A principios del siglo XXI, México comenzó una transición democrática que prometía marcar el inicio de una era de paz y estabilidad política. Sin embargo, esa transición fue cualquier cosa menos pacífica. El período estuvo marcado por una serie de sucesos violentos que revelaron tensiones profundas en la estructura política y social del país. Incluso, en la última década del siglo XX, el asesinato de más de noventa activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1988 y 1994, hasta el levantamiento del EZLN y otros asesinatos políticos de alto perfil, México enfrentó una realidad donde la violencia política y criminal se convirtieron en constantes que acompañaron y complicaron el proceso de cambio.

El análisis realizado por Mónica Serrano (2020) en "Del 'Momento Mexicano' a la realidad de la violencia político-criminal" destaca la importancia de identificar los principales factores que intensificaron la violencia político-criminal en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Un periodo marcado por los conflictos internos y por el notable ascenso del narcotráfico como un actor crucial, con suficiente poder para influir en los resultados electorales y cuestionar la estabilidad de la democracia.

En este orden de ideas, respecto a los factores internos, la presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un aumento alarmante de la violencia y una percepción generalizada de la inseguridad. Con ello, se reflejó la incapacidad gubernamental para enfrentar y contener la violencia que se presentaba en el territorio. Es decir, no hubo una estrategia clara, coherente y eficaz para combatir el crimen organizado, la mayoría de las políticas implementadas fueron reactivas y no atendían las causas estructurales de la violencia.

Estas políticas de seguridad, como la militarización en la lucha contra el narcotráfico, resultaron contraproducentes y generaron un aumento de la violencia sin disminuir la capacidad operativa de los carteles. Cabe resaltar que la estrategia de seguridad diseñada e implementada por el gobierno de Peña Nieto no tuvo los efectos planteados ya que, lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad creciera aún más que con su predecesor, Felipe Calderón. (Arroyo, 2018)

Aunado a lo anterior, el gobierno, afectado por acusaciones de corrupción y conexiones con el crimen organizado, vio cómo su autoridad y capacidad para hacer cumplir la ley se debilitaban por la infiltración de grupos criminales en las instituciones estatales. Esta situación se complicó por un sistema judicial mexicano ineficaz e incapaz de administrar justicia, con altos niveles de impunidad y una distinción borrosa entre civiles, combatientes, participantes en economías ilícitas y aquellos fuera de ellas, lo que exacerbaba la crisis debido a la interacción continua entre lo legal y lo ilegal.

Al concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, México enfrentaba una situación crítica de violencia e inseguridad, con cifras alarmantes de homicidios y desapariciones. Hacia 2017, el país registró un récord de homicidios, evidenciando un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre los mexicanos. Aunque el gobierno de Peña Nieto fue consciente de estos problemas, no consiguió garantizar la seguridad pública ni proteger eficazmente a la población.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., conocido como Centro Prodh (2018) destacó que “2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas”. Esta aseveración está basada en el hecho de que hasta noviembre se habían cometido 23 mil 101 hemicidios violentos, cifra que supera los indicadores correspondientes en todo el 2011, cuando se intensificó la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ por el expresidente Felipe Calderón. Esta alarmante estadística no solo reflejó el aumento de la violencia en el país, sino también hizo patente el impacto profundo y duradero de las políticas de seguridad adoptadas en años anteriores.

La situación se complicó aún más por factores externos, tales como la abundancia de armas de fuego provenientes de Estados Unidos y una alta demanda de drogas ilícitas por parte de este país, lo que propició un ambiente favorable para el narcotráfico en México. A pesar de las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que México cumpliera con sus políticas antinarcóticas, las medidas adoptadas resultaron a menudo en estrategias punitivas que no atendieron las causas profundas de la violencia.

Frente a este panorama, no solo el gobierno mexicano sino también diversas organizaciones no gubernamentales, han hecho llamados a que el gobierno estadounidense haga más estricto el control sobre la producción, venta y distribución de armas, que a menudo terminan en el mercado ilícito de México, aumentando la violencia vinculada al crimen organizado. (Nexos, 2011) Paradójicamente, el gobierno de Estados Unidos no cede en sus presiones hacia el gobierno mexicano para asegurar el acatamiento de sus prioridades antinarcóticos y antiarmas, las cuales han influido en la formulación de políticas de seguridad en México.

