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Desde hace años, México lucha contra el tráfico de armas y Estados Unidos contra el tráfico de drogas. Ambos países comparten el interés de seguridad nacional para detener a los grupos criminales que trafican armas ilícitas, drogas y explotan a los individuos a través de la trata de personas y ya reconocieron la importancia de trabajar en conjunto para erradicar estos y otros problemas que comparten sus fronteras.

En este sentido, la Iniciativa Mérida fue un marco de cooperación bilateral en materia de seguridad, Estado de derecho y control de drogas. Fue propuesta por México y adoptada en 2007 por los entonces presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. Tenía un enfoque militar que buscaba afectar la capacidad operativa del crimen organizado, equipar las fuerzas armadas, implementar reformas en materia de justicia y profesionalizar las instituciones de seguridad.

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se caracterizó por una política exterior activa y responsable, pero también por una guerra contra el crimen organizado que provocó un aumento de la violencia en todo el país. Con la Iniciativa Mérida, Calderón buscaba dejar atrás la posición de subordinación de México hacia el país vecino, que este aceptara su corresponsabilidad en materia de narcotráfico y brindara su apoyo para combatirlo. En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aunque se limitó el alcance de la Política Exterior Mexicana, la Iniciativa Mérida continuó, pero sus mecanismos se debilitaron y provocaron descoordinación y fragmentación en la cooperación binacional sobre seguridad entre ambos países, llevándola a una fase terminal.

Para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Iniciativa desapareció y se sustituyó por el Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Fue adoptado a finales del año 2021 a raíz del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, como una estrategia integral a largo plazo de acciones binacionales para abrir oportunidades de mayores transformaciones para garantizar la seguridad, salud y desarrollo para ambos países.

El Entendimiento Bicentenario busca reafirmar la soberanía de México ante Estados Unidos en temas de seguridad, proteger a la sociedad, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar redes criminales. Para ello, establece 3 ejes de trabajo, 102 acciones y 26 objetivos en los que prevalece el uso de la inteligencia en lugar de la fuerza, aborda la ciberdelincuencia, enfatiza el intercambio de información entre gobiernos y trata el problema de las drogas con un enfoque de salud pública.

Debido a que México y Estados Unidos comparten retos y sus políticas internas afectan al país vecino, cooperar para garantizar la seguridad es fundamental. Por ello, el Entendimiento Bicentenario es una forma de encauzar la relación bilateral en materia de seguridad hacia fines más concretos que los planteados por la Iniciativa Mérida, que permitan potenciar sus capacidades y fortalecer las estrategias.

Para aplicar los objetivos del Entendimiento, México y Estados Unidos han implementado medidas a nivel interno y a largo plazo. Sin embargo, se acercan los comicios del 2024 en ambos países. Con el cambio gobierno que se avecina, ¿qué pasará con este Entendimiento y sus objetivos? Ya que existe la posibilidad de que no se les dé continuidad, como sucede con varios acuerdos de política interna y externa con el cambio de administración.

Aunque falta mucho por hacer en temas de seguridad y aún es pronto para evaluar el impacto del Entendimiento Bicentenario, es importante preservar esta cooperación y dar continuidad a las estrategias conjuntas para alcanzar sus objetivos y mantener una política exterior exitosa en la que se cuente con los recursos materiales y el interés, independientemente de quién ocupe la silla presidencial.

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La problemática de las drogas históricamente ha planteado diversos desafíos para las sociedades antiguas y modernas. Diversas drogas como el opio, el LSD, la marihuana y la cocaína, entre otros, han influenciado la manera en que se entiende este fenómeno en muchas culturas. En la actualidad, la producción, comercialización y consumo de drogas indudablemente está arraigada a ubicaciones geográficas que brindan bondades, ventajas y beneficios para ese mercado. En esta dinámica convergen regiones estratégicas que actúan respecto a la demanda y oferta. Respecto a la producción, según datos de la ONU, Colombia con más de 200,000 hectáreas en el 2021 se ubica como el mayor productor de cocaína en el mundo. Además, en el país andino se siembran drogas como marihuana y amapola en zonas como Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

En efecto, en el proceso de producción y comercialización de la cocaína intervienen miles de campesinos colombianos de las zonas más marginadas del país que ven en los rendimientos de la siembra de hoja de coca la solución al abandono del agro por parte del Estado. La población campesina e indígenas que se dedica a esta actividad son parte de entornos de pobreza extrema y vulnerabilidad en donde no existen servicios públicos, colegios, ni vías terrestres aptas para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ven en la ilegalidad la única alternativa para tener una solvencia económica que garantice la subsistencia propia y de su grupo familiar. Además, la falta de instituciones y presencia del ejército o policía colombiana en la zona facilitan la injerencia de grupos al margen de la ley que gobiernan estos territorios y que fomentan el bienestar de la comunidad.

