Análisis (63)
El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.
Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.
Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.
Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.
Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.
Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).
Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.
Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.
Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.
En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.
¿El comunicado de AMLO al Parlamento Europeo representa una política exterior de Estado?
Rafael Velázquez Flores
En la literatura académica de la disciplina de las Relaciones Internacionales, existe una marcada diferencia entre una política exterior de Estado y una de gobierno. La primera incluye decisiones que responden al interés nacional, reflejan continuidad con administraciones anteriores, están basadas en objetivos claros y concretos, son planificadas y deliberadas, reflejan un proyecto de nación con amplio consenso social y son tomadas a partir de la consulta o la consideración de los intereses de los diversos grupos internos y de los actores externos. La segunda es una política que responde exclusivamente a los intereses del grupo en el poder, es totalmente coyuntural y reactiva, no se basa en objetivos específicos ni es planificada, no refleja un amplio consenso y no toma en cuenta a otros actores involucrados en el tema.
El comunicado del gobierno de México, en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo en torno al tema de los periodistas asesinados en el país, no cumple con los criterios necesarios para considerarse una política exterior de Estado. En primer lugar, el texto carece de todo protocolo diplomático y contiene un lenguaje ofensivo para la contraparte. En un primer momento, parecía que se trataba de un documento falso. Incluso algunos diputados de MORENA lo consideraron “burdo” y solicitaron que la SRE lo desmintiera. Sin embargo, al día siguiente el mismo presidente anunció en su conferencia matutina que él había redactado el texto en un vuelo a Chiapas junto con su vocero oficial.
Un texto de esta naturaleza no debe ser escrito en tan corto tiempo y a partir del enojo por parte del jefe del Ejecutivo por el contenido de la resolución del Parlamento Europeo. También es un error estratégico el no haber involucrado en el proceso de toma de decisiones al secretario de Relaciones Exteriores, el principal responsable de la política exterior del país. Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente AMLO basó su respuesta en función del principio de la No Intervención. Sin embargo, México firmó con la Unión Europea (UE) una cláusula de respeto a los derechos humanos cuando se concretó el acuerdo de libre comercio entre México y la UE. Este instrumento jurídico está al mismo nivel de la propia Constitución mexicana. En este sentido, los eurodiputados pueden hacer este tipo de observaciones y solicitudes. Por lo tanto, no hay elementos para decir que ellos estaban interfiriendo en los asuntos internos de México. Si a la administración de AMLO no le parecen este tipo de posicionamientos, entonces debe denunciar el tratado. Mientras esté en vigor, no puede hacer este tipo de pronunciamientos.
Un jefe de Estado no puede llamar “borregos” a su contraparte, ni afirmar que ellos son cómplices por mantener el silencio en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
El comunicado de AMLO no representa el interés nacional porque es reflejo de los intereses del grupo en el poder. Es claro que la carta estaba dirigida principalmente a los grupos que apoyan al actual mandatario. Parece que al presidente le preocupa su popularidad y toma estas decisiones para que un sector de la sociedad lo vea como el héroe que defiende a México frente a los extranjeros imperialistas. Sin embargo, hay otros sectores que están en desacuerdo con este tipo de medidas. Por lo tanto, la polarización aumenta en el país, lo cual no ayuda ni a la política interna ni a la externa. Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes. Por su parte, la oposición criticó abiertamente al presidente e incluso mandó cartas al Parlamento Europeo para deslindarse del comunicado de AMLO.
Como era de esperarse, senadores y gobernadores de MORENA salieron a la defensa del presidente y emitieron cartas de apoyo. Esta acción hizo recordar las viejas prácticas priistas en donde los diversos actores políticos se subordinaban completamente a la figura del presidente, cuestionando así la división de poderes.
El comunicado incluso puede ir en contra del interés nacional porque puede afectar la relación política y comercial con la Unión Europea. Tampoco representa continuidad con la política establecida desde el sexenio de Ernesto Zedillo para hacer de Europa una opción de diversificación económica y para atraer inversiones. Por lo tanto, la carta de AMLO al Parlamento Europeo no es congruente con los objetivos de política exterior de México frente a la UE ni fue una decisión planificada. Fue totalmente reactiva. Además, el posicionamiento no refleja un proyecto de nación de amplio consenso puesto que muchos sectores de la sociedad no estuvieron de acuerdo con la medida. El presidente no consultó a actores clave, ni siquiera al secretario de Relaciones Exteriores. Efectivamente, el artículo 89 de la Constitución faculta al Ejecutivo para “dirigir” la política exterior de México. Pero si sus decisiones representan los intereses exclusivos del grupo en el poder, entonces no se trata de una política exterior de Estado. Es, por tanto, una política exterior de gobierno. México debe aspirar a acciones que verdaderamente reflejen una política exterior de Estado para promover el interés nacional y para reflejar una imagen de un país que se comporta a la altura de los desafíos del sistema internacional.
La política exterior de México y el conflicto Rusia-Ucrania
Carlos Gabriel Argüelles Arredondo
Tradicionalmente, México ha sido objeto de diversas intervenciones extranjeras que han alterado su integridad territorial, socavado su soberanía y su Estado de Derecho. La historia de la República Mexicana sistemáticamente se ha caracterizado por la pérdida de territorios. Esto se explica por la posición geoestratégica que el país ha presentado incluso desde que era colonia española. Así, Centroamérica, Texas, los espacios del septentrión, la Mesilla, la Isla de Clipperton y casi El Chamizal han sido pérdidas geográficas de recursos marinos y terrestres. Las intervenciones se dieron, principalmente, por parte de Austria, España, Estados Unidos y Francia quienes siempre vieron un espacio estratégico en la posición física de México en el mundo.
Debido a toda esta experiencia traumática en cuanto a su soberanía territorial, la política exterior se ha construido basada en la lucha por la sobrevivencia y defensa del Estado Mexicano. El destino geográfico de México le hizo vivir y convivir al sur de la potencia mundial. Esa característica geopolítica determinó que la política exterior aunque se practique en otras latitudes a través de la diversificación, siempre debe de tomar en cuenta la relación con Estados Unidos. En este sentido, México se ha pronunciado en los foros y conflictos internacionales con base en los principios de política exterior enmarcados en el Artículo 89, Fracción X de la Constitución Política. Estos principios son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios fueron elevados a rango constitucional en la década de 1980 y son los que guían el actuar de México en la escala global.
Con esto en mente, México se ha pronunciado por la defensa de la paz y la seguridad enarbolada por la tradición de las Naciones Unidas. En esos foros, recientemente, México se pronunció en contra de las intervenciones en Afganistán, Irak, Siria y ahora en Ucrania. Como muchos otros países, México hizo un llamado a la solución pacífica de las controversias. En las acciones, posiciones y decisiones que México toma más allá de sus fronteras siempre ha prevalecido el respeto al Derecho Internacional. Pero, también el país debe tomar en cuenta su relación exterior más importante que es con Estados Unidos, pues en ella hay muchos temas que sostienen la agenda como diplomacia, economía, comercio, derecho, seguridad, medio ambiente, educación, cultura, migración, entre otros.
El conflicto ruso-ucraniano no es nuevo, sino que su antecedente cercano es la anexión de Crimea en 2014 y la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La posición de México respecto a la invasión de Rusia a Ucrania de febrero de 2022 se ha mantenido con una condena a la intervención armada y al no envío de armas a ningún país, ya que México es una nación pacifista. Sin embargo, en el pasado, por ejemplo Lázaro Cárdenas envió cargamentos de armas para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y en el periodo de Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (Escuadrón 201) fue enviada a la contienda del Pacífico. También, la postura de México será puesta a prueba para ver si otorga asilo a refugiados rusos y ucranianos, como lo practicó en casos como la misma guerra civil en España, las dictaduras en América Latina, la crisis centroamericana de la década de 1980 o las guerras de Siria y Afganistán. Esto es debido a que ciudadanos de Rusia y Ucrania han intentado cruzar la frontera México-Estados Unidos derivado del conflicto.