En resumen, el conjunto entre la incapacidad del gobierno mexicano y la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos creó un escenario donde la violencia y el crimen pudieron desarrollarse. La administración de Peña Nieto no pudo establecer un sistema de seguridad y justicia efectiva y resistente frente a la magnitud del crimen organizado. Simultáneamente, los factores externos, sobre los cuales el gobierno mexicano tenía un control limitado, empeoraron la situación.

Externamente, México se enfrenta a dinámicas globales que complican aún más su lucha contra la violencia y el narcotráfico. La demanda de drogas ilícitas por parte de países como Estados Unidos alimenta directamente el poder y la influencia de los carteles de droga. Paralelamente, el flujo constante de armas de fuego desde el norte hacia México ha proporcionado a estos grupos criminales el arsenal necesario para desafiar a las fuerzas del orden y aterrorizar a la población.

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis.

Ciertamente el narcotráfico se alimenta de la demanda y se fortalece con el suministro de armas, ambos provenientes del norte. Sin embargo, la responsabilidad primordial de un Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y aquí es donde el gobierno del presidente al mando mostró una deficiencia crítica. Las medidas de seguridad implementadas no solo fueron ineficaces sino que "el legado de inseguridad y violencia del periodo de Enrique Peña Nieto, en el contexto más amplio de una crisis múltiple, postergó de manera indefinida las asignaturas pendientes de la transición en esta materia" (Serrano, 2020)

La situación de violencia y seguridad en México no puede desligarse de un complejo entramado de causas internas que han exacerbado la crisis. Entre ellas, la corrupción sistémica y la impunidad han erosionado la confianza en las instituciones públicas, mientras que la falta de oportunidades económicas y educativas perpetuaron ciclos de pobreza que, a menudo, conducen a la violencia. Además, la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia impiden una respuesta eficaz contra el crimen organizado, dejando a las comunidades vulnerables ante la extorsión y la violencia. Es importante que el gobierno mexicano atienda estos desafíos estructurales con políticas inclusivas y efectivas que fortalezcan el estado de derecho y promuevan el desarrollo social y económico.

Por eso, el análisis integral de la violencia político-criminal en México revela que, si bien los factores externos jugaron un papel importante en la escalada de la violencia, la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para establecer un marco de seguridad efectivo que pudiera contrarrestar el flujo de armas y la demanda de drogas fue un factor crucial que facilitó el auge de los carteles y agravó el escenario nacional. En última instancia, la responsabilidad primordial del Estado es garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La experiencia de México destaca la importancia de una gobernanza efectiva, el estado de derecho, así como políticas de seguridad y justicia integrales y adaptativas para enfrentar desafíos tan complejos como el narcotráfico y la violencia política-criminal.

Referencias

Arroyo, E. (2018). Enrique Peña Nieto y la crisis de seguridad que hereda. ITESO, Universidsd Jesuita de Guadalajara. https://rei.iteso.mx/handle/11117/5618

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (2018). El gobierno de EPN deja una crisis de derechos humanos en México. https://centroprodh.org.mx/2018/11/30/el-gobierno-de-epn-deja-una-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

Nexos (2011). ¿Cuál es el impacto de la venta de armas en Estados Unidos en la violencia en México? Nexos. https://redaccion.nexos.com.mx/¿cual-es-el-impacto-de-la-venta-de-armas-en-estados-unidos-en-la-violencia-en-mexico/

Serrano, A. (2020). Del ‘momento mexicano’ a la realidad de la violencia político-criminal. Colegio de México. Foro Internacional (núm. 2), páginas 791-852. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2739

La problemática de las drogas históricamente ha planteado diversos desafíos para las sociedades antiguas y modernas. Diversas drogas como el opio, el LSD, la marihuana y la cocaína, entre otros, han influenciado la manera en que se entiende este fenómeno en muchas culturas. En la actualidad, la producción, comercialización y consumo de drogas indudablemente está arraigada a ubicaciones geográficas que brindan bondades, ventajas y beneficios para ese mercado. En esta dinámica convergen regiones estratégicas que actúan respecto a la demanda y oferta. Respecto a la producción, según datos de la ONU, Colombia con más de 200,000 hectáreas en el 2021 se ubica como el mayor productor de cocaína en el mundo. Además, en el país andino se siembran drogas como marihuana y amapola en zonas como Putumayo, Norte de Santander y Nariño.

