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La llamada telefónica sostenida por los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joseph Biden del 22 de enero de 2021, la reunión virtual entre ambos mandatarios del 1 de marzo de 2021, así como la participación de López Obrador en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021 convocada por el presidente Biden son muy indicativas del momento en el que se encuentra la relación bilateral México-Estados Unidos: fueron intercambios necesarios para ambos mandatarios que, aunque cordiales, fueron muy generales y relativamente fríos. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de estos tres encuentros?

Para entender el tenor de estos intercambios, en primera instancia es necesario recordar las máximas prioridades de la administración Biden: primero y antes que nada, busca atender las tres profundas crisis nacionales que está enfrentando Estados Unidos: salud (Covid-19), económica (por la recesión generada por el Covid-19) y social (con niveles no vistos en décadas de fragmentación y polarización social y política); segundo, buscar solución a cuatro crisis internacionales: migración (fundamentalmente los flujos migratorios irregulares desde Centroamérica y México), de gobernanza global (por la crisis en las instituciones multilaterales), de cambio climático y la competencia por el liderazgo mundial (frente a China).

Aun ante las reiteradas acciones de AMLO hacia Biden y los demócratas del último año (visita a Trump en tiempos electorales en julio de 2020; retraso en la felicitación ante el triunfo electoral de Biden; ofrecimiento de asilo a Assange; carta de felicitación fría y más bien dirigida a la audiencia mexicana; caso Cienfuegos —sin proceso judicial en México, publicación del expediente confidencial y crítica a sistema judicial de Estados Unidos en la integración del mismo—; Ley de Seguridad Nacional obligando a agentes extranjeros, principalmente estadounidenses, a informar a la SRE sobre sus actividades y hallazgos; falta de condena a la toma del Capitolio pero crítica a las redes sociales por coartar la libertad de expresión del Presidente Trump, entre otros), la administración Biden aceptó tener la segunda llamada telefónica del presidente con un Jefe de Estado extranjero (tras Canadá) el 22 de enero de 2021 y la segunda reunión virtual (nuevamente, después de Canadá) el 1 de marzo de 2021, con México. Además, AMLO fue incluido entre los 40 líderes participantes en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021. Esto es reflejo de dos puntos fundamentales: primero, Biden es un político profesional y, segundo, que entiende que su relación con México (y Canadá) es interméstica.

Con respecto al primer punto, el profesionalismo de Biden como político significa que conducirá las relaciones de Estados Unidos con el mundo (y particularmente con México) a través de las instituciones del Estado y sus burocracias especializadas. Esto es fundamental para México (y el mundo), ya que generará certidumbre y predictibilidad en las acciones externas de Estados Unidos. En lo referente al segundo punto, el que la relación sea interméstica significa que Biden entiende que lo sucede en las políticas internas de México y Estados Unidos impacta a la relación bilateral. Esto implica que la relación bilateral es de alta complejidad, ya que incluye todos los temas de agenda nacional de ambos países y una multiplicidad de actores de los sectores público (de los tres poderes de la unión a nacional, pero también gobiernos estatales y locales), privado (empresas transnacionales y medios), social (organizaciones sociales, sindicales y academia).

La suma de estos dos puntos demuestra que Biden está consciente de que requiere de la cooperación de México (y Canadá, además de otros socios estratégicos europeos y asiáticos), para la solución de sus máximas prioridades domésticas (particularmente las crisis de salud y económica) e internacionales (especialmente el tema migratorio, gobernanza multilateral, cambio climático y la competencia de China). Por ello, aun ante las acciones poco amistosas de AMLO, la administración Biden decidió llevar a cabo la llamada telefónica y la reunión virtual con México, sólo después de Canadá, además de invitar a México a la cumbre virtual sobre cambio climático.