En cuanto a la posición mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ucraniana y a la invasión por parte de la Federación de Rusia, México está comprometido con el cumplimiento de las convenciones ligadas al desarme y hace votos por una salida pacífica al conflicto. En este tenor, el país se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. También, México hizo un llamado urgente al cese al fuego y mientras éste se logra que haya una pausa humanitaria para garantizar la protección a la población civil y acceso a ayuda para quien la necesite.
En este contexto, México es signatario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales. En caso de conflictos armados, México comparte con otros países el compromiso de la defensa y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Aún en las confrontaciones más ásperas y crueles existen derechos que deben de prevalecer que se basan en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. Aunque la sociedad internacional se enfrenta a nuevos retos en materia de conflictos armados, con nuevas tecnologías y operaciones digitalizadas, los principios humanitarios siguen siendo los mismos.
En la emergencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la posición de México es también la protección de los connacionales que están en territorio del conflicto bélico. Por esa razón, el gobierno mexicano tomó medidas y en constante comunicación con las embajadas en Ucrania y en Rumania envió dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a desplazados por el teatro de esa guerra y envió apoyo humanitario. Así, las aeronaves enviadas a Rumania trasladaron a la mayor cantidad de personas de origen nacional e incluso apoyó con el transporte de ciudadanos de países hermanos de América Latina. Estas acciones reflejan el cumplimiento de una de las máximas prioridades de la política exterior de México que es la defensa de los intereses de los connacionales en el extranjero a través de la protección consular.
En este sentido, México que forma parte del bloque latinoamericano ha buscado la creación de un corredor humanitario junto a Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de Centroamérica y el Caribe. Estos países han pedido ayuda a la ONU para evacuar a sus ciudadanos de la zona de conflicto, como ya lo están haciendo, actuando en solidaridad con la región del cono sur para formular una respuesta conjunta para acelerar las gestiones consulares. Con estas acciones, México está poniendo en práctica los principios de su política exterior sobre el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Sin embargo, como bien se sabe, en las relaciones internacionales todo está conectado. Directa o indirectamente, el conflicto bélico afecta a todo el mundo y México está empezando a sentir la onda expansiva en los precios del petróleo, en el alza de la gasolina, el gas, la inflación y en la fluctuación del peso. Por ejemplo, el petróleo Brent ha alcanzado más de 123 dólares por barril. Pues, Rusia al ser un país petrolero y al sufrir sanciones económicas por la guerra invariablemente afecta a la economía internacional. Con estas consecuencias, el sector agrícola y de los alimentos también podría sufrir un impacto en el alza de precios. Rusia y Ucrania son productores de trigo y maíz en más de 20% a escala global y eso afecta el mercado agrícola incluyendo el de los fertilizantes de los cuales México en un importador.
En el contexto actual, México debe ser prudente en cuanto a su política exterior respecto al conflicto, pues aunque condene la guerra y la intervención, también mantiene relaciones diplomáticas, políticas y económicas con los dos bandos de la guerra. Por ejemplo, en 2020 Rusia ocupó el lugar 35 en cuanto a socios comerciales de México y fue el primero entre los países de Europa Central y Oriental con un comercio bilateral de 1,291.8 millones de dólares. En el mismo año, las importaciones mexicanas de Rusia fueron de 870.4 millones de dólares, un cifra 33% menor que la de 2019. En cuanto a las Relaciones de México con Ucrania, éstas se caracterizan porque México es su segundo socio comercial más importante en América Latina y el Caribe. En 2020, el comercio entre los dos países se ubicó en 291.3 millones de dólares. Con todo, más allá de las relaciones comerciales, como país del sur global, México ha llamado al diálogo y la concertación entre los pueblos apoyado por los instrumentos del Derecho Internacional de donde también han emanado los principios que siempre ha defendido en el concierto regional y global.
Finalmente, siguiendo la vocación pacifista de México, el aparato de política exterior del país puede actuar en un bloque que defienda los intereses de los países latinoamericanos. En este sentido, el interlocutor podría ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un mecanismo vigente que ha cooperado con Europa y Asia. La CELAC podría ser una sola voz en los organismos internacionales como la ONU, para dar una salida al conflicto e incluso fungir como mediadora, como lo hizo el Grupo Contadora que es su antecedente o el Grupo de los 6 (G-6) en materia de desarme de la década de 1980. América Latina ha sido cuna de varios Premios Nobel de la Paz. Con ese respaldo de vocación pacifista, México podría fungir como líder en la solución de los conflictos internacionales como el de Rusia-Ucrania, ya que el país mantiene buenas relaciones con ambas naciones. Con estas recomendaciones, México debería continuar con el proyecto de actor con responsabilidad global y ser una verdadera potencia media como lo demandan los tiempos inciertos que corren en el escenario internacional.
México y China: 50 años de relaciones bilaterales
Luis Alfredo Ávila López y Carolina Zayas Márquez
Hablar de la relación entre México y la República Popular China (en adelante China), implica remembrar los esfuerzos que ambas naciones han celebrado desde 1972, cuando el entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez y su homólogo en China, el presidente Mao Zedong, decidieron sumar esfuerzos y formalizar las relaciones comerciales de estos países.
El vínculo ha sido fructífero. México, como muchos otros países, ha consolidado su comercio exterior, con un énfasis particular en China. Esto puede observarse por ejemplo a través de la balanza de pagos que muestra un resultado deficitario que evidentemente responde a la incesante actividad comercial con este país. Sin embargo, del otro lado, China presume un superávit frente a México. En este sentido, las lecciones no se hacen esperar, tal es el caso de Faure y Fang, quienes desde 2008 atribuían el superávit de China a las tazas de ahorro, el bajo nivel de consumismo y en general al autocontrol de la población China.
Por su parte México, en su lucha de diversificación de mercados, ha presentado un acercamiento a Asia, en donde la jugada se ha tornado en mucho comprar y poco vender. La bandera deficitaria para México corresponde a China, que lo convierte en su tercer socio comercial, solo debajo de Estados Unidos y Canadá.
Traducido en porcentajes, en 2019 las exportaciones de México hacia China fueron de un 1,85%, superado por Canadá con un 4,43% y Estados Unidos que típicamente tiene la delantera con un 75,1%. Por otro lado, la procedencia de las importaciones mexicanas tiene una correlación directa con Estados Unidos ocupando un 54,4%, mientras que China avanza al segundo lugar con un 14,4% del total, al que claramente se puede atribuir el déficit de la balanza de pagos de México con China (OEC, 2022).
Sobre el tintero hay buenas intenciones en la relación de estos dos países, ya que se prevé seguir fortaleciendo la comercialización y las inversiones. Adicional a esto, México debería observar y aprender del sistema de innovación de China con el objetivo de desarrollar el propio. Un buen punto de partida sería identificar la estructura de las estrategias de planeación que presenta China, que entre sus principales características destaca 1) planeación a largo plazo, y 2) continuidad en los planes y evaluación de las metas con sus respectivas consecuencias sobre el incumplimiento de las mismas. Otro aspecto a destacar es el énfasis de China sobre la inversión extranjera directa que propicia la transferencia y derrama tecnológica, y por supuesto el desarrollo de las ciencias, mientras que México continúa centrado en el sector manufacturero como eje principal en la industria.
Estos escenarios auguran para ambos países una prolongación de la relación bilateral, extendida ya no solo hacia temas de importación y exportación de productos y servicios además de las inversiones, sino que se extrapola hacia otros campos como lo es la diplomacia científica y académica, en donde se presagia un fortalecimiento entre instituciones educativas que sin duda fomentarán un acercamiento muy enriquecedor para ambos países.
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Faure, G. O., & Fang, T. (2008). Changing Chinese values: Keeping up with paradoxes. International business review, 17(2), 194-207.