En efecto, en el proceso de producción y comercialización de la cocaína intervienen miles de campesinos colombianos de las zonas más marginadas del país que ven en los rendimientos de la siembra de hoja de coca la solución al abandono del agro por parte del Estado. La población campesina e indígenas que se dedica a esta actividad son parte de entornos de pobreza extrema y vulnerabilidad en donde no existen servicios públicos, colegios, ni vías terrestres aptas para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ven en la ilegalidad la única alternativa para tener una solvencia económica que garantice la subsistencia propia y de su grupo familiar. Además, la falta de instituciones y presencia del ejército o policía colombiana en la zona facilitan la injerencia de grupos al margen de la ley que gobiernan estos territorios y que fomentan el bienestar de la comunidad.

Por otro lado, en el norte del mismo continente se encuentra México, uno de los principales corredores de drogas en el mundo. Según el Congreso de Estados Unidos, en México existen más de 15 organizaciones narcotraficantes que se disputan el territorio, las cuales están fuertemente armadas y controlan regiones estratégicas por donde envían drogas a EE.UU. En paralelo, según el CIDE, en México operan más de 150 bandas criminales las cuales se dedican a secuestrar, extorsionar y traficar con drogas y personas. Los tentáculos de las poderosas estructuras narco-criminales controlan regiones y municipios enteros. Además, de acuerdo con investigadores de la San Diego State University, la influencia de estas estructuras se ha diversificado a temas como tala ilegal, industria del aguacate, minas ilegales, migración, entre otros. Sin embargo, probablemente la que más beneficios redituables ha traído ha sido el robo de gasolina ya que este recurso es vendido ilegalmente por todo el territorio mexicano. Por consiguiente, el presente artículo tiene como objetivo analizar las consecuencias del narcotráfico bajo una mirada enfocada en el caso mexicano y colombiano.

"La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado."

Respecto a los dos casos analizados anteriormente, la magnitud de la relación de Colombia y México en temas de narcotráfico es innegable. Colombia es el principal proveedor de cocaína que transportan los carteles mexicanos rumbo a Europa y Estados Unidos. La influencia del narco mexicano llega hasta los lugares más recónditos en el campo colombiano en donde pagan sumas considerables a campesinos colombianos para que siembren hoja de coca durante todo el año, incluso por anticipado. El aumento considerable de miles de hectáreas de coca en Colombia se le atribuye, en buena parte, a los negocios con el narco mexicano y la alta demanda de consumidores en Estados Unidos y Europa. Existen reportes de campesinos en el que experimentan con nuevas semillas con el fin de producir más cantidades en menos tiempo. De igual manera, el dinero del narco mexicano y estructuras criminales aliadas en Colombia los hace acreedores del control de pistas clandestinas y zonas aeroportuarias desde donde envían los cargamentos de drogas a México y otros destinos.

En ese sentido, el negocio de las drogas en sus diferentes etapas a través de estructuras narcotraficantes transfronterizas, auspiciadas por grupos al margen de la ley, generan una problemática reflejada en regiones con índices históricos de violencia tanto en México como en Colombia. Además, a través de esta actividad existe un fomento de comunidades hacia la ilegalidad con base en la falta de oportunidades por parte de los gobiernos en cuestión. Los vínculos del narco mexicano y las organizaciones criminales con grupos al margen de la ley al interior de Colombia fortalecen el entramado criminal dotándoles de recursos financieros para la ilegalidad expresada en un mayor número de miembros y mejores elementos de dotación. El poder de estos grupos en algunas regiones ha desafiado la institucionalidad del gobierno, generando una connotación de debilidad e insuficiencia gubernamental.

En definitiva, bajo una visión crítica, el concepto de lucha antidrogas en México, Colombia y a nivel global debe ser repensado desde una mirada integral. Más aún, teniendo en cuenta que la problemática de las drogas no es un problema que interese únicamente a los dos países, sino que sus efectos se vislumbran directa o indirectamente a nivel global, la visión actual de las drogas y su posterior acción en contra de esta es un generador de focos de violencia en diferentes zonas. La guerra histórica contra las drogas, en vez de generar resultados definitivos, ha exacerbado sus consecuencias. Este replanteamiento del fenómeno de las drogas tiene que llevar al gobierno mexicano y colombiano a meditar en la influencia de Estados Unidos en las políticas antidrogas en el cono sur a través de programas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los cuales han sido un rotundo fracaso en la práctica.

