Del 5 al 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer viaje internacional al Sur de México, a efecto de visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Con ello, Estados Unidos dejó de ocupar el único destino foráneo del mandatario mexicano: dos para abordar temas bilaterales y uno a efecto de asistir al Consejo de Seguridad de la ONU, en calidad de miembro no permanente.

Si bien es discutible el porqué el mandatario mexicano no incluyó en este periplo a Argentina (recordar que a finales de 2019 la primera salida del presidente Alberto Fernández fue, precisamente a México, para visitar a López Obrador), es verdad que este acto reposiciona en la agenda presidencial a la política exterior mexicana en lo general y a su cooperación internacional para el desarrollo (CID) en lo particular.

Frente a ello, cabe preguntar cuáles son los propósitos que explican el recorrido que llevó al Jefe del Ejecutivo a realizar en tiempo record distintos actos oficiales que se distinguieron por estar impregnados de una importante dosis de CID en los países centroamericanos y caribeños visitados, lo cual compone el objetivo de este ensayo.

El argumento del texto sostiene que la política exterior paulatinamente gana peso en la agenda presidencial, en donde la CID ocupa un lugar prioritario. Esto se explica en virtud de que el ofrecimiento de colaboración a los países de referencia es percibido por el presidente como la vía ideal para vincular a la diplomacia mexicana con las políticas sociales instrumentadas en su gobierno, en el marco de la Cuarta Transformación (4T) del país. Asimismo, este acto de política exterior pretende lanzar el mensaje a Estados Unidos en cuanto a que México está comprometido en cumplir los compromisos con Estados Unidos, en términos de intentar reducir la migración centroamericana a Norteamérica, mientras que en el caso cubano se busca consolidar la alianza con el régimen de La Habana.

Durante la campaña presidencial del 2019, López Obrador expresó que la política exterior no sería prioritaria en su administración, aunque también adelantó que la CID compondría un elemento clave de la acción internacional del país. Lo anterior se explica a raíz de que la principal bandera del entonces candidato se concentraba – como ocurre en la actualidad- en el combate a la inequidad, en donde desde su visión la acción gubernamental resulta esencial.

En este sentido, recordar que el primer acto de política exterior del mandatario mexicano se presentó el 1 de diciembre de 2018, el mismo día de su toma de posesión, al expresar en un encuentro con presidentes centroamericanos su respaldo para instrumentar el Plan de Desarrollo Integral; una estrategia elaborada por la CEPAL para incentivar mejores condiciones de vida en la región.
Empero, en mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó a Obrador en términos de imponer aranceles al comercio bilateral del 5% hasta el 25%, en caso de que México no disminuyera significativamente el paso de migrantes centroamericanos con destino a la Unión Americana.

Ello reforzó la previa convicción presidencial en cuanto a ofrecer CID en su frontera Sur, lo que incentivó que el 20 de junio de 2019 Obrador anunciara que su gobierno destinaría 30 millones de dólares a El Salvador, ejercicio inédito de colaboración que se replicó en Honduras y Guatemala; los tres principales países expulsores de migrantes. Este ejercicio de disuasión preventiva (promover desarrollo in situ para evitar emigración), al complementarse con la disuasión coercitiva (27,000 miembros de la Guardia Nacional para evitar pasos fronterizos ilegales) serían a partir de ese entonces hasta hoy en día la respuesta mexicana al referido desafío trasnacional que pone en riesgo su relación con su principal socio comercial.

La CID de México en aquellos Estados se concentra, en voz de las autoridades nacionales, en la “exportación” (sic) de los dos principales esquemas “estrella” del gobierno de la llamada 4T: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son aplicados en México desde el año 2019, consistentes en la asignación de recursos económicos a 60,000 beneficiarios los tres países referidos.

Pues bien, el referido viaje a Guatemala, Honduras y El Salvador tuvo como elemento central la reiteración del gobierno mexicano en cuanto a mantener, y en algunos casos ampliar (como en el tercero), tal particular esquema de colaboración, el cual se erige como el elemento más visible de la política exterior del gobierno en los países beneficiarios.

Más allá de la necesaria discusión en cuanto a la eficacia de tales actos de colaboración financiera y técnica para conseguir sus propósitos, lo cierto es que su puesta en marcha en estas naciones, junto con Belice y, próximamente Haití, se explican por la fuerte convicción presidencial de que la política exterior debe servir como vehículo para replicar su estrategia de reducción de inequidad y, a la postre, emigración hacia Estados Unidos, mediante entregas de recursos a los participantes de los programas en comento.

