
Durante siglos, Latinoamérica ha sido mundialmente reconocida debido a su vasta abundancia de recursos naturales, los cuales abarcan desde grandes reservas de petróleo, así como gas, hasta minerales claves que hoy en día sustentan con fuerza el avance tecnológico para las perspectivas de un futuro más sostenible. Sin embargo, tal riqueza no ha significado prosperidad equitativa para con la región en su totalidad. Al contrario, la explotación intensiva de tales recursos ha fomentado profundas desigualdades, tensiones sociales y una dependencia económica.
En el panorama actual, el cambio climático y la transición energética implican retos ambientales, además se da la oportunidad de que las potencias globales exhiban su hegemonía. Toda América Latina, a causa de sus recursos estratégicos y por su muy privilegiada ubicación geopolítica, se ha transformado en un territorio clave en las disputas entre los Estados Unidos, China y la totalidad de Europa. Así, ningún debate en relación con la sostenibilidad dentro de la región puede realmente aislarse por completo. Sin duda, todo esto se debe a estas dinámicas de poder globales particulares.
La introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 facilitó todo un programa ambicioso para encarar tales retos a escala mundial. Entre sus principales objetivos, el ODS 7 resalta al declarar la enorme necesidad de asegurar alguna energía barata, fiable, sostenible, además de actual para todos los ciudadanos. Sin embargo, la realización de este objetivo en Latinoamérica se ve limitada no solo por elementos internos, como falta de estructura y mucha desigualdad, sino también por las ambiciones externas que buscan controlar sus recursos energéticos y minerales.
América Latina: el tablero de un juego geopolítico
Casi toda Latinoamérica se encuentra en una posición estratégica para la transición energética a escala global. Con países como Venezuela y México liderando históricamente la exportación de hidrocarburos y naciones como Chile, Argentina y Bolivia controlando una gran parte de las reservas de litio del mundo, la región es clave tanto para el suministro de energía convencional como para los materiales que impulsan las tecnologías renovables.
En los últimos años, América Latina ha experimentado cambios significativos en su sector energético, reflejando tensiones geopolíticas y económicas. En Venezuela, la salida de una empresa petrolera extranjera redujo la producción de crudo, obligando al gobierno a buscar nuevas alianzas con China y Turquía para mitigar el impacto. En Colombia, la actualización de la lista de minerales estratégicos responde a la necesidad de alinear la explotación de recursos con la transición energética y la reindustrialización. Mientras tanto, en México, el Plan Nacional de Energía busca fomentar la inversión privada y el desarrollo de energías limpias, sin descuidar el fortalecimiento de la empresa estatal encargada de la generación eléctrica.
Estos casos evidencian cómo las decisiones energéticas en la región están influenciadas por dinámicas de poder tanto internas como externas. La fragmentación política y la falta de integración han impedido que América Latina actúe como un bloque sólido, permitiendo que actores externos impongan sus intereses. En este contexto China ha expandido agresivamente su presencia a través de inversiones masivas en proyectos energéticos y mineros, desde infraestructura hasta plantas solares en Argentina y proyectos hidroeléctricos en Ecuador. Su influencia no solo redefine el mapa económico, sino que también plantea el riesgo de una nueva dependencia. Mientras tanto, Estados Unidos, que ha estado históricamente vinculado a la región por sus intereses petroleros, busca contrarrestar la presencia china mediante acuerdos comerciales y proyectos de energía limpia. No obstante, estas iniciativas están condicionadas por tensiones políticas, dejando a América Latina en medio de una disputa por influencia.
La posición estratégica de América Latina en el ámbito energético es tanto una ventaja como una desventaja. Países como Brasil y Colombia, líderes en capacidad hidroeléctrica, enfrentan desafíos significativos al intentar equilibrar el desarrollo sostenible con las demandas globales. Los grandes proyectos hidroeléctricos, promovidos como una solución verde, han desplazado comunidades indígenas y exacerbado conflictos sociales, lo que demuestra cómo las decisiones energéticas están intrínsecamente ligadas a dinámicas de poder interno y externo. A esto se suma la falta de integración energética regional. Aunque América Latina tiene un potencial extraordinario para el intercambio de recursos y tecnologías, la fragmentación política y la ausencia de voluntad colectiva han impedido que la región actúe como un bloque sólido. En este vacío, actores externos han encontrado la oportunidad perfecta para imponer sus intereses.
Las multinacionales también desempeñan un papel crucial en esta dinámica. Empresas energéticas extranjeras, con el respaldo de sus gobiernos, son las que negocian contratos que favorecen sus intereses por encima de los beneficios para la población local. Esta práctica crea una clase de modelo en el que la región exporta materias primas sin valor agregado, lo que limita su capacidad para aprovechar plenamente su riqueza natural.
La sostenibilidad como herramienta de poder
En el discurso global, la sostenibilidad se presenta como un objetivo común. Sin embargo, detrás de esto, la transición energética está netamente politizada. Los países más poderosos utilizan el cambio climático como una oportunidad para fortalecer sus posiciones en el sistema internacional, mientras que imponen estándares ignorando las realidades locales de las economías en desarrollo.
En muchos casos, las inversiones extranjeras en proyectos de energía renovable o en la extracción de minerales estratégicos vienen acompañadas de condiciones que provocan la dependencia de los países anfitriones. Además, los marcos regulatorios impuestos por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional suelen poner primero la estabilidad de los mercados globales sobre el bienestar de las comunidades locales.
Esto plantea preguntas fundamentales sobre quién realmente se beneficia de la transición energética. ¿Es posible construir un futuro sostenible para la región mientras las potencias globales dictan las reglas del juego? ¿Cómo pueden los países latinoamericanos proteger sus intereses en un sistema que parece diseñado para mantener las desigualdades estructurales? Hacia un modelo soberano y cooperativo.
La transición hacia un futuro sostenible en América Latina requiere algo más que la adopción de tecnologías limpias. La verdad es que, esto implica una reconfiguración del sistema de poder que define las relaciones internacionales de la región. De esta manera, la integración regional es una estrategia clave. Organismos como la CELAC o el Mercosur tienen el potencial de negociar acuerdos colectivos que fortalezcan la posición de América Latina frente a las potencias globales, pero esto requiere un nivel de coordinación y compromiso político que aún parece bastante lejano.
Por otro lado, los gobiernos de la región deben asumir un papel más activo en la regulación de las inversiones extranjeras y en la gestión de sus recursos naturales. Esto implica no solo garantizar que las multinacionales cumplan con estándares ambientales y sociales más estrictos, sino también fomentar la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades locales. Además, es necesario repensar el papel de las instituciones internacionales en la transición energética. En lugar de imponer condiciones que perpetúan la dependencia, estas organizaciones deberían facilitar mecanismos de cooperación que respeten las prioridades y necesidades locales.
Conclusión
El futuro sostenible de América Latina no puede depender únicamente de las decisiones de actores externos o de iniciativas aisladas. La región debe posicionarse como un actor estratégico, capaz de defender sus intereses y de liderar un modelo de desarrollo que integre sostenibilidad ambiental, justicia social y autonomía económica.
En este contexto, las dinámicas geopolíticas juegan un papel central. Si América Latina no logra equilibrar los intereses externos con sus propias prioridades, corre el riesgo de perpetuar un sistema en el que sus recursos naturales son explotados en beneficio de otros. Por ello, la transición energética no es solo una cuestión técnica o ambiental, sino un campo de batalla donde se decide el futuro de la región y su lugar en el sistema internacional.