Los comunicados conjuntos derivados de la llamada telefónica y la reunión virtual, así como el video de la segunda, son igualmente indicativos de los temas prioritarios en la relación México-Estados Unidos con la llegada de la administración Biden: aquéllos que requieren de la cooperación con México para atender las prioridades de política interna (crisis de salud y económica) y externa (migración, cambio climático y China) de Estados Unidos. Dado que se trataba de reuniones públicas, cada uno de estos temas fue tratado de manera muy general, pero con claras indicaciones del rumbo de la relación bilateral. Los detalles de su ejecución se definirán por los canales institucionales establecidos, en privado y fuera de los reflectores.

Con respecto a la cumbre de cambio climático, el presidente Biden tuvo la cortesía de invitar al presidente AMLO entre los 40 líderes convocados, mandando una clara señal sobre la importancia que los temas medioambientales tendrán en la agenda interna e internacional de Estados Unidos. Desafortunadamente, el presidente López Obrador no entendió la relevancia del evento, cometiendo tres fallas protocolarias de forma y fondo. Primero, cometió una gran descortesía: sólo escuchó las presentaciones del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, incluyéndolas en el marco de su conferencia mañanera del 22 de abril, ausentándose durante las presentaciones de los demás jefes de Estado y gobierno participantes. Segundo, su mensaje no enfatizó los temas centrales de la cumbre: no habló sobre los compromisos de México para la reducción de gases de efecto invernadero y la promoción de energías limpias y renovables, sino que compartió la experiencia de su programa insignia de reforestación “Sembrando Vidas” y la reducción en la producción petrolera mexicana. Finalmente, tercero, sus palabras estuvieron fuera de contexto: incluyó un tema ajeno a la cumbre, la migración irregular de centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos, proponiendo a Biden que invierta en la ampliación del programa “Sembrando Vidas” a Centroamérica, ofreciendo visas de trabajo temporales a quienes participen en este programa por tres años y luego residencia o nacionalidad estadounidense tras tres o cuatro años adicionales.

Dado que había conocimiento previo por parte de Estados Unidos sobre estos tres puntos, no es de sorprender que el presidente Biden haya abandonado la sala cuando hablaba el presidente mexicano. En diplomacia, la reciprocidad y el protocolo son la base de toda negociación y cooperación: si el presidente AMLO no tuvo la cortesía de escuchar a sus homólogos y dedicar su mensaje al tema central de la cumbre, no podía esperar un trato especial por parte de su anfitrión. Jorge Castañeda lo llamo “el terrible desaire de Biden a AMLO” en su artículo en Nexos del 22 de abril; yo lo llamo simple y llana reciprocidad diplomática.

En suma, los intercambios entre Biden y AMLO en los primeros 100 días de la presidencia del presidente Biden (llamada telefónica, reunión virtual y cumbre sobre cambio climático) son muy indicativos del estado actual de la relación bilateral: están llenos de retórica de cordialidad (amistad, vecindad, cooperación, compromiso), pero han sido excesivamente generales, sin establecer acciones precisas. Sin embargo, reflejan claramente que las prioridades en la relación bilateral con la llegada de Biden (por la complejidad de esta relación interméstica) serán aquéllas que requieran de la cooperación con México para solución de las máximas prioridades de política interna (crisis de salud, económica y social) e internacional (crisis migratoria, cambio climático, gobernanza multilateral y China) de los Estados Unidos. Todavía es tiempo, aunque cada vez el intervalo de cooperación se esté reduciendo aceleradamente, de que México entienda estas prioridades, buscando los mecanismos de concertación con Estados Unidos que sirvan para atender estas crisis compartidas entre ambos países, para promover el bienestar y desarrollo de México.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al cambio climático como un tema definitorio de nuestro tiempo (ONU, 2021). En efecto, como factor global, las consecuencias de este fenómeno empiezan a ser cada vez más graves, pues muchos países ya tienen que enfrentar los diversos problemas derivados del incremento en el nivel del mar, acidificación, sequías, desastres, desequilibrios de los ecosistemas, entre otros.1 Dichos retos, a su vez, están produciendo efectos en los ámbitos social, económico y político, con alcance transnacional, pues los cambios presionan a diferentes estratos de la sociedad.

