A principios del siglo XXI, México comenzó una transición democrática que prometía marcar el inicio de una era de paz y estabilidad política. Sin embargo, esa transición fue cualquier cosa menos pacífica. El período estuvo marcado por una serie de sucesos violentos que revelaron tensiones profundas en la estructura política y social del país. Incluso, en la última década del siglo XX, el asesinato de más de noventa activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1988 y 1994, hasta el levantamiento del EZLN y otros asesinatos políticos de alto perfil, México enfrentó una realidad donde la violencia política y criminal se convirtieron en constantes que acompañaron y complicaron el proceso de cambio.

El análisis realizado por Mónica Serrano (2020) en "Del 'Momento Mexicano' a la realidad de la violencia político-criminal" destaca la importancia de identificar los principales factores que intensificaron la violencia político-criminal en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Un periodo marcado por los conflictos internos y por el notable ascenso del narcotráfico como un actor crucial, con suficiente poder para influir en los resultados electorales y cuestionar la estabilidad de la democracia.

En este orden de ideas, respecto a los factores internos, la presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un aumento alarmante de la violencia y una percepción generalizada de la inseguridad. Con ello, se reflejó la incapacidad gubernamental para enfrentar y contener la violencia que se presentaba en el territorio. Es decir, no hubo una estrategia clara, coherente y eficaz para combatir el crimen organizado, la mayoría de las políticas implementadas fueron reactivas y no atendían las causas estructurales de la violencia.

Estas políticas de seguridad, como la militarización en la lucha contra el narcotráfico, resultaron contraproducentes y generaron un aumento de la violencia sin disminuir la capacidad operativa de los carteles. Cabe resaltar que la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el gobierno de Peña Nieto no tuvo los efectos planteados ya que, lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con su predecesor, Felipe Calderón. (Arroyo, 2018)

Aunado a lo anterior, el gobierno, afectado por acusaciones de corrupción y conexiones con el crimen organizado, vio cómo su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley se debilitaban por la infiltración de grupos criminales en las instituciones estatales. Esta situación se complicó por un sistema judicial mexicano ineficaz e incapaz de administrar justicia, con altos niveles de impunidad y una distinción borrosa entre civiles, combatientes, participantes en economías ilícitas y aquellos fuera de ellas, lo que exacerbaba la crisis debido a la interacción continua entre lo legal y lo ilegal.

Al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, México enfrentaba una situación crítica de violencia e inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Hacia 2017, el país registró un récord de homicidios, evidenciando un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre los mexicanos. Aunque el gobierno de Peña Nieto fue consciente de estos problemas, no consiguió garantizar la seguridad pública ni proteger eficazmente a la población.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., conocido como Centro Prodh (2018) destacó que “2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas”. Esta aseveración está basada en el hecho de que hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 hemicidios violentos, cifra que supera los indicadores correspondientes en todo el 2011, cuando se intensificó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ por el expresidente Felipe Calderón. Esta alarmante estadística no solo reflejó el aumento de la violencia en el país, sino también hizo patente el impacto profundo y duradero de las políticas de seguridad adoptadas en años anteriores.

La situación se complicó aún más por factores externos, tales como la abundancia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y una alta demanda de drogas ilícitas por parte de este país, lo que propició un ambiente favorable para el narcotráfico en México. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que México cumpliera con sus políticas antinarcóticas, las medidas adoptadas resultaron a menudo en estrategias punitivas que no atendieron las causas profundas de la violencia.

Frente a este panorama, no solo el gobierno mexicano sino también diversas organizaciones no gubernamentales, han hecho llamados a que el gobierno estadounidense haga más estricto el control sobre la producción, venta y distribución de armas, que a menudo terminan en el mercado ilícito de México, aumentando la violencia vinculada al crimen organizado. (Nexos, 2011) Paradójicamente, el gobierno de Estados Unidos no cede en sus presiones hacia el gobierno mexicano para asegurar el acatamiento de sus prioridades antinarcóticos y antiarmas, las cuales han influido en la formulación de políticas de seguridad en México.

En resumen, el conjunto entre la incapacidad del gobierno mexicano y la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos creó un escenario donde la violencia y el crimen pudieron desarrollarse. La administración de Peña Nieto no pudo establecer un sistema de seguridad y justicia efectiva y resistente frente a la magnitud del crimen organizado. Simultáneamente, los factores externos, sobre los cuales el gobierno mexicano tenía un control limitado, empeoraron la situación.

Externamente, México se enfrenta a dinámicas globales que complican aún más su lucha contra la violencia y el narcotráfico. La demanda de drogas ilícitas por parte de países como Estados Unidos alimenta directamente el poder y la influencia de los carteles de droga. Paralelamente, el flujo constante de armas de fuego desde el norte hacia México ha proporcionado a estos grupos criminales el arsenal necesario para desafiar a las fuerzas del orden y aterrorizar a la población.

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis.

