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El pasado jueves 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un documento sobre la situación de los periodistas y los defensores de los Derechos Humanos en México, el cual contó con el apoyo de más de 600 eurodiputados y que señala, inter alia, un aumento generalizado de la violencia en México, calificándolo como el “lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Además, el escrito condena los asesinatos, así como las amenazas y el acoso cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidas aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas. La resolución europea hace patente su solicitud a las autoridades mexicanas de investigaciones pertinentes, rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales que reduzcan en gran medida el alto grado de impunidad existente en la actualidad.

Ante esta resolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó personalmente una respuesta al pronunciamiento del hemiciclo de la Unión Europea, según lo señaló en su conferencia matutina al día siguiente. Tras una lectura somera del documento, es posible apreciar que dicha respuesta no fue puesta a consideración del personal diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El contenido de la citada respuesta emitida directamente por la Presidencia de la República se apoderó de la discusión pública a tan solo unas horas de haber sido publicada. Por los términos utilizados por el mandatario mexicano, el comunicado ha generado polémica tanto en México como en Europa y varios han sido los grupos, asociaciones e individuos que se han pronunciado a favor o en contra. Ante tal escenario, resulta pertinente cuestionarse qué tan relevante es esta acción para la política exterior de México.

Para responder a dicho cuestionamiento, es necesario analizar de manera general los argumentos vertidos en el comunicado del mandatario mexicano. En primer término, el texto no brinda argumentos suficientes para desvirtuar las acusaciones realizadas por el Parlamento Europeo, únicamente trata de desacreditarlos, señalando que dicha resolución busca oponerse a la denominada Cuarta Transformación, cuya misión—desde la perspectiva del presidente López Obrador—es reducir la desigualdad económica y la violencia, así como combatir la corrupción en el país heredada de gobiernos anteriores.

A este respecto, resulta importante señalar que en la resolución emitida por el Parlamento Europeo no se desprende que la misma se emita pronunciamiento alguno que pudiera interpretarse como fijar una postura opuesta al proyecto de la denominada “Cuarta Transformación”, o incluso opuesta al presidente, únicamente se menciona que en años recientes los eurodiputados han observado un deterioro significativo del Estado de Derecho. Lo anterior, se ve robustecido por datos del INEGI, donde se observa un aumento en las defunciones registradas por homicidios en el país (más de 36 mil en 2018, 2019 y 2020). No obstante, debe precisarse que se ha observado una tendencia al alza en este indicador desde 2006, al pasar de 10,452 defunciones registradas por homicidio a 25,967 en 2012, para llegar a 36,685 en 2018; es decir, se trata de una situación que no fue generada durante la actual administración.

En segundo lugar, el presidente argumenta que en México no se reprime a nadie ya que existe respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Si bien no existe como tal un mecanismo de represión en el sentido más estricto de la palabra, es decir, no se usa la violencia para contener, detener o castigar diversas actuaciones, sí se realizan acciones desde el poder que podrían interpretarse como encaminadas a desincentivar la difusión de la información que no concuerda con la imagen de México que el gobierno federal busca proyectar. El enunciado anterior podría ser materia de un análisis más extenso, ya que, en su momento, se planteó que el objetivo de esas acciones era combatir la desinformación generada por diversos medios de comunicación. No obstante, a la fecha no existe (o, en caso de existir, no es de conocimiento público) un estudio técnico en el que se analice, de forma objetiva, si esas acciones realmente han incentivado a la ciudadanía en general a realizar mayor investigación respecto de un tema en específico, a no quedarse con lo que se ve o se escucha y consultar diversas fuentes de información o, si solo funcionan como un mecanismo para intensificar las diferencias y divisiones existentes entre la ciudadanía.

Por último, el comunicado señala que la resolución obedece a intereses injerencistas los cuales están disfrazados de buenas intenciones. A este respecto, es importante recordar que en 2014 ocurrió un hecho similar, cuando los entonces miembros del Parlamento Europeo aprobaron una resolución sobre la desaparición de 43 estudiantes del Magisterio en México, el caso “Ayotzinapa”. En dicha resolución fueron condenadas las desapariciones forzadas y los crímenes cometidos en Iguala, señalando que las mismas eran inaceptables, hecho que fue respaldado por integrantes del gobierno actual, quienes, en esta ocasión señalaron su total respaldo a la declaración realizada por el presidente.

Entonces, ¿este comunicado podría tener consecuencias negativas en materia de política exterior? En primer lugar, la descalificación de los argumentos del Parlamento Europeo pudiera ser interpretada como una negativa de la actual administración a realizar cualquier tipo de acción orientada a subsanar las observaciones realizadas por los eurodiputados. Es decir, podría pensarse que el gobierno mexicano no está abierto a recibir críticas u observaciones del exterior y que, por ello tampoco está dispuesto a realizar las acciones necesarias para mejorar los mecanismos existentes para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Lo anterior, toda vez que la propia resolución no desconoce que en México existen mecanismos federales encaminados a la protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso reconoce el trabajo del estado mexicano en la creación de un sistema nacional de prevención y protección para defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, señala que aún existe un problema de corrupción generalizada que impide el correcto funcionamiento de estos mecanismos y que este es un problema que debe ser atendido y solucionado.

Ahora bien, en el marco de la suscripción y eventual ratificación del nuevo acuerdo global de México con la Unión Europea, el tema de derechos humanos resulta fundamental. Dentro del propio acuerdo existe una cláusula de derechos humanos la cual permite la suspensión del tratado si no se cumple alguno de los elementos esenciales del mismo, como son los derechos humanos. Ya han existido situaciones (principalmente en países de África, el Caribe y el Pacífico), en que la Unión Europea (UE) ha invocado está cláusula, todos los casos tienen en común, casos de violación sistematizada de los derechos humanos.

Para el caso de la relación con México el Acuerdo Comercial entre la UE y México, mismo que entró en vigor en el año 2000, a pesar de las vulneraciones sistemáticas que han sido registradas desde esa fecha, hasta el presente, la cláusula nunca ha sido aplicada, sin embargo, esto no debe generar un falso sentido de seguridad de que la misma nunca será aplicada.

En resumen, si bien el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo no atiende a los planteamientos realizados por los eurodiputados ya que únicamente busca descalificarlos, se debe tomar conciencia la importancia mundial de temas como el respeto y la promoción de los derechos humanos, mismos que, acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, así como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades nacionales están obligadas a garantizar.

Published in Análisis
Tuesday, 15 March 2022 18:20

México, Unión Europea y Derechos Humanos

El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.

Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.

Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.

Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.

Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.

Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).

Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.

Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.

Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.

En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.

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