En México, el artículo 4° constitucional señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” (Cámara de Diputados, 2021). Se destaca que ninguno de los principios que rigen el actuar internacional del Estado incorpora de manera concreta el tema ambiental. No obstante, la diplomacia mexicana ha sido activa en este sentido desde hace décadas, lo que ha producido un “efecto candado” que vincula lo externo con lo interno: se ha comprometido a México, mediante múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales, en distintas áreas para implementar una estructura institucional, de carácter transversal, con el fin de proteger el medio ambiente.

México ha participado en foros clave: la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Protocolo de Montreal en 1987, la Conferencia de Río en 1992, el Protocolo de Kioto en 1997, el Acuerdo de París en 2015, entre otros. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las acciones se concentraron en reforestación, promoción del Fondo Verde, reducción de emisiones, además de aprobarse la Ley General de Cambio Climático y echar andar los programas de eficiencia energética (Vázquez Tapia, 2012).

También, México fue sede de la 16va Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que se limitó el incremento de temperatura en 2º C, se fortalecieron mecanismos de transferencia tecnológica, se propuso diseñar un marco de adaptación, entre otras medidas.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, México participó en la COP 21 celebrada en París, en 2015, en donde se reafirmó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2º C sobre los niveles preindustriales (United Nations, Climate Change, 2015). Al respecto, nuestro país se comprometió a incrementar la generación de energía limpia para alcanzar, en 2024, el 35% del total y 43% para 2030. También, se debe reducir 22% de GEI y 51% de carbono negro.

México puso el ejemplo en establecer compromisos voluntarios para disminuir los GEI y entre 2013 y 2018 reportó la reducción de 70 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Además, se eliminaron los subsidios a combustibles fósiles y se puso un impuesto al carbono, sin olvidar que con la Reforma Energética se logró que cerca del 30% de la matriz energética se constituya con energías renovables (Pacchiano Alamán, 2018).

Con todo, seguimos ocupando el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de GEI. Por sus características geográficas, México es vulnerable a eventos meteorológicos extremos por lo que los daños y pérdidas estimadas son enormes.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos para institucionalizar y coordinar instrumentos con el fin de enfrentar el problema, el presupuesto destinado al asunto, la voluntad política y las capacidades gubernamentales son deficientes. Los ejemplos del efecto negativo del cambio climático y de la displicencia de las autoridades en el tema ambiental abundan. En 2021, México enfrenta una sequía en casi el 85% de su territorio, lo que ha provocado estragos en el abastecimiento de agua para uso industrial, agrícola y de consumo (Miranda, 2021). Esto empieza a revelar la necesidad de que los asuntos para la mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con relación al cambio climático sean de importancia para el interés y la seguridad nacional en los hechos y no solo en el discurso.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo compromiso para mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades (ONU, s/f).

En el gobierno actual, la agenda medioambiental parece estar disminuida. El énfasis en robustecer la producción de energías fósiles (Raphael, 2021) en detrimento de aquellas como la solar, eólica o nuclear, por nombrar las más destacadas, puede derivar en el debilitamiento de las capacidades nacionales en términos económicos, políticos, sociales y, como colofón, internacionales. Si bien, la narrativa del presidente durante la cumbre de líderes sobre cambio climático, convocada en abril de este año por el presidente estadounidense Joe R. Biden, quien presenta una ambiciosa agenda en la materia, ya incluyó en su discurso el término, las propuestas que presentó nuestro gobierno no contribuyen a soluciones de mitigación, adaptación o transición energética, sino que continúan con una política para la producción de energías fósiles y vinculan algunas ideas provenientes de la política social, como “Sembrando Vida”, que no ha probado ser una medida efectiva en términos ambientales (Guzmán, 2021).

Incluso, el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no incluyó el término de cambio climático, lo que mostró que, en su momento, los líderes no tuvieron un verdadero compromiso ni preocupación sobre el tema.

