sistema internacional considerado en su conjunto.

Así, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, el gobierno mexicano que mantenía la continuidad con las políticas neoliberales de la década de 1990 tomó el liderazgo para conformar con otros Estados de perfil similar, la Alianza del Pacífico, con el fin de realizar una integración profunda en la floreciente región del Asia Pacífico, revalidando el comercio al servicio de la integración (Prado y Velázquez, 2017). Los países que conformaron esa alianza también mantenían tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos, por lo que dicha iniciativa no tardó en articularse con los proyectos estadounidenses que buscaban contener las proyecciones económicas mundiales de China. De ahí que se haya sospechado sobre la utilidad geopolítica de la Alianza del Pacífico como mecanismo de contención de otras iniciativas de integración de corte más progresistas, contrapuestas a los intereses estadounidenses. Es por ello por lo que, los procesos regionales latinoamericanos y caribeños más recientes deben enmarcarse en los problemas de los Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial, a partir de su crisis económica y de credibilidad patente desde la década de 1970, y el paralelo ascenso de China, que, desde entonces, se ha ido convirtiendo en el nuevo centro de la economía mundial (Arrighi, 2007).

El gobierno chino busca la autoridad internacional, al practicar la credibilidad estratégica con sus aliados (Xuetong, 2016). Por eso China, ha ido aumentando su presencia en el mundo y, en particular, ha reforzado sus alianzas estratégicas en la región de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo XXI, prefiriendo para ello la interlocución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que por primera vez reúne a los 33 países de la región sin la presencia deliberada de los Estados Unidos, Canadá o alguna otra potencia extra regional. Este acercamiento se ha visto concretado en los Planes de Trabajo del Foro CELAC-China de 2015-2019 y de 2019-2021, con cientos de propuestas específicas de cooperación de largo plazo. Además, en 2018, el gobierno chino hizo la invitación explícita a los países miembros de la CELAC para sumarse a the Belt and Road Initiative, el megaproyecto de inversiones y financiamiento, que busca hacer girar a las regiones del mundo entorno a China, aprovechando su impulso económico y financiero.

En este panorama, a contracorriente del giro a la derecha en muchos países de la región, el gobierno de México viró a la izquierda tras la histórica victoria en las urnas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, pero a diferencia de los gobiernos de tendencia progresista de la década anterior, que replantearon sus relaciones exteriores con el fortalecimiento de alianzas regionales y subregionales desde una perspectiva geopolítica, en abierta oposición al Consenso de Washington, el nuevo gobierno mexicano mantiene una perspectiva más pragmática, bajo la idea de que “la mejor política exterior es la interior”, sin despegar su mirada de temas, de particular interés interno, vinculados con el exterior, como la migración y la reformulación del combate antidrogas, particularmente ligados a la histórica relación con los Estados Unidos (SEGOB-México, 2019). Aquí, por ejemplo, llama la atención que el gobierno mexicano haya expresado sus intenciones de revitalizar las relaciones con China, pero sin entrar the Belt and Road Initiative, lo cual refleja las tensiones propias de la geopolítica latinoamericana y caribeña, que ya no puede dejar de considerar la presencia china, sin abandonar sus vínculos históricos con los Estados Unidos.

En este contexto, la presidencia pro-tempore de México en la CELAC en 2020, y luego por motivos de la pandemia continuada en 2021, abrió la oportunidad al gobierno de López Obrador de encausar sus esfuerzos de política exterior para articularse con los países de la región, mejorar su diálogo político y la relación con los socios extra regionales, como China. En este panorama destaca el reciente eje entre México y el nuevo gobierno de tendencia progresista de Argentina, que mira a proyectarse en los espacios regionales como la CELAC, renovando las expectativas y el optimismo de reconstruir la integración latinoamericana y caribeña, entroncando con el proyecto de nuevo orden mundial al que apunta China. En estas condiciones, la política exterior del presidente López Obrador tiene el reto de acercarse más a China, para engancharse a los nuevos motores del crecimiento económico de la región Asia Pacífico, al mismo tiempo que encauce la estrecha relación que mantiene con los Estados Unidos para mejorar la competitividad de la economía mexicana en el mundo, además de aprovechar las redes socioculturales que mantiene con la Unión Europea y con el resto de los países de América Latina y el Caribe. En suma, México debe encausar sus esfuerzos para aprovechar la coyuntura de la geopolítica del siglo XXI.

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Referencias

Arrighi, Giovanni (2018 [2007]). Adam Smith en Pekín, Orígenes y fundamentos del siglo XX. Madrid, Akal.

Closa Carlos (2016). Governance structures and processes in integration organizations, Formalization of institutional credible commitments for governance. En: Closa Carlos, Casini. Lorenzo (coords). Comparative Regional Integration, Governance and Legal Models. United Kindom: Cambridge University Press, 1-153.

Prado, Juan Pablo y Velázquez, Rafael. (2017). La Alianza del Pacífico: comercio y cooperación al servicio de la integración. En Prado, Juan Pablo, Velázquez Rafael y Ochoa, Luis (eds). La Alianza del Pacífico, nuevo mecanismo de cooperación e integración latinoamericano. (págs. 63-86). AMEI-Fundación Konrad Adenauer.

Secretaría de Gobernación de México [SEGOB-México] (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Petersen Mark y Schulz, Carsten-Andreas (2018). Setting the Regional Agenda: A Critique of Post-hegemonic Regionalism. Latin American Politics and Society, 60(1),102-127.

Tomassini Luciano (1981). Falencias y falacias, notas sobre la evolución de las relaciones Norte-Sur. En Tomassini Luciano (selección). Las relaciones internacionales de América Latina. México: FCE, 41-62.

Xuetong Yan, (2016). Political Leadership and Power Redistribution. Chinese Journal of Internationalc Politics, 9(1),1-26.