Análisis

Análisis (61)

Con el objetivo de aprovechar el soft power derivado de su cultura, México impulsa sus intereses por medio de la diplomacia cultural que ejecuta a través de sus representaciones en el exterior (RMEs). Este escrito destaca la importancia que tiene la diplomacia cultural mexicana en la actualidad, particularmente en EE. UU. Primero, sugiere que tiene un efecto positivo en el flujo de turistas hacia nuestro país. Segundo, plantea que la diplomacia cultural es clave para la contención del discurso de odio que ha permeado la relación bilateral en los últimos años. Finalmente, arguye que dicha herramienta refuerza la identidad nacional de la diáspora mexicana en ese país.

En primer lugar, México es una potencia cultural y turística. Cuenta con 35 sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad (7mo lugar en el mundo y 1ro en el continente) y 11 elementos considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (2do lugar en el continente). Estos atractivos son conocidos en EE. UU., en cierta medida, por la labor que desempeñan las RMEs. Este papel tiene sus fundamentos más recientes en un convenio de colaboración entre la SRE y la Sectur, así como en los consejos de diplomacia cultural y turística, creados en la primera mitad de 2019.

De acuerdo con la Sectur, México recibió a más de 20 millones de turistas en 2022, de los cuales 13 millones fueron estadounidenses. Ya sea como organizadoras de eventos culturales en sus adscripciones, o bien, como promotoras de eventos masivos como el Tianguis Turístico, las RMEs coadyuvan a impulsar el turismo al hacer uso de los vastos recursos culturales del país. Dicha tarea es esencial para dar una imagen positiva de México.

En segundo lugar, tras las elecciones presidenciales de 2016 en EE. UU., el discurso de odio hacia los mexicanos se intensificó por parte de un sector poblacional estadounidense. En múltiples ocasiones, ese discurso racista y xenófobo ha sido azuzado por individuos influyentes afines a la ideológica radical republicana, a pesar de los beneficios que la relación bilateral le genera a EE. UU.

En ese contexto, la diplomacia cultural se ejecuta en una escala multinivel, ya que promueve la riqueza cultural mexicana y la cooperación con los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y local), al tiempo que busca incidir en otros espacios (como el social, académico o empresarial) para obtener resultados más robustos. Con ello, México construye una red de aliados que le permite impulsar sus intereses y generar empatía en EE. UU. para contrarrestar el desdén discursivo que atenta contra la relación entre ambos países.

En tercer lugar, según el IME, alrededor del 97% de la diáspora mexicana reside en EE. UU. Es por ello por lo que la diplomacia cultural en ese país adquiere un doble enfoque: por un lado, atrae a estadounidenses para convertirlos en aliados de México; por el otro, se encarga de impedir que los mexicanos que emigraron (y sus descendientes) se alejen de sus raíces culturales. Esta doble faceta estimula la identidad mexicana de los connacionales en el exterior, sin inhibir su integración a las comunidades receptoras.

Entre las actividades culturales del IME se encuentran el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, el Concurso de Literatura para la Diáspora Mexicana y el Programa de Inmersión Cultural para Jóvenes Estudiantes de Origen Mexicano. Estas acciones favorecen la difusión e interiorización de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas, con lo que se induce un sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad mexicana en el exterior.

En conclusión, la diplomacia cultural mexicana tiene un papel primordial en EE. UU., ya que promueve la imagen de México a través de la captación de turistas, contrarresta el discurso de odio y fortalece la identidad nacional de nuestra diáspora en aquel país. Con ello, en conjunción con otras virtudes, México demuestra que tiene una política exterior dinámica y de vanguardia, la cual le permite incidir en múltiples agendas de la relación bilateral.

Las elecciones, simplificadamente, suelen corresponder a tomar la decisión entre continuidad o cambio. Dicho fallo fue emitido con claridad por las y los electores mexicanos. Los resultados de la jornada electoral del 2 de junio pasado en México reflejan que aproximadamente dos tercios de los votos emitidos quieren darle continuidad y, en cierta medida, profundidad a las políticas de la administración saliente.

Partiendo de la teoría, esta profundización aplicará a la política exterior. Tras la jornada electoral, surgen expectativas, propuestas, interrogantes y prospectivas. Estas líneas pretenden atender aquellas que se encuadran en el plano internacional. Conviene comenzar con un breve diagnóstico del contexto y del reciente quehacer internacional de México.

Con seguridad se puede decir que se invocaron con acento particular los principios constitucionales de la política exterior mexicana, en particular la no intervención. Este acento se mantuvo durante el sexenio de López Obrador acorde con una política exterior de corte nacionalista. La alocución a los principios se hizo en asuntos regionales y también en la agenda temática global.

Regionalmente, con Norteamérica se caminó con la guía del principio de respeto a la soberanía y reconocimiento a la corresponsabilidad en temas que fraguan entendimiento, ánimo de cooperación y sociedad estratégica. Sin embargo, quedó demostrado que en algunos temas sensibles no son inexistentes visiones antagónicas.

Hacia el sur de nuestra frontera, el diagnóstico en lo general dibuja un estrechamiento de los lazos, con mayor énfasis con los países centroamericanos, mediante el fortalecimiento del diálogo político y la agenda de cooperación mexicana con programas específicos de desarrollo social. Empero, con algunos países en América del Sur, México tuvo y tiene desencuentros lo que ha puesto en pausa e incluso ha implicado un revés a la integración latinoamericana y caribeña.

Atravesando el Atlántico, la relación de México con sus contrapartes europeas continuó en su rumbo hacia intensificar la amistad y profundizar el diálogo político como aliados estratégicos pese a breves desencuentros. En el balance, empero, también hay una pausa en la formalización de nuestro Acuerdo Global modernizado con la Unión Europea.

Con el resto de las regiones del orbe, México procuró una mayor diversificación. Pero es un ejercicio aún inacabado. Pese a esfuerzos por promover el diálogo y una mayor cooperación en agendas regionales y globales, las bilateralidades con muchos países se mantuvieron al margen de las prioridades.

En foros internacionales, México se ha distinguido por apostar en revigorizar al multilateralismo para dibujar un entorno global más favorable que logre atender y resolver la multiplicidad de crisis globales que atañen a toda la comunidad internacional. Para México, la arena multilateral sirvió para apalancar un mecanismo de balance y equilibrio ante las asimetrías con otros países y para nutrir el prestigio de México en pro de un mundo amparado en el Derecho Internacional, un sistema de reglas claras.

Hay logros en la política multilateral de México durante este gobierno. Resulta necesario destacar el mayor protagonismo adquirido en órganos de las Naciones Unidas (ONU), incluido la decisión de ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en el bienio 2021-2022, años que fueron sumamente desafiantes para la estabilidad, paz y seguridad internacionales. Se trata de un elemento característico de una política exterior de Estado. Así, México consolidó una relación continua, relevante y estable con el principal órgano de la ONU.

Pese al complejo escenario en el que constantemente se puso en jaque la seguridad internacional, nuestra diplomacia en dicho Consejo apostó por una actitud constructiva. México ejerció un rol que fue exitoso en acercar posiciones alejadas. Las posiciones y decisiones de México estuvieron amparadas, como ha sido el caso históricamente, en el rigor jurídico y en pro de la paz y los Derechos Humanos, lo que le ha dotado de reconocimiento. Así, nuestra política multilateral logró capitalizar credibilidad y confianza entre la comunidad internacional en su conjunto.

Otro acierto de México en lo multilateral ha sido el exhorto a la comunidad internacional y la labor de convencimiento a las grandes potencias y los países emergentes sobre la urgencia de reformar a la ONU a la luz de las reconfiguraciones globales. Para México está claro que las medidas requeridas para una reforma integral deben estar norteadas por los principios de representatividad, democratización, transparencia y eficacia.

Con este diagnóstico de base, ¿qué se puede anticipar en materia de política exterior para el sexenio que encabezará Claudia Sheinbaum? ¿Qué recomendaciones se podrían elaborar para el quehacer internacional de México en los próximos años? Las respuestas a estas interrogantes orbitan alrededor de encontrar consenso sobre la necesidad de construir una política exterior de Estado, y no de gobierno. Una política exterior de objetivos y visión de largo plazo que permita acomodar los matices y acentos que cada titular del Ejecutivo le imprima.

Para esbozar algunas recomendaciones debemos subrayar que México es un país globalmente estratégico. La voz de nuestro país y el prestigio diplomático acumulado a través de los años, ejercen una influencia tangible a nivel internacional. Nuestro país es clave en las tendencias y las dinámicas del comercio internacional y las cadenas productivas globales, estando entre los diez países que más exportan en el mundo. Aunado a lo anterior, México continuará beneficiándose de la relocalización de empresas e inversiones. Gracias a este fenómeno global, conocido como “nearshoring”, nuestro país podrá consolidarse como uno crecientemente atractivo para la inversión extranjera, incluida la asiática, y albergará un potencial para el desarrollo de clústers de innovaciones tecnológicas, entre otros sectores. Se dibujan, por lo tanto, amplios espacios de aprovechamiento global para México.

Sin embargo, las dinámicas de conflicto que imperan en la escena internacional trazan complejos desafíos para la gestión de Claudia Sheinbaum en política exterior. Las tensiones de tipo comercial, bélico o geopolítico, como por ejemplo la situación en el Mar de China, la guerra entre Rusia y Ucrania o la crisis humanitaria en la franja de Gaza, dibujan retos cuya solución pasa por alcanzar acuerdos en una amplia gama de temas, de manera particular en seguridad, migración, cambio climático y desarrollo sostenible. Identificar y profundizar las convergencias con países clave será fundamental para suavizar el cúmulo de tensiones internacionales que enfrentará México al inicio del sexenio de Sheinbaum.

Nuestra bilateralidad con Estados Unidos es, sin duda, la prioridad manifiesta en la agenda exterior de México. La mirada de México hacia el exterior comienza allí, en nuestra frontera norteamericana. Los lazos de interdependencia son amplios y profundos. Nuestro país y Estados Unidos se necesitan mutuamente. De allí que entre otros temas que podrían constituir los primeros éxitos de la agenda internacional de Sheinbaum podría figurar el tomar pasos importantes en los avances y profundización de una asociación estratégica de la cual deriven beneficios producto de la cooperación, dejando de lado las retóricas.

En nuestra relación con Estados Unidos los grandes ejes temáticos y de los cuales se desprenden oportunidades son comercio bilateral, inversiones, cadenas productivas y competitividad con innovación; migración; seguridad y administración fronteriza. En los mismos también se vislumbran retos. La vitalidad de la relación bilateral demanda, en primer lugar, construir un diálogo efectivo, institucionalizado y frecuente mediante cumbres y reuniones de alto nivel periódicas, además de lograr el reconocimiento mutuo de corresponsabilidades en los temas más transcendentales. Lo anterior es una condición determinante, independientemente de quien ocupará la Casa Blanca en los próximos años. Profundizar e institucionalizar aún más este diálogo bilateral es urgente dadas las probabilidades de que llegue a la Oficina Oval una versión remasterizada del “trumpismo”.

Estas variables resultarán concluyentes y determinantes para allanar el camino hacia 2026, año de la primera revisión del T-MEC. El objetivo es lograr que la revisión esté avocada a las formalidades del caso, es decir, exenta de renegociaciones profundas o contratiempos de índole política. Hoy sabemos que Marcelo Ebrard será quien tenga la importante misión de conducir esta difícil tarea para México. Uno de los activos de Ebrard, además de contar con experiencia cuando se logró negociar el T-MEC, radica en ser alguien conocido para nuestros interlocutores norteamericanos.

De primerísima importancia es también nuestra relación con la República Popular China (RPC). Ha quedado claro que es una bilateralidad fundamental para el presente y el futuro de México. El país asiático es fundamental en la red de relaciones políticas que el gobierno mexicano debe continuar tejiendo y profundizando, aún más concediendo y reconociendo el papel preponderante, de superpotencia, que ejerce China en la política mundial, el desarrollo tecnológico, las inversiones y el comercio. Las tensiones y tendencias geopolíticas en las que el gobierno de la RPC ha protagonizado le otorgan y validan una posición más fortalecida en la región y por extenso en el ajedrez global. Pocos negaban años antes y nadie duda hoy que el dinamismo de la economía china tiene una importancia creciente en términos del comportamiento y estado actual de la economía mundial. Asimismo, China es miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Debido al posicionamiento que ha alcanzado el país asiático, fortalecer la relación bilateral es vital para alcanzar los equilibrios de poder a nivel global y regional que convienen a México.