Se necesitan replantear las prioridades en materia de la vinculación entre política ambiental y política exterior. Se esbozan las siguientes propuestas:

  • Es fundamental construir una narrativa y política, basada en la ciencia, que coloque al cambio climático y la protección del medio ambiente como asuntos de interés y seguridad nacional, para que estos temas sean ejes referentes de la política exterior y se legitime la movilización de recursos.
  • Agregar como principio de política exterior “el respeto, la protección y promoción del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental” para convertirla en una política de Estado.
  • Dentro de la legislación mexicana, definir las acciones que debe realizar cada organismo gubernamental, así como reforzar la coordinación, con el liderazgo de la SRE, en los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.
  • Aprovechar el ímpetu del gobierno de Estados Unidos para negociar proyectos de cooperación en materia de mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con base en la identificación de necesidades claras a partir de un diagnóstico por regiones y observando los límites a la soberanía.
  • Negociar acuerdos con los actores globales más dinámicos en materia de desarrollo de nuevas fuentes de energía para profundizar la transferencia tecnológica, así como formular esquemas de cooperación Sur-Sur con actores que presenten similitudes en materia de adaptación y resiliencia.
  • Participar activamente en los principales foros globales para negociar la transferencia de recursos financieros. La SRE debe dar acompañamiento, junto con la sociedad civil, para compensar la falta de recursos del Estado mexicano.
  • Es necesario generar nuevas tecnologías sustentables para ayudar a salvar la Tierra, por ello se requiere de inversión y difusión de dichas innovaciones para establecer políticas públicas en la materia.
  • Entre los ODS, existen metas que las organizaciones tanto públicas como privadas deben cumplir antes del 2030 con el objetivo de provocar un impacto positivo en la sociedad. Por ello, la colaboración entre las instituciones públicas de todos los órdenes del gobierno y la sociedad civil es fundamental. Es relevante fomentar la educación ambiental.

Así pues, México debe adoptar como estrategia robustecer su presencia internacional en materia de medio ambiente, lo que implica un cambio de narrativa, con el propósito de encontrar aliados con intereses afines que puedan beneficiarse de México, pero también puedan apoyar en la solución de problemas comunes. Es necesario que el gobierno se replanteé la perspectiva no solo en términos de política medio ambiental, sino también en materia internacional y reconozca que el problema del medio ambiente en general, y el del cambio climático en particular, puede ser clave para el desarrollo de México y su posición internacional durante el resto de este siglo.

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Notas

1 Se estima que, de continuar la tendencia, la temperatura global aumentará cerca de 4º C hacia el fin de siglo.

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Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://bit.ly/3gVRwch, consultado el 1 de mayo de 2021.

Guzmán, Sandra. (2021). La agenda ‘climática’ de López Obrador, Estrategia Sustentable, disponible en: https://bit.ly/3eQ5b1P, consultado el 2 de mayo de 2021.

López-Vallejo Olvera, Marcela. (2018). Medio ambiente, cambio climático y energía sustentable en la agenda internacional de México: diagnóstico y propuestas, en Schiavon, Jorge A., Rafael Velázquez Flores y Humberto Garza Elizondo (eds.), La política exterior de México 2018-2024: Diagnóstico y propuestas, CIDE, UABC, UANL, México.

Miranda, Fanny. (2021). México, con sequía en el 84.9% de su territorio: Servicio Meteorológico Nacional, Milenio Diario, disponible en: https://bit.ly/3eS5YiO, consultado el 2 de mayo de 2021.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). 2021 es un año decisivo para la acción colectiva contra la emergencia climática: António Guterres, disponible en: https://bit.ly/335CZmm, consultado el 30 de abril de 2021.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s/f). Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, consultado 2 de mayo de 2021.

Pacchiano Alamán, Rafael. (3 octubre de 2018). México pone el ejemplo para enfrentar el cambio climático, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponible en: https://bit.ly/2QSxp42, consultado el 2 de mayo de 2021.

Raphael, Ricardo. (2021). México saldrá del Acuerdo de París, Proceso, disponible en: https://bit.ly/3eb1YL7, consultado el 2 de mayo de 2021.