Observatorio de Complejidad Económica (10 de marzo del 2022). México. https://oec.world/es/profile/country/mex?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1
México y Medio Oriente: una relación fría y ambigua
Ángel Rabih Rayes El-Kantar
A casi un mes de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), en un comunicado el 13 de enero del año en curso, la cancillería anunció que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó las prioridades de México para el 2022. Resaltó las regiones de África, Medio Oriente, Asia y Europa y en particular, la identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo, la promoción del Plan Mundial de Bienestar y las prioridades de nuestro país en el G20. Asimismo, la embajadora Carmen Moreno Toscano, encabezó las reuniones regionales con los titulares de las Representaciones de México en dichas regiones.
Este hecho refleja la relación que se tiene con los países del norte de África y Medio Oriente. Se pronostica un crecimiento en la economía de los países petroleros de Medio Oriente, mientras que la economía mexicana mantendrá un crecimiento promedio. La impresión de las nuevas “líneas generales y directrices a seguir” refleja la pasiva relación de México con el Medio Oriente. Al mes de febrero, el precio del petróleo mexicano es de 84.12 dólares por barril y la West Texas Intermediate (WTI) opera a 91.51 dólares.
La esfera política mexicana visualiza a la región como una región inversora (porque la mayor parte de su riqueza proviene de los hidrocarburos fósiles) y no como un potencial socio, que representa un mercado aproximado de 440 millones de habitantes, sin contemplar a Turquía, que por sí solo tiene aproximadamente 83 millones de habitantes.
Todas estas observaciones, dan a entender una fría y ambigua aproximación de las relaciones diplomáticas que México tiene con dicha región. En un contexto donde al inicio de este año se anunciaron “nuevas líneas generales y directrices” identificando África y Medio Oriente como zonas prioritarias, estas decisiones se fijan bajo una visión reducida esperando captar inversiones hacia México, pasando por alto que países como Arabia Saudí, EAU y Qatar (los cuales cuentan con los índices de PIB per cápita más altos de la región) están invirtiendo y diversificando en sus propias economías. Como ejemplo está el proyecto “OXAGON” de la monarquía saudí.
En un mercado como lo es el iraquí, que se encuentra en un proceso de reconstrucción y donde México no tiene presencia, diversas industrias mexicanas, por ejemplo la industria constructora, tienen el potencial de ayudar a generar la infraestructura que necesitan en estos momentos. Así también, la industria agropecuaria mexicana puede satisfacer las demandas alimentarias de las nuevas ciudades inteligentes, los centros industriales emergentes en Arabia Saudí o los EAU, entre otros. Es menester subrayar la necesidad de pasar de la ambigüedad al activismo y la priorización de áreas de oportunidad de los productos mexicanos y enfocarse en cubrir las necesidades de los países de Medio Oriente, en los que México se posicionaría como un socio comercial a la altura actual de los mercados de EE.UU. y la Unión Europea.
Los casos de las crisis diplomáticas con Panamá, España y Perú: ¿Son realmente decisiones de política exterior?
Rafael Velázquez Flores
A inicios de 2022, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en algunos casos que se han convertido en crisis diplomáticas. En primer lugar, el presidente defendió su propuesta de Pedro Salmerón para embajador ante Panamá. El problema era que el candidato había sido acusado de acoso sexual entre estudiantes del ITAM. Además, el gobierno no siguió el protocolo correspondiente porque hizo el anuncio sin tener el visto bueno de la Cancillería panameña previamente. A pesar de ello, AMLO mantuvo la designación. El conflicto estalló cuando Panamá anunció que no aceptaría a Salmerón como representante mexicano debido a las acusaciones. El gobierno mexicano quedó mal parado ante la situación diplomática. Era la primera vez que, públicamente, un gobierno negaba el beneplácito de un nombramiento por parte de México.
Más adelante, el presidente AMLO anunció que pretendía poner “en pausa” la relación diplomática con España debido a que algunas de sus empresas habían robado a la nación mexicana. La declaración causó sorpresa tanto en la esfera interna como en la externa. También era la primera vez que Mexico hacía un tipo de anunció de esa naturaleza. Lo normal sería romper relaciones diplomáticas o retirar a los embajadores, como ocurrió con Cuba en 2004. La reacción de España no se hizo esperar y su gobierno declaró extrañeza en el dicho de AMLO puesto que ellos consideraban que la relación bilateral pasaba por un momento de normalidad y sus empresas hacían una contribución económica a México. Internamente, varios sectores consideraron que la declaración había sido una pifia diplomática.
El fin de semana del 13 de febrero, apareció una nota en el periódico El Universal, en la que se anunciaba que el gobierno de Perú se quejaba de que la administración de AMLO se estaba entrometiendo en los asuntos internos de esa nación.
Estos tres casos han causado debates en los foros políticos, académicos y diplomáticos en los países involucrados. La principal pregunta es si estos tres casos representan una “política exterior” deliberada; es decir, si son parte del proceso de toma de decisiones del aparato diplomático mexicano.
Es claro que la Constitución mexicana le otorga al presidente (artículo 89) la facultad de “dirigir” la política exterior del país. Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, toda política exterior debe partir de un proceso de plantación en donde los diversos actores involucrados discuten las diferentes alternativas, establecen objetivos concretos y seleccionan estrategias e instrumentos y toman decisiones basadas en un consenso. En este caso, la participación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de miembros del Servicio Exterior Mexicano, así como asesores expertos en el tema, es un requisito indispensable para que realmente sean decisiones de política exterior.
La principal pregunta es si estos tres casos representan una “política exterior” deliberada; es decir, si son parte del proceso de toma de decisiones del aparato diplomático mexicano.
Es altamente probable que los casos anteriormente mencionados sean producto de una visión totalmente personal del presidente mexicano y no sean resultado de un proceso de planificación. Es decir, son caprichos individuales y no lo que se define como una política exterior de “Estado”. Por lo tanto, esas decisiones no son en concreto “política exterior” de México, sino expresiones a nivel personal.
Estos tres casos reviven la discusión sobre la necesidad de crear un “Consejo Ciudadano” de política exterior que asesore al presidente en las decisiones al respecto. Este comité debe estar compuesto por expertos en el tema, legisladores, empresarios, miembros del Servicio Exterior Mexicano, y otros actores no gubernamentales, como académicos, comunicadores y representantes de la sociedad civil. Este proceso es necesario para evitar que el país se involucre en crisis diplomáticas, como los casos arriba señalados. Es importante romper el monopolio que tiene el presidente en esta materia. Incluso, una reforma constitucional podría ser una vía posible para realmente contar con una política exterior de “Estado” y no una de “gobierno”.
Estrategia y prospectiva en la política exterior de México
Patricia Angélica Quiles Martínez
El año 2022 comienza con procesos de turbulencia y transformación. La inacabada pandemia por el COVID-19 ha dejado estragos económicos y sociales en todo el mundo1. Se viven divergencias entre las mayores economías, en donde China cobra cada vez más fuerza y opera con claridad de objetivos en la Organización Mundial del Comercio; hay mercados claramente concentrados en Asia2; tensiones regionales como en el Indo-Pacífico y Europa Oriental, además de una crisis climática de urgente atención.
En este contexto, México se inserta como un actor geopolítico regional y mundial que busca “que sus acciones de política exterior tengan un impacto real en las condiciones de vida de la población mexicana”3. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como prioridades de las gestiones en el exterior para este año la promoción del Plan Mundial de Bienestar; la identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo y la agenda de México en el G204. Para dar cumplimiento a estas encomiendas, el país cuenta una red de 150 Representaciones de México en el Exterior (RME) distribuidas en 80 Embajadas, 67 consulados y 3 oficinas de enlace.
Robert Strausz-Hupe decía que “una nación debe pensar antes de actuar”, es decir, se debe contar con estrategias definidas que, junto con la política pública, permitan conseguir los objetivos nacionales de política exterior y posicionar al país como un actor geopolítico de relevancia en las cadenas globales de valor.
En consecuencia, es fundamental la labor de mapeo y análisis de tendencias globales que, incorporadas en la generación de dichas estrategias, resulten en gestiones creativas que posicionen a México en los mercados y sectores de vanguardia en el mediano y largo plazo.