Por lo tanto, México deberá aproximarse política y económicamente a China. Es menester que conjuntamente gobierno y sector empresarial adopten medidas con visión de mediano y largo plazo para materializar un acercamiento de corte estratégico, con agenda actualizada y mecanismos de diálogo novedosos que abonen a acercar a ambos países. Lograrlo pasa también por la necesidad de abonar al conocimiento mutuo a través de intercambios culturales. Por ende, será menester de la nueva Presidenta mexicana el trabajar en aras de continuar intensificando y ampliando nuestra relación con China, principalmente en materia económica y tecnológica, así como en identificar coincidencias y afinidades en temas globales.

Con Europa, en su conjunto, será prioritario lograr la firma del nuevo Acuerdo Global con la Unión Europea para profundizar nuestra alianza. Esto incluye a países con quienes nuestra bilateralidad es histórica, como España, a países líderes de la UE, como Alemania – nuestro principal socio comercial en Europa - y Francia, y al conjunto de países de Europa del Este en cuya frontera se perciben con claridad amenazas al orden internacional establecido. Adicionalmente, resultará imprescindible refrendar el interés de México por formular, de la mano con todos los países europeos, estrategias corresponsables para restablecer la paz y garantizar la seguridad internacional.

Nuestros vínculos con América Latina y el Caribe merecen mención aparte. La ecuación de la política exterior mexicana hacia esta región, que sin duda es prioritaria, deberá refrendar su interés por fortalecer los mecanismos de concertación política, avanzar en la integración regional y acordar políticas y principios comunes para lograr un desarrollo económico y social compartido, bienestar para la población y una gestión migratoria basada en Derechos Humanos, con énfasis en la protección integral de las personas migrantes. Considerando que globalmente hoy 281 millones de personas son migrantes, México requerirá hacer valer su poder de convocatoria regional exhortando sobre la urgencia de atender las causas estructurales de este fenómeno, condenar los discursos de odio contra personas migrantes y convencer sobre la necesidad de elaborar formulaciones políticas y jurídicas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones.

Hacia esta región, el vínculo con Brasil resultará cada vez más estratégico partiendo del rol de liderazgo que cada uno ejerce y los valores compartidos. En la coyuntura actual se presenta una evidente afinidad político-ideológica entre ambos gobiernos, lo que se traduce en una ventaja adicional que permitirá estrechar aún más nuestros lazos bilaterales. Concluir lo anterior también toma en cuenta la importancia de Brasil en el marco de los BRICS. Por lo tanto, Tlatelolco deberá capitalizar los espacios para las coincidencias con Itamaraty en temas políticos regionales y las aportaciones de soluciones a las crisis en determinados países, como es el caso de Haití. Desde luego, la asociación regional integral que promueve y busca México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y el terreno fértil que podrán experimentar iniciativas de concertación política y diplomática en su marco, podrá despertar interés para Brasil y dibujar claramente las sinergias disponiendo un mayor acercamiento. Quizás la próxima visita a México del Presidente brasileño, Lula da Silva, configure la coyuntura idónea para ilustrar la potencial sintonía entre ambos países para avanzar en la integración de América Latina y el Caribe y articular iniciativas globales.

Sin duda, las problemáticas bilaterales con algunos gobiernos de la región, las asperezas ventiladas y los retos a la integración latinoamericana son temas imperativos para ser atendidos por la próxima presidenta y su gabinete. Las soluciones a estos asuntos pendientes no serán sencillas ni veloces. El terreno común es limitado y las distancias ideológicas entre diferentes liderazgos en la región son patentes.

No se puede negar la relevancia que para México adquiere la región al compartir una herencia cultural e histórica con estos países. Empero, la dispersión de los rumbos políticos asumidos por los grupos gobernantes y las alternancias en la región han generado una serie de transiciones ideológicas y políticas rumbo a órbitas radicales de centralización de poder, palpable en las estructuras de regímenes caracterizadas por sus fuertes figuras presidenciales. Acechan enfoques pragmáticos en sus expresiones más extremas que, ante la fragilidad estructural y la vulnerabilidad de sus economías, provocan efervescencia sociopolítica, inestabilidad y emigración, entre otras expresiones. Por lo tanto, los retos son complejos y las prioridades que emanan de la región son evidentes.

Otras áreas de oportunidad para la política exterior de Claudia Sheinbaum serán la diversificación de nuestras relaciones políticas y comerciales con países emergentes e influyentes en aquellas regiones con creciente importancia global como son, entre otras, el sudeste asiático, África, Medio Oriente y Asia Central. Abrir nuevas misiones diplomáticas y consulares en estas latitudes será idóneo y redundará en frutos en el mediano plazo. Reactivar el diálogo político y la cooperación con todos los actores internacionales y regionales también es imperativo. El ánimo de ampliar nuestra huella diplomática en regiones tradicionalmente relegadas adquirirá un sentido de urgencia de forma cada vez más evidente.

Además de esta diversificación, se requerirá fortalecer a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Su fortalecimiento institucional parte de construir una agenda de cooperación internacional con base en resultados y necesidades tanto de la oferta cuanto de la demanda. Se antoja necesario aumentar la capacidad de recursos destinados a la cooperación internacional que ofrece México. Y también se piensa viable adoptar una actitud de cooperación más proactiva y propositiva, con alto valor de innovación, en la cual México pueda aparecer como receptor de cooperación en temas como innovación tecnológica y transición energética. Igualmente, es fundamental continuar apostando por esquemas de cooperación trilateral o triangular, pues esta decisión parte de reconocer visiones conjuntas y prioridades compartidas con otros países, lo que abona al estrechamiento de lazos colaborativos con países de la región y pertenecientes a diversas latitudes.

Sumado a todo ello, hay varios otros temas que deberán ser atendidos. Con ánimo de enumerar algunos en pocas palabras, será forzoso destacar la urgencia que tiene el desarrollar acciones en el plano internacional que busquen ampliar los espacios de actuación multilateral y construcción de posiciones comunes en temas como seguridad alimentaria, cambio climático y transición a energías limpias y verdes – temas de personal interés para Claudia Sheinbaum dada su formación, conocimiento y experiencia.

Otros temas, también de carácter global y que requerirán de atención prioritaria, son aquellos relativos a la salud; las contribuciones para perfeccionar el Derecho Internacional y a progresar en su codificación; a promover la adopción de instrumentos innovadores como nuestra Política Exterior Feminista; y, por supuesto, a formular iniciativas y encabezar esfuerzos multilaterales para restablecer la paz.

Es pertinente detenerse para subrayar que el tema de la paz internacional es uno en el que México goza de un prestigio como constructor de puentes de entendimiento. Nuestras ventajas radican no solamente en nuestra tradicional política pacifista y conciliadora, sino en el aval que nos dan nuestras pertenencias múltiples, facilitando la voz y voto de México en muchos organismos internacionales. Esto, sin duda, abonará a identificar potenciales consensos y posiciones comunes a favor de la paz sostenible. Estas mismas pertenencias múltiples y prestigio de México pueden traducirse en aportar a la imperiosa necesidad de reformar a la ONU para garantizar un sistema internacional actualizado.

De forma separada o en conjunto, los asuntos descritos configuran temas trascendentales para la definición del perfil e imagen internacional que se construya alrededor de la presidenta electa y de lo que será la política exterior de su sexenio. Pero conviene hacer un paréntesis para una reflexión que sin duda es relevante. La decisión personal que tome Claudia Sheinbaum respecto a sus salidas al exterior tendrá un peso importante.

Los futuros viajes internacionales de la Jefa del Ejecutivo, en caso de que lleguen a darse de forma frecuente, serán un elemento por considerarse en función del despliegue internacional que quiera adoptar México. En ese sentido, la Cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre próximo se antoja como una primera y valiosa oportunidad para una aparición de Sheinbaum junto con los líderes de las economías más importantes del orbe. Las ventajas que traería este viaje son obvias pues sobra decir que la política exterior de México coincide plenamente con las tres prioridades generales de la presidencia brasileña del G20. Al igual que en esta agrupación, los foros globales esperan la voz de México con representaciones al más alto nivel.

Asimismo, el perfil de la futura presidenta mexicana obliga a traer a colación un apunte sobre los enormes desafíos en materia ambiental y retos de adaptabilidad que imponen las evidencias del cambio climático. Ante ello, es válido subrayar que Sheinbaum genera esperanza. Las probabilidades indican que su figura podría capitalizar un liderazgo internacional que tenga como base su compromiso político y su perfil académico en este tema en particular. Ella parece tener claro que es menester avanzar en cuestión de transición energética y deberá trabajar y convencer en lograr aumentar las inversiones públicas y también del sector privado en la proporción de energías renovables en la matriz energética del país.

Las políticas ambientales y la apuesta por la eficiencia energética, por sus características e implicaciones de corresponsabilidad global, ocuparán buena parte del tiempo y espacio en las agendas doméstica e internacional del próximo sexenio mexicano. Sheinbaum cuenta con las credenciales y el interés para registrar avances en el sentido que reclama la emergencia climática mundial y adoptar un rol protagónico. Será fundamental el trabajo que desempeñará Alicia Bárcena, actual Canciller y futura secretaria de estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en apoyo y acompañamiento a los acuerdos globales en esta temática. El conocimiento técnico y práctico de Bárcena en esta agenda es sinónimo de garantía y su nombramiento muestra la importancia que tiene la agenda ambiental.

Como en todo inicio sexenal, convendrá quizá revisitar el ejercicio de interpretación de los principios constitucionales de política exterior mexicana. El ejercicio tendrá que hacerse a la luz del limitado margen que el convulso tejido global permite. Pese a estas limitaciones contextuales, el apego a la base principista de nuestro actuar internacional deberá, primeramente, ofrecer una gama de recursos que puedan traducirse en soluciones prácticas para la exitosa conducción de México allende sus fronteras.

Los principios son, en esencia, elementos fundamentales para el accionar de la política exterior, y a la vez son subsidiarios para la definición de las estrategias para el quehacer internacional de México. No corresponden a ser, por definición, prioridades declarativas. Constituyen, en cambio, el marco legal de acciones y decisiones aceptables, posibles y deseables, incluido su estado de vigilia y salvaguarda del interés nacional.

Pero resultarán útiles en la medida en que doten de previsibilidad, ordenen nuestro actuar internacional, señalicen las posiciones y definiciones que han de ser válidas conforme a la estatura internacional de México, abonen al actuar de nuestra tradición diplomática y sumen al prestigio e imagen de México. Dicho de otra forma y como nuestra historia lo ha demostrado, su valor no radica en lo declarativo sino en su aporte para que, con base en los mismos, se logren construir acuerdos globales con nuestros socios y aliados internacionales en lo bilateral y en el marco de los organismos multilaterales y regionales. Para que los principios se traduzcan en ventajas en la práctica, es deseable hacerlos acompañar del ejercicio del poder suave y la promoción de México a través de nuestro valioso patrimonio cultural, natural, artístico e histórico.

Para todo lo anterior y satisfacer estos objetivos, se tendrá que superar el obstáculo de la escasez de recursos. Para ser consecuente con el objetivo de ejercer un despliegue global, correspondiente a la posición de México en el tablero internacional, resulta imperativo fortalecer las capacidades de acción y disponer de recursos. Asimismo, se deberán elaborar esquemas de organización para dirigir con destreza acciones en los ámbitos bilaterales y multilateral a fin de cumplir cabalmente con los objetivos de política exterior antes referidos. La respuesta, en gran parte, estará en recurrir y apoyarse en las y los profesionales de la diplomacia mexicana y en cuadros hábiles diplomáticamente para actuar en el marco de nuestros principios constitucionales de política exterior y anteponer la cooperación al conflicto. Se debe, por lo tanto, reconocer la necesidad de afirmar que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con la fortaleza que le da el Servicio Exterior Mexicano (SEM).

La diplomacia mexicana alberga la suficiente experiencia, sensibilidad política, habilidad, sentido histórico, mira global, voluntad de servir a los intereses nacionales y capital intelectual para tomar la iniciativa en las soluciones que el mundo y México reclaman.

Se trata del servicio más antiguo del país, que ha adquirido y asumido crecientemente más responsabilidades. Un servicio que se ha caracterizado por su labor comprometida y profesional en aras de la satisfacción de los intereses mexicanos y las mejores causas de la humanidad. El despliegue de esta política exterior, basada en la tradición diplomática que alberga el SEM, también deberá favorecer la creación de sinergias cooperativas a partir del trípode virtuoso de colaboración entre universidades y centros de investigación, empresas y sociedad civil organizada y gobierno.

Pese a su aparente abstracción, la política exterior es tan importante como la política doméstica; en ello radica la importancia de invertir esfuerzos y voluntad política para la consolidación del actuar internacional de México como una política de Estado. Es patente que ante problemáticas globales se requieren acciones de cooperación y soluciones comunes que se caractericen por su corresponsabilidad. La diplomacia mexicana alberga la suficiente experiencia, sensibilidad política, habilidad, sentido histórico, mira global, voluntad de servir a los intereses nacionales y capital intelectual para tomar la iniciativa en las soluciones que el mundo y México reclaman. El mundo es uno crecientemente interdependiente, interconectado, globalizado. Es uno preocupantemente radicalizado que discurre en debate axiológicos, tal y como lo demuestran los resultados electorales en varias latitudes del mundo. México necesita contribuir a un mundo más estable, ordenado y pacífico.

