El 28 de abril de 2011, hace 10 años, los presidentes de Chile, Colombia México y Perú firmaron la Declaración de Lima para crear a la Alianza del Pacífico (AP): en ese entonces un nuevo esquema de integración latinoamericano, en donde el libre comercio, la libre circulación de personas y la cooperación conforman sus referentes más significativos.

Esta Alianza tiene como fin promover diversos objetivos, entre los cuales destacan incentivar interacciones políticas, económicas y sociales entre sus miembros, con miras a articular integración profunda, que les fortalezcan en lo individual y como bloque regional. La AP obedeció a un contexto histórico y regional caracterizado por el entonces auge de mecanismos proclives al regionalismo post hegemónico, en donde sobresalen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que dejaban a Santiago, Bogotá, México y Lima -en aquellos años de clara tendencia neoliberal- “fuera de órbita”, aislados o en desventaja respecto a los esquemas progresistas señalados. Asimismo, la Alianza nació con una optimista orientación tendiente a insertarse de manera vibrante a lo largo de la rivera del mar Pacífico, en donde Asia constituye el espacio territorial de mayor trascendencia, dado su creciente poderío político, económico y geoestratégico.

Desde ese entonces hasta hoy en día, el contexto interno, regional y global en el que hace una década se creó a la AP se ha transformado de manera vertiginosa. Muestra de ello es que la ALBA, el Mercosur y la UNASUR sufren de complejas crisis. Otro ejemplo de estos turbulentos cambios se refiere a que tres de los cuatro países miembros (con excepción de Colombia) han sufrido alternancia en sus respectivos liderazgos presidenciales, ya sea con gobiernos de derecha o de izquierda. Asimismo, el libre comercio, como principal bandera de esta asociación de Estados, ha perdido peso, debido a la ralentización del comercio internacional, lo cual se profundiza como efecto de la emergencia por la Covid-19 que limita, aún más, los exiguos intercambios comerciales entre este cuarteto de países, cuyo porcentaje no sobrepasa el 3% del comercio total. El decir, las transacciones mercantiles intra AP son mínimas respecto a lo estipulado; lejos del 15% planeado para el año 2030. De igual forma, los viajes de negocios, turismo, etc. entre nacionales de los países involucrados, tras 8 años de franco aumento, también a causa de la pandemia se redujeron en cerca del 70%. Mientras tanto, el ejercicio “insignia” de cooperación bajo el sello AP, la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, que permite a alumnos y profesores universitarios realizar estancias en cualquiera de los otros tres países, paró, hasta que el Coronavirus lo permita.

Independientemente de lo anterior, la AP continua su marcha y no ha dejado de abordar temas clave, aunque simbólicos, de su amplia agenda, en donde iniciativas como la equidad de género, la agenda digital o el “Reto Covid”, mediante el cual se financian proyectos dedicados a enfrentar a esta enfermedad, muestran que este esquema de cooperación, aun en tiempos difíciles, intenta mantener su presencia en el panorama latinoamericano.

En ese sentido, el que la AP cuente con 59 países observadores ubicados en distintas esquinas del mundo, cuatro candidatos a países asociados (Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur), junto con el renovado interés de Ecuador para convertirse en país miembro, habla de la proyección internacional con que cuenta este esquema integrador.

Más allá de lo anterior, los retos más relevantes de la AP consisten en mantener esquemas políticos e institucionales que superen las referidas transformaciones internas y externas, en el sentido de reforzar la endeble cohesión entre sus integrantes. Ello es un desafío de especial relevancia, si se toma en cuenta que México pasó de ser un país de perfil neoliberal a pregonar lo contrario, bajo el ejercicio de una política exterior que, por el momento, no parece priorizar a la AP. Mientras tanto, en Perú, tras momentos de inestabilidad política, Pedro Castillo, el candidato de izquierda, parece tener opciones de conseguir el triunfo electoral en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021. Igualmente, el desgaste político del presidente Sebastián Piñera en Chile, evidenciados por distintas manifestaciones sociales, junto con un fenómeno similar en Colombia en contra del presidente Iván Duque (en donde las encuestas, a un año de las elecciones, dan por ganador a la izquierda), generan que el futuro o la identidad original de la AP sean inciertos.

Por lo tanto, es plausible que, frente a este vertiginoso escenario, los fundamentos aliancistas originales, propensos a la economía abierta y el libre mercado, den un giro, incluso hacia lineamentos progresistas o de izquierda, lo cual significaría, en caso de que la AP continúe existiendo, en caso extremo, un posible viraje de 180 grados de este mecanismo integrador.

En definitiva, tras una década de existencia, la Alianza, al no conseguir anclarse como ejercicio integrador consolidado, navega sin un horizonte claro por Latinoamérica y el Océano Pacífico, cuyo devenir dependerá de la resiliencia de sus fundamentos legales e institucionales, y, sobre todo, de la voluntad política que le concedan los presidentes en turno de Chile, Colombia, México y Perú; países que comparten la creciente polarización política y social entre sus habitantes; fenómeno opuesto al proceso de integración profunda de la AP.

