El proceso de toma de decisiones en política exterior está fundamentado en una variedad de instrumentos estratégicos, entre los cuales se encuentra la diplomacia coercitiva. Según el análisis de Alexander George (1991), esta constituye una estrategia de naturaleza defensiva, diseñada para contrarrestar los intentos de un actor adversario de modificar el status quo en su beneficio.

El presente ensayo tiene como propósito examinar un caso concreto de aplicación de esta estrategia, a partir de las acciones anunciadas por el entonces presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de noviembre de 2024. En dicha ocasión, el mandatario declaró su intención de incrementar en 25% los aranceles aplicados a las exportaciones provenientes de México y Canadá, condicionando su eliminación a la adopción de medidas más estrictas por parte de ambos países en relación con la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

La estrategia arancelaria como herramienta geopolítica

La geopolítica es entendida como el campo de estudio que analiza la interacción entre factores políticos y el entorno geográfico en el que estos se desarrollan. Desde esta perspectiva, la proximidad territorial y la interdependencia económica entre Canadá, Estados Unidos y México implican que la imposición de aranceles tenga repercusiones directas y de alto impacto en la dinámica regional.

En este contexto, antes de asumir formalmente su mandato, Donald Trump implementó medidas estratégicas que reflejan el uso de la diplomacia coercitiva como un mecanismo para abordar lo que percibía como una urgencia temporal en el ámbito de la política exterior. Su objetivo principal consistió en ejercer presión sobre sus socios comerciales para inducirlos a una forma de cooperación que consolidara un nuevo status quo, basado en la adopción de políticas más estrictas para contener la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

No obstante, este enfoque de coerción diplomática genera tensiones en la política exterior de los Estados afectados, ya que las exigencias impuestas no necesariamente se alinean con sus intereses nacionales. Además, el uso de esta estrategia busca condicionar a los gobiernos involucrados, obligándolos a adherirse al nuevo equilibrio de poder establecido por Estados Unidos, o de lo contrario, enfrentar las consecuencias económicas y comerciales derivadas de su resistencia.

En este orden de ideas, el 27 de noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante las posibles amenazas arancelarias y señaló su inviabilidad tanto para México como para Estados Unidos, debido a los efectos inflacionarios y la pérdida de empleos que generarían en ambas economías. Destacó que la estrecha relación económica entre ambos países, sustentada en acuerdos comerciales de carácter multilateral, sufriría un impacto significativo, considerando que México exporta el 80% de sus bienes al mercado estadounidense. Asimismo, enfatizó que la demanda de fentanilo representa un desafío interno para Estados Unidos, vinculado a problemas de consumo y salud pública. Subrayó que la resolución de esta crisis debe alinearse con las políticas nacionales del país vecino, ya que México, en respeto a la soberanía, no puede intervenir con iniciativas domésticas dentro de otro Estado.

La estrategia arancelaria de Estados Unidos encuentra sustento dos temas clave: la migración y el tráfico de drogas. Sin embargo, la crisis migratoria no solo responde a los flujos provenientes de México, sino también al tránsito de personas de terceros países que cruzan su territorio en su camino hacia Estados Unidos. Por esta razón, la gestión de este fenómeno no puede recaer en un solo Estado, sino que exige la participación de múltiples actores internacionales para diseñar mecanismos eficaces de cooperación. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que México también enfrenta afectaciones derivadas de las acciones del país vecino, en particular el tráfico de armas, ya que el 70% de las incautadas a grupos delictivos en territorio mexicano proviene de Estados Unidos.

Los diagnósticos presentados por ambos gobiernos resaltan la necesidad de adoptar acciones estratégicas basadas en el análisis geopolítico. La relación de vecindad entre México y Estados Unidos genera ventajas significativas, como la integración económica plasmada en el T-MEC, pero también desafíos que pueden comprometer los niveles de cooperación y seguridad bilateral.

¿Los aranceles podrán afectar al T-MEC?

El T-MEC constituye un mecanismo clave de integración económica regional, diseñado para facilitar el comercio multilateral y promover el libre flujo de bienes y servicios entre los tres países. Sin embargo, la imposición de aranceles ha generado cuestionamientos sobre una posible violación a los principios fundamentales del acuerdo, especialmente ante la estrategia de Donald Trump, cuyo enfoque busca utilizar medidas arancelarias como herramientas de presión económica para obtener concesiones en temas como la migración indocumentada y el tráfico de fentanilo. Estas acciones podrían ser interpretadas como incompatibles con los compromisos adquiridos en el marco del T-MEC, lo que pondría a prueba su estabilidad y eficacia como mecanismo de integración regional.

Además, la crisis migratoria en la región no solo involucra a México y Canadá, sino que también está influida por los flujos migratorios de terceros países que utilizan el territorio mexicano como ruta de tránsito hacia Estados Unidos. Por ello, la gestión de este fenómeno no puede recaer exclusivamente en un solo país, sino que requiere un enfoque multinacional y una mayor cooperación entre las partes involucradas.

Los acontecimientos registrados en 2024 y 2025 evidencian cómo la imposición de aranceles con fines coercitivos podría socavar el marco del T-MEC, dado que este tratado busca garantizar la liberalización comercial en la región. La implementación de impuestos a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos podría generar incrementos en los precios y afectar el empleo en ambos países. En este sentido, la interdependencia económica entre México, Estados Unidos y Canadá representa tanto un factor de integración y ventajas compartidas como un desafío para la estabilidad de su cooperación bilateral y la seguridad regional. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la problemática migratoria no es exclusiva de México, ya que el tránsito de personas provenientes de terceros países refuerza la necesidad de un enfoque multilateral. También enfatizó que el comercio bilateral se ve afectado por otras dinámicas transfronterizas, como el flujo ilícito de armas y drogas, lo que subraya la importancia de abordar estos desafíos mediante políticas públicas coordinadas.

Las decisiones recientes sobre política arancelaria reflejan la complejidad de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos. A medida que la aplicación de aranceles avanza, ambas naciones han intensificado su enfoque en la seguridad económica, migratoria y humanitaria, priorizando la defensa de sus intereses nacionales. En este contexto, cada gobierno ha implementado estrategias que responden a sus propias prioridades, con el objetivo de fortalecer su posición en la relación bilateral.

El ahora presidente Donald Trump ha impulsado instrumentos de presión económica, con la expectativa de obtener concesiones por parte de México y Canadá. Sin embargo, estas medidas no generan beneficios tangibles para ninguna de las partes, pues afectan el comercio, encarecen bienes y pueden deteriorar la relación entre los países.

Desde un enfoque geopolítico, la actual coyuntura resalta la interdependencia entre los tres socios del T-MEC y subraya la importancia de consolidar un marco de cooperación estable. La proximidad geográfica y la integración de sus economías requieren un enfoque coordinado en la gestión de desafíos compartidos, evitando acciones unilaterales que tensionen aún más la relación trilateral. Analizar la situación desde la perspectiva geopolítica permite comprender cómo los Estados diseñan y aplican estrategias en función de sus intereses nacionales, así como la necesidad de mecanismos diplomáticos que prioricen el diálogo y la negociación para alcanzar acuerdos que favorezcan a todas las partes involucradas.