Finalmente, estas líneas de reflexión sobre la agenda internacional de la futura presidenta de México estarían inacabadas sin mencionar algo sobre quien dirigirá los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es noticia confirmada por la propia Claudia Sheinbaum que Juan Ramón de la Fuente tendrá esta responsabilidad. Además de que su personalidad abrirá puertas y abonará a una buena atmósfera de negociaciones con sus pares, tiene como fortalezas su experiencia profesional y el compartir, junto con Sheinbaum y Bárcena, un perfil científico con miras globales. Su paso en el SEM como nuestro representante permanente ante ONU en Nueva York, así como su acumulada experiencia internacional trabajando de cerca previamente con la familia de esta organización universal, incluido con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abonan a sus credenciales sobre el cómo conducir y procurar la satisfacción de México en foros globales. Su nombramiento se dibuja como un aspecto positivo. Se generan expectativas.

Este ensayo tiene el objetivo de analizar y comparar las contribuciones del diplomático Matías Romero Avendaño en la política exterior de México a través de los periodos presidenciales. El documento se divide en dos secciones: la primera habla de la participación de Matías Romero en el gobierno de Juárez durante el periodo de la Reforma y la resistencia contra la intervención francesa. El segundo punto abarca la presencia de Matías Romero en la diplomacia y administración del país en el gobierno de Porfirio Díaz enfocado en la política exterior de Estados Unidos y su labor como secretario de Hacienda. Al final de este trabajo, se concluirá con un contraste entre ambos gobiernos y la aportación qué tuvo en cada época.

Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en el siglo XIX estuvieron marcadas por disputas, desconfianzas, guerras y despojos. Este fue el escenario que le tocó al diplomático Matías Romero Avendaño, cuya trayectoria está caracterizada por grandes contribuciones al país. Antes de llegar a la secretaria de Hacienda, se desenvolvió, durante casi diez años, en el ambiente diplomático, político y empresarial de los Estados Unidos; primero, cómo secretario de la Legación en Washington en 1859 y posteriormente cómo ministro Plenipotenciario de México en Estados Unidos, cargo en donde Romero desempeñaría una labor de convencimiento del gobierno de Juárez, durante la intervención francesa (Morales, 2022, p. 208).

El diplomático Matías Romero no solo ocupó puestos en Estados Unidos; también en tres ocasiones la cartera de Hacienda: de 1868 a 1872, de 1877 a 1879 y de 1892 a 1893. Las ideas del diplomático se encaminaron hacia los principios liberales con un amplio interés en los sectores privados, así como la necesidad de hacer frente tanto a los compromisos internos como externos (posteriormente se vería reflejado en el gobierno de Díaz). La minería, la agricultura y la exportación de materias primas, representaba el principal motor de la relación comercial entre México y Estados Unidos, gracias a la labor diplomática qué ayudó a consolidar Matías Romero.

La situación en la república era muy delicada, después de la Guerra de Reforma y el triunfo de los liberales, los conservadores inconformes por la derrota buscaron ayuda del extranjero para continuar la lucha por el poder. Romero escribió seis tomos donde acumulaba documentos de importancia relacionados con México con el propósito de conseguir apoyo de Estados Unidos. Algunos de los asuntos sobresalientes del volumen fueron: Proyectos de tratado con Estados Unidos a fin de asegurar las relaciones amistosas con ese país, tránsito de tropas norteamericanas por territorio mexicano, entrevista con el presidente de Estados Unidos respecto a la situación de México y las dificultades con los ministros de Francia e Inglaterra, así como la invasión del territorio nacional por fuerzas españolas (Monroy, 1958). Gracias a la correspondencia plasmada en los tomos, se pudo trazar los sucesos políticos, económicos y diplomáticos qué influyeron a restablecer la paz. Ocurrió una época de mucha tensión, Estados Unidos atravesaba una guerra civil, y Juárez suspendió los pagos de la deuda con las potencias europeas lo qué trajo consigo en 1861 la firma de la Convención de Londres y finalmente a la intervención francesa en México.

En 1864, Maximiliano de Habsburgo llegó a México con el reconocimiento de todas las potencias europeas, ante tal situación Juárez se encontraba desesperado. Sin embargo, el diplomático Romero intentó convencer a Estados Unidos de que poyar la defensa del país vecino era un acto de absoluto interés propio (Castañeda & Márquez, 2016, p. 44). A pesar de su ardua gestión, la posición de Estados Unidos fue de neutralidad, y se abstuvo de intervenir directamente en el conflicto. En enero de 1866, Napoleón III retiró las tropas de México gracias a la resistencia lidera por figuras cómo Juárez.

Lo qué siguió después fue un desafío para Romero, ocupó diversos cargos en la administración pública, contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero mediante una reforma fiscal bajo algunas iniciativas: se estableció el impuesto del timbre, creación de impuestos sobre herencias, libertad de exportación de todos los productos nacionales, impuestos de minería, abolición de alcabala, emisión de billetes del tesoro y arreglo de la deuda pública, esto con el fin de corregir el déficit en el que se encontraba la Hacienda Pública de la República Restaurada (Monroy, 1958, p. 211). Matías Romero reconstruyó la situación financiera de México, hizo más eficiente el Ministerio de Hacienda y amplió su jurisdicción. Muchas de sus ideas y pensamientos fueron influenciadas por Estados Unidos, tenía una visión de prosperidad y progreso para el país, así como generar confianza del pueblo.

El 18 de julio de 1872, fallece Juárez y en su lugar es nombrado presidente de la República Lerdo de Tejada. En ese momento, Romero se incursionó en el cultivo del café y otros productos, toda vez que conocía las riquezas naturales de México y creía que debían sacar provecho. Viajó por todos los lugares de la república en donde se producía café para conocer, y plasmó en artículos obras invaluables sobre la cafeticultora regional (León y Cárdenas, 2009, p. 106). Mientras tanto, en el mandato de Lerdo de Tejada ocurrieron levantamientos armados e inconformidades por parte de la población, no fue bien visto las intenciones de reelección de Tejada, por lo que, en 1876 se proclamó el “Plan de Tuxtepec”, donde se desconocía a Lerdo cómo presidente y proclamaban cómo jefe de la revolución al general Díaz. En febrero de 1877, Díaz organiza elecciones para presidente de la República, en las cuales es ganador. El gobierno de Díaz estaba centrado en dos cuestiones importantes cómo parte de su política del “progreso”: el establecimiento de las materias primas en el mercado internacional a través de la celebración de diferentes tratados e incrementar la inversión extranjera en el país basado en la política de colonización (Pineda, 2016, p. 47). Romero creía firmemente qué México debería exportar materias primas de sus campos y minas con capitales de inversionistas nacionales y extranjeros, aunque el proyecto económico del porfiriato no dejó de lado el desarrollo industrial.

El pensamiento de Matías Romero venía estimulado por la riqueza de los estadounidenses, ya que consideraba que la clave del crecimiento económico, en buena parte, se debía a los ferrocarriles. Romero era consciente de que las ganancias producidas por los ferrocarriles serían para los inversionistas, pero veía beneficios en el país, cómo la exportación de productos nacionales a través de las vías. Las vías férreas irían de la frontera de Guatemala a la ciudad de México, pasando por Tehuacán y Puebla (Ávila, 1997). Romero no solo se centró en la ampliación de la infraestructura, sino que también en las exportaciones y el comercio bilateral con Estados Unidos y se empeñó en la firma de tratados internacionales, siendo la mejor labor qué desempeñó en Washington. Entre los más destacados están los firmados con Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Italia, Bélgica y Holanda.

La diplomacia tuvo un papel muy importante en el porfiriato. Matías Romero fue uno de los principales actores qué ayudó en la construcción de la imagen de México hacia la inversión extranjera. Porfirio Díaz deja la presidencia en 1880 en manos de Manuel González y este nombra a Matías Romero ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. Romero realizó múltiples tareas con una percepción global de los retos diplomáticos, especialmente de dos negociaciones bilaterales: El Tratado de Reciprocidad de 1883 con Estados Unidos y el Tratado de Límites de 1882 con Guatemala. El tratado de límites entre México y Guatemala se firmó después de muchos procesos de negociación, no solo Romero cumplió una labor extenuante, también el presidente guatemalteco, Justino Rufino barrios. El dilema de este tratado fue definir los derechos soberanos sobre el territorio de Chiapas y el Soconusco, además de garantizar la paz y estabilidad en la franja fronteriza (Ribot, 2012).

Romero fue un hombre perteneciente a la élite que se centró en el exterior del país, quiso imitar un modelo económico qué no era apto para el contexto nacional y, aunque tuvo muchas contribuciones buenas, le faltó mirar hacia el interior. La ideología liberal marcó el rumbo del gobierno de Díaz, Romero se empeñó en la promoción del tratado de libre comercio a nivel internacional. Tenía un lema de enriquecimiento individual y progreso material, bajo los recuentos naturales inagotables del mercado mexicano (Pineda, 2016).

En particular, Matías Romero Avendaño desempeñó un papel importante en la política mexicana durante los periodos de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Juárez, ocupó el puesto de encargado de negocios de México en Estados Unidos, este periodo estuvo caracterizado de desafíos cómo la lucha de la independencia y la intervención francesa, pero Romero cómo en diversos casos, jugó un papel crucial en las negociaciones y tratados para preservar la soberanía del territorio. Durante el gobierno de Porfirio Díaz Romero se mantuvo firme representando al país frente a Estados Unidos y diversos países europeos. Además, bajo la presidencia de Díaz, se buscó la modernización y la prosperidad económica, el papel de Romero cómo ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, contribuyó a políticas que promovieron la inversión extranjera y el desarrollo económico del país.

Un contraste sobre Juárez y Díaz es qué en la época del primero se creía que su gobierno debía ceder frente a las urgencias materiales y alcanzar el consenso con todos los sectores de la sociedad, Mientras que el régimen de Díaz consolidó gran parte de los sectores sociales con una política de “pan y palo” (Ávila, 1997, p.55).

Bibliografía

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El anuncio de López Obrador del rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador marca un punto de inflexión en la política exterior de México. Desde 1979, el país no había interrumpido un vínculo de esa naturaleza con otra nación. En los últimos años, romper relaciones no había sido una práctica común por parte de México. En el siglo XIX, Benito Juárez suspendió nexos con los países que reconocieron al Imperio de Maximiliano. En el XX, el gobierno cortó vínculos con la Unión Soviética en 1930 por promover ideología comunista; con España en 1936 en el marco de su Guerra Civil; con Reino Unido en 1938 luego de la expropiación petrolera; con Alemania, Japón e Italia en 1941 después del ataque a Pearl Harbor; con Guatemala en 1958 luego de que aviones guatemaltecos dispararan contra embarcaciones mexicanas en el Pacífico; en 1974 con Chile después del golpe de Estado contra Salvador Allende y en 1979 con Nicaragua debido a la dictadura de Somoza. Pero en los últimos 45 años el país no había recurrido a esa práctica. El reciente anuncio fue un tanto sorpresivo porque México se caracteriza por proyectar relaciones amistosas con América Latina y es reconocido por la defensa de la paz. Además, el presidente López Obrador había planteado tener relaciones amistosas con los países latinoamericanos y apegarse al principio de No Intervención.

Previo al rompimiento con Ecuador, México se había involucrado en algunas crisis diplomáticas con algunos países latinoamericanos. En el sexenio de Vicente Fox, México expulsó al embajador Cubano en 2004 y más tarde ocurrió un incidente similar con Venezuela, pero no se cortaron las relaciones. En ambos casos, el nivel de interacción pasó de Embajador a encargado de negocios. En la presente administración, Bolivia y Perú habían declarado personas non gratas a embajadores mexicanos y fueron retirados. Incluso, Perú anunció la misma figura contra el presidente López Obrador. Pero en ambos casos no hubo un rompimiento tajante de relaciones.

Por otra parte, México ha sido un actor generoso en la práctica de otorgar asilo diplomático a perseguidos políticos. Por ejemplo, el país acogió a León Trotski en los años treinta y a un número importante de españoles que huían de la guerra civil en esa nación. En los años sesenta y setenta, México recibió a cientos de asilados sudamericanos luego de los golpes de Estado militares en esos países. Incluso López Obrador concedió esa figura a Evo Morales y se la ofreció a Pedro Castillo, expresidentes de Bolivia y Perú respectivamente. En parte, el origen de la crisis diplomática entre Ecuador y México fue por el haber tenido como huésped desde diciembre del 2023 a Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, acusado de actos de corrupción.

