La reforma al poder judicial impulsada por el gobierno de AMLO es parte las 20 reformas presentadas por el presidente en febrero de 2024 con el objetivo de modificar diversas partes de la constitución de México. En palabras del mandatario mexicano “el actual sistema de justicia es corrupto y está profundamente distanciado de la sociedad mexicana”. Esta reforma, de ser aprobada, promete ser la de mayor impacto y trascendencia en todo su sexenio. En consecuencia, cientos de jueces federales y trabajadores del poder judicial han asistido a paros nacionales en varias ciudades de México con el fin de demostrar su descontento a la iniciativa de Morena.

Esta reforma tiene 6 ejes fundamentales, entre los cuales se destacan en primer lugar cambiar el mecanismo de elección de los representantes adscritos al poder judicial tales como ministros, magistrados, jueces del distrito entre otros, los cuales serán elegidos por la ciudadanía a través del voto popular y ya no por concurso de méritos y elegidos por el Senado o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En segundo lugar, ningún servidor público podrá percibir un salario mayor al que tiene el presidente de la república. En un tercer aspecto, el sistema judicial deberá resolver litigios en un plazo máximo de 6 meses para asuntos fiscales y 1 año para asuntos penales. Por otro lado, el reemplazo del CJF por dos instituciones, el Tribunal de Disciplina Judicial encargado de temas administrativos y el Órgano de Administración Judicial, el cual tendrá a cargo la recepción de denuncias en contra de los administradores de Justicia.

Esta iniciativa avivó la discusión y tensó el ambiente político mexicano debido a sus profundos alcances e implicaciones en el sistema judicial. En ese sentido, la propuesta de AMLO no solo generó discrepancias al interior del país sino también en el exterior, particularmente en sus vecinos del norte. El jueves de la semana pasada, el embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, declaró respecto a la reforma judicial “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México”. Posteriormente agregó que “cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción política”. Asimismo, el diplomático manifestó que esta iniciativa no resolvería la corrupción y a la postre debilitaría al poder judicial.

Ese mismo jueves, el embajador de Canadá en México Graeme Clark manifestó su preocupación ante la reforma del poder judicial en México la cual generó nerviosismo en los inversionistas canadienses. Cabe señalar que el diplomático aclaró su intención de no intervenir en asuntos internos de México. A su vez, Clark manifestó que la reforma judicial pondría en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambas naciones. A las voces de protesta se sumó la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margareth Satterwaite quien expresó su preocupación por las amplias implicaciones negativas que tendría la reforma en la independencia del poder judicial.

La respuesta de la diplomacia mexicana no se hizo esperar y un día después AMLO manifestó a la opinión pública que se había enviado “una nota diplomática de extrañamiento” al gobierno de los Estados Unidos por lo sucedido con las declaraciones de su embajador. En este documento, México expresa que la reforma al poder judicial es estrictamente un tema de carácter interno del Estado mexicano, lo cual es una injerencia a la soberanía de México. Como si aún faltara un capítulo más en esta situación, el martes, en la conferencia matutina, el presidente mexicano manifestó que pondría “pausa” a las relaciones con la embajada de EE. UU. y Canadá, y que esperaba una ratificación de respeto hacia la independencia de México. Obrador señaló “pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo” y que las relaciones entre países no se verían afectadas.

En virtud de lo anterior, la coyuntura en las relaciones entre México y sus vecinos norteamericanos es una muestra más de la naturaleza disruptiva del jefe de la diplomacia mexicana. En repetidas ocasiones, Obrador ha mencionado que respeta la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. No obstante, la dualidad de pensamientos se refleja en casos concretos. Por un lado, AMLO, en su actuar, es el principal defensor de estos principios en casos como el de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Por el otro, no posee una visión tan clara en diferentes pronunciamientos y acciones reflejados en la crisis diplomática con Perú respecto a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Asimismo, el presidente mexicano ha olvidado estos supuestos en escenarios como el del asilo a Evo Morales, el boicot a la cumbre de las Américas en los Ángeles 2022 y las tensiones binacionales con Ecuador de este año.

En ese sentido, la pregunta sería ¿podrían llegar a escalar las tensiones de México con los países vecinos del norte? En principio, es bastante improbable pensar en que se rompan las relaciones con EE. UU. y Canadá debido al nivel de interdependencia entre ellos. Por ejemplo, según datos del gobierno de Canadá, México es el tercer socio más grande de Canadá en comercio de mercancías, después de Estados Unidos y China. Asimismo, Canadá fue el cuarto socio más grande en comercio para México en 2023. En el caso estadounidense, de acuerdo a datos del gobierno de México, el país latinoamericano es el principal socio comercial de EE. UU. Para enero de 2024 según datos del gobierno de Estados Unidos, en 2023 México reemplazó a China como el principal vendedor de mercancías a EE. UU. con una cifra de 476 mil 600 millones de dólares.

En síntesis, la reforma al poder judicial por parte de Morena ha generado diversas reacciones en el contexto internacional. Sin embargo, no es el primero y seguramente no será la última discrepancia de posiciones entre los países norteamericanos. Vale la pena señalar que estas coyunturas merecen un nivel de atención y poner en marcha diferentes mecanismos diplomáticos en beneficio de las beneficiosas relaciones. No obstante, estas tensas discrepancias son aplacadas por el alto nivel de dependencia mutua entre México, EE. UU. y Canadá debido a la profunda conexión que no solo se limita a temas económicos sino de energía, seguridad, intercambios, entre otros. Aunque es cierto que existe una predominancia de transacciones económicas, lo cual se puede ver desde una visión neoliberal. Por ello, el reto para el gobierno mexicano será lograr un equilibrio entre asegurar su soberanía nacional y mantener relaciones constructivas y beneficiosas con sus aliados del norte.