Ciertamente el narcotráfico se alimenta de la demanda y se fortalece con el suministro de armas, ambos provenientes del norte. Sin embargo, la responsabilidad primordial de un Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y aquí es donde el gobierno del presidente al mando mostró una deficiencia crítica. Las medidas de seguridad implementadas no solo fueron ineficaces sino que "el legado de inseguridad y violencia del periodo de Enrique Peña Nieto, en el contexto más amplio de una crisis múltiple, postergó de manera indefinida las asignaturas pendientes de la transición en esta materia" (Serrano, 2020)

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis. Entre ellas, la corrupción sistémica y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones públicas, mientras que la falta de oportunidades económicas y educativas perpetuaron ciclos de pobreza que, a menudo, conducen a la violencia. Además, la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia impiden una respuesta eficaz contra el crimen organizado, dejando a las comunidades vulnerables ante la extorsión y la violencia. Es importante que el gobierno mexicano atienda estos desafíos estructurales con políticas inclusivas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y promuevan el desarrollo social y económico.

Por eso, el análisis integral de la violencia político-criminal en México revela que, si bien los factores externos jugaron un papel importante en la escalada de la violencia, la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para establecer un marco de seguridad efectivo que pudiera contrarrestar el flujo de armas y la demanda de drogas fue un factor crucial que facilitó el auge de los carteles y agravó el escenario nacional. En última instancia, la responsabilidad primordial del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La experiencia de México destaca la importancia de una gobernanza efectiva, el estado de derecho, así como políticas de seguridad y justicia integrales y adaptativas para enfrentar desafíos tan complejos como el narcotráfico y la violencia política-criminal.

Referencias

Arroyo, E. (2018). Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda. ITESO, Universidsd Jesuita de Guadalajara. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5618

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (2018). El gobierno de EPN deja una crisis de derechos humanos en México. https://centroprodh.org.mx/2018/11/30/el-gobierno-de-epn-deja-una-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

Nexos (2011). ¿Cuál es el impacto de la venta de armas en Estados Unidos en la violencia en México? Nexos. https://redaccion.nexos.com.mx/¿cual-es-el-impacto-de-la-venta-de-armas-en-estados-unidos-en-la-violencia-en-mexico/

Serrano, A. (2020). Del ‘momento mexicano’ a la realidad de la violencia político-criminal. Colegio de México. Foro Internacional (núm. 2), páginas 791-852. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2739

En 2019 el gobierno de México presentó el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, en el cual reconoció la importancia de la participación de las mujeres en la vida nacional. Asimismo, en el documento se presentó formalmente la Política Exterior Feminista (PEF) con el propósito de orientar las acciones de política exterior para eliminar las desigualdades y diferencias estructurales. La adopción de la PEF se presentó como una de las grandes apuestas de la presente administración pero, en contraste con lo que se señala a nivel discursivo, ¿qué es lo que sucede en realidad? El objetivo del presente ensayo es inspeccionar las bases de la PEF y contrastar sus primeras acciones con el panorama de violencia en México, para identificar puntos claves que permitan una óptima implementación.

El gobierno de México adoptó en 2020 la PEF con el objetivo de encaminar las acciones de la política exterior a reducir las diferencias estructurales y la desigualdad de género. El interés de México por impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en foros internacionales no es reciente, porque guarda una trayectoria importante cuando se trata de estos temas. Por ejemplo, en 1975 fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y también formó parte de las conferencias posteriores, entre ellas la de Pekín, la cual fue clave para la incorporación del factor género en la agenda de seguridad internacional. Por lo tanto, la promoción de la cuestión de género y los derechos de las mujeres no es nueva, pero cobra relevancia porque se ha delineado una política pública, con principios y objetivos.

La presentación de la PEF coloca a México como pionero a nivel internacional, al ser uno de los primeros Estados en hacerlo y al ser el primer país de América Latina en adoptarla, pero ¿a qué se refiere con feminista? Aún existen dudas sobre la elección particular del término “feminista”. Al respecto, la investigadora Inés Arco Escriche menciona que hasta el momento ninguno de los países que han adoptado una PEF, entre ellos Canadá, Francia y España, ha dejado en claro a qué se refiere con la denominación de feminismo. Esto ha dado pie a múltiples interpretaciones, por ejemplo, México define que es un “conjunto de principios que buscan desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”.

[…] una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos.

De acuerdo con las académicas Karin Aggestan y Annika Bergman, la incorporación de la perspectiva feminista requiere de orientar la política exterior a un plan más ambicioso que desafíe las jerarquías de poder y género de las instituciones. En otras palabras, una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos. Incluso, es fundamental ampliar el entendimiento de la seguridad, más allá de la visión tradicional, para agregar nuevos enfoques que sean complementarios como la seguridad humana, el cual pone como prioridad la procuración de seguridad de las personas. Además, el término feminismo corresponde a una serie de enfoques, entre ellos el feminismo liberal, el radical y la perspectiva de género; por lo tanto, hacer uso de término requiere de entender la multiplicidad de enfoques y resulta importante revisar la trayectoria feminista para comprender que cada uno de ellos tiene sus propios objetivos.