Desde inicios del 2024, el gobierno ecuatoriano solicitó al de México la entrega de Glas para que pudiera cumplir su condena puesto que ya tenía una sentencia. Como la SRE se negó y López Obrador realizó críticas al gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, entonces la Cancillería ecuatoriana declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur. En respuesta, el gobierno mexicano otorgó el asilo político a Jorge Glas. Ante el temor por una posible fuga, el gobierno ecuatoriano decidió ingresar por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener a Glas. El hecho constituyó una flagrante violación a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. A la letra, el documento establece en su artículo 22 que “los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. El incidente estableció un precedente negativo en las interacciones interamericanas. En respuesta a esta acción, el presidente López Obrador decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador. La medida representó un hito en la política exterior de México, pero era consistente con la acción tomada por Ecuador.

Aunque México tenía otras opciones, el rompimiento de relaciones era la decisión adecuada por la gravedad del hecho. Las posibles alternativas que la SRE tenía -sin la necesidad de romper por completo el vínculo- eran: 1) enviar una nota de protesta al gobierno de Ecuador; 2) retirar al embajador de Ecuador en México; 3) presentar el caso ante la OEA; 4) demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU; 5) romper relaciones diplomáticas, pero mantener las consulares. La primera opción era demasiado suave desde el punto de vista de la política exterior y podía ser poco efectiva. La segunda era viable, pero no de alto impacto. La tercera es adecuada porque la OEA sirve para dirimir las diferencias entre los miembros. La cuarta es la mejor alternativa sin necesidad de romper relaciones diplomáticas. La quinta opción podría ser factible para no dejar desprotegida a la comunidad mexicana en Ecuador y no afectar la relación económica y de turismo entre ambos países.

En concreto, una adecuada decisión era combinar algunas de las alternativas mencionadas; por ejemplo: presentar el caso ante la OEA, demandar a Ecuador en la CIJ y mantener las relaciones consulares. Sin embargo, el rompimiento fue la decisión que se tomó debido a la gravedad del hecho. Pero también es importante tomar en cuenta el contexto interno. En parte, AMLO tomó esa decisión por razones de política interna. La defensa de la soberanía fortalece su base de apoyo popular. Sus seguidores lo ven como el presidente que defiende la soberanía de la nación. Además, la medida ayuda a MORENA y a Claudia Sheinbaum para la campaña electoral porque fortalece la posición de México en el exterior y al interior. Por ejemplo, había un consenso amplio entre la opinión pública mexicana. Incluso, la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, apoyó la decisión. Además, la mayoría de las naciones latinoamericanas condenaron el hecho y mostraron solidaridad a México. La ONU, la OEA, la Unión Europea también condenaron la violación al Derecho Internacional. Asimismo, Estados Unidos y Canadá mostraron molestia por la acción de Ecuador.

No toda la opinión pública apoyó la medida de López Obrador. Algunos criticaron que México otorgara asilo político a un delincuente. En la misma lógica, había una opinión de que las declaraciones de AMLO –criticando al gobierno de Ecuador– representaban una violación al principio de No Intervención y ello era la causa de la crisis diplomática entre ambos países. Es decir, desde esta perspectiva, México también tenía culpa de que el conflicto haya escalada hasta el rompimiento de relaciones diplomáticas.

No toda la opinión pública apoyó la medida de López Obrador. Algunos criticaron que México otorgara asilo político a un delincuente.

Efectivamente, la Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático de 1954 establece que un gobierno no puede otorgar asilo político a una persona que tenga una sentencia condenatoria. Pero el mismo instrumento establece que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”. Es decir, México estaba aplicando este criterio y decidió darle el asilo a Glas. Por lo tanto, existe una divergencia en este punto. Para Ecuador, México no podía otorgar el asilo porque se trataba de un delincuente con sentencia. Sin embargo, para México, Glas es un perseguido político y, por lo tanto, tiene derecho al asilo. Lo más adecuado era que Ecuador no invadiera la embajada, no otorgara el salvoconducto a Glas y presentara el caso ante la CIJ para que esta instancia decidiera si se trataba de un delincuente o un perseguido político.

¿Qué factores explican el escalamiento de la crisis entre estos dos países -el asalto a la embajada y el rompimiento de relaciones-? Para entender estas decisiones, es necesario primero conocer el contexto en Ecuador. En primer lugar, Daniel Noboa es un presidente joven con poca experiencia en la política. Es un empresario de derecha que llegó a la presidencia cuando el anterior mandatario estableció la “muerte cruzada”, que es un mecanismo que implica la posibilidad de destituir al presidente de Ecuador y disolver la Asamblea Nacional. En este contexto, Noboa está cubriendo el periodo que ocupaba el anterior presidente y debe dejar el cargo en 2025 para convocar a nuevas elecciones. Además, hace algunos meses, el Ecuador vivió una fuerte etapa de inseguridad cuando algunos reos tomaron cárceles y tuvieron de rehenes a los custodios. El narcotráfico, ligado a los carteles mexicanos, se ha incrementado en ese país. Incluso, el año pasado fue asesinado un candidato presidencial. Ante esta situación, el presidente Noboa necesitaba de acciones fuertes para consolidar su poder y ganar legitimidad. Sin embargo, algunos grupos al interior de Ecuador han criticado la invasión a la embajada mexicana y están pidiendo su renuncia por su incapacidad de gobernar. El partido de oposición critica a la canciller por su falta de experiencia diplomática y a la ministra encargada del operativo, quien es de origen mexicana. Tanto el presidente como la canciller han justificado la acción con base en la posibilidad de la fuga de Glas; la consideración de que era un delincuente sentenciado y que la solicitud de asilo era ilegal; y a la defensa de la dignidad de Ecuador.

Por otro lado, en México, el presidente López Obrador ha desarrollado una política exterior hacia América Latina inconsistente. Si los gobiernos son afines a su ideología, entonces hay un trato amable. Pero si son contrarios a su forma de pensar, entonces critica a esos gobiernos, lo que constituye una violación al principio de No Intervención en los asuntos internos de otro país. Es decir, el presidente aplica los principios de manera discrecional. Por otra parte, el presidente ha nombrado embajadores en América Latina sin experiencia diplomática, lo que abona a generar conflicto en algunos casos. Las declaraciones de AMLO, muchas veces improvisadas, no abonan a mantener relaciones estables con los gobiernos de derecha en América Latina. En esta administración tres embajadores fueron declarados personas non gratas, lo que representa una falla en la estrategia de política exterior.

Por otro lado, en México, el presidente López Obrador ha desarrollado una política exterior hacia América Latina inconsistente.

Las consecuencias del rompimiento de relaciones diplomáticas son amplias y negativas. Por ejemplo, los nacionales de cada país no contarán con protección diplomática. En el futuro próximo, será difícil conseguir visas para viajar y el comercio entre ambos países se puede reducir. Ecuador estaba explorando la posibilidad de incorporarse a la Alianza del Pacífico. Con lo ocurrido, esa opción se cancela. Por lo tanto, el fortalecimiento de la integración latinoamericana puede encontrar obstáculos. La invasión a la embajada y el rompimiento de relaciones pueden afectar las relaciones interamericanas y generar polarización en la región. Es probable que la cooperación para la lucha contra el narcotráfico entre México y Ecuador se detenga. Las posibles soluciones conjuntas a la migración de latinoamericanos a Estados Unidos pueden encontrar obstáculos si el incidente genera divisiones. El prestigio de Ecuador en la región puede verse afectado por la clara violación al derecho internacional. Tal vez no todos los países apoyen a México, pero van a defender el principio de la inviolabilidad de una embajada.

En resumen, ambas partes contribuyeron a la escalada del conflicto. Tanto Ecuador como México tomaron decisiones equivocadas. Sin embargo, nada justifica que un país atropelle una embajada y viole uno de los principios más respetados del derecho internacional. Por lo tanto, la decisión de México de romper relaciones diplomáticas con Ecuador está justificada por la gravedad de lo ocurrido.

Introducción

La estabilidad en el noreste asiático (NEA), definido como el área al norte del mar de China y adyacente al océano Pacífico, involucra a múltiples países cuyas interacciones afectan la seguridad internacional. China, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur son actores principales en la región, con la participación de Estados Unidos y Rusia a nivel estratégico. En las últimas seis décadas, el NEA ha sido un foco importante de tensiones globales debido a la convergencia de potencias que influyen en el orden mundial.

Como respuesta a las amenazas y situaciones presentes en la región, los surcoreanos han generado distintas estrategias de contención, enfrentamiento o diplomacia, reflejadas a través de su política exterior. Ella es entendida como una herramienta que facilita las relaciones entre Estados y a través de la cual se crean mecanismos de contención o de empoderamiento. La República de Corea como un Estado con capacidades limitadas, podría considerarse como un país sin mucho peso para definir la estructura del sistema regional, pero se encuentra vinculada en uno de los conflictos que definen la seguridad del subcomplejo, es decir la inestabilidad en la península producto de la ultramilitarización norcoreana.

El periodo presidencial de Lee Myung Bak, de 2008 a 2013, supuso cambios sustanciales tanto en el espectro interno como en el panorama regional. La constante actividad militar y la nuclearización de Corea del Norte que representó una amenaza a la seguridad nacional de algunos de los Estados del NEA, especialmente Corea del Sur, provocó la renovación de su política exterior. Su enfoque conservador generó tensiones con actores regionales, reflejando un cambio en las relaciones de seguridad en el NEA. Su política estuvo caracterizada por buscar ser parte del escenario internacional, a través de un enfoque multidireccional, intentando influenciar de manera directa o indirecta la seguridad y estabilidad del NEA. También amplió su agenda de seguridad hacia otros ámbitos, al incluir algunos temas no convencionales, es decir una política multidimensional.

El presente trabajo de investigación pretende explicar la correspondencia de estos elementos en la estructura regional. La hipótesis que intentará sustentar este trabajo de investigación es que la política exterior del presidente Lee Myung Bak debilitó la seguridad de Corea del Sur en el Noreste Asiático, puesto que su enfoque multidireccional y pragmático provocó un aumento del grado de amenaza que suponía Corea del Norte.

Desarrollo

La seguridad es un concepto clave para las Relaciones Internacionales y existen diversas interpretaciones de lo que implica. La tradición realista y por ende, la perspectiva neorrealista considera la soberanía como un elemento fundamental para los Estados, ya que les brinda la capacidad de decisión por encima de cualquier otro ente y los ubica en igualdad legal frente a sus iguales (Jackson y Sorensen, 2010, p. 75). Desde la perspectiva de Morgenthau, por ejemplo, el concepto implica la defensa de la integridad tanto del territorio nacional como de las instituciones (Pérez Gil, 2000, p. 213). De acuerdo con Velázquez y González (2014), la seguridad de manera tradicional contempla la ausencia de amenazas tanto internas como externas, que puedan dañar la estructura de los Estados en cualquier nivel o ámbito (p. 220). Al final, todas estas interpretaciones comparten una visión tradicionalista en el ámbito de las Relaciones Internacionales.

El concepto de política exterior de acuerdo con Pearson y Rochester (2000) es el conjunto de procesos, prioridades y preceptos dictados por el gobierno nacional para establecer las bases de comportamiento de los Estados en el sistema internacional (p. 113). Es a través del modelo racional donde los gobiernos nacionales generan estrategias con base en metas y objetivos (Mingst, 1947, p. 119). La política exterior en este espectro es entendida en términos del interés nacional (Sarquis, 2005, p. 181) y con el fin de mantener la seguridad, tanto territorial como militar (Rothgeb, 1995, p. 37).

El aporte de Barry Buzan y Ole Wæver en en la seguridad cuestiona las propuestas más tradicionales del concepto de seguridad. Estos autores siguen una corriente expansionista, que toman una definición más amplia del concepto, al incluir nociones no consideradas hasta entonces, por ejemplo, “el narcotráfico, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, la deuda y la pobreza, entre otros” (Cujabante, 2009, p. 102).

El concepto de la securitización acuñado por Ole Wӕver a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero que vio la luz a través del libro Security: A New Framework of Analysis, publicada en 1998 junto con Buzan y con Jaap De Wilde (Verdes-Montenegro, 2015, p. 112), es un aporte recurrente en la concepción de seguridad de dichos autores. Este término ayuda a distinguir si un asunto es considerado simplemente político, o si es “una amenaza para la seguridad” (ibídem, p. 117). La securitización implica urgencia (Buzan et al., 1998, p. 29) y reconocimiento como amenaza en un acto discursivo e intersubjetivo (Verdes-Montenegro, 2015, pp. 117-118), pues no todos los Estados reconocen los temas de la misma manera. Por ejemplo, la disuasión nuclear y el crimen organizado son temas que no generan el mismo efecto en Corea del Sur y en México.