La bienvenida en los países centroamericanos visitados en cuanto a recibir tales apoyos puede leerse como un logro relativo y ampliamente masificado de la política exterior mexicana. Sin embargo, yendo más a fondo, los resultados de tales erogaciones provenientes de las arcas mexicanas (que en el sexenio superarán los 500 millones de dólares para tal fin) deberán revisarse con atención, dado que existen estudios que alertan respecto a que ofrecer recursos económicos a potenciales migrantes puede causar el efecto contrario. Es decir, la ayuda internacional de este tipo, en el corto plazo de tiempo y sin atender otros aspectos que explican movilizaciones humanas, en lugar de disuadir a los receptores para no emigrar, pueden aumentar su capacidad para financiar la huida de sus lugares de origen. Ello se explica dado que otros elementos estructurales que los llevan a cambiar su residencia como déficit en seguridad, salud, educación, etc. no son atendidos por esta particular ayuda mexicana de corte asistencialista. Posiblemente por ello, México no logra convencer a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) en cuanto a sumarse a la referida colaboración mexicana, la cual, por cierto, actúa en solitario; es decir, sin el respaldo de otros donantes.

Independientemente de lo anterior, un propósito del gobierno obradorista mediante el viaje de su Jefe del Ejecutivo a Centroamérica es enviar un claro mensaje a Washington D.C., en términos de que México está cumpliendo con su compromiso en cuanto a reducir el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

A su vez, la estrategia del presidente es alentar al Congreso norteamericano para que erogue los cerca de 4,000 millones de dólares prometidos en la era Trump para invertirlos en el desarrollo en esta atribulada región; propósito que se antoja complejo de conseguir, en virtud de la creciente ayuda estadounidense que el Pentágono destina a Ucrania, de cara a la invasión rusa en esa nación eslava.

En cuanto al viaje a La Habana, el objetivo del presidente fue consolidar el vínculo político entre México y Cuba, ofrecer distintos apoyos al gobierno caribeño (como contratar a más de 500 médicos cubanos) y sobre todo mantener la tradicional postura de México (salvo los sexenios panistas) en cuanto a mantener fuertes canales diplomáticos bilaterales, y mostrar diferencias respecto al accionar estadounidense en la más grande de las Antillas.

En síntesis, paulatinamente la política exterior gana estatus en la agenda presidencial, para lo cual la CID ostenta un sitio estelar, dado que sirve para vincular a la diplomacia mexicana con los programas sociales prioritarios de la 4T, mediante su ofrecimiento estratégico a países expulsores de migrantes y, con ello, disminuir tensiones con Estados Unidos. En una frase, este artículo sostiene que el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba estuvo impregnado de CID.

De esta forma, mientras México se alinea a los intereses de la Casa Blanca y del Congreso norteamericanos en Centroamérica, el Gobierno Federal profundiza sus vínculos con Cuba, a efecto de diversificar sus relaciones exteriores y mantener espacios de distancia respecto a las rígidas acciones estadounidenses en la Isla socialista.

La conmemoración el próximo año de 135º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia común. Los más de 400 años de contactos entre nuestras culturas han demostrado que, aun en contextos globales complejos, hemos sabido actualizar nuestra cooperación y entendimiento en función de valores compartidos.

Si bien la situación sanitaria aun presenta retos importantes, trabajamos con visión hacia un mundo post-pandemia para seguir consolidando nuestra colaboración. Para ello, mantenemos el diálogo político al más alto nivel. Recientemente, el Secretario Marcelo Ebrard y el Canciller japonés, Yoshimasa Hayashi, acordaron fortalecer los aspectos más exitosos de nuestra Asociación Estratégica y, al mismo tiempo, incorporar a ella nuevas acciones de cooperación. Con esto en mente, la Subsecretaria Carmen Moreno se reunió en Tokio con el Vice Ministro Hiroshi Suzuki y se prepara este mes de mayo la conmemoración del 125º aniversario de la migración japonesa a México.

Nuestra integración económica-comercial es un logro que continúa brindando resultados positivos. En 2005, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) representó un acuerdo de vanguardia y, desde entonces, el incremento comercial exponencial convirtió a Japón en nuestro quinto socio comercial global. Cada año intercambiamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Más de 1,300 empresas japonesas se han instalado en México siendo Japón el cuarto inversionista en nuestro país. El mercado japonés es el segundo destino para las exportaciones del sector agropecuario mexicano, con enorme potencial para otros múltiples productos.