Con respecto a lo anterior, la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia mencionó que la PEF hace transversal la perspectiva de género en todas las áreas de política exterior, además de que visibiliza el aporte de las mujeres en las acciones globales y mantiene un enfoque de congruencia al exterior y al interior. De primera instancia, la PEF ha sido desarrollada e implementada con un enfoque de arriba hacia abajo en el cual, hasta el momento, no han existido espacios para la participación de la sociedad civil. Lo anterior quiere decir que una PEF, más allá de grandes declaraciones, requiere de “iniciar un proceso de mediano plazo, que permita un cambio de paradigma hacia nuevas formas de concebir y hacer la política exterior”, así como la transformación de las estructuras que permitan la participación de las mujeres.

La SRE presentó los cinco ejes que sostienen la PEF orientados a la política exterior con perspectiva de género y al funcionamiento de la misma secretaría: SRE paritaria, SRE libre de violencia y segura y SRE feminista e intersección. Lo anterior busca dar coherencia a lo establecido con la PEF dentro de la propia secretaría. En el caso del Servicio Exterior Mexicano, por poner un ejemplo, a finales de 2020 de las 1,117 personas trabajadoras, tan solo el 31% eran mujeres que se encontraban principalmente en el área técnico-administrativa. Mientras que el puesto de cancillería ha sido ocupado por mujeres únicamente en cuatro ocasiones: Rosario Green de 1998 a 2000, Patricia Espinosa de 2003 a 2006, Claudia Ruiz Massieu de 2012 a 2015, y Alicia Bárcena desde julio del presente año. Lo anterior corresponde también con la necesidad de que los programas institucionales atiendan las diferencias, porque hay múltiples informes que dan cuenta de las brechas que existen entre hombres y mujeres para desarrollar las vidas profesionales.

A propósito de los compromisos internacionales, México se comprometió con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde la aprobación de la Resolución 1325 en el año 2000 y las resoluciones subsecuentes. El 11 de enero de 2021 el Gobierno de México presentó su primer Plan Nacional de Acción para el Seguimiento de la Resolución 1325 (2000) de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325), instrumento que se alinea con la PEF. Entre los propósitos del PNA-1325 se encuentra la promoción de la participación sustantiva y activa de las mujeres en la prevención de conflicto a todos los niveles: mantenimiento, reconstrucción y consolidación de la paz; la asistencia humanitaria; el desarme, reintegración y control de armamento; la atención de violencia sexual y de género, y, fortalecimiento del estado de derecho. Sin embargo, se observa que pasaron 20 años para que se presentara el primer Plan Nacional en esa materia, que, además, coincide con un contexto caracterizado por el incremento de las violencias contra las mujeres: feminicidios, desapariciones, explotación sexual y violencia intrafamiliar.

Al respecto, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el año 2021 hubo el mayor número de presuntos feminicidios con 981 en total y tan solo 108 en el mes de agosto, mientras en lo que va de 2023 van 500 casos. En cuanto al número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, en 2022 concentra la cifra más alta con 2,805 casos: en el mismo sentido, en julio de 2023 lleva identificados hay 1,516 casos. Por último, la información de los presuntos delitos de violencia familiar también arroja que en 2022 se contabilizó el mayor número de delitos con 270,54; en 2023 hay acumulados 170,488 presuntos delitos.

La violencia contra las mujeres es la principal problemática para enfrentar. De acuerdo con el PNA-1325, se pretende erradicar a través de la participación y capacitación de las mujeres, para enfrentar las raíces del problema. Sin embargo, el primer informe de la implementación del PNA-1325 refleja que las estrategias aplicadas con el plan han estado orientadas a metas distintas. Es decir, las acciones fueron encaminadas a la sensibilización de los funcionarios públicos. Por lo tanto, la puesta en marcha de la PEF está ampliamente relacionada con el del PNA-1325, debido a que ambas guardan un enfoque de arriba hacia abajo. En otras palabras, resulta relevante que la forma de implementar la transversalidad de la perspectiva de género haya comenzado por las estructuras gubernamentales y que no haya involucrado a la población, esto debido a la urgente necesidad de atender las violencias y desigualdades que, principalmente enfrentan las mujeres.

Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno.

En suma, existe evidencia de que México ha incorporado la perspectiva de género a nivel institucional por medio de la puesta en marca de acciones afirmativas como las cuotas de género en la participación política y los protocolos contra la violencia política de género. El compromiso de México por estar a la vanguardia en materia de derechos humanos y cuestiones de género es innegable. Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno. El planteamiento de los objetivos de esta propuesta es tan solo el primer paso, lo que corresponde es que el gobierno mexicano continúe enriqueciendo sus bases y que lleve adelante la transformación de las estructuras que sostienen la desigualdad y mantiene las brechas de género. De igual manera, la PEF y el PNA-1325 deben plantear mecanismos que permitan evaluar los avances para identificar las oportunidades para transformarse. Finalmente, es necesaria que su vinculación con los diferentes sectores gubernamentales, porque los compromisos al exterior deben ser congruentes con las políticas públicas desarrolladas al interior.