Los autores suponen que el sistema después del colapso de la estructura bipolar de la Guerra Fría da mayor énfasis en las dinámicas regionales, por lo tanto, las potencias a ese nivel toman un mayor auge (Buzan, 1991, p. 435). Para abordar las problemáticas de seguridad en todos los sectores, los autores Buzan y Weaver, en el libro Regions and Powers (2003), desarrollaron la concepción teórica denominada “complejos de seguridad regional”. Dicha teoría intenta explicar el actuar de los Estados dentro de un sistema regional. El enfoque de Buzan y Wæver refuerza el entendimiento de una estructura internacional donde los países son interdependientes con su entorno en temas de seguridad, lo que hace de las regiones una tendencia global. Parte fundamental de esta teoría es que a las regiones cuentan con suficiente tamaño e influencia para poder reflejar aquellas dinámicas globales difíciles de abordar a nivel internacional, pero tampoco limitados a este nivel, pues puede complementarse con el análisis global, interregional y local (Buzan y Wæver, 2003, pp. 8 - 10).

Cuando estos autores hablan del caso particular de Asia, entienden que al ser el continente más grande del mundo, goza de la mayor diversidad cultural, económica y política, por lo que es demasiado grande para ser estudiada como una sola región. Esto permite a los autores hacer una división que agrupa de acuerdo a su similitud geográfica, histórica, pero sobre todo a las relaciones de interdependencia en materia de seguridad. El NEA está categorizado como un subcomplejo de acuerdo con estos autores. Los principales intercambios en el NEA en temas de seguridad regional son desarrollados frente a cuatro temas básicos: 1) el ascenso chino y su influencia en la región que rivaliza con el status quo establecido por Estados Unidos, 2) el rearme japonés frente a la desconfianza histórica de sus vecinos, 3) las disputas territoriales y 4) la agresiva política de autoconservación norcoreana. Dentro de un régimen de seguridad como el que describe Buzan y Wæver (2003), donde las potencias son las que definen el tablero regional, un Estado pequeño como Corea del Sur tiene menores capacidades materiales, pero es a través del desarrollo de sus capacidades no materiales, de generar relaciones estratégicas y pragmáticas, así como de consolidarse como un país estable y en crecimiento, que consigue influir en la estructura regional (pp. 175 - 179).

El presidente Lee Myung Bak, como el tomador de decisión más importante desde 2008 y hasta principios de 2013, fue uno de los principales actores securitizadores de Corea del Sur. Sus propuestas buscaron incrementar las capacidades materiales y no materiales en la República de Corea. “Los conservadores volvieron al poder surcoreano con una propuesta de pragmatismo y promesas de recuperación económica”, como explica Snyder (2009, p.1). Sin embargo, enfrentaron un panorama difícil para su política exterior debido principalmente a tres situaciones. 1) A nivel internacional, la crisis económica y financiera comenzaba a hacer estragos en los mercados mundiales. 2) La estructura en el noreste asiático continuó su evolución, mientras que China como el gigante económico, asentado en un sistema político estable y que comienza a competir a nivel regional; Estados Unidos jugaba sus cartas para mantener la estructura imperante hasta el momento. 3) Los norcoreanos habían comenzado a realizar pruebas nucleares, lo que había alterado a todos los actores en la región. Sin embargo, un espacio tan importante como las Pláticas a Seis Partes tuvo que ser suspendidas en 2007 por desacuerdos entre los países celebrantes.

La doctrina de la política exterior de seguridad propuesta por el presidente Lee Myung Bak, también conocida como Doctrina MB, estuvo sustentada en los puntos que menciona Kim (2008): 1) una diplomacia pragmática basada en el interés nacional y no en la ideología, es decir, que el interés surcoreano sería el principal motor de acción de la política de seguridad por encima de las amenazas o los intereses extranjeros; 2) el énfasis en la “diplomacia asiática”, es decir, aprovechar y mejorar las relaciones con Japón, China, Rusia y la India, así como la cooperación con ASEAN, Australia, Nueva Zelanda y otros países de Asia Central; 3) Corea del Sur como una potencia cultural, es decir, el crecimiento de las capacidades de poder suave a través de la Ola coreana o Hallyu, con aspiraciones a “colocarse en un marco de cooperación cultural competitivo que traiga la reconciliación de los conflictos” (pp. 5 – 15).

A través de la iniciativa “Visión 3000” propone una posicionamiento rígido frente a este peligro. El resumen de dicha propuesta es que, mientras Corea del Norte renuncie a este tipo de armamento, tanto Corea del Sur como el resto de la comunidad internacional lo apoyarían en el desarrollo de su sistema económico, financiero, educativo y de bienestar, que a largo plazo los pueda llevar a una reunificación pacífica (Bechtol, 2010, p. 145).

La reforma de defensa 2020 fue el plan propuesto por el gabinete de Lee para actualizar y modernizar sus fuerzas militares surcoreanas, de tal manera que estuvieran preparados para una defensa nacional independiente. Aunado a esto, una alianza con EE. UU., basada en la amistad, pero a su vez con decisiones independientes de Washington, a través de una cooperative self-reliant defense fue sin duda uno de sus pilares (Lee, 2005, pp. 246 - 249). Es decir, la “búsqueda” de emancipación, reflejada en que las políticas de defensa y guiada por tres principios: 1) la gestión científica, a través de la modernización del sistema de defensa y con la adquisición de armamento más eficiente, así como mejor infraestructura en las tecnologías de la información y telecomunicaciones; 2) la gestión de alto nivel, es decir, mejorar los sistemas de defensa, para así poder reducir el número de fuerzas armadas; y 3) las reformas para economizar, buscando generar mayor efectividad a bajo costo, en la industria de defensa y otros ámbitos (Kim, 2008, pp. 5 - 15).

La propuesta original de la iniciativa 3000 hacia Corea del Norte, tuvo bastantes reacciones negativas por parte de los líderes surcoreanos de importantes organizaciones públicas y privadas, como los Chaebols, dueños de los grandes conglomerados. Hwan Lee (2014) explica que las políticas hardline tuvieron que amoldarse para satisfacer las demandas internas, haciéndolas un poco más flexibles para adecuarse a la demanda económica (sp). Mientras esto sucedía, en julio de 2008, un turista surcoreano fue asesinado por un soldado del ejército de la República Popular Democrática de Corea, en la zona turística del monte Kumgangsan, poniendo en una situación incómoda a la relación bilateral (Pinkston, 2016, pp. 75 - 79). Con la constante presión interna, no resultaba sencillo aplicar las políticas inicialmente propuestas contra el norte.

Corea del Norte también reaccionó de manera negativa ante las propuestas del presidente Lee Myung Bak. “La tensión por parte de los norcoreanos [fue] en aumento desde la toma de protesta del presidente Lee, ya que lo han acusado de traidor por tomar una postura desfavorable hacia los norcoreanos” (Lee, 2008, pp. 129 - 145). Dos pruebas durante el período conservador de Lee, una en mayo de 2009 y otra en febrero de 2013, justamente a unos días de terminar su periodo, el hundimiento del barco Cheonan y el bombardeo en la isla de Yeonpyeong retaron su dura política. No obstante, este periodo, coincidió con la llegada de Kim Jong Un, el nuevo líder norcoreano, que mediante dichas provocaciones “buscaba afianzar sus credenciales militares y el control político de ese sector” (Roldán, 2015, p. 241).

Estos sucesos despertaron el descontento y el sentimiento anti-norcoreano en la sociedad de Corea del Sur, pero también aumentó las críticas a la dura política del gobierno y su relación con Estados Unidos. Por otro lado, quienes estaban a favor de sus políticas inicialmente, consideraron insuficientes las declaraciones del presidente respecto a estos eventos, ya que los calificaron como suaves, totalmente contrarias a la propuesta inicial de cero tolerancia.

Para la República Popular China, mantener sus lazos con la República de Corea a pesar de los desencuentros con los norcoreanos era de vital importancia, ya que desde junio de 2008 buscaban mantener una “Asociación de Cooperación Estratégica” enfocada en la cooperación bilateral diplomática, económica y de seguridad, como un contrapeso a la alianza que estos mantenían con Estados Unidos (Konishi & Manyin, 2009, pp. 13 - 14). A grandes rasgos esta fue una medida que los chinos buscaron mantener, especialmente después de la llegada a la presidencia estadounidense de Barack Obama, quien tomó posesión en 2009, pues para ellos, su estrategia tenía la intención de “cercarla, limitarla o impedir su ascenso al rango de gran potencia” (Roldán, 2015, p. 224). Sin embargo por disputas en la declaración de Goryo como antigua provincia china, no se llegó a consolidar este lazo.

Otra preocupación mayor de los surcoreanos fueron los proyectos económicos que mantiene con Corea del Norte, el complejo vacacional del monte Kumgang, el complejo industrial o el tren intercoreano (Niksch, 2008, p. 11). Cualquier discrepancia o incluso amenaza de ataque con los norcoreanos genera conflictos de interés y la posibilidad de ruptura con estos negocios, un punto a considerar en la presión que los privados hacen de esta relación. La inversión por el complejo vacacional fue la más afectada, puesto que desde la muerte de un civil en 2008, fue cerrado indefinidamente a pesar de las constantes solicitudes de reapertura al gobierno surcoreano por parte de privados y del propio Corea del Norte. Para los inversores surcoreanos contar con mano de obra abundante y barata de los norcoreanos es primordial en esta relación comercial.

Conclusiones

En un esfuerzo por dar el siguiente paso en la consolidación de la República de Corea, el presidente Lee intentó generar políticas hacia su entorno que permitieran a los surcoreanos el reconocimiento regional e internacional. Los proyectos que fortalecieron la seguridad ambiental, al comprometerse a desarrollar una economía verde, el incremento en su poder suave a través del Hallyu, promover su participación en foros regionales, al sumarse en sus esfuerzos de seguridad del este asiático dentro del ASEAN, promover su imagen internacional, al ser sede del G-20 en 2010 o el Encuentro para la Energía Nuclear en marzo del 2012, y otras acciones de activismo parte de su propuesta Global Korea, como el desplegar cuerpos de paz o las iniciativas para la seguridad humana fueron grandes aciertos de su política exterior. Al promover esfuerzos multidireccionales, logró abarcar gran parte de los retos en los ámbitos de seguridad interna y estabilidad política, de reconocimiento internacional e incluso, algunos para la credibilidad regional.

Sin embargo, los contratiempos aparecieron al intentar llevar una política multidimensional. Aunque la intención del gobierno de Lee fue generar políticas enfocadas en la seguridad regional paralelas a la agenda tradicional norcoreana, en la realidad, su política fue limitada por las constantes amenazas norcoreanas y por la necesidad de afianzar la presencia estadounidense ante dichos chantajes. Al final, las acciones surcoreanas tuvieron que volver a concentrarse en Corea del Norte.

La política hardline del gabinete surcoreano hacia la República Popular Democrática de Corea, resultó en el incremento de provocaciones por los norcoreanos. La fallida visión 3000 no contempló la posibilidad de un vecino más hostil y renuente a renunciar al armamento. Y contrario a su propuesta inicial, para mantener la paz y evitar la confrontación directa, Lee Myung Bak solo realizó declaraciones públicas que reprobaban estos actos, y se valió en su relación con Estados Unidos.

La intención de un acercamiento estratégico con China y Japón, a través de una diplomacia asiática, fue una estrategia que Lee Myung Bak pensó que podría funcionar como un as bajo la manga. Tener de su lado a la potencia mundial y a las dos potencias regionales, le daría un mayor margen de negociación con Corea del Norte, mejor posicionamiento en el tablero e impulsaría mejores acuerdos regionales. No obstante, no sucedió de esta manera. Los conflictos territoriales y disputas históricas no permitieron llegar a un total acercamiento estratégico, derivado de la desconfianza entre las partes.

Otros dos elementos que contribuyeron al fracaso de la política exterior de Lee Myung Bak fueron: primero, la crisis económica que, desde principios de su mandato provocó que algunos proyectos tuvieran que ser aplazados, como la ambiciosa modernización de las fuerzas de defensa; segundo, el poco apoyo interno que recibió. El grupo más poderoso dentro de Corea del Sur, los Chaebols, al ver que sus inversiones en Corea del Norte corrían riesgo, presionaron al gobierno para evitar el confortamiento directo.

Las políticas de Lee Myung Bak ni siquiera llegaron a concretarse del todo, la reforma militar tuvo que ser pospuesta y no logró un acercamiento estratégico hacia los Estados Asiáticos, pero las acciones llevadas a la práctica, como condicionar la ayuda humanitaria o el acercamiento a Estados Unidos, fue suficiente para acrecentar la amenaza. Por lo tanto, es posible decir que, buscando una mayor seguridad a partir de una política multidireccional y pragmática, la amenaza norcoreana incrementó, con lo cual podemos sustentar la hipótesis de este trabajo de investigación.