Reina, Elena. (2016). México destruye parte de un manglar en Cancún para un proyecto hotelero, El País, disponible en: https://bit.ly/3gYqLEa, consultado el 2 de mayo de 2021.

United Nations, Climate Change. (2015). The Paris Agreement, disponible en: https://bit.ly/3vDaRDq, consultado el 1 de mayo de 2021.

Vázquez Tapia, Esmeralda A. (30 noviembre 2012). La 'semilla verde' de Calderón, no se convirtió en legado, dicen analistas, Expansión, disponible en https://expansion.mx/planetacnn/2012/11/30/la-semilla-verde-de-calderon-no-se-convirtio-en-legado-dicen-analistas, consultado el 30 de abril 2021.

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La red consular de nuestro país en Estados Unidos, compuesta por 50 oficinas y una sección consular de la embajada de México en Washington, forma parte de una política exterior de Estado fraguada de forma paulatina desde finales del siglo XX para atender a unas 11 millones de personas nacidas en territorio mexicano1 y que se ha convertido en una herramienta fundamental en estos tiempos de pandemia para los connacionales, a pesar de los recortes de personal y de recursos que ha venido sufriendo en los últimos años.

Los consulados tienen como principales funciones brindar servicios de asistencia y de protección (como asuntos civiles, localización de compatriotas, defensoría legal en materia de derechos civiles, humanos, laborales, traslado de reos y de restos humanos en casos de defunción de connacionales en la Unión Americana), otorgar documentación (pasaportes, matrículas consulares, servicios notariales, registro civil, credencial de elector, visas, etcétera), y en las últimas décadas también se han dedicado a otras labores, entre ellas organizar jornadas de salud en favor de los mexicanos, talleres sobre finanzas, eventos culturales, programas educativos y promover relaciones públicas con actores de la sociedad estadounidense en beneficio de México.

Durante la crisis sanitaria que ha azotado al mundo desde inicios de 2020, la red consular mexicana ha sido fundamental para otorgar información a connacionales por medio de sus páginas en Internet, del correo electrónico y de la habilitación de líneas de emergencia, pero también al apoyar en el traslado de los restos de cientos de mexicanos que perdieron la lucha ante el virus SarsCov-2, causante de la enfermedad Covid-19. Basta recordar que enero de 2021 se habían contabilizado alrededor de 3 mil 500 muertes de mexicanos por la pandemia en Estados Unidos, según datos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante el primer tercio de 2021, decenas de consulados mexicanos llegaron a acuerdos con autoridades estatales y municipales de Estados Unidos para que se pudieran aplicar vacunas a los mexicanos que radican en el vecino país del norte, sin importar su condición jurídica o su estatus migratorio, lo que beneficiará también a paisanos detenidos en centros de detención migratorios y penitenciarios, a trabajadores considerados esenciales (en sectores como el de la agricultura), personas hospitalizadas, adultos mayores e indígenas.

Las gestiones de los diplomáticos mexicanos han permitido que instalaciones de algunos consulados se hayan convertido en clínicas de vacunación contra Covid-19. Uno de los casos más recientes es el del Consulado General de San Diego, cuyo patio funciona como centro de aplicación del antígeno desde el 24 de marzo pasado, con lo que se sumó a otros espacios similares en los consulados mexicanos de Atlanta, Boise, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Orlando, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City y Saint Paul.

Hasta el 25 de marzo de 2021, de acuerdo con datos de la propia SRE, se habían logrado inmunizar a ocho mil compatriotas en algunas de las sedes consulares mexicanas, mismas que a pesar de la pandemia continúan también con un programa exitoso surgido en 2003, las llamadas Ventanillas de Salud, por medio de las cuales se realizan jornadas sistemáticas de atención para mexicanos vulnerables y sin acceso a servicios médicos en la Unión Americana, con el apoyo de autoridades estatales y municipales, así como de la iniciativa privada y de organizaciones no gubernamentales.