Nuestra colaboración económica no es solo consecuencia del AAE, sino también resultado de nuestra asociación y estrecha coordinación en mecanismos como el G20, APEC, la OMC y, desde diciembre de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Como en 1888 tuvimos la visión de apostar por una asociación de igualdad, hacia el futuro apostamos por aprovechar nuevas áreas de oportunidad y espacios de colaboración.
Buscamos incursionar en nuevos sectores de alta competitividad y con oportunidad de crecimiento en México, para atraer mayor inversión en infraestructura, robótica y el sector aeroespacial. En turismo, trabajamos con operadores para reactivar el flujo de turistas al expirar las restricciones impuestas por la pandemia y en cultura, promovemos un amplio abanico de expresiones de nuestro país, dinamizando también el gran interés por nuestra cocina.

El futuro es de los jóvenes, por ello buscamos crear programas, en el marco de la cooperación para el desarrollo, que formen recursos humanos en áreas como acuacultura marina, silvicultura, manejo de residuos plásticos y salud de adultos mayores. En consideración de las fortalezas de Japón en ciencia e innovación, impulsamos una mayor capacitación en agrotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, industrias verdes y salud. En el marco de la política exterior feminista, se busca incrementar la participación de las mujeres mexicanas en todos estos sectores.

De cara al futuro, la relación entre México y Japón se enfila a nuevos horizontes que confirmen su firmeza y le infundan renovados bríos, no solo para colaborar en la respuesta a los grandes retos globales de nuestro tiempo, sino también para seguir cultivando el más importante activo que tenemos en común y que nos une desde hace más de 400 años: la buena voluntad de nuestra gente, que es fundamento y bastión de nuestra larga amistad.

En la primera década del siglo XXI, se desarrollaron distintos mecanismos de integración regional latinoamericana y caribeña, en los que, sobre todo los países sudamericanos buscaron ganar espacios de autonomía en la geopolítica regional respecto a la hegemonía estadounidense. Desde entonces, el panorama regional se ha reconfigurado y en la segunda década del siglo XXI la turbulencia política ha paralizado a la mayor parte de los procesos regionales de la década anterior. De ahí que surja la pregunta sobre ¿cómo se posiciona México en la geopolítica de la integración regional del siglo XXI? La hipótesis que guía este texto estriba en el hecho de que la situación geopolítica de México dificulta sus posibilidades de responder oportunamente a los cambios internacionales para articular e instrumentar un posicionamiento internacional más beneficioso de acuerdo con su interés nacional. Ante ello, con el fin de dilucidar esa hipótesis de trabajo, a continuación, se hace un breve esbozo sobre la geopolítica de la integración regional mexicana en la segunda década del siglo XXI.

El regionalismo debe comprenderse como aquella tendencia que integra a las regiones mediante la cooperación entre los gobiernos que dirigen sus procesos económicos, políticos y sociales sin perder su autonomía, pero contrayendo compromisos formales entre ellos, con el fin de alcanzar objetivos colectivos que no podrían conseguirse individualmente por falta de recursos y capacidades (Closa, 2016: 1). Una característica del regionalismo de América Latina y el Caribe es que, históricamente, ha evitado las estructuras de integración más rígidas de soberanía mancomunada, optando, más bien, por la cooperación intergubernamental, para lograr mayor capacidad estatal con la cual negociar en los sistemas hegemónicos mundiales (Petersen y Shulz, 2018: 121). Por eso, Tomassini (1981) decía que no basta estudiar la política exterior de los países, si no se adopta como punto de partida el análisis y el funcionamiento del sistema internacional considerado en su conjunto.

Así, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, el gobierno mexicano que mantenía la continuidad con las políticas neoliberales de la década de 1990 tomó el liderazgo para conformar con otros Estados de perfil similar, la Alianza del Pacífico, con el fin de realizar una integración profunda en la floreciente región del Asia Pacífico, revalidando el comercio al servicio de la integración (Prado y Velázquez, 2017). Los países que conformaron esa alianza también mantenían tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos, por lo que dicha iniciativa no tardó en articularse con los proyectos estadounidenses que buscaban contener las proyecciones económicas mundiales de China. De ahí que se haya sospechado sobre la utilidad geopolítica de la Alianza del Pacífico como mecanismo de contención de otras iniciativas de integración de corte más progresistas, contrapuestas a los intereses estadounidenses. Es por ello por lo que, los procesos regionales latinoamericanos y caribeños más recientes deben enmarcarse en los problemas de los Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial, a partir de su crisis económica y de credibilidad patente desde la década de 1970, y el paralelo ascenso de China, que, desde entonces, se ha ido convirtiendo en el nuevo centro de la economía mundial (Arrighi, 2007).