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A principios del siglo XXI, México comenzó una transición democrática que prometía marcar el inicio de una era de paz y estabilidad política. Sin embargo, esa transición fue cualquier cosa menos pacífica. El período estuvo marcado por una serie de sucesos violentos que revelaron tensiones profundas en la estructura política y social del país. Incluso, en la última década del siglo XX, el asesinato de más de noventa activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1988 y 1994, hasta el levantamiento del EZLN y otros asesinatos políticos de alto perfil, México enfrentó una realidad donde la violencia política y criminal se convirtieron en constantes que acompañaron y complicaron el proceso de cambio.

El análisis realizado por Mónica Serrano (2020) en "Del 'Momento Mexicano' a la realidad de la violencia político-criminal" destaca la importancia de identificar los principales factores que intensificaron la violencia político-criminal en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Un periodo marcado por los conflictos internos y por el notable ascenso del narcotráfico como un actor crucial, con suficiente poder para influir en los resultados electorales y cuestionar la estabilidad de la democracia.

En este orden de ideas, respecto a los factores internos, la presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un aumento alarmante de la violencia y una percepción generalizada de la inseguridad. Con ello, se reflejó la incapacidad gubernamental para enfrentar y contener la violencia que se presentaba en el territorio. Es decir, no hubo una estrategia clara, coherente y eficaz para combatir el crimen organizado, la mayoría de las políticas implementadas fueron reactivas y no atendían las causas estructurales de la violencia.

Estas políticas de seguridad, como la militarización en la lucha contra el narcotráfico, resultaron contraproducentes y generaron un aumento de la violencia sin disminuir la capacidad operativa de los carteles. Cabe resaltar que la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el gobierno de Peña Nieto no tuvo los efectos planteados ya que, lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con su predecesor, Felipe Calderón. (Arroyo, 2018)

Aunado a lo anterior, el gobierno, afectado por acusaciones de corrupción y conexiones con el crimen organizado, vio cómo su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley se debilitaban por la infiltración de grupos criminales en las instituciones estatales. Esta situación se complicó por un sistema judicial mexicano ineficaz e incapaz de administrar justicia, con altos niveles de impunidad y una distinción borrosa entre civiles, combatientes, participantes en economías ilícitas y aquellos fuera de ellas, lo que exacerbaba la crisis debido a la interacción continua entre lo legal y lo ilegal.

Al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, México enfrentaba una situación crítica de violencia e inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Hacia 2017, el país registró un récord de homicidios, evidenciando un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre los mexicanos. Aunque el gobierno de Peña Nieto fue consciente de estos problemas, no consiguió garantizar la seguridad pública ni proteger eficazmente a la población.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., conocido como Centro Prodh (2018) destacó que “2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas”. Esta aseveración está basada en el hecho de que hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 hemicidios violentos, cifra que supera los indicadores correspondientes en todo el 2011, cuando se intensificó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ por el expresidente Felipe Calderón. Esta alarmante estadística no solo reflejó el aumento de la violencia en el país, sino también hizo patente el impacto profundo y duradero de las políticas de seguridad adoptadas en años anteriores.

La situación se complicó aún más por factores externos, tales como la abundancia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y una alta demanda de drogas ilícitas por parte de este país, lo que propició un ambiente favorable para el narcotráfico en México. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que México cumpliera con sus políticas antinarcóticas, las medidas adoptadas resultaron a menudo en estrategias punitivas que no atendieron las causas profundas de la violencia.

Frente a este panorama, no solo el gobierno mexicano sino también diversas organizaciones no gubernamentales, han hecho llamados a que el gobierno estadounidense haga más estricto el control sobre la producción, venta y distribución de armas, que a menudo terminan en el mercado ilícito de México, aumentando la violencia vinculada al crimen organizado. (Nexos, 2011) Paradójicamente, el gobierno de Estados Unidos no cede en sus presiones hacia el gobierno mexicano para asegurar el acatamiento de sus prioridades antinarcóticos y antiarmas, las cuales han influido en la formulación de políticas de seguridad en México.

En resumen, el conjunto entre la incapacidad del gobierno mexicano y la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos creó un escenario donde la violencia y el crimen pudieron desarrollarse. La administración de Peña Nieto no pudo establecer un sistema de seguridad y justicia efectiva y resistente frente a la magnitud del crimen organizado. Simultáneamente, los factores externos, sobre los cuales el gobierno mexicano tenía un control limitado, empeoraron la situación.

Externamente, México se enfrenta a dinámicas globales que complican aún más su lucha contra la violencia y el narcotráfico. La demanda de drogas ilícitas por parte de países como Estados Unidos alimenta directamente el poder y la influencia de los carteles de droga. Paralelamente, el flujo constante de armas de fuego desde el norte hacia México ha proporcionado a estos grupos criminales el arsenal necesario para desafiar a las fuerzas del orden y aterrorizar a la población.

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis.

Ciertamente el narcotráfico se alimenta de la demanda y se fortalece con el suministro de armas, ambos provenientes del norte. Sin embargo, la responsabilidad primordial de un Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y aquí es donde el gobierno del presidente al mando mostró una deficiencia crítica. Las medidas de seguridad implementadas no solo fueron ineficaces sino que "el legado de inseguridad y violencia del periodo de Enrique Peña Nieto, en el contexto más amplio de una crisis múltiple, postergó de manera indefinida las asignaturas pendientes de la transición en esta materia" (Serrano, 2020)

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis. Entre ellas, la corrupción sistémica y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones públicas, mientras que la falta de oportunidades económicas y educativas perpetuaron ciclos de pobreza que, a menudo, conducen a la violencia. Además, la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia impiden una respuesta eficaz contra el crimen organizado, dejando a las comunidades vulnerables ante la extorsión y la violencia. Es importante que el gobierno mexicano atienda estos desafíos estructurales con políticas inclusivas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y promuevan el desarrollo social y económico.

Por eso, el análisis integral de la violencia político-criminal en México revela que, si bien los factores externos jugaron un papel importante en la escalada de la violencia, la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para establecer un marco de seguridad efectivo que pudiera contrarrestar el flujo de armas y la demanda de drogas fue un factor crucial que facilitó el auge de los carteles y agravó el escenario nacional. En última instancia, la responsabilidad primordial del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La experiencia de México destaca la importancia de una gobernanza efectiva, el estado de derecho, así como políticas de seguridad y justicia integrales y adaptativas para enfrentar desafíos tan complejos como el narcotráfico y la violencia política-criminal.


Referencias

Arroyo, E. (2018). Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda. ITESO, Universidsd Jesuita de Guadalajara. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5618

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (2018). El gobierno de EPN deja una crisis de derechos humanos en México. https://centroprodh.org.mx/2018/11/30/el-gobierno-de-epn-deja-una-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

Nexos (2011). ¿Cuál es el impacto de la venta de armas en Estados Unidos en la violencia en México? Nexos. https://redaccion.nexos.com.mx/¿cual-es-el-impacto-de-la-venta-de-armas-en-estados-unidos-en-la-violencia-en-mexico/

Serrano, A. (2020). Del ‘momento mexicano’ a la realidad de la violencia político-criminal. Colegio de México. Foro Internacional (núm. 2), páginas 791-852. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2739

En el contexto actual de la globalización, el crecimiento exponencial de las ciudades ha llevado a más de la mitad de la población mundial a vivir en áreas urbanas. Este fenómeno ha generado diversos retos para el desarrollo. En este entorno, la región transfronteriza Tijuana-San Diego experimenta un rápido crecimiento poblacional y urbano, alcanzando una población actual de 5.46 millones de habitantes aproximadamente. Este aumento demográfico impulsa mayores necesidades urbanas y una explotación más intensa de los recursos. Ante estos desafíos, resalta la importancia de la cooperación transfronteriza y el desarrollo sostenible como herramientas fundamentales para asegurar mejores condiciones de vida y desarrollo en la región.

Tijuana y San Diego se erigen como ejemplos destacados de interdependencia transfronteriza. Caracterizadas por su frontera altamente transitada, estas ciudades han forjado vínculos económicos, sociales, políticos y culturales robustos, trascendiendo los simples cruces diarios de personas. Desde la década de 1990, la frontera entre México y Estados Unidos se ha internacionalizado, adoptando nuevas formas económicas y dinámicas sociales que han fomentado la creación de zonas libres y corredores económicos y urbanos. Además, la población combinada de Tijuana y San Diego vive una realidad binacional, compartiendo no solo un espacio geográfico sino también estructuras sociales y económicas similares. A pesar de las diferencias en desarrollo urbano y económico, se percibe una similitud palpable en la manera en que ambas ciudades se desarrollan y crecen de manera interdependiente. El término "metrópolis transfronteriza" captura esta dualidad, describiendo un espacio donde la frontera sirve tanto como divisor de dos culturas como unificador de comunidades. La proximidad de Tijuana a San Diego ha catalizado una integración profunda, evidenciada en el significativo intercambio de bienes y servicios. No obstante, el reconocimiento de una metrópolis transfronteriza funcional presenta complejidades, dadas las diferencias en los contextos políticos de México y Estados Unidos. Por ende, la planificación y las políticas públicas deben abordar esta realidad compleja, promoviendo un desarrollo equitativo con impacto en ambos lados de la frontera.

En términos de urbanización, Tijuana ha experimentado un crecimiento notable, expandiéndose para acomodar una población en aumento y subrayando su rol central como ciudad fronteriza y metrópoli en expansión. Estas condiciones urbanas posicionan a la ciudad como un centro de poder económico y político en el escenario global, lo que resalta la urgencia de adoptar una planeación urbana sostenible que englobe a ambas ciudades en un esfuerzo colaborativo frente a los desafíos de la globalización y la interdependencia transfronteriza. Por lo tanto es crucial revisar los instrumentos de planeación urbana, así como los planes y estrategias de desarrollo, para comprender las prioridades en la planificación urbana de ciudades como San Diego y Tijuana. Pues dichos instrumentos permiten a los gobiernos establecer políticas y directrices enfocadas en el crecimiento y desarrollo sostenible de la urbe. Esta revisión además permite identificar los retos y necesidades por ejemplo en San Diego, la planeación se concentra en la conservación ambiental, el transporte público, la vivienda asequible y la revitalización urbana, mientras que en Tijuana se enfoca en mejorar la infraestructura, la movilidad, la seguridad y la calidad del espacio público.

Dada la integración y al mismo tiempo la disparidad entre estas ciudades resulta esencial que el desarrollo sostenible sea el eje central en los próximos esfuerzos de cooperación transfronteriza. Este enfoque, que equilibra la protección ambiental, el crecimiento económico y la justicia social, busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras. Basándose en los pilares económico, social y ambiental, este modelo persigue un equilibrio entre ellos para asegurar una sostenibilidad a largo plazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la Asamblea General de la ONU en 2015, conforman una agenda global que aborda desafíos de desarrollo sostenible hasta 2030. El Objetivo 11 se enfoca en ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, siendo crucial para la planificación urbana. Sin embargo, el ritmo acelerado del crecimiento urbano demanda un compromiso y cooperación internacionales, especialmente en regiones como Tijuana y San Diego, donde la cooperación e interdependencia ya son palpables. La cooperación transfronteriza, que promueve un sentido de pertenencia más allá de los límites geográficos, se evidencia en regiones como Tijuana-San Diego, donde la población comparte elementos culturales y tradiciones. La efectividad de esta cooperación depende de una gobernanza basada en objetivos compartidos y convergencia de intereses. En este contexto, las instituciones de planeación urbana juegan un papel crucial, trabajando de manera independiente y colaborativa para abordar desafíos urbanos complejos y fomentar el desarrollo sostenible.

Pero la necesidad de cooperación y en enfoque sostenible para la planeación fronteriza no se limita únicamente a la región transfronteriza Tijuana - San Diego, si no que existen regiones que han avanzado en cuanto a los enfoques y estrategias, un ejemplo de esto es La Unión Europea que ha centrado su cooperación intergubernamental en la sostenibilidad urbana, con la Carta de Leipzig como documento clave. El Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (MERCS) se desarrolló como una herramienta voluntaria para impulsar la sostenibilidad en las ciudades europeas, basándose en los principios de la Carta de Leipzig y adaptándose a la diversidad de las ciudades europeas.

"[…] la creciente interdependencia entre Tijuana y San Diego resalta la necesidad de una cooperación transfronteriza sólida."

El MERCS incluye un conjunto de instrumentos, como un listado de cuestiones para la autoevaluación, un sistema de indicadores, herramientas de visualización de resultados y herramientas de intercambio de experiencias entre ciudades. Esta estructura flexible y común ha demostrado ser efectiva para promover la sostenibilidad urbana en Europa. La experiencia de cooperación intergubernamental en la UE en sostenibilidad urbana podría servir como modelo para la región fronteriza de Tijuana y San Diego. Ambas ciudades enfrentan desafíos similares en temas urbanos, y al adoptar un enfoque integrado y sostenible en la planificación urbana, podrían generar proyectos conjuntos que aborden estas problemáticas de manera colaborativa. La adaptación del ERFSC o la creación de un marco de referencia similar para Tijuana y San Diego podría proporcionar una herramienta compartida y un lenguaje común para definir la sostenibilidad urbana en la región fronteriza. Esto fortalecería la cooperación transfronteriza y promovería un desarrollo urbano sostenible y equitativo en la región.