En síntesis, la labor consular es un pilar de la política exterior del Estado mexicano desplegada para atender a su diáspora, cuya valía social y económica se refleja cada día en México debido a los fuertes lazos de los paisanos en Estados Unidos con sus comunidades de origen y al envío de remesas a territorio mexicano, mismas que en 2020 superaron los 40 mil millones de dólares, por arriba de los ingresos de divisas obtenidos por turismo, inversión extranjera directa y ventas de petróleo.

A pesar de lo antes mencionado, la política de austeridad republicana emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dificulta las labores de la diplomacia mexicana, en general, y de los consulados, en particular. En 2019 se sufrió un recorte de 300 millones de pesos en el presupuesto de la Cancillería, pese a la promesa del presidente de convertir a los consulados en procuradurías promigrantes. La medida afectó en especial las labores de protección, asistencia y servicios para los mexicanos en el exterior y los gastos en servicios personales en materia consular.

En el Presupuesto de Egresos de 2020, la SRE tuvo una recuperación al recibir $8,723,637,695, por arriba de los $8,532,283,876 que se le asignaron en 2019, sin embargo, de nueva cuenta en el presupuesto de 2021 se redujo lo asignado a la Cancillería, esta vez en un 10 por ciento, para quedar en $8,121,231,865.

La diplomacia es una inversión que retorna en forma de capitales extranjeros, de prestigio internacional y de relaciones internacionales estables, además, es una herramienta esencial para proteger y mantener la vinculación con la diáspora mexicana en el extranjero, por ende, el gobierno federal tendría que garantizar los recursos necesarios para que los consulados cumplan con sus actividades, incluso en un contexto de pandemia.

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Notas

1 Los consulados también atienden a descendientes de mexicanos y a extranjeros. Se estima que la población de origen mexicano en Estados Unidos es de 36 millones de personas, de las cuales 11 millones nacieron en México.

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Sobre la política exterior mexicana en la actualidad existen muchos retos, pero un área fundamental para su profesionalización y que ha permanecido estancada es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), tanto en la rama diplomático-consular, como la rama técnico administrativa. Este estancamiento se deriva que desde el año 2017 la SRE no ha realizado la aplicación de los exámenes de admisión en estas ramas, y en el año 2019, a pesar de que se publicó la convocatoria, tampoco se realizó examen de admisión.

Cada año, los distintos programas educativos de licenciatura y maestría de Relaciones Internacionales de las universidades del país titulan a una buena cantidad de internacionalistas, que tienen que dedicarse a laborar en organizaciones y empresas que muchas veces no tienen relación directa con lo que estudiaron. Desde la licenciatura y maestría, muchos estudiantes, por medio de trabajo de tesis, se especializan en regiones o aspectos relevantes de la política exterior mexicana, pero por el estancamiento del Servicio Exterior Mexicano, no pueden aplicar estos conocimientos en la práctica.

Asimismo, en los últimos gobiernos, el SEM ha estado involucrado en actos de corrupción ligados a los partidos políticos dominantes, y en la actualidad, no se ha llevado a cabo ninguna acción para evidenciar un fortalecimiento de esta entidad. Por ello, considero que es imperativo que, para mejorar y fortalecer al SEM, se deben aplicar nuevamente los exámenes de ingreso bajo procesos transparentes, así como aumentar el número de plazas, promover a sus integrantes, ubicarlos en las áreas que dominan, y promover su profesionalización mediante el aprendizaje y dominio de las lenguas extranjeras. Con estas acciones, no sólo se lograrán mucho de los objetivos de la política exterior mexicana, sino que el SEM se mostrará más profesional, con procesos institucionalizados y al tiempo que se fortalecerá el ingreso y egreso a las carreras de Relaciones Internacionales.

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El 16 de abril de 2021 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley que regula a la cooperación internacional para el desarrollo (CID) de México, considerada por la Constitución como principio normativo de la política exterior. El propósito esencial de la inédita normativa fue mejorar la capacidad del gobierno federal, para programar, gestionar coordinar, financiar y evaluar los ejercicios de esa naturaleza, en sus vertientes receptora y oferente. Fue así como producto de esa Ley nació un Sistema de CID mexicana, que se confeccionó para armonizar su actuar, tanto con base en necesidades nacionales, como a la luz de los nuevos lineamientos de la agenda global del desarrollo, bajo la expectativa de que México se posicionara como un referente destacado en la materia.

