A principios del siglo XXI, México comenzó una transición democrática que prometía marcar el inicio de una era de paz y estabilidad política. Sin embargo, esa transición fue cualquier cosa menos pacífica. El período estuvo marcado por una serie de sucesos violentos que revelaron tensiones profundas en la estructura política y social del país. Incluso, en la última década del siglo XX, el asesinato de más de noventa activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1988 y 1994, hasta el levantamiento del EZLN y otros asesinatos políticos de alto perfil, México enfrentó una realidad donde la violencia política y criminal se convirtieron en constantes que acompañaron y complicaron el proceso de cambio.
El análisis realizado por Mónica Serrano (2020) en "Del 'Momento Mexicano' a la realidad de la violencia político-criminal" destaca la importancia de identificar los principales factores que intensificaron la violencia político-criminal en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Un periodo marcado por los conflictos internos y por el notable ascenso del narcotráfico como un actor crucial, con suficiente poder para influir en los resultados electorales y cuestionar la estabilidad de la democracia.
En este orden de ideas, respecto a los factores internos, la presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un aumento alarmante de la violencia y una percepción generalizada de la inseguridad. Con ello, se reflejó la incapacidad gubernamental para enfrentar y contener la violencia que se presentaba en el territorio. Es decir, no hubo una estrategia clara, coherente y eficaz para combatir el crimen organizado, la mayoría de las políticas implementadas fueron reactivas y no atendían las causas estructurales de la violencia.
Estas políticas de seguridad, como la militarización en la lucha contra el narcotráfico, resultaron contraproducentes y generaron un aumento de la violencia sin disminuir la capacidad operativa de los carteles. Cabe resaltar que la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el gobierno de Peña Nieto no tuvo los efectos planteados ya que, lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con su predecesor, Felipe Calderón. (Arroyo, 2018)
Aunado a lo anterior, el gobierno, afectado por acusaciones de corrupción y conexiones con el crimen organizado, vio cómo su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley se debilitaban por la infiltración de grupos criminales en las instituciones estatales. Esta situación se complicó por un sistema judicial mexicano ineficaz e incapaz de administrar justicia, con altos niveles de impunidad y una distinción borrosa entre civiles, combatientes, participantes en economías ilícitas y aquellos fuera de ellas, lo que exacerbaba la crisis debido a la interacción continua entre lo legal y lo ilegal.
Al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, México enfrentaba una situación crítica de violencia e inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Hacia 2017, el país registró un récord de homicidios, evidenciando un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre los mexicanos. Aunque el gobierno de Peña Nieto fue consciente de estos problemas, no consiguió garantizar la seguridad pública ni proteger eficazmente a la población.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., conocido como Centro Prodh (2018) destacó que “2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas”. Esta aseveración está basada en el hecho de que hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 hemicidios violentos, cifra que supera los indicadores correspondientes en todo el 2011, cuando se intensificó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ por el expresidente Felipe Calderón. Esta alarmante estadística no solo reflejó el aumento de la violencia en el país, sino también hizo patente el impacto profundo y duradero de las políticas de seguridad adoptadas en años anteriores.
La situación se complicó aún más por factores externos, tales como la abundancia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y una alta demanda de drogas ilícitas por parte de este país, lo que propició un ambiente favorable para el narcotráfico en México. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que México cumpliera con sus políticas antinarcóticas, las medidas adoptadas resultaron a menudo en estrategias punitivas que no atendieron las causas profundas de la violencia.
Frente a este panorama, no solo el gobierno mexicano sino también diversas organizaciones no gubernamentales, han hecho llamados a que el gobierno estadounidense haga más estricto el control sobre la producción, venta y distribución de armas, que a menudo terminan en el mercado ilícito de México, aumentando la violencia vinculada al crimen organizado. (Nexos, 2011) Paradójicamente, el gobierno de Estados Unidos no cede en sus presiones hacia el gobierno mexicano para asegurar el acatamiento de sus prioridades antinarcóticos y antiarmas, las cuales han influido en la formulación de políticas de seguridad en México.
En resumen, el conjunto entre la incapacidad del gobierno mexicano y la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos creó un escenario donde la violencia y el crimen pudieron desarrollarse. La administración de Peña Nieto no pudo establecer un sistema de seguridad y justicia efectiva y resistente frente a la magnitud del crimen organizado. Simultáneamente, los factores externos, sobre los cuales el gobierno mexicano tenía un control limitado, empeoraron la situación.
Externamente, México se enfrenta a dinámicas globales que complican aún más su lucha contra la violencia y el narcotráfico. La demanda de drogas ilícitas por parte de países como Estados Unidos alimenta directamente el poder y la influencia de los carteles de droga. Paralelamente, el flujo constante de armas de fuego desde el norte hacia México ha proporcionado a estos grupos criminales el arsenal necesario para desafiar a las fuerzas del orden y aterrorizar a la población.
La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis.
Ciertamente el narcotráfico se alimenta de la demanda y se fortalece con el suministro de armas, ambos provenientes del norte. Sin embargo, la responsabilidad primordial de un Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y aquí es donde el gobierno del presidente al mando mostró una deficiencia crítica. Las medidas de seguridad implementadas no solo fueron ineficaces sino que "el legado de inseguridad y violencia del periodo de Enrique Peña Nieto, en el contexto más amplio de una crisis múltiple, postergó de manera indefinida las asignaturas pendientes de la transición en esta materia" (Serrano, 2020)
La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis. Entre ellas, la corrupción sistémica y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones públicas, mientras que la falta de oportunidades económicas y educativas perpetuaron ciclos de pobreza que, a menudo, conducen a la violencia. Además, la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia impiden una respuesta eficaz contra el crimen organizado, dejando a las comunidades vulnerables ante la extorsión y la violencia. Es importante que el gobierno mexicano atienda estos desafíos estructurales con políticas inclusivas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y promuevan el desarrollo social y económico.
Por eso, el análisis integral de la violencia político-criminal en México revela que, si bien los factores externos jugaron un papel importante en la escalada de la violencia, la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para establecer un marco de seguridad efectivo que pudiera contrarrestar el flujo de armas y la demanda de drogas fue un factor crucial que facilitó el auge de los carteles y agravó el escenario nacional. En última instancia, la responsabilidad primordial del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La experiencia de México destaca la importancia de una gobernanza efectiva, el estado de derecho, así como políticas de seguridad y justicia integrales y adaptativas para enfrentar desafíos tan complejos como el narcotráfico y la violencia política-criminal.
Referencias
Arroyo, E. (2018). Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda. ITESO, Universidsd Jesuita de Guadalajara. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5618
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (2018). El gobierno de EPN deja una crisis de derechos humanos en México. https://centroprodh.org.mx/2018/11/30/el-gobierno-de-epn-deja-una-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/
Nexos (2011). ¿Cuál es el impacto de la venta de armas en Estados Unidos en la violencia en México? Nexos. https://redaccion.nexos.com.mx/¿cual-es-el-impacto-de-la-venta-de-armas-en-estados-unidos-en-la-violencia-en-mexico/
Serrano, A. (2020). Del ‘momento mexicano’ a la realidad de la violencia político-criminal. Colegio de México. Foro Internacional (núm. 2), páginas 791-852. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2739