Por lo tanto, la creciente interdependencia entre Tijuana y San Diego resalta la necesidad de una cooperación transfronteriza sólida y de un enfoque sostenible en la planificación urbana para enfrentar los retos de la urbanización y la globalización. La adopción de marcos y estrategias exitosos, como los desarrollados en Europa, podría fomentar un desarrollo urbano sostenible y equitativo en la región, beneficiando a ambas ciudades en este proceso de colaboración internacional.

Pese a mejores deseos, resulta particularmente difícil dotar de esperanza al 2024. Las inercias de inestabilidad y de proliferación de una multiplicidad de crisis son mayores que los indicios de prosperidad y de una sana y justa convivencia entre las naciones del orbe. Es indudable que 2024 se caracterizará por ser un año de inflexiones ante esta noción de “poli-crisis”. Ya lo está siendo y lo seguirá lleno de desafíos debido a transformaciones tanto institucionales y normativas cuanto en la práctica de lo cotidiano. Las evoluciones e involuciones, según sea el caso, se patentizarán en ámbitos como la inteligencia artificial, la preservación y cuidado del medio ambiente, la transición energética, la carrera armamentista, el comercio regional e intrarregional, la competencia económica y los incentivos para los desarrollos tecnológicos. El escenario internacional en el que dichas transformaciones tendrán lugar se caracteriza por su excesiva crispación y marcada polarización.

Las tensiones geopolíticas, los conflictos bélicos y los diferendos entre los países se han intensificado lejos de disiparse. Sin temor a equivocarnos, los focos rojos en materia de seguridad y militarismo se han multiplicado en todo el mundo, vivimos en el arreglo geopolítico más tenso y delicado desde la SGM. El mundo atestigua un traspaso paulatino de la hegemonía unipolar estadunidense hacia un régimen global multipolar con diversos matices. La transferencia involuntaria del poder hegemónico, por supuesto, no estará exento de incertidumbre, turbulencias y tiranteces. El 2024 parece inaugurar la fase final de una transición hacia un mundo multipolar, lo que no solamente se basa en el hecho de reconocer la creciente rivalidad sinoestadounidense, cada vez más patente, sino que se nutre también de una distribución y/o dispersión, a escala global, de capacidades nacionales, ya sean estas económicas, comerciales, financieras, tecnológicas, culturales o demográficas. Para ejemplificarlo, basta traer a colación a la expansión encabezada por Beijing de los BRICS y al fortalecimiento de los vínculos – no solamente económico y financieros- entre sus países miembros.

No es osado pronosticar, por tanto, que esta tendencia hacia la multipolaridad pueda intensificarse y profundizarse durante 2024 con repercusiones en varias latitudes. Empero, ello no se explica por factores exclusivamente estatales. El escenario es por demás complejo. Es decir, las empresas multinacionales, particularmente las de tipo tecnológico-informático, aumentarán su capacidad de influencia en la configuración de la multipolaridad internacional. Al poseer el activo del “Big Data” y los datos de los millones de usuarios, adicional a la capacidad financiera para viabilizar su accionar, estas empresas estarán habilitadas para ocupar con relativa facilidad los vacíos de poder que se generen por las contradicciones y desafíos congénitos a una fase final de transición global. Dicho de otra forma, si acaso tuviesen el afán de debilitar a los gobiernos nacionales por así convenir a sus intereses privados, podrán ser beneficiarios o, en el peor de los casos, “facilitadores” de estas tensiones. Es decir, provocarían o no impedirían las disrupciones económicas, la desestabilización política, el debilitamiento de la democracia, la desinformación, el regreso al proteccionismo, la multiplicación de guerras comerciales, e incluso la aceptación de prolongar y “normalizar” el conflicto.

Mientras varios factores apuntan a que la dinámica mundial en 2024 será más caótica, más riesgosa y menos predecible o estable, el andamiaje institucional de la ONU permanece rehén de sí mismo, corolario de una división de poderes caduca en el escenario internacional. Una reforma adecuada que actualice sus formas de trabajo, procesos de deliberación, su esencia y “espíritu” es necesaria con urgencia. Actualizar a la ONU es imperativo a fin de que la esperanza del futuro de la humanidad descanse en un organismo fiel a la realidad internacional actual con provisión de bienes públicos internacionales y soluciones duraderas. Resulta poco esperanzador que independientemente del desarrollo y perfeccionamiento que ha tenido el marco jurídico internacional, varios de los líderes mundiales más protagónicos parezcan estar convencidos de la lógica y el “derecho” a la guerra, incluso de su “necesidad”. Les resulta casi ingenuo pensar sobre la necesidad de galvanizar a la humanidad en torno de causas justas, de argumentar con las razones para buscar la paz y el desarrollo en el mundo.

Y el ánimo por la paz es exiguo. Con ello no restamos importancia a las acciones y contribuciones de la ONU para la paz y seguridad internacionales. Condenar ataques, exhortar al diálogo y al cese de hostilidades, apoyar y facilitar el envío de ayuda humanitaria, entre otros muchos logros de las Naciones Unidas, no es cosa menor. Loables esfuerzos, por supuesto, y en los que estuvo involucrada la delegación mexicana y muchas otras ante la ONU. Pero son bríos insuficientes. Basta revisar lo que sucede desde hace ya varias semanas en Medio Oriente y meses en Ucrania - que obviamente no son los únicos conflictos bélicos en 2024- para confirmar la veracidad de esta preocupación, que debería ser compartida.

Ante este escenario turbulento en el cual la palabra “crisis” se repite en los análisis y en el diccionario, las alternativas han ofrecido resultados exiguos. Pese a que instituciones regionales podrían ser foros adecuados para el tratamiento de estos temas, no han servido de mucho. Dicho de otra forma, la institucionalidad de los organismos regionales o la flexibilidad de foros como el G20 podrán sumar esfuerzos importantes, pero muy probablemente serán insuficientes para germinar soluciones, siquiera paliativas, que conduzcan eventualmente a diseñar un paradigma de paz sustentable y duradera en cada región.

En el renglón económico las tendencias tampoco son las más prometedoras. En el marco global, 2024 verá la profundización de los efectos de la también llamada “recesión de la globalización”, para otros conocida como “desglobalización” y para los más tradicionales, “proteccionismo”. En el vecindario latinoamericano, los expertos pronostican menos crecimiento de la economía regional. Al igual que las demás regiones, se vivirá una ralentización económica. Empero, la buena noticia es que las previsiones apuntan a que la inflación registrará una baja relativa en 2024 en todo el mundo a reserva de que los conflictos armados no escalen y disloquen los mercados de materias primas (granos y petróleo), después de que el año que acabamos de despedir se caracterizó por sus turbulencias inflacionarias y una revisión de la política monetaria con medidas contractivas.

En cuanto a números, se anticipa que las mayores economías, la estadounidense y la china, desaceleren su crecimiento este año. La zona euro se mantiene y mantendrá débil, pues no hay indicios de lo contrario. Y si bien la economía de la India, de acuerdo con diversos analistas, mantendrá un óptimo desempeño no lo será suficientemente acelerado para contagiar a sus vecinos y “cargar” al resto del orbe. Según proyecciones del Banco Mundial, el crecimiento económico de América Latina en 2024 se ubicará por debajo del 2.5%, siendo lo más probable que únicamente alcance 2.3 %. La economía mexicana, por su parte, podría crecer a cerca del 3% o ligeramente más. Esto último gracias a las ventajas del nearshoring.

Ante este escenario, no cabe duda de que la situación económica internacional, la arquitectura financiera global y la transición hacia una economía verde serán temas de debate y análisis durante el año, principalmente entre las principales economías del mundo reunidas en el G20. Y mucho que decir, decidir y hacer tendrán las multinacionales.

2024 es también un año de importantes definiciones, particularmente gracias a las elecciones nacionales que se celebrarán en varias latitudes del mundo a lo largo del año.

Lo descrito hasta aquí son inercias, tendencias, transiciones y probabilidades de 2024, todas basadas en datos, hechos y el análisis de las múltiples crisis que vive el mundo y a la preocupante inacción a nivel internacional para solucionarlas. Pero 2024 es también un año de importantes definiciones, particularmente gracias a las elecciones nacionales que se celebrarán en varias latitudes del mundo a lo largo del año, estando en juego decisiones fundamentales. Son más de sesenta países que celebrarán comicios. Además de nuestro país, los procesos electorales en Estados Unidos, India y Rusia sobresalen por su importancia en generar reverberaciones globales y efectos determinantes para el futuro de la estabilidad regional y mundial y para dictar el rumbo de las tendencias y el grado de probabilidad de que las inercias descritas continúen o se desechen. Será igualmente importante para la brújula geopolítica, principalmente en Asia, el caso de Taiwán y los comicios que celebrará. Por supuesto, el caso estadounidense tendrá efectos de corto y mediano plazo en la relación bilateral con México, fundamentados en las actuales crisis, tanto migratoria como de seguridad y tráfico de fentanilo. A ello se suma el hecho de que en 2026 será revisado el T-MEC, principal acuerdo norteamericano. De interés también para la realidad regional serán las elecciones que tendrán verificativo en 2024 en El Salvador y Venezuela. Globalmente, estará en la boleta de cada elector confirmar los valores de la cultura política democrática. Las inclinaciones para el autoritarismo, la concentración de poder y la aceptación cada vez más popularizada de los ejes conceptuales más extremos del espectro político, son reales en todo el orbe.

Es posible afirmar con rotundidad que, quitando algunos casos muy puntuales, el deporte no supone ni una nota al pie en los estudios de Relaciones Internacionales, quedando como coto casi privado en ciencias sociales de la Economía y Sociología. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado y donde las estrellas del deporte son figuras mundiales, los internacionalistas deben considerar al deporte con mayor claridad como un área fundamental y de creciente importancia. Así, en el mundo del deporte es posible trazar un paralelismo de cómo funciona la política exterior de los países en relación con su poder nacional. Si un país se vuelve más poderoso, generalmente intentará usar ese poder para ganar influencia en el escenario internacional. Si su poder disminuye, tendrá menos capacidad de acción y dependerá más de las decisiones de otros países.

A través de diversas investigaciones, este mismo principio se aplica a cómo los países manejan su participación y desempeño en eventos deportivos internacionales. Cuando un país aumenta su poder y prestigio a nivel global, el ranking en el medallero de las competencias deportivas será un objetivo político a considerar del mismo modo que se buscará organizar eventos deportivos de alcance global. Ambos caminos suponen una forma de mostrar su posición y relevancia obtenida en el mundo. Esto es posible observar en la historia del deporte desde la Alemania nazi con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, hasta Qatar con la reciente Copa Mundial FIFA 2022, pasando por Brasil con el combo de Mundial FIFA y Juegos Olímpicos en 2014 y 2016. En definitiva, el deporte de élite forma parte de la política exterior de los países, en una de las ramas más populares de lo que hoy día se denomina diplomacia deportiva.

En este sentido, si bien no es posible obviar, desde lo micro, cómo los resultados finales en eventos deportivos quedan también en manos de variables puramente deportivas en el marco del desarrollo de talento (técnicas de entrenamiento, psicología, nutrición, medicina, etc.), este artículo sostiene que el input inicial corresponde a lo macro, esto es, a la retroalimentación existente entre el poder nacional y el diseño de los planes de medallas. Esta es precisamente la tesis que el estudio publicado en la prestigiosa revista Third World Quarterly defiende, tras analizar la correlación entre el World Power Index (o IPM, por sus siglas en español) y la cantidad de puntos obtenidos por cada país en los juegos panamericanos (3 por medalla de oro conseguida, 2 por la plata y 1 por el bronce). Este estudio demuestra que existe una correlación significativamente alta entre el IPM y los puntos obtenidos por los países en los Juegos Panamericanos, lo que significa que aquellos países que tienen un valor más alto en el IPM tienden a obtener una clasificación superior en los Juegos Panamericanos.

