El 16 de abril de 2021 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley que regula a la cooperación internacional para el desarrollo (CID) de México, considerada por la Constitución como principio normativo de la política exterior. El propósito esencial de la inédita normativa fue mejorar la capacidad del gobierno federal, para programar, gestionar coordinar, financiar y evaluar los ejercicios de esa naturaleza, en sus vertientes receptora y oferente. Fue así como producto de esa Ley nació un Sistema de CID mexicana, que se confeccionó para armonizar su actuar, tanto con base en necesidades nacionales, como a la luz de los nuevos lineamientos de la agenda global del desarrollo, bajo la expectativa de que México se posicionara como un referente destacado en la materia.
Con base en esta Ley, el 27 de septiembre de 2011 nació la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), como la instancia adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desde entonces regula el actuar en este segmento de las relaciones internacionales oficiales de nuestro país. A la par, la Ley obliga al gobierno en turno a guiar sus actividades a este respecto mediante un Programa nacional de cooperación internacional, así como alimentar, de manera permanente, a un Sistema de información. Este mecanismo debe dar cuenta de proyectos, programas, acuerdos y recursos dedicados a la colaboración que México instrumenta y, de esa forma, atender a los principios de visibilidad y rendición de cuentas.
Con el paso de los años, este Sistema de CID, si bien registra avances en varios de sus segmentos, en tiempos recientes enfrenta dificultades que, incluso, atentan contra los elementos fundamentales de la Ley. Por ejemplo, la AMEXCID continúa funcionando mediante una estructura que, en esencia, y a pesar de algunas adecuaciones, tiene como origen a la entonces Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, diseñada en el año 2000, más de veinte años atrás. Si bien la reforma institucional de la AMEXCID está en puerta mediante adecuaciones al Reglamento Interior de la SRE, el rezago institucional y la fragmentación de las oficinas que componen a este organismo desconcentrado de la Cancillería compone una tarea que continúa pendiente. El Programa Nacional de CID (PROCID), que por Ley debe crearse cada sexenio, tiene un rezago, al momento actual, de dos años y medio, mientras que los datos más recientes que arroja el Registro Nacional de CID corresponden al año 2017, lo que implica una demora de cuatro años. Ello impide a las autoridades conocer los montos, orientaciones geográficas y tipos de colaboración que México ofrece en su entorno exterior; elementos indispensables para hacer las evaluaciones necesarias sobre los aciertos y elementos de oportunidad de esta faceta de México en el exterior, en especial Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Finamente, el FONCID fue recientemente eliminado, lo que deja en vilo el instrumento que el gobierno utilizará para honrar y transparentar el compromiso presidencial de otorgar de cerca de 100 millones de dólares anuales a nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala (expulsores de migrantes a Estados Unidos), quienes reciben los programas “Sembrado Vidas” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como réplica o, en voz de la AMEXCID, “exportación” (sic) de las estas acciones aplicadas en México.
Llama la atención que este generoso ejercicio de colaboración mexicano hacia el Sur no coincide del todo con los cánones de la cooperación actual, que requiere de ejercicios de complementariedad, coparticipación y cofinanciamiento entre los socios, tendientes a adaptarse a las necesidades de los beneficiarios (demand driven) y evitar medidas asistencialistas, que impiden la apropiación de los proyectos. En este sentido, no olvidar que la CID de nuestros días debe necesariamente abordar, de manera integral, rubros estructurales como mejoras en políticas púbicas en temas de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, cuidado ambiental, equidad de género, prevención de desastres naturales, etc.
En definitiva, a 10 años de la entrada en vigor de la Ley de CID, junto con sus logros, resulta fundamental atender, de manera cabal, al espíritu y contenido de este mandato federal, para facilitar al gobierno la construcción de una política de cooperación internacional más sistémica, de Estado, que atienda a las causas del subdesarrollo. Ello evitaría que la contención migratoria sea la principal brújula que en buena medida orienta el actuar de la AMEXCID.
Para ello es necesario, ya sea cumplir con el contenido de la Ley citada, o hacer un alto, y reflexionar, de la mano de distintos actores nacionales, para transformar a esta normativa y al Sistema que aglutina a la CID mexicana. Hacer esto permitiría plantear las modificaciones necesarias para hacer de este instrumento -y principio normativo de la política exterior- una novedosa herramienta al servicio de las causas nacionales e internacionales, que sea adaptativa a los propósitos de desarrollo y, a la par, de la política exterior mexicana.