El gobierno chino busca la autoridad internacional, al practicar la credibilidad estratégica con sus aliados (Xuetong, 2016). Por eso China, ha ido aumentando su presencia en el mundo y, en particular, ha reforzado sus alianzas estratégicas en la región de América Latina y el Caribe en lo que va del siglo XXI, prefiriendo para ello la interlocución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que por primera vez reúne a los 33 países de la región sin la presencia deliberada de los Estados Unidos, Canadá o alguna otra potencia extra regional. Este acercamiento se ha visto concretado en los Planes de Trabajo del Foro CELAC-China de 2015-2019 y de 2019-2021, con cientos de propuestas específicas de cooperación de largo plazo. Además, en 2018, el gobierno chino hizo la invitación explícita a los países miembros de la CELAC para sumarse a the Belt and Road Initiative, el megaproyecto de inversiones y financiamiento, que busca hacer girar a las regiones del mundo entorno a China, aprovechando su impulso económico y financiero.

En este panorama, a contracorriente del giro a la derecha en muchos países de la región, el gobierno de México viró a la izquierda tras la histórica victoria en las urnas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, pero a diferencia de los gobiernos de tendencia progresista de la década anterior, que replantearon sus relaciones exteriores con el fortalecimiento de alianzas regionales y subregionales desde una perspectiva geopolítica, en abierta oposición al Consenso de Washington, el nuevo gobierno mexicano mantiene una perspectiva más pragmática, bajo la idea de que “la mejor política exterior es la interior”, sin despegar su mirada de temas, de particular interés interno, vinculados con el exterior, como la migración y la reformulación del combate antidrogas, particularmente ligados a la histórica relación con los Estados Unidos (SEGOB-México, 2019). Aquí, por ejemplo, llama la atención que el gobierno mexicano haya expresado sus intenciones de revitalizar las relaciones con China, pero sin entrar the Belt and Road Initiative, lo cual refleja las tensiones propias de la geopolítica latinoamericana y caribeña, que ya no puede dejar de considerar la presencia china, sin abandonar sus vínculos históricos con los Estados Unidos.

En este contexto, la presidencia pro-tempore de México en la CELAC en 2020, y luego por motivos de la pandemia continuada en 2021, abrió la oportunidad al gobierno de López Obrador de encausar sus esfuerzos de política exterior para articularse con los países de la región, mejorar su diálogo político y la relación con los socios extra regionales, como China. En este panorama destaca el reciente eje entre México y el nuevo gobierno de tendencia progresista de Argentina, que mira a proyectarse en los espacios regionales como la CELAC, renovando las expectativas y el optimismo de reconstruir la integración latinoamericana y caribeña, entroncando con el proyecto de nuevo orden mundial al que apunta China. En estas condiciones, la política exterior del presidente López Obrador tiene el reto de acercarse más a China, para engancharse a los nuevos motores del crecimiento económico de la región Asia Pacífico, al mismo tiempo que encauce la estrecha relación que mantiene con los Estados Unidos para mejorar la competitividad de la economía mexicana en el mundo, además de aprovechar las redes socioculturales que mantiene con la Unión Europea y con el resto de los países de América Latina y el Caribe. En suma, México debe encausar sus esfuerzos para aprovechar la coyuntura de la geopolítica del siglo XXI.

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Referencias

Arrighi, Giovanni (2018 [2007]). Adam Smith en Pekín, Orígenes y fundamentos del siglo XX. Madrid, Akal.

Closa Carlos (2016). Governance structures and processes in integration organizations, Formalization of institutional credible commitments for governance. En: Closa Carlos, Casini. Lorenzo (coords). Comparative Regional Integration, Governance and Legal Models. United Kindom: Cambridge University Press, 1-153.

Prado, Juan Pablo y Velázquez, Rafael. (2017). La Alianza del Pacífico: comercio y cooperación al servicio de la integración. En Prado, Juan Pablo, Velázquez Rafael y Ochoa, Luis (eds). La Alianza del Pacífico, nuevo mecanismo de cooperación e integración latinoamericano. (págs. 63-86). AMEI-Fundación Konrad Adenauer.

Secretaría de Gobernación de México [SEGOB-México] (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Petersen Mark y Schulz, Carsten-Andreas (2018). Setting the Regional Agenda: A Critique of Post-hegemonic Regionalism. Latin American Politics and Society, 60(1),102-127.

Tomassini Luciano (1981). Falencias y falacias, notas sobre la evolución de las relaciones Norte-Sur. En Tomassini Luciano (selección). Las relaciones internacionales de América Latina. México: FCE, 41-62.

Xuetong Yan, (2016). Political Leadership and Power Redistribution. Chinese Journal of Internationalc Politics, 9(1),1-26.