De la conjunción de tales factores dependerá que la AP se mantenga a flote, reoriente sus horizontes, o que simplemente navegue a la deriva, sin un rumbo claro en la convulsa marejada que caracteriza a los distintos procesos de integración en Latinoamérica, que conviven y compiten en complejo entorno regional y global.

El 16 de abril de 2021 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la Ley que regula a la cooperación internacional para el desarrollo (CID) de México, considerada por la Constitución como principio normativo de la política exterior. El propósito esencial de la inédita normativa fue mejorar la capacidad del gobierno federal, para programar, gestionar coordinar, financiar y evaluar los ejercicios de esa naturaleza, en sus vertientes receptora y oferente. Fue así como producto de esa Ley nació un Sistema de CID mexicana, que se confeccionó para armonizar su actuar, tanto con base en necesidades nacionales, como a la luz de los nuevos lineamientos de la agenda global del desarrollo, bajo la expectativa de que México se posicionara como un referente destacado en la materia.

Con base en esta Ley, el 27 de septiembre de 2011 nació la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), como la instancia adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que desde entonces regula el actuar en este segmento de las relaciones internacionales oficiales de nuestro país. A la par, la Ley obliga al gobierno en turno a guiar sus actividades a este respecto mediante un Programa nacional de cooperación internacional, así como alimentar, de manera permanente, a un Sistema de información. Este mecanismo debe dar cuenta de proyectos, programas, acuerdos y recursos dedicados a la colaboración que México instrumenta y, de esa forma, atender a los principios de visibilidad y rendición de cuentas.

Con el paso de los años, este Sistema de CID, si bien registra avances en varios de sus segmentos, en tiempos recientes enfrenta dificultades que, incluso, atentan contra los elementos fundamentales de la Ley. Por ejemplo, la AMEXCID continúa funcionando mediante una estructura que, en esencia, y a pesar de algunas adecuaciones, tiene como origen a la entonces Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, diseñada en el año 2000, más de veinte años atrás. Si bien la reforma institucional de la AMEXCID está en puerta mediante adecuaciones al Reglamento Interior de la SRE, el rezago institucional y la fragmentación de las oficinas que componen a este organismo desconcentrado de la Cancillería compone una tarea que continúa pendiente. El Programa Nacional de CID (PROCID), que por Ley debe crearse cada sexenio, tiene un rezago, al momento actual, de dos años y medio, mientras que los datos más recientes que arroja el Registro Nacional de CID corresponden al año 2017, lo que implica una demora de cuatro años. Ello impide a las autoridades conocer los montos, orientaciones geográficas y tipos de colaboración que México ofrece en su entorno exterior; elementos indispensables para hacer las evaluaciones necesarias sobre los aciertos y elementos de oportunidad de esta faceta de México en el exterior, en especial Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Finamente, el FONCID fue recientemente eliminado, lo que deja en vilo el instrumento que el gobierno utilizará para honrar y transparentar el compromiso presidencial de otorgar de cerca de 100 millones de dólares anuales a nacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala (expulsores de migrantes a Estados Unidos), quienes reciben los programas “Sembrado Vidas” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, como réplica o, en voz de la AMEXCID, “exportación” (sic) de las estas acciones aplicadas en México.

Llama la atención que este generoso ejercicio de colaboración mexicano hacia el Sur no coincide del todo con los cánones de la cooperación actual, que requiere de ejercicios de complementariedad, coparticipación y cofinanciamiento entre los socios, tendientes a adaptarse a las necesidades de los beneficiarios (demand driven) y evitar medidas asistencialistas, que impiden la apropiación de los proyectos. En este sentido, no olvidar que la CID de nuestros días debe necesariamente abordar, de manera integral, rubros estructurales como mejoras en políticas púbicas en temas de seguridad, salud, educación, combate a la corrupción, cuidado ambiental, equidad de género, prevención de desastres naturales, etc.

En definitiva, a 10 años de la entrada en vigor de la Ley de CID, junto con sus logros, resulta fundamental atender, de manera cabal, al espíritu y contenido de este mandato federal, para facilitar al gobierno la construcción de una política de cooperación internacional más sistémica, de Estado, que atienda a las causas del subdesarrollo. Ello evitaría que la contención migratoria sea la principal brújula que en buena medida orienta el actuar de la AMEXCID.

Para ello es necesario, ya sea cumplir con el contenido de la Ley citada, o hacer un alto, y reflexionar, de la mano de distintos actores nacionales, para transformar a esta normativa y al Sistema que aglutina a la CID mexicana. Hacer esto permitiría plantear las modificaciones necesarias para hacer de este instrumento -y principio normativo de la política exterior- una novedosa herramienta al servicio de las causas nacionales e internacionales, que sea adaptativa a los propósitos de desarrollo y, a la par, de la política exterior mexicana.