El replanteamiento en el tratamiento en temas antidrogas es imperante. La necesidad de cambio de visión por parte de los gobiernos en el mundo parte del reconocimiento del consumo de drogas, no bajo la lupa de una política de criminalización, sino tratado a través de un tema de salud pública. Si gobiernos como el estadounidense se enfocaran en programas serios y rigurosos de prevención de consumo de drogas, indudablemente bajaría la demanda lo cual significaría que se reducirían los mercados y esto llevaría a una disminución significativa de comercialización de narcóticos. Finalmente, cabe señalar que las drogas, su comercialización y efectos son una realidad y dependerá del gobierno si el monopolio de estas sustancias queda en manos de estructuras narcotraficantes, con todo lo que implica, o lo ostenta él mismo imponiendo las condiciones en toda la cadena productiva.

El comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se impulsa por el intercambio de bienes tangibles y un creciente número de bienes intangibles. En este marco, se consideró la definición de reglas sobre el comercio electrónico entre los tres socios durante los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por lo que, la presión ejercida por el gobierno estadounidense, principalmente, y la inercia del comercio internacional obligaron a México a posicionar al comercio electrónico como parte de su agenda de política exterior a partir de 2020; lo cual representa un área de oportunidad en materia económica y en el desarrollo de políticas públicas para el país.

Durante los 26 años de vigencia del TLCAN ocurrieron dos hechos clave. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) estadounidenses y canadienses se beneficiarían ampliamente del mercado regional. Mientras que, el uso de Internet y las telecomunicaciones alcanzarían su máximo desarrollo y transformarían, entre otras cosas, al comercio internacional.

Cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos señalan que en 2018 hubo 89,492 PYMES que exportaron a Canadá y 53,682 PYMES que exportaron a México. Por su parte, el gobierno canadiense informó que en 2019 la mayoría de empresas exportadoras dirigieron sus ventas hacia Estados Unidos y 97% de ellas eran PYMES; mientras que del total de empresas que exportaron a México, 89% fueron PYMES.

Previo a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020, las tendencias de participación de las PYMES en el mercado norteamericano mostraron un comportamiento favorable para Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el comercio electrónico y las PYMES ya formaban parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica firmado por Canadá, Estados Unidos, México y otros ocho países en 2016. Aunque Estados Unidos se retiró, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, los textos de ambos temas se utilizaron para la redacción de los capítulos 19 y 25 del T-MEC.

La OCDE (2019) define al comercio electrónico o e-commerce como “la venta o compra de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”. Con base en esta definición, el capítulo 19 del T-MEC reconoce la importancia de promover el crecimiento económico por medio del comercio digital, la eliminación de obstáculos para su uso y el desarrollo de marcos de protección para los consumidores.

La definición de PYME varía de acuerdo al número de personal, ventas, ingresos y sector de las empresas. A pesar de las diferencias conceptuales de PYME, para Canadá, Estados Unidos y México dichas empresas constituyen la base de sus economías. Es así que, en el capítulo 25 del T-MEC se enfatiza la colaboración entre los Estados miembros para facilitar el acceso de las PYMES a nuevos mercados a través del comercio electrónico, mediante la reducción de la burocracia. En este marco, se acordó celebrar comités anuales sobre PYMES para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés.

Actualmente, existen alrededor de 30 millones de PYMES en Estados Unidos que emplean a 60 millones de personas. En Canadá, las PYMES constituyen la mayoría de las empresas en el país y dan empleo a poco más de 10 millones de canadienses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las PYMES representan 97% de las empresas en México y en 2019 había 4.9 millones de establecimientos con 27 millones de personas ocupadas. De ese total, sólo 1% logra exportar.