Por ejemplo, las previsiones del Sistema Europeo de Análisis de Estrategias y Políticas (ESPAS, pos sus siglas en inglés) y las del Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos retratan un mundo en el que en un espacio de 10 a 20 años la tecnología y la hiperconectividad adquirirán una dimensión determinante. Estas tendrán el potencial de resolver problemas cotidianos pero también generarán riesgos de mayor desigualdad, tensiones e incremento de la competencia global por la supremacía en dichas esferas.
De esta manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las RME, tiene la labor de operar las vastas herramientas de diplomacia pública con las que cuenta México para lograr no sólo mantener el papel histórico que el país ha desempeñado como líder regional y multilateral sino posicionarlo ante los retos que se vislumbran.
Bajo esta lógica, el establecimiento y operación de la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública en la Cancillería mexicana habla de un importante esfuerzo de la Secretaría por operar con una visión estratégica que permita la ampliación de fronteras económicas y políticas, la competitividad y el posicionamiento internacional, así como la definición de pronósticos y tendencias de innovación que contribuyan al diseño de estrategias que atiendan los proyectos transversales de largo plazo.
1El Banco Mundial estima que debido a los efectos de la pandemia, solo en 2020, un aproximado de 97 millones de personas cayeron en el umbral de la pobreza. Véase World Bank, Poverty. Consultado en https://www.worldbank.org/en/topic/poverty
2De acuerdo con un estudio de Global Fortune, 40.6% de las empresas con mayor volumen de negocio tienen su sede en Asia. Únicamente en Japón y China se concentra el 37.6%.
3Diario Oficial de la Federación. Plan Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024. Consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596023&fecha=02/07/2020
4Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado no. 010. Consultado en: https://www.gob.mx/sre/prensa/sre-traza-directrices-de-politica-exterior-para-2022-en-el-marco-de-la-xxxiii-reunion-de-embajadores-y-consules-de-mexico?idiom=es
La diplomacia económica como herramienta de política exterior
Gabriela Aracely Mata Sánchez
Mucho se ha comentado sobre las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Los Estados deben buscar estrategias en los niveles doméstico e internacional para incentivar el desarrollo económico. En este sentido, la diplomacia económica resulta una herramienta de política exterior muy adecuada para procurar beneficios económicos para el país.
Pero, ¿qué es la diplomacia económica? Tradicionalmente, la diplomacia es la herramienta por excelencia de la política exterior. A través de ella, los Estados gestionan sus interacciones con otros Estados. La diplomacia tradicional se diferencia de la diplomacia económica en el sentido de que, mientras la primera se enfoca en asuntos políticos mayores, la segunda se concentra en las exportaciones e importaciones, la inversión extranjera directa (IED) y la colaboración con otros actores económicos internacionales.
La diplomacia económica cuenta con distintos mecanismos propios, como los viajes oficiales del ejecutivo, de las misiones diplomáticas o de las entidades gubernamentales, para promover las relaciones comerciales; el establecimiento de oficinas o agencias especializadas para asuntos económicos, o la representación en reuniones con cuerpos diplomáticos de organismos que manejan las reglas y acuerdos comerciales y de inversión. En el marco de lo que se conoce como “nuevas diplomacias”, la diplomacia económica se encuentra dentro de las actividades que realizan las entidades del sector público.
Pigman (2010), en su libro Contemporary Diplomacy, distingue dos funciones esenciales de la diplomacia económica: una es el monitoreo del cumplimiento de acuerdos comerciales y la segunda es la promoción de exportaciones y la marca de lugar, misma que ayuda también a incentivar las inversiones. Cada vez es más común ver la cooperación entre los Estados (a través de los ministerios de comercio o las oficinas especializadas) y las empresas a fin de promover información específica sobre los productos, como la calidad o el precio. Esto puede hacerse a través de ferias internacionales, marketing directo y marcas nacionales.
En su momento, el organismo ya desaparecido ProMéxico estaba destinado a realizar estas actividades, sin embargo, desde 2018, dichas tareas fueron integradas a las funciones de las embajadas y consulados mexicanos.
En muchos sentidos, la diplomacia económica hoy en día es muy similar a administrar una organización que compite en la economía global, ya que la importancia de asegurar el bienestar de la población es un objetivo primordial de los estados. México es una economía que lleva tres décadas completamente integrada al sistema económico global, por ello, es indispensable el diseño de una diplomacia económica encaminada a garantizar que el país se mantenga competitivo en el comercio internacional y atractivo para la IED que genere empleo digno y tenga un verdadero impacto en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos.
La política migratoria mexicana se ha caracterizado por parecer abierta y proclive a recibir a todo tipo de personas. México se ha distinguido por ser un país de tránsito para llegar a Estados Unidos. No solamente por los nacionales sino también por personas de otros países en Latinoamérica.
En el sexenio en curso la ley migratoria mexicana, se establece el respeto a los derechos humanos tanto para los migrantes nacionales como internacionales. Del mismo modo dentro de la ley se construye el concepto de inmigrante irregular. Esto es relevante pues cualquier persona extranjera que se encuentre transitando por el territorio nacional sin documentos tendrá etiqueta.
Gracias a los cambios a ley migratoria, en teoría el gobierno mexicano avala el ingreso, tránsito y el retorno asistido a cualquier persona migrante que se encuentre en el territorio. Sin criminalizarla o penalizarla de manera legal por su condición no importando si entró de manera legal o ilegal al territorio nacional. De esta manera México tiene una ley integral que busca brindar protección, hospitalidad y solidaridad a los extranjeros que se encuentren transitando o dentro del territorio nacional.
A pesar de lo anterior el gobierno mexicano ha enfrentado varios problemas para poder aplicar la ley migratoria de manera satisfactoria. Los migrantes en su tránsito por México se ven violentados por las condiciones de inseguridad nacionales y el crimen organizado.
Los flujos migratorios en donde México es un país de tránsito se han intensificado a partir del 10 de octubre de 2018. En esta fecha se registró una migración masiva que se le denominó como caravana migrante. Las características generales de este movimiento de personas es que tienen un movimiento vía terrestre, de manera general se componen de personas provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala, y el destino final es Estados Unidos.
Parte de las acciones que ha implementado el gobierno mexicano es retener y contener el paso de las personas que se encuentran en las caravanas. Datos de la Secretaría de Gobernación, indican que, durante este año (enero a septiembre), se han contabilizado la entrada de 190,476 inmigrantes. De donde al menos 160 mil provenían de América Central. Asimismo, dentro de este movimiento de personas se han encontrado menores de edad, en el transcurso del año se tiene el registro de 39,076 menores. No todos ellos se encuentran acompañados de un padre o tutor.
Durante el mes de agosto de este año en Tapachula agentes del gobierno buscando disolver una caravana atacaron a las personas que se encontraban en ella. Lo anterior llevo a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitar al gobierno mexicano que respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en tránsito. La respuesta inmediata fue la suspensión de los agentes. A pesar de la pronta respuesta, esto no resuelve o evita que se vuelvan a violentar los derechos humanos de los migrantes en tránsito.
Además de las condiciones precarias que viven los migrantes en tránsito, los que llegan a realizar solicitudes de asilo no reciben una respuesta rápida. Esto se debe a que durante el transcurso del año se han recibido 84,103 (datos de ACNUR). El número ha impedido que la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) pueda procesarlas.
La solución para ayudar a los migrantes no solamente es respetando sus derechos o aceptando sus solicitudes de asilo. Tiene que ser obra de una serie de políticas entre todos los países involucrados. Mediante las cuáles se promueva la estabilidad económica y política en sus lugares de origen.