En los megaeventos deportivos regionales (como los Juegos Panamericanos) o globales (como los Juegos Olímpicos), los Estados tienen siempre como objetivo, a corto plazo, aumentar o al menos mantener el número de medallas con respecto a las ediciones anteriores. Pero, a mediano y largo plazo, el objetivo es mejorar de acuerdo con la posición internacional del país en cuestión. En esa planificación del medallero, desde los ministerios de deportes, Comités Olímpicos Nacionales y Federaciones Deportivas Nacionales, hasta los entrenadores y atletas, todos ellos comprenden el lugar actual de su país en la estructura internacional de poder, así como el recorrido histórico de su país en cuanto a su competitividad deportiva y, por lo tanto, las expectativas sistemáticas con las que deben de cumplir. Es decir, México y Brasil, las principales potencias regionales latinoamericanas, son conscientes de que históricamente Estados Unidos es inalcanzable en los Juegos Panamericanos. Pero fijan entre sus objetivos un número de medallas a conseguir que les permita luchar por el cuarto, tercero o, incluso, el segundo puesto del ranking, por arriba de Canadá que es una potencia mundial. Argentina, que fue en tiempos pasados una destacada potencia deportiva en el continente durante la Guerra Fría, se encuentra experimentando las repercusiones de una larga crisis política, económica y social que se ha prolongado por décadas. Esta crisis ha llevado al país a salir del top-5 de potencias deportivas (incluyendo a Cuba en esta categoría) y ha permitido que Colombia se involucre con regularidad en la competencia por el sexto lugar en el ranking deportivo continental.

 

Sin embargo, en el caso mexicano, hay matices importantes que realizar. Como podemos observar en el gráfico superior, si bien la tendencia muestra que hay un crecimiento del poder nacional de México según el IPM, así como del número de puntos obtenido por la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos desde 1975, esta relación no es homogénea. ¿Cómo explicar esto? En primer lugar, es necesario considerar que tanto el poder nacional como el medallero son relacionales. Es decir, se definen en relación con el desempeño de los demás países y ninguno puede monopolizarlos en exclusiva. En segundo lugar, el orden internacional (unipolar, bipolar o multipolar) dictamina sentido político del medallero, lo cual será un impulso determinante para la diplomacia deportiva; es decir, la apuesta de los Estados por medallas como objetivo de política exterior. Finalmente, no todos los países tienen la misma capacidad extractiva, pudiendo rendir por encima o por debajo de sus expectativas de acuerdo con sus capacidades nacionales.

Esto se observa claramente durante la bipolaridad de la Guerra Fría, donde Estados Unidos, Canadá y Cuba concentraron el 76,03% del total de puntos de los Juegos Panamericanos en las 5 ediciones que abarcan desde 1975 hasta 1991, lo cual limitaba enormemente las posibilidades de medallas del resto de países, incluso de las potencias regionales México, Brasil y Argentina. En este mismo periodo, México buscó reforzar la imagen del país como líder regional. Pero a diferencia de Cuba que apostó por destacarse en el medallero olímpico, la élite política mexicana puso mayor énfasis en la celebración de eventos deportivos de renombre como los Juegos Olímpicos de 1968, la Copa Mundial FIFA de 1970 y 1986, así como diferentes campeonatos mundiales o carreras de F1. Este liderazgo regional fue reforzado, además, con apoyo financiero y la facilitación de instalaciones deportivas en territorio mexicano a aquellos países centroamericanos con dificultades económico-deportivas, posibilitándoles competir en los Juegos de 1968, mostrando México su solidaridad continental deportiva. Volviendo a los Panamericanos, en cuestión de rankings, México nunca quedó por debajo del top-6 en este periodo. Su categoría de potencia regional garantizaba al final un mínimo de desarrollo deportivo en relación con el resto de países del continente, lo cual siempre se reflejó en el ranking final del medallero.

[…] si bien México está gozando de un momento dulce en cuanto a rendimiento deportivo en el continente, no puede dormirse en los laureles considerando el recrudecimiento de la competitividad del deporte internacional…

Ya en la Posguerra Fría, sin esa bipolaridad deportiva, el porcentaje de Estados Unidos, Canadá y Cuba se ha reducido hasta poco más del 50% desde 1995 hasta 2023, lo cual “habilita” un mayor número de medallas por las que competir para el resto de los países. En esta nueva dinámica, Argentina y México han enfrentado desafíos similares, especialmente durante el siglo XXI. Argentina, por un lado, tiene el objetivo de recuperar su posición destacada en el medallero de los Panamericanos a través de la implementación de un ambicioso plan estratégico con una inversión ampliada que abarca hasta el año 2032. Por otro lado, México ha demostrado una habilidad excepcional para optimizar unos recursos limitados, ya que durante la presidencia de Peña Nieto el financiamiento al deporte disminuyó un 70%, situación que apenas se ha alterado durante el mandato de López Obrador, que ha continuado con políticas de austeridad en cuanto al deporte. Esto ha generado tensiones entre la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano, que demanda un mayor apoyo institucional.

En este sentido, y para concluir, si bien México está gozando de un momento dulce en cuanto a rendimiento deportivo en el continente, no puede dormirse en los laureles considerando el recrudecimiento de la competitividad del deporte internacional en las últimas décadas, que requiere una inversión deportiva cada vez mayor sólo para mantener la producción de medallas. A fin de cuentas, el poder nacional y el medallero no son estáticos. Los estados ascienden, se estancan o decaen en la estructura internacional, lo cual incide directamente en la priorización del deporte en la agenda gubernamental, el diseño de los planes de medallas y, en consecuencia, la asignación de recursos al deporte de élite. Sin duda alguna, estas decisiones gubernamentales tienen un impacto directo en los resultados conseguidos en las competiciones internacionales.

En 2019 el gobierno de México presentó el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, en el cual reconoció la importancia de la participación de las mujeres en la vida nacional. Asimismo, en el documento se presentó formalmente la Política Exterior Feminista (PEF) con el propósito de orientar las acciones de política exterior para eliminar las desigualdades y diferencias estructurales. La adopción de la PEF se presentó como una de las grandes apuestas de la presente administración pero, en contraste con lo que se señala a nivel discursivo, ¿qué es lo que sucede en realidad? El objetivo del presente ensayo es inspeccionar las bases de la PEF y contrastar sus primeras acciones con el panorama de violencia en México, para identificar puntos claves que permitan una óptima implementación.

El gobierno de México adoptó en 2020 la PEF con el objetivo de encaminar las acciones de la política exterior a reducir las diferencias estructurales y la desigualdad de género. El interés de México por impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en foros internacionales no es reciente, porque guarda una trayectoria importante cuando se trata de estos temas. Por ejemplo, en 1975 fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y también formó parte de las conferencias posteriores, entre ellas la de Pekín, la cual fue clave para la incorporación del factor género en la agenda de seguridad internacional. Por lo tanto, la promoción de la cuestión de género y los derechos de las mujeres no es nueva, pero cobra relevancia porque se ha delineado una política pública, con principios y objetivos.

La presentación de la PEF coloca a México como pionero a nivel internacional, al ser uno de los primeros Estados en hacerlo y al ser el primer país de América Latina en adoptarla, pero ¿a qué se refiere con feminista? Aún existen dudas sobre la elección particular del término “feminista”. Al respecto, la investigadora Inés Arco Escriche menciona que hasta el momento ninguno de los países que han adoptado una PEF, entre ellos Canadá, Francia y España, ha dejado en claro a qué se refiere con la denominación de feminismo. Esto ha dado pie a múltiples interpretaciones, por ejemplo, México define que es un “conjunto de principios que buscan desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”.

[…] una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos.

De acuerdo con las académicas Karin Aggestan y Annika Bergman, la incorporación de la perspectiva feminista requiere de orientar la política exterior a un plan más ambicioso que desafíe las jerarquías de poder y género de las instituciones. En otras palabras, una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos. Incluso, es fundamental ampliar el entendimiento de la seguridad, más allá de la visión tradicional, para agregar nuevos enfoques que sean complementarios como la seguridad humana, el cual pone como prioridad la procuración de seguridad de las personas. Además, el término feminismo corresponde a una serie de enfoques, entre ellos el feminismo liberal, el radical y la perspectiva de género; por lo tanto, hacer uso de término requiere de entender la multiplicidad de enfoques y resulta importante revisar la trayectoria feminista para comprender que cada uno de ellos tiene sus propios objetivos.

Con respecto a lo anterior, la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia mencionó que la PEF hace transversal la perspectiva de género en todas las áreas de política exterior, además de que visibiliza el aporte de las mujeres en las acciones globales y mantiene un enfoque de congruencia al exterior y al interior. De primera instancia, la PEF ha sido desarrollada e implementada con un enfoque de arriba hacia abajo en el cual, hasta el momento, no han existido espacios para la participación de la sociedad civil. Lo anterior quiere decir que una PEF, más allá de grandes declaraciones, requiere de “iniciar un proceso de mediano plazo, que permita un cambio de paradigma hacia nuevas formas de concebir y hacer la política exterior”, así como la transformación de las estructuras que permitan la participación de las mujeres.

La SRE presentó los cinco ejes que sostienen la PEF orientados a la política exterior con perspectiva de género y al funcionamiento de la misma secretaría: SRE paritaria, SRE libre de violencia y segura y SRE feminista e intersección. Lo anterior busca dar coherencia a lo establecido con la PEF dentro de la propia secretaría. En el caso del Servicio Exterior Mexicano, por poner un ejemplo, a finales de 2020 de las 1,117 personas trabajadoras, tan solo el 31% eran mujeres que se encontraban principalmente en el área técnico-administrativa. Mientras que el puesto de cancillería ha sido ocupado por mujeres únicamente en cuatro ocasiones: Rosario Green de 1998 a 2000, Patricia Espinosa de 2003 a 2006, Claudia Ruiz Massieu de 2012 a 2015, y Alicia Bárcena desde julio del presente año. Lo anterior corresponde también con la necesidad de que los programas institucionales atiendan las diferencias, porque hay múltiples informes que dan cuenta de las brechas que existen entre hombres y mujeres para desarrollar las vidas profesionales.

A propósito de los compromisos internacionales, México se comprometió con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde la aprobación de la Resolución 1325 en el año 2000 y las resoluciones subsecuentes. El 11 de enero de 2021 el Gobierno de México presentó su primer Plan Nacional de Acción para el Seguimiento de la Resolución 1325 (2000) de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325), instrumento que se alinea con la PEF. Entre los propósitos del PNA-1325 se encuentra la promoción de la participación sustantiva y activa de las mujeres en la prevención de conflicto a todos los niveles: mantenimiento, reconstrucción y consolidación de la paz; la asistencia humanitaria; el desarme, reintegración y control de armamento; la atención de violencia sexual y de género, y, fortalecimiento del estado de derecho. Sin embargo, se observa que pasaron 20 años para que se presentara el primer Plan Nacional en esa materia, que, además, coincide con un contexto caracterizado por el incremento de las violencias contra las mujeres: feminicidios, desapariciones, explotación sexual y violencia intrafamiliar.

Al respecto, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el año 2021 hubo el mayor número de presuntos feminicidios con 981 en total y tan solo 108 en el mes de agosto, mientras en lo que va de 2023 van 500 casos. En cuanto al número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, en 2022 concentra la cifra más alta con 2,805 casos: en el mismo sentido, en julio de 2023 lleva identificados hay 1,516 casos. Por último, la información de los presuntos delitos de violencia familiar también arroja que en 2022 se contabilizó el mayor número de delitos con 270,54; en 2023 hay acumulados 170,488 presuntos delitos.

La violencia contra las mujeres es la principal problemática para enfrentar. De acuerdo con el PNA-1325, se pretende erradicar a través de la participación y capacitación de las mujeres, para enfrentar las raíces del problema. Sin embargo, el primer informe de la implementación del PNA-1325 refleja que las estrategias aplicadas con el plan han estado orientadas a metas distintas. Es decir, las acciones fueron encaminadas a la sensibilización de los funcionarios públicos. Por lo tanto, la puesta en marcha de la PEF está ampliamente relacionada con el del PNA-1325, debido a que ambas guardan un enfoque de arriba hacia abajo. En otras palabras, resulta relevante que la forma de implementar la transversalidad de la perspectiva de género haya comenzado por las estructuras gubernamentales y que no haya involucrado a la población, esto debido a la urgente necesidad de atender las violencias y desigualdades que, principalmente enfrentan las mujeres.

Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno.

En suma, existe evidencia de que México ha incorporado la perspectiva de género a nivel institucional por medio de la puesta en marca de acciones afirmativas como las cuotas de género en la participación política y los protocolos contra la violencia política de género. El compromiso de México por estar a la vanguardia en materia de derechos humanos y cuestiones de género es innegable. Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno. El planteamiento de los objetivos de esta propuesta es tan solo el primer paso, lo que corresponde es que el gobierno mexicano continúe enriqueciendo sus bases y que lleve adelante la transformación de las estructuras que sostienen la desigualdad y mantiene las brechas de género. De igual manera, la PEF y el PNA-1325 deben plantear mecanismos que permitan evaluar los avances para identificar las oportunidades para transformarse. Finalmente, es necesaria que su vinculación con los diferentes sectores gubernamentales, porque los compromisos al exterior deben ser congruentes con las políticas públicas desarrolladas al interior.

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