Las medidas de distanciamiento social por COVID-19 potencializaron el crecimiento del comercio electrónico. De acuerdo con Wilson Center, las ventas digitales en México subieron 170% entre marzo y diciembre de 2020; mientras que 50.7 millones de mexicanos gastaron US$28 mil millones. Datos de Statistics Canada indicaron que en 2021 hubo 27 millones de usuarios de comercio electrónico, es decir, 72.5% de la población canadiense y cuyas ventas minoristas alcanzaron un máximo histórico de US$3,820 millones en 2020. Cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos señalaron que las ventas de comercio electrónico en 2021 se duplicaron con respecto a 2019 con un valor de US$870 mil millones.

El auge del comercio electrónico representa una oportunidad para la inserción de las PYMES a las cadenas globales de valor. Es decir, en lugar de producir bienes desde cero, se espera que la empresa sólo se enfoque en llevar a cabo una etapa de todo el proceso productivo. El éxito de las PYMES de Estados Unidos y Canadá, desde antes del boom del comercio electrónico, atendió a la inversión en innovación, protección de la propiedad intelectual, conexión con los consumidores finales y apoyo gubernamental a través de programas como CanExport y The United States Commercial Service. Mientras que, en materia de comercio electrónico han buscado adaptarse a áreas clave como: compras híbridas, ciberseguridad, migración a pagos móviles y marketing digital.

Las PYMES mexicanas no sólo no forman parte de las cadenas de valor a nivel global ni regional, sino que sobreviven en la informalidad. La falta de un marco regulatorio en materia laboral y fiscal, de capacitación, de financiamiento, de un Estado de derecho que proteja a los empresarios de extorsión, entre otros, inciden en el fracaso de las PYMES. Además, las pocas PYMES que logran exportar suelen orientarse a bienes y servicios básicos carentes de innovación, que fácilmente pueden ser reemplazados por otros competidores.

Aunque la celebración del primer comité PYME en octubre de 2021 fue un acierto para favorecer el acercamiento entre los gobiernos y otros actores de interés, México es el socio al que se le debe prestar especial atención. Es fundamental que, en este marco, se le otorgue mayor peso al Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía con un enfoque orientado al fomento de la innovación y protección de la propiedad intelectual.

La conmemoración el próximo año de 135º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia común. Los más de 400 años de contactos entre nuestras culturas han demostrado que, aun en contextos globales complejos, hemos sabido actualizar nuestra cooperación y entendimiento en función de valores compartidos.

Si bien la situación sanitaria aun presenta retos importantes, trabajamos con visión hacia un mundo post-pandemia para seguir consolidando nuestra colaboración. Para ello, mantenemos el diálogo político al más alto nivel. Recientemente, el Secretario Marcelo Ebrard y el Canciller japonés, Yoshimasa Hayashi, acordaron fortalecer los aspectos más exitosos de nuestra Asociación Estratégica y, al mismo tiempo, incorporar a ella nuevas acciones de cooperación. Con esto en mente, la Subsecretaria Carmen Moreno se reunió en Tokio con el Vice Ministro Hiroshi Suzuki y se prepara este mes de mayo la conmemoración del 125º aniversario de la migración japonesa a México.

Nuestra integración económica-comercial es un logro que continúa brindando resultados positivos. En 2005, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) representó un acuerdo de vanguardia y, desde entonces, el incremento comercial exponencial convirtió a Japón en nuestro quinto socio comercial global. Cada año intercambiamos alrededor de 20 mil millones de dólares. Más de 1,300 empresas japonesas se han instalado en México siendo Japón el cuarto inversionista en nuestro país. El mercado japonés es el segundo destino para las exportaciones del sector agropecuario mexicano, con enorme potencial para otros múltiples productos.

Nuestra colaboración económica no es solo consecuencia del AAE, sino también resultado de nuestra asociación y estrecha coordinación en mecanismos como el G20, APEC, la OMC y, desde diciembre de 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Como en 1888 tuvimos la visión de apostar por una asociación de igualdad, hacia el futuro apostamos por aprovechar nuevas áreas de oportunidad y espacios de colaboración.
Buscamos incursionar en nuevos sectores de alta competitividad y con oportunidad de crecimiento en México, para atraer mayor inversión en infraestructura, robótica y el sector aeroespacial. En turismo, trabajamos con operadores para reactivar el flujo de turistas al expirar las restricciones impuestas por la pandemia y en cultura, promovemos un amplio abanico de expresiones de nuestro país, dinamizando también el gran interés por nuestra cocina.

