El 28 de abril de 2011, hace 10 años, los presidentes de Chile, Colombia México y Perú firmaron la Declaración de Lima para crear a la Alianza del Pacífico (AP): en ese entonces un nuevo esquema de integración latinoamericano, en donde el libre comercio, la libre circulación de personas y la cooperación conforman sus referentes más significativos.

Esta Alianza tiene como fin promover diversos objetivos, entre los cuales destacan incentivar interacciones políticas, económicas y sociales entre sus miembros, con miras a articular integración profunda, que les fortalezcan en lo individual y como bloque regional. La AP obedeció a un contexto histórico y regional caracterizado por el entonces auge de mecanismos proclives al regionalismo post hegemónico, en donde sobresalen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que dejaban a Santiago, Bogotá, México y Lima -en aquellos años de clara tendencia neoliberal- “fuera de órbita”, aislados o en desventaja respecto a los esquemas progresistas señalados. Asimismo, la Alianza nació con una optimista orientación tendiente a insertarse de manera vibrante a lo largo de la rivera del mar Pacífico, en donde Asia constituye el espacio territorial de mayor trascendencia, dado su creciente poderío político, económico y geoestratégico.

Desde ese entonces hasta hoy en día, el contexto interno, regional y global en el que hace una década se creó a la AP se ha transformado de manera vertiginosa. Muestra de ello es que la ALBA, el Mercosur y la UNASUR sufren de complejas crisis. Otro ejemplo de estos turbulentos cambios se refiere a que tres de los cuatro países miembros (con excepción de Colombia) han sufrido alternancia en sus respectivos liderazgos presidenciales, ya sea con gobiernos de derecha o de izquierda. Asimismo, el libre comercio, como principal bandera de esta asociación de Estados, ha perdido peso, debido a la ralentización del comercio internacional, lo cual se profundiza como efecto de la emergencia por la Covid-19 que limita, aún más, los exiguos intercambios comerciales entre este cuarteto de países, cuyo porcentaje no sobrepasa el 3% del comercio total. El decir, las transacciones mercantiles intra AP son mínimas respecto a lo estipulado; lejos del 15% planeado para el año 2030. De igual forma, los viajes de negocios, turismo, etc. entre nacionales de los países involucrados, tras 8 años de franco aumento, también a causa de la pandemia se redujeron en cerca del 70%. Mientras tanto, el ejercicio “insignia” de cooperación bajo el sello AP, la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, que permite a alumnos y profesores universitarios realizar estancias en cualquiera de los otros tres países, paró, hasta que el Coronavirus lo permita.

Independientemente de lo anterior, la AP continua su marcha y no ha dejado de abordar temas clave, aunque simbólicos, de su amplia agenda, en donde iniciativas como la equidad de género, la agenda digital o el “Reto Covid”, mediante el cual se financian proyectos dedicados a enfrentar a esta enfermedad, muestran que este esquema de cooperación, aun en tiempos difíciles, intenta mantener su presencia en el panorama latinoamericano.

En ese sentido, el que la AP cuente con 59 países observadores ubicados en distintas esquinas del mundo, cuatro candidatos a países asociados (Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur), junto con el renovado interés de Ecuador para convertirse en país miembro, habla de la proyección internacional con que cuenta este esquema integrador.

Más allá de lo anterior, los retos más relevantes de la AP consisten en mantener esquemas políticos e institucionales que superen las referidas transformaciones internas y externas, en el sentido de reforzar la endeble cohesión entre sus integrantes. Ello es un desafío de especial relevancia, si se toma en cuenta que México pasó de ser un país de perfil neoliberal a pregonar lo contrario, bajo el ejercicio de una política exterior que, por el momento, no parece priorizar a la AP. Mientras tanto, en Perú, tras momentos de inestabilidad política, Pedro Castillo, el candidato de izquierda, parece tener opciones de conseguir el triunfo electoral en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021. Igualmente, el desgaste político del presidente Sebastián Piñera en Chile, evidenciados por distintas manifestaciones sociales, junto con un fenómeno similar en Colombia en contra del presidente Iván Duque (en donde las encuestas, a un año de las elecciones, dan por ganador a la izquierda), generan que el futuro o la identidad original de la AP sean inciertos.

Por lo tanto, es plausible que, frente a este vertiginoso escenario, los fundamentos aliancistas originales, propensos a la economía abierta y el libre mercado, den un giro, incluso hacia lineamentos progresistas o de izquierda, lo cual significaría, en caso de que la AP continúe existiendo, en caso extremo, un posible viraje de 180 grados de este mecanismo integrador.

En definitiva, tras una década de existencia, la Alianza, al no conseguir anclarse como ejercicio integrador consolidado, navega sin un horizonte claro por Latinoamérica y el Océano Pacífico, cuyo devenir dependerá de la resiliencia de sus fundamentos legales e institucionales, y, sobre todo, de la voluntad política que le concedan los presidentes en turno de Chile, Colombia, México y Perú; países que comparten la creciente polarización política y social entre sus habitantes; fenómeno opuesto al proceso de integración profunda de la AP.

De la conjunción de tales factores dependerá que la AP se mantenga a flote, reoriente sus horizontes, o que simplemente navegue a la deriva, sin un rumbo claro en la convulsa marejada que caracteriza a los distintos procesos de integración en Latinoamérica, que conviven y compiten en complejo entorno regional y global.