Por otro lado, en el norte del mismo continente se encuentra México, uno de los principales corredores de drogas en el mundo. Según el Congreso de Estados Unidos, en México existen más de 15 organizaciones narcotraficantes que se disputan el territorio, las cuales están fuertemente armadas y controlan regiones estratégicas por donde envían drogas a EE.UU. En paralelo, según el CIDE, en México operan más de 150 bandas criminales las cuales se dedican a secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas. Los tentáculos de las poderosas estructuras narco-criminales controlan regiones y municipios enteros. Además, de acuerdo con investigadores de la San Diego State University, la influencia de estas estructuras se ha diversificado a temas como tala ilegal, industria del aguacate, minas ilegales, migración, entre otros. Sin embargo, probablemente la que más beneficios redituables ha traído ha sido el robo de gasolina ya que este recurso es vendido ilegalmente por todo el territorio mexicano. Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del narcotráfico bajo una mirada enfocada en el caso mexicano y colombiano.

"La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado."

Respecto a los dos casos analizados anteriormente, la magnitud de la relación de Colombia y México en temas de narcotráfico es innegable. Colombia es el principal proveedor de cocaína que transportan los carteles mexicanos rumbo a Europa y Estados Unidos. La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado. El aumento considerable de miles de hectáreas de coca en Colombia se le atribuye, en buena parte, a los negocios con el narco mexicano y la alta demanda de consumidores en Estados Unidos y Europa. Existen reportes de campesinos en el que experimentan con nuevas semillas con el fin de producir más cantidades en menos tiempo. De igual manera, el dinero del narco mexicano y estructuras criminales aliadas en Colombia los hace acreedores del control de pistas clandestinas y zonas aeroportuarias desde donde envían los cargamentos de drogas a México y otros destinos.

En ese sentido, el negocio de las drogas en sus diferentes etapas a través de estructuras narcotraficantes transfronterizas, auspiciadas por grupos al margen de la ley, generan una problemática reflejada en regiones con índices históricos de violencia tanto en México como en Colombia. Además, a través de esta actividad existe un fomento de comunidades hacia la ilegalidad con base en la falta de oportunidades por parte de los gobiernos en cuestión. Los vínculos del narco mexicano y las organizaciones criminales con grupos al margen de la ley al interior de Colombia fortalecen el entramado criminal dotándoles de recursos financieros para la ilegalidad expresada en un mayor número de miembros y mejores elementos de dotación. El poder de estos grupos en algunas regiones ha desafiado la institucionalidad del gobierno, generando una connotación de debilidad e insuficiencia gubernamental.

En definitiva, bajo una visión crítica, el concepto de lucha antidrogas en México, Colombia y a nivel global debe ser repensado desde una mirada integral. Más aún, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas no es un problema que interese únicamente a los dos países, sino que sus efectos se vislumbran directa o indirectamente a nivel global, la visión actual de las drogas y su posterior acción en contra de esta es un generador de focos de violencia en diferentes zonas. La guerra histórica contra las drogas, en vez de generar resultados definitivos, ha exacerbado sus consecuencias. Este replanteamiento del fenómeno de las drogas tiene que llevar al gobierno mexicano y colombiano a meditar en la influencia de Estados Unidos en las políticas antidrogas en el cono sur a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los cuales han sido un rotundo fracaso en la práctica.

El replanteamiento en el tratamiento en temas antidrogas es imperante. La necesidad de cambio de visión por parte de los gobiernos en el mundo parte del reconocimiento del consumo de drogas, no bajo la lupa de una política de criminalización, sino tratado a través de un tema de salud pública. Si gobiernos como el estadounidense se enfocaran en programas serios y rigurosos de prevención de consumo de drogas, indudablemente bajaría la demanda lo cual significaría que se reducirían los mercados y esto llevaría a una disminución significativa de comercialización de narcóticos. Finalmente, cabe señalar que las drogas, su comercialización y efectos son una realidad y dependerá del gobierno si el monopolio de estas sustancias queda en manos de estructuras narcotraficantes, con todo lo que implica, o lo ostenta él mismo imponiendo las condiciones en toda la cadena productiva.

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