El futuro es de los jóvenes, por ello buscamos crear programas, en el marco de la cooperación para el desarrollo, que formen recursos humanos en áreas como acuacultura marina, silvicultura, manejo de residuos plásticos y salud de adultos mayores. En consideración de las fortalezas de Japón en ciencia e innovación, impulsamos una mayor capacitación en agrotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, industrias verdes y salud. En el marco de la política exterior feminista, se busca incrementar la participación de las mujeres mexicanas en todos estos sectores.

De cara al futuro, la relación entre México y Japón se enfila a nuevos horizontes que confirmen su firmeza y le infundan renovados bríos, no solo para colaborar en la respuesta a los grandes retos globales de nuestro tiempo, sino también para seguir cultivando el más importante activo que tenemos en común y que nos une desde hace más de 400 años: la buena voluntad de nuestra gente, que es fundamento y bastión de nuestra larga amistad.

El 10 de marzo de 2021 será recordado como una controvertida jornada para la política exterior de México. Ese día, la Presidencia de México emitió un inusual comunicado en donde rechaza la resolución emitida ese mismo día por el Parlamento de la Unión Europea (UE) sobre la grave situación que sufren los periodistas en el país latinoamericano.

Para analizar este asunto, es necesario recordar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que sustenta la relación entre México y la UE (Acuerdo Global) en vigor desde el año 2020, en su artículo 1 señala que “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. En ese tenor, el artículo 58 establece que “Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas” y ubica a la democracia y los derechos humanos como aspectos de “urgencia especial” a este respecto.

Lo dicho implica que en el Acuerdo Global existe una cláusula democrática y de derechos humanos, la cual asienta que es viable que cualquiera de las partes firmantes reaccione ante eventuales disrupciones al contenido del tratado, en particular en lo tocante a ambos valores universales. De ahí que, desde la perspectiva jurídica, la resolución del Paramento de la UE respecto a los periodistas en México se realizó con base en esa disposición legal.

Por tal razón, el que el Parlamento haya hecho mención al estado actual de los derechos humanos en México no significa necesariamente ejercer una posición autoritaria, ventajosa o colonial, sino que se trata de un ejercicio frecuente y con sustento jurídico, que en el caso mexicano se fundamenta en los artículos 1 y 58 del Acuerdo Global. Asimismo, cabe recordar que, cuando la UE hace expresiones de esta naturaleza, pretende en primera instancia visibilizar el asunto, a efecto de sensibilizar al gobierno en cuestión y, con ello, iniciar diálogo político con el país socio, con miras a abordarlo de manera constructiva y horizontal, priorizando la cooperación por encima de contenciosos. Así ha ocurrido en México en distintos casos; proceso de donde en el año 2004 emanó el Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-UE, el cual durante sus años de vida generó interesantes iniciativas mediante financiamiento compartido con una bolsa de 7000,000 euros para reforzar instancias mexicanas involucradas en el tema.

Ahora bien, la resolución europea en comento, si bien se refiere a la preocupante indefensión de distintos periodistas en el país, va más allá de ese asunto, dado que alude también a elementos nodales de la conducción gubernamental a escala nacional, lo que posiblemente tocó fibras sensibles en el presidente, en virtud de que tales asuntos consisten en las principales banderas de su transformación nacional. Así, el que los europarlamentarios expresen su preocupación, inter alia, por los hasta ahora 68 asesinatos de defensores de derechos humanos durante el gobierno en turno, por la violencia de género, así como en razón a los feminicidios, la corrupción, la impunidad, e incluso debido a la conducción de las conferencias mañaneras, fue catalogado por Palacio Nacional como una afronta a la soberanía nacional. En una frase, el actual desencuentro México-UE se trata de un choque de percepciones y procedimientos operativos en el frecuentemente polémico binomio política exterior-derechos humanos que día tras día se sucede en la escena internacional.

Si bien es cierto que tanto el mensaje proveniente del Parlamento europeo -y en particular la respuesta mexicana- pudieron hacerse de mejor manera, es claro que la prudencia y la habilidad diplomática (no contraria a la contundencia) deben hacer acto de presencia. Esto con el fin de reabrir espacios institucionales de interlocución y entendimiento para abordar de manera abierta, horizontal e incluyente la amplia agenda mutua; espacio que por corresponsabilidad mexicana y europea ha dormitado durante años recientes. Ello es relevante, en especial de cara a las actuales negociaciones del nuevo Acuerdo México-UE que sustituirá al del año 1997 y que, por cierto, contiene una cláusula democrática y de derechos humanos que es incluso más estricta respecto a la vigente (y que desde luego es un importante escollo que puede poner en peligro la firma del Acuerdo en cuestión).