Los viajes internacionales de López Obrador y la diplomacia presidencial de México
Rafael Velázquez Flores
Por tercera ocasión en su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira internacional. En esta vez, el mandatario asistió a Washington a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau. Unos días antes, había asistido a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora que México preside ese organismo. En julio de 2020, el presidente mexicano había visitado a Donald Trump para conmemorar la puesta en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Los tres viajes fueron a Estados Unidos, lo que implica la prioridad que tiene ese país para la política exterior de México.
A esta altura (mitad del sexenio), varios presidentes llevaban una gran cantidad de visitas al exterior. Por ejemplo, a finales de su tercer año de gobierno, Salinas de Gortari ya había hecho 43 viajes internacionales, Ernesto Zedillo 29, Vicente Fox 57, Felipe Calderón 56 y Enrique Peña Nieto 36. Existe una diferencia abismal entre las salidas de AMLO en comparación con sus antecesores, lo que demuestra el poco interés del actual mandatario en la política exterior.
Los viajes internacionales de los presidentes se convirtieron en una tradición a partir del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964). El entonces mandatario realizó un total de 18 giras por diferentes partes del mundo, como fueron América del Norte, América Latina, Europa y Asia. De hecho, López Mateos (ALM) fue el primer presidente mexicano en pisar, en funciones, Europa, América Latina y Asia. Sus antecesores (Porfirio Díaz, Ávila Camacho y Miguel Alemán) solamente habían hecho visitas de trabajo a Estados Unidos y Ruiz Cortines había asistido a una reunión a Panamá. Con ello, ALM iniciaba la práctica de la diplomacia presidencial, en donde el jefe del Ejecutivo atendía personalmente los temas de la política exterior de México y los viajes internacionales representaban una de las actividades más relevantes.
En el siguiente sexenio, Gustavo Díaz Ordaz solamente realizó 10 giras por el mundo, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos. Parecía que al entonces mandatario no le interesaban los asuntos externos. Sin embargo, Luis Echeverría le dio un giro importante a la diplomacia presidencial puesto que realizó en total de 41 visitas, incluyendo África y Medio Oriente. La distensión de la Guerra Fría, las dificultades económicas y el interés de Echeverría de ganar el premio Nobel de la Paz y de convertirse en el secretario general de la ONU explican el activismo internacional del sexenio. Por su parte, López Portillo no se quiso quedar atrás de su antecesor inmediato y, apoyado por la riqueza petrolera del país, llevó a cabo 27 viajes internacionales. Miguel de la Madrid efectuó solamente 23 visitas. La crisis económica de los años ochenta impactó las posibilidades de una mayor proyección al exterior.
A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (CSG), las visitas de Estado y de trabajo a diferentes naciones se convirtieron en una práctica recurrente de la política exterior de México. El entonces mandatario buscaba incluir a México entre las naciones desarrolladas. Así, su administración firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, se unió al Foro de Cooperación Económica del Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) e ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos. En este contexto, CSG realizó 63 viajes internacionales. Para entonces, la diplomacia presidencial mexicana estaba en su apogeo. En el siguiente sexenio, Ernesto Zedillo realizó solamente 42 giras por el mundo. La crisis de 1994, conocida como el error de diciembre, afectó las posibilidades de una mayor proyección internacional de México en esa época.
En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió, por primera vez en setenta años, la elección presidencial. Vicente Fox llegó a la primera magistratura del país bajo las siglas del conservador Partido Acción Nacional (PAN). El bono democrático le permitió a Fox desarrollar una amplia diplomacia presidencial, al llevar a cabo un total de 114 giras internacionales, el mayor número en la historia de la política exterior de México. La alternancia política tuvo un impacto significativo en esta actividad. Por su parte, su copartidario, Felipe Calderón, realizó 89 viajes al exterior. Fue un número menor en comparación con el sexenio anterior, pero de todas maneras el número era muy alto. En los inicios de su sexenio, el panista no tuvo oportunidad de dedicarle mucho tiempo a esa actividad debido a las demandas de fraude electoral y a la violencia que se desató por la guerra contra las bandas de narcotraficantes.
Con el breve regreso del PRI en 2012, el número de visitas también fue muy alto. Enrique Peña Nieto efectuó un total de 87 giras por todo el mundo. Sin embargo, con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, la diplomacia presidencial tuvo un serio retroceso. Hasta el 19 de noviembre de 2021, AMLO solamente contabilizaba tres viajes internacionales. El primero fue en 2020 a Washington DC para visitar a Donald Trump y conmemorar la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La opinión pública mexicana criticó esta gira porque existía la interpretación de que AMLO estaba apoyando la reelección de su homólogo. La ausencia del primer ministro canadiense en la reunión abonó a esa acusación. Incluso, los demócratas consideraron que AMLO se estaba inclinando por el republicano.
La segunda salida del actual presidente fue el 9 de noviembre pasado. Andrés Manuel López Obrador asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual México ocupa un asiento no permanente y durante noviembre presidirá los trabajos de ese organismo. El mandatario aprovechó la ocasión para presentar un Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar, con el cual se busca reducir la pobreza en el mundo y mejorar las condiciones de vida de la población del planeta. Por su parte, el representante ruso comentó que el Consejo de Seguridad no era el foro idóneo para presentar ese tipo de propuestas. Sin embargo, AMLO y la Secretaría de Relaciones Exteriores comentaron que México presentaría la iniciativa en el marco de la Asamblea General de la ONU. La propuesta de AMLO es similar a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que presentó Luis Echeverría en los años setenta. Varios sectores sociales han criticado a AMLO por el carácter idealista de su iniciativa. Sin embargo, no es un ejercicio ocioso el hacer este tipo de planteamientos. Desde la perspectiva del presidente, México se debe posicionar en el ámbito internacional para influir en un sistema más equilibrado. Pero lo más probable es que AMLO tenga poca receptividad por parte de las potencias económicas del orbe sobre el asunto.
Viajes internacionales presidenciales
(1958-2021)
Elaboración propia
En su tercer viaje, AMLO acudió a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington DC el 18 de noviembre. La reunión fue una idea de Joe Biden con el propósito de reactivar el diálogo trilateral, luego de que Donald Trump lo interrumpió. López Obrador aceptó asistir personalmente y no enviar a su secretario de Relaciones Exteriores. La cita fue importante para retomar una visión tripartita en América del Norte para enfrentar los retos generados por la pandemia del Covid 19. En el marco de la cumbre, los tres gobiernos mostraron interés en establecer los mecanismos necesarios para promover el crecimiento económico de la región y aprovechar el marco del T-MEC para fomentar el comercio y las inversiones. Asimismo, la seguridad, migración, energía y medio ambiente estuvieron presentes en la agenda de discusión. Estos temas representan los asuntos de mayor relevancia e interés para los gobiernos y las sociedades de los tres países.
La cumbre trilateral no generará en automático soluciones mágicas para los problemas de América del Norte; pero sentará las bases para una cooperación trilateral. El foro abre las puertas para que los tres líderes se involucren en los asuntos regionales. Anteriormente parecía que en América del Norte existían dos relaciones bilaterales (México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos.). Con la reactivación de la cumbre, se abren las posibilidades para generar una relación trilateral en la región. En el caso de México, la reunión puede producir espacios de negociación con Estados Unidos al incluir en la fórmula a Canadá. Asimismo, este foro abre la posibilidad para que López Obrador retome el asunto de la diplomacia presidencial con más interés, por lo menos en América del Norte.
Con AMLO, la diplomacia presidencial ha sufrido un retroceso serio y muy significativo. México puede perder oportunidades que normalmente se logran en reuniones de alto nivel. López Obrador no ha asistido a cumbres del G20 y otros foros globales. Prefiere dejar que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se ocupe de esas responsabilidades. En este caso, AMLO prefiere atender directamente las necesidades relacionadas con la política interna. Sin embargo, es necesario que el actual presidente asuma su papel como jefe de Estado y asista de manera personal a los foros y reuniones de alto nivel. El interés nacional de México lo demanda.