Con base en esta Ley, el 27 de septiembre de 2011 nació la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), como la instancia adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desde entonces regula el actuar en este segmento de las relaciones internacionales oficiales de nuestro país. A la par, la Ley obliga al gobierno en turno a guiar sus actividades a este respecto mediante un Programa nacional de cooperación internacional, así como alimentar, de manera permanente, a un Sistema de información. Este mecanismo debe dar cuenta de proyectos, programas, acuerdos y recursos dedicados a la colaboración que México instrumenta y, de esa forma, atender a los principios de visibilidad y rendición de cuentas.

Con el paso de los años, este Sistema de CID, si bien registra avances en varios de sus segmentos, en tiempos recientes enfrenta dificultades que, incluso, atentan contra los elementos fundamentales de la Ley. Por ejemplo, la AMEXCID continúa funcionando mediante una estructura que, en esencia, y a pesar de algunas adecuaciones, tiene como origen a la entonces Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, diseñada en el año 2000, más de veinte años atrás. Si bien la reforma institucional de la AMEXCID está en puerta mediante adecuaciones al Reglamento Interior de la SRE, el rezago institucional y la fragmentación de las oficinas que componen a este organismo desconcentrado de la Cancillería compone una tarea que continúa pendiente. El Programa Nacional de CID (PROCID), que por Ley debe crearse cada sexenio, tiene un rezago, al momento actual, de dos años y medio, mientras que los datos más recientes que arroja el Registro Nacional de CID corresponden al año 2017, lo que implica una demora de cuatro años. Ello impide a las autoridades conocer los montos, orientaciones geográficas y tipos de colaboración que México ofrece en su entorno exterior; elementos indispensables para hacer las evaluaciones necesarias sobre los aciertos y elementos de oportunidad de esta faceta de México en el exterior, en especial Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Finamente, el FONCID fue recientemente eliminado, lo que deja en vilo el instrumento que el gobierno utilizará para honrar y transparentar el compromiso presidencial de otorgar de cerca de 100 millones de dólares anuales a nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala (expulsores de migrantes a Estados Unidos), quienes reciben los programas “Sembrado Vidas” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como réplica o, en voz de la AMEXCID, “exportación” (sic) de las estas acciones aplicadas en México.

Llama la atención que este generoso ejercicio de colaboración mexicano hacia el Sur no coincide del todo con los cánones de la cooperación actual, que requiere de ejercicios de complementariedad, coparticipación y cofinanciamiento entre los socios, tendientes a adaptarse a las necesidades de los beneficiarios (demand driven) y evitar medidas asistencialistas, que impiden la apropiación de los proyectos. En este sentido, no olvidar que la CID de nuestros días debe necesariamente abordar, de manera integral, rubros estructurales como mejoras en políticas púbicas en temas de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, cuidado ambiental, equidad de género, prevención de desastres naturales, etc.

En definitiva, a 10 años de la entrada en vigor de la Ley de CID, junto con sus logros, resulta fundamental atender, de manera cabal, al espíritu y contenido de este mandato federal, para facilitar al gobierno la construcción de una política de cooperación internacional más sistémica, de Estado, que atienda a las causas del subdesarrollo. Ello evitaría que la contención migratoria sea la principal brújula que en buena medida orienta el actuar de la AMEXCID.

Para ello es necesario, ya sea cumplir con el contenido de la Ley citada, o hacer un alto, y reflexionar, de la mano de distintos actores nacionales, para transformar a esta normativa y al Sistema que aglutina a la CID mexicana. Hacer esto permitiría plantear las modificaciones necesarias para hacer de este instrumento -y principio normativo de la política exterior- una novedosa herramienta al servicio de las causas nacionales e internacionales, que sea adaptativa a los propósitos de desarrollo y, a la par, de la política exterior mexicana.

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