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La relación México-Estados Unidos en los primeros 100 días de la administración Biden
Jorge A. Schiavon
La llamada telefónica sostenida por los presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joseph Biden del 22 de enero de 2021, la reunión virtual entre ambos mandatarios del 1 de marzo de 2021, así como la participación de López Obrador en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021 convocada por el presidente Biden son muy indicativas del momento en el que se encuentra la relación bilateral México-Estados Unidos: fueron intercambios necesarios para ambos mandatarios que, aunque cordiales, fueron muy generales y relativamente fríos. ¿Qué conclusiones se pueden derivar de estos tres encuentros?
Para entender el tenor de estos intercambios, en primera instancia es necesario recordar las máximas prioridades de la administración Biden: primero y antes que nada, busca atender las tres profundas crisis nacionales que está enfrentando Estados Unidos: salud (Covid-19), económica (por la recesión generada por el Covid-19) y social (con niveles no vistos en décadas de fragmentación y polarización social y política); segundo, buscar solución a cuatro crisis internacionales: migración (fundamentalmente los flujos migratorios irregulares desde Centroamérica y México), de gobernanza global (por la crisis en las instituciones multilaterales), de cambio climático y la competencia por el liderazgo mundial (frente a China).
Aun ante las reiteradas acciones de AMLO hacia Biden y los demócratas del último año (visita a Trump en tiempos electorales en julio de 2020; retraso en la felicitación ante el triunfo electoral de Biden; ofrecimiento de asilo a Assange; carta de felicitación fría y más bien dirigida a la audiencia mexicana; caso Cienfuegos —sin proceso judicial en México, publicación del expediente confidencial y crítica a sistema judicial de Estados Unidos en la integración del mismo—; Ley de Seguridad Nacional obligando a agentes extranjeros, principalmente estadounidenses, a informar a la SRE sobre sus actividades y hallazgos; falta de condena a la toma del Capitolio pero crítica a las redes sociales por coartar la libertad de expresión del Presidente Trump, entre otros), la administración Biden aceptó tener la segunda llamada telefónica del presidente con un Jefe de Estado extranjero (tras Canadá) el 22 de enero de 2021 y la segunda reunión virtual (nuevamente, después de Canadá) el 1 de marzo de 2021, con México. Además, AMLO fue incluido entre los 40 líderes participantes en la cumbre virtual sobre cambio climático del 22 y 23 de abril de 2021. Esto es reflejo de dos puntos fundamentales: primero, Biden es un político profesional y, segundo, que entiende que su relación con México (y Canadá) es interméstica.
Con respecto al primer punto, el profesionalismo de Biden como político significa que conducirá las relaciones de Estados Unidos con el mundo (y particularmente con México) a través de las instituciones del Estado y sus burocracias especializadas. Esto es fundamental para México (y el mundo), ya que generará certidumbre y predictibilidad en las acciones externas de Estados Unidos. En lo referente al segundo punto, el que la relación sea interméstica significa que Biden entiende que lo sucede en las políticas internas de México y Estados Unidos impacta a la relación bilateral. Esto implica que la relación bilateral es de alta complejidad, ya que incluye todos los temas de agenda nacional de ambos países y una multiplicidad de actores de los sectores público (de los tres poderes de la unión a nacional, pero también gobiernos estatales y locales), privado (empresas transnacionales y medios), social (organizaciones sociales, sindicales y academia).
La suma de estos dos puntos demuestra que Biden está consciente de que requiere de la cooperación de México (y Canadá, además de otros socios estratégicos europeos y asiáticos), para la solución de sus máximas prioridades domésticas (particularmente las crisis de salud y económica) e internacionales (especialmente el tema migratorio, gobernanza multilateral, cambio climático y la competencia de China). Por ello, aun ante las acciones poco amistosas de AMLO, la administración Biden decidió llevar a cabo la llamada telefónica y la reunión virtual con México, sólo después de Canadá, además de invitar a México a la cumbre virtual sobre cambio climático.
Los comunicados conjuntos derivados de la llamada telefónica y la reunión virtual, así como el video de la segunda, son igualmente indicativos de los temas prioritarios en la relación México-Estados Unidos con la llegada de la administración Biden: aquéllos que requieren de la cooperación con México para atender las prioridades de política interna (crisis de salud y económica) y externa (migración, cambio climático y China) de Estados Unidos. Dado que se trataba de reuniones públicas, cada uno de estos temas fue tratado de manera muy general, pero con claras indicaciones del rumbo de la relación bilateral. Los detalles de su ejecución se definirán por los canales institucionales establecidos, en privado y fuera de los reflectores.
Con respecto a la cumbre de cambio climático, el presidente Biden tuvo la cortesía de invitar al presidente AMLO entre los 40 líderes convocados, mandando una clara señal sobre la importancia que los temas medioambientales tendrán en la agenda interna e internacional de Estados Unidos. Desafortunadamente, el presidente López Obrador no entendió la relevancia del evento, cometiendo tres fallas protocolarias de forma y fondo. Primero, cometió una gran descortesía: sólo escuchó las presentaciones del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, incluyéndolas en el marco de su conferencia mañanera del 22 de abril, ausentándose durante las presentaciones de los demás jefes de Estado y gobierno participantes. Segundo, su mensaje no enfatizó los temas centrales de la cumbre: no habló sobre los compromisos de México para la reducción de gases de efecto invernadero y la promoción de energías limpias y renovables, sino que compartió la experiencia de su programa insignia de reforestación “Sembrando Vidas” y la reducción en la producción petrolera mexicana. Finalmente, tercero, sus palabras estuvieron fuera de contexto: incluyó un tema ajeno a la cumbre, la migración irregular de centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos, proponiendo a Biden que invierta en la ampliación del programa “Sembrando Vidas” a Centroamérica, ofreciendo visas de trabajo temporales a quienes participen en este programa por tres años y luego residencia o nacionalidad estadounidense tras tres o cuatro años adicionales.
Dado que había conocimiento previo por parte de Estados Unidos sobre estos tres puntos, no es de sorprender que el presidente Biden haya abandonado la sala cuando hablaba el presidente mexicano. En diplomacia, la reciprocidad y el protocolo son la base de toda negociación y cooperación: si el presidente AMLO no tuvo la cortesía de escuchar a sus homólogos y dedicar su mensaje al tema central de la cumbre, no podía esperar un trato especial por parte de su anfitrión. Jorge Castañeda lo llamo “el terrible desaire de Biden a AMLO” en su artículo en Nexos del 22 de abril; yo lo llamo simple y llana reciprocidad diplomática.
En suma, los intercambios entre Biden y AMLO en los primeros 100 días de la presidencia del presidente Biden (llamada telefónica, reunión virtual y cumbre sobre cambio climático) son muy indicativos del estado actual de la relación bilateral: están llenos de retórica de cordialidad (amistad, vecindad, cooperación, compromiso), pero han sido excesivamente generales, sin establecer acciones precisas. Sin embargo, reflejan claramente que las prioridades en la relación bilateral con la llegada de Biden (por la complejidad de esta relación interméstica) serán aquéllas que requieran de la cooperación con México para solución de las máximas prioridades de política interna (crisis de salud, económica y social) e internacional (crisis migratoria, cambio climático, gobernanza multilateral y China) de los Estados Unidos. Todavía es tiempo, aunque cada vez el intervalo de cooperación se esté reduciendo aceleradamente, de que México entienda estas prioridades, buscando los mecanismos de concertación con Estados Unidos que sirvan para atender estas crisis compartidas entre ambos países, para promover el bienestar y desarrollo de México.
Cambio climático y política exterior de México: trayectoria y propuestas
Yoanna Shubich Green y Jorge Alberto Ortíz Almanza
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al cambio climático como un tema definitorio de nuestro tiempo (ONU, 2021). En efecto, como factor global, las consecuencias de este fenómeno empiezan a ser cada vez más graves, pues muchos países ya tienen que enfrentar los diversos problemas derivados del incremento en el nivel del mar, acidificación, sequías, desastres, desequilibrios de los ecosistemas, entre otros.1 Dichos retos, a su vez, están produciendo efectos en los ámbitos social, económico y político, con alcance transnacional, pues los cambios presionan a diferentes estratos de la sociedad.
En México, el artículo 4° constitucional señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” (Cámara de Diputados, 2021). Se destaca que ninguno de los principios que rigen el actuar internacional del Estado incorpora de manera concreta el tema ambiental. No obstante, la diplomacia mexicana ha sido activa en este sentido desde hace décadas, lo que ha producido un “efecto candado” que vincula lo externo con lo interno: se ha comprometido a México, mediante múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales, en distintas áreas para implementar una estructura institucional, de carácter transversal, con el fin de proteger el medio ambiente.
México ha participado en foros clave: la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Protocolo de Montreal en 1987, la Conferencia de Río en 1992, el Protocolo de Kioto en 1997, el Acuerdo de París en 2015, entre otros. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las acciones se concentraron en reforestación, promoción del Fondo Verde, reducción de emisiones, además de aprobarse la Ley General de Cambio Climático y echar andar los programas de eficiencia energética (Vázquez Tapia, 2012).
También, México fue sede de la 16va Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que se limitó el incremento de temperatura en 2º C, se fortalecieron mecanismos de transferencia tecnológica, se propuso diseñar un marco de adaptación, entre otras medidas.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, México participó en la COP 21 celebrada en París, en 2015, en donde se reafirmó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2º C sobre los niveles preindustriales (United Nations, Climate Change, 2015). Al respecto, nuestro país se comprometió a incrementar la generación de energía limpia para alcanzar, en 2024, el 35% del total y 43% para 2030. También, se debe reducir 22% de GEI y 51% de carbono negro.
México puso el ejemplo en establecer compromisos voluntarios para disminuir los GEI y entre 2013 y 2018 reportó la reducción de 70 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Además, se eliminaron los subsidios a combustibles fósiles y se puso un impuesto al carbono, sin olvidar que con la Reforma Energética se logró que cerca del 30% de la matriz energética se constituya con energías renovables (Pacchiano Alamán, 2018).
Con todo, seguimos ocupando el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de GEI. Por sus características geográficas, México es vulnerable a eventos meteorológicos extremos por lo que los daños y pérdidas estimadas son enormes.
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos para institucionalizar y coordinar instrumentos con el fin de enfrentar el problema, el presupuesto destinado al asunto, la voluntad política y las capacidades gubernamentales son deficientes. Los ejemplos del efecto negativo del cambio climático y de la displicencia de las autoridades en el tema ambiental abundan. En 2021, México enfrenta una sequía en casi el 85% de su territorio, lo que ha provocado estragos en el abastecimiento de agua para uso industrial, agrícola y de consumo (Miranda, 2021). Esto empieza a revelar la necesidad de que los asuntos para la mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con relación al cambio climático sean de importancia para el interés y la seguridad nacional en los hechos y no solo en el discurso.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo compromiso para mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades (ONU, s/f).
En el gobierno actual, la agenda medioambiental parece estar disminuida. El énfasis en robustecer la producción de energías fósiles (Raphael, 2021) en detrimento de aquellas como la solar, eólica o nuclear, por nombrar las más destacadas, puede derivar en el debilitamiento de las capacidades nacionales en términos económicos, políticos, sociales y, como colofón, internacionales. Si bien, la narrativa del presidente durante la cumbre de líderes sobre cambio climático, convocada en abril de este año por el presidente estadounidense Joe R. Biden, quien presenta una ambiciosa agenda en la materia, ya incluyó en su discurso el término, las propuestas que presentó nuestro gobierno no contribuyen a soluciones de mitigación, adaptación o transición energética, sino que continúan con una política para la producción de energías fósiles y vinculan algunas ideas provenientes de la política social, como “Sembrando Vida”, que no ha probado ser una medida efectiva en términos ambientales (Guzmán, 2021).
Incluso, el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, acuerdo que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no incluyó el término de cambio climático, lo que mostró que, en su momento, los líderes no tuvieron un verdadero compromiso ni preocupación sobre el tema.
Se necesitan replantear las prioridades en materia de la vinculación entre política ambiental y política exterior. Se esbozan las siguientes propuestas:
- Es fundamental construir una narrativa y política, basada en la ciencia, que coloque al cambio climático y la protección del medio ambiente como asuntos de interés y seguridad nacional, para que estos temas sean ejes referentes de la política exterior y se legitime la movilización de recursos.
- Agregar como principio de política exterior “el respeto, la protección y promoción del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental” para convertirla en una política de Estado.
- Dentro de la legislación mexicana, definir las acciones que debe realizar cada organismo gubernamental, así como reforzar la coordinación, con el liderazgo de la SRE, en los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.
- Aprovechar el ímpetu del gobierno de Estados Unidos para negociar proyectos de cooperación en materia de mitigación, adaptación, financiamiento y transición tecnológica con base en la identificación de necesidades claras a partir de un diagnóstico por regiones y observando los límites a la soberanía.
- Negociar acuerdos con los actores globales más dinámicos en materia de desarrollo de nuevas fuentes de energía para profundizar la transferencia tecnológica, así como formular esquemas de cooperación Sur-Sur con actores que presenten similitudes en materia de adaptación y resiliencia.
- Participar activamente en los principales foros globales para negociar la transferencia de recursos financieros. La SRE debe dar acompañamiento, junto con la sociedad civil, para compensar la falta de recursos del Estado mexicano.
- Es necesario generar nuevas tecnologías sustentables para ayudar a salvar la Tierra, por ello se requiere de inversión y difusión de dichas innovaciones para establecer políticas públicas en la materia.
- Entre los ODS, existen metas que las organizaciones tanto públicas como privadas deben cumplir antes del 2030 con el objetivo de provocar un impacto positivo en la sociedad. Por ello, la colaboración entre las instituciones públicas de todos los órdenes del gobierno y la sociedad civil es fundamental. Es relevante fomentar la educación ambiental.
Así pues, México debe adoptar como estrategia robustecer su presencia internacional en materia de medio ambiente, lo que implica un cambio de narrativa, con el propósito de encontrar aliados con intereses afines que puedan beneficiarse de México, pero también puedan apoyar en la solución de problemas comunes. Es necesario que el gobierno se replanteé la perspectiva no solo en términos de política medio ambiental, sino también en materia internacional y reconozca que el problema del medio ambiente en general, y el del cambio climático en particular, puede ser clave para el desarrollo de México y su posición internacional durante el resto de este siglo.
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Notas
1 Se estima que, de continuar la tendencia, la temperatura global aumentará cerca de 4º C hacia el fin de siglo.
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Referencias
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://bit.ly/3gVRwch, consultado el 1 de mayo de 2021.
Guzmán, Sandra. (2021). La agenda ‘climática’ de López Obrador, Estrategia Sustentable, disponible en: https://bit.ly/3eQ5b1P, consultado el 2 de mayo de 2021.
López-Vallejo Olvera, Marcela. (2018). Medio ambiente, cambio climático y energía sustentable en la agenda internacional de México: diagnóstico y propuestas, en Schiavon, Jorge A., Rafael Velázquez Flores y Humberto Garza Elizondo (eds.), La política exterior de México 2018-2024: Diagnóstico y propuestas, CIDE, UABC, UANL, México.
Miranda, Fanny. (2021). México, con sequía en el 84.9% de su territorio: Servicio Meteorológico Nacional, Milenio Diario, disponible en: https://bit.ly/3eS5YiO, consultado el 2 de mayo de 2021.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2021). 2021 es un año decisivo para la acción colectiva contra la emergencia climática: António Guterres, disponible en: https://bit.ly/335CZmm, consultado el 30 de abril de 2021.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (s/f). Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/, consultado 2 de mayo de 2021.
Pacchiano Alamán, Rafael. (3 octubre de 2018). México pone el ejemplo para enfrentar el cambio climático, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, disponible en: https://bit.ly/2QSxp42, consultado el 2 de mayo de 2021.
Raphael, Ricardo. (2021). México saldrá del Acuerdo de París, Proceso, disponible en: https://bit.ly/3eb1YL7, consultado el 2 de mayo de 2021.
Reina, Elena. (2016). México destruye parte de un manglar en Cancún para un proyecto hotelero, El País, disponible en: https://bit.ly/3gYqLEa, consultado el 2 de mayo de 2021.
United Nations, Climate Change. (2015). The Paris Agreement, disponible en: https://bit.ly/3vDaRDq, consultado el 1 de mayo de 2021.
Vázquez Tapia, Esmeralda A. (30 noviembre 2012). La 'semilla verde' de Calderón, no se convirtió en legado, dicen analistas, Expansión, disponible en https://expansion.mx/planetacnn/2012/11/30/la-semilla-verde-de-calderon-no-se-convirtio-en-legado-dicen-analistas, consultado el 30 de abril 2021.
La relevancia de la red consular mexicana en Estados Unidos en tiempos de Covid-19
Tomás Milton Muñoz Bravo
La red consular de nuestro país en Estados Unidos, compuesta por 50 oficinas y una sección consular de la embajada de México en Washington, forma parte de una política exterior de Estado fraguada de forma paulatina desde finales del siglo XX para atender a unas 11 millones de personas nacidas en territorio mexicano1 y que se ha convertido en una herramienta fundamental en estos tiempos de pandemia para los connacionales, a pesar de los recortes de personal y de recursos que ha venido sufriendo en los últimos años.
Los consulados tienen como principales funciones brindar servicios de asistencia y de protección (como asuntos civiles, localización de compatriotas, defensoría legal en materia de derechos civiles, humanos, laborales, traslado de reos y de restos humanos en casos de defunción de connacionales en la Unión Americana), otorgar documentación (pasaportes, matrículas consulares, servicios notariales, registro civil, credencial de elector, visas, etcétera), y en las últimas décadas también se han dedicado a otras labores, entre ellas organizar jornadas de salud en favor de los mexicanos, talleres sobre finanzas, eventos culturales, programas educativos y promover relaciones públicas con actores de la sociedad estadounidense en beneficio de México.
Durante la crisis sanitaria que ha azotado al mundo desde inicios de 2020, la red consular mexicana ha sido fundamental para otorgar información a connacionales por medio de sus páginas en Internet, del correo electrónico y de la habilitación de líneas de emergencia, pero también al apoyar en el traslado de los restos de cientos de mexicanos que perdieron la lucha ante el virus SarsCov-2, causante de la enfermedad Covid-19. Basta recordar que enero de 2021 se habían contabilizado alrededor de 3 mil 500 muertes de mexicanos por la pandemia en Estados Unidos, según datos de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante el primer tercio de 2021, decenas de consulados mexicanos llegaron a acuerdos con autoridades estatales y municipales de Estados Unidos para que se pudieran aplicar vacunas a los mexicanos que radican en el vecino país del norte, sin importar su condición jurídica o su estatus migratorio, lo que beneficiará también a paisanos detenidos en centros de detención migratorios y penitenciarios, a trabajadores considerados esenciales (en sectores como el de la agricultura), personas hospitalizadas, adultos mayores e indígenas.
Las gestiones de los diplomáticos mexicanos han permitido que instalaciones de algunos consulados se hayan convertido en clínicas de vacunación contra Covid-19. Uno de los casos más recientes es el del Consulado General de San Diego, cuyo patio funciona como centro de aplicación del antígeno desde el 24 de marzo pasado, con lo que se sumó a otros espacios similares en los consulados mexicanos de Atlanta, Boise, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Orlando, Phoenix, Sacramento, Salt Lake City y Saint Paul.
Hasta el 25 de marzo de 2021, de acuerdo con datos de la propia SRE, se habían logrado inmunizar a ocho mil compatriotas en algunas de las sedes consulares mexicanas, mismas que a pesar de la pandemia continúan también con un programa exitoso surgido en 2003, las llamadas Ventanillas de Salud, por medio de las cuales se realizan jornadas sistemáticas de atención para mexicanos vulnerables y sin acceso a servicios médicos en la Unión Americana, con el apoyo de autoridades estatales y municipales, así como de la iniciativa privada y de organizaciones no gubernamentales.
En síntesis, la labor consular es un pilar de la política exterior del Estado mexicano desplegada para atender a su diáspora, cuya valía social y económica se refleja cada día en México debido a los fuertes lazos de los paisanos en Estados Unidos con sus comunidades de origen y al envío de remesas a territorio mexicano, mismas que en 2020 superaron los 40 mil millones de dólares, por arriba de los ingresos de divisas obtenidos por turismo, inversión extranjera directa y ventas de petróleo.
A pesar de lo antes mencionado, la política de austeridad republicana emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dificulta las labores de la diplomacia mexicana, en general, y de los consulados, en particular. En 2019 se sufrió un recorte de 300 millones de pesos en el presupuesto de la Cancillería, pese a la promesa del presidente de convertir a los consulados en procuradurías promigrantes. La medida afectó en especial las labores de protección, asistencia y servicios para los mexicanos en el exterior y los gastos en servicios personales en materia consular.
En el Presupuesto de Egresos de 2020, la SRE tuvo una recuperación al recibir $8,723,637,695, por arriba de los $8,532,283,876 que se le asignaron en 2019, sin embargo, de nueva cuenta en el presupuesto de 2021 se redujo lo asignado a la Cancillería, esta vez en un 10 por ciento, para quedar en $8,121,231,865.
La diplomacia es una inversión que retorna en forma de capitales extranjeros, de prestigio internacional y de relaciones internacionales estables, además, es una herramienta esencial para proteger y mantener la vinculación con la diáspora mexicana en el extranjero, por ende, el gobierno federal tendría que garantizar los recursos necesarios para que los consulados cumplan con sus actividades, incluso en un contexto de pandemia.
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Notas
1 Los consulados también atienden a descendientes de mexicanos y a extranjeros. Se estima que la población de origen mexicano en Estados Unidos es de 36 millones de personas, de las cuales 11 millones nacieron en México.
Sobre el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano
Cristina Cruz Carvajal
Sobre la política exterior mexicana en la actualidad existen muchos retos, pero un área fundamental para su profesionalización y que ha permanecido estancada es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), tanto en la rama diplomático-consular, como la rama técnico administrativa. Este estancamiento se deriva que desde el año 2017 la SRE no ha realizado la aplicación de los exámenes de admisión en estas ramas, y en el año 2019, a pesar de que se publicó la convocatoria, tampoco se realizó examen de admisión.
Cada año, los distintos programas educativos de licenciatura y maestría de Relaciones Internacionales de las universidades del país titulan a una buena cantidad de internacionalistas, que tienen que dedicarse a laborar en organizaciones y empresas que muchas veces no tienen relación directa con lo que estudiaron. Desde la licenciatura y maestría, muchos estudiantes, por medio de trabajo de tesis, se especializan en regiones o aspectos relevantes de la política exterior mexicana, pero por el estancamiento del Servicio Exterior Mexicano, no pueden aplicar estos conocimientos en la práctica.
Asimismo, en los últimos gobiernos, el SEM ha estado involucrado en actos de corrupción ligados a los partidos políticos dominantes, y en la actualidad, no se ha llevado a cabo ninguna acción para evidenciar un fortalecimiento de esta entidad. Por ello, considero que es imperativo que, para mejorar y fortalecer al SEM, se deben aplicar nuevamente los exámenes de ingreso bajo procesos transparentes, así como aumentar el número de plazas, promover a sus integrantes, ubicarlos en las áreas que dominan, y promover su profesionalización mediante el aprendizaje y dominio de las lenguas extranjeras. Con estas acciones, no sólo se lograrán mucho de los objetivos de la política exterior mexicana, sino que el SEM se mostrará más profesional, con procesos institucionalizados y al tiempo que se fortalecerá el ingreso y egreso a las carreras de Relaciones Internacionales.