Vale la pena advertir que tanto la UE en su Tratado constitutivo como México en su Constitución, coinciden en que sus lineamientos jurídicos dedicados a la política exterior establecen a la protección de los derechos humanos como objetivos y principios normativos, respectivamente. Esto induce a que inexorablemente los derechos fundamentales continuarán siendo un elemento transversal en la relación bilateral, no sin fricciones de por medio.

Y un apunte adicional: no olvidar que tanto en la UE como en México, en el árido terreno de la real politik, los derechos humanos no suelen contar con el estatus que debería. Esto provoca que la postura del Parlamento en Bruselas a este respecto no condiciona de manera inexorable el relacionamiento de la UE con terceros países, ni desde luego con México. Esto es así dado que el Consejo Europeo –el gran timonel de la política exterior de la Unión-, al priorizar los intereses gubernamentales del orden político y económico de sus 27 miembros por encima de rubros propios de la low politics (como los derechos humanos), ocasiona que en realidad este asunto no determina en el vínculo México-UE.

Más allá de lo anterior, resulta propicio aprovechar el desafiante contexto actual para que tanto la Cancillería y el Senado mexicanos promuevan un constructivo diálogo político con sus contrapartes europeas, en donde, con base en la referida cláusula, por ejemplo, México podría hacer mención a sus legítimas preocupaciones por los derechos humanos de los inmigrantes que se asientan en territorio comunitario. En este supuesto escenario, como ocurría años atrás, valdría la pena involucrar a la academia y organizaciones civiles, a efecto de pasar del tradicional diálogo gubernamental a espacios de interlocución de Estado.

En definitiva, frente al desencuentro actual entre México y la UE, el diálogo político constructivo debe prevalecer. De esta manera, la urgente reconducción de la vibrante asociación estratégica entre mexicanos y europeos contribuirá a enfrentar mediante alianzas reforzadas los desafíos presentes y futuros, en donde los derechos humanos continuarán siendo un componente de la relación bilateral.

Tradicionalmente, México ha sido objeto de diversas intervenciones extranjeras que han alterado su integridad territorial, socavado su soberanía y su Estado de Derecho. La historia de la República Mexicana sistemáticamente se ha caracterizado por la pérdida de territorios. Esto se explica por la posición geoestratégica que el país ha presentado incluso desde que era colonia española. Así, Centroamérica, Texas, los espacios del septentrión, la Mesilla, la Isla de Clipperton y casi El Chamizal han sido pérdidas geográficas de recursos marinos y terrestres. Las intervenciones se dieron, principalmente, por parte de Austria, España, Estados Unidos y Francia quienes siempre vieron un espacio estratégico en la posición física de México en el mundo.

Debido a toda esta experiencia traumática en cuanto a su soberanía territorial, la política exterior se ha construido basada en la lucha por la sobrevivencia y defensa del Estado Mexicano. El destino geográfico de México le hizo vivir y convivir al sur de la potencia mundial. Esa característica geopolítica determinó que la política exterior aunque se practique en otras latitudes a través de la diversificación, siempre debe de tomar en cuenta la relación con Estados Unidos. En este sentido, México se ha pronunciado en los foros y conflictos internacionales con base en los principios de política exterior enmarcados en el Artículo 89, Fracción X de la Constitución Política. Estos principios son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios fueron elevados a rango constitucional en la década de 1980 y son los que guían el actuar de México en la escala global.

Con esto en mente, México se ha pronunciado por la defensa de la paz y la seguridad enarbolada por la tradición de las Naciones Unidas. En esos foros, recientemente, México se pronunció en contra de las intervenciones en Afganistán, Irak, Siria y ahora en Ucrania. Como muchos otros países, México hizo un llamado a la solución pacífica de las controversias. En las acciones, posiciones y decisiones que México toma más allá de sus fronteras siempre ha prevalecido el respeto al Derecho Internacional. Pero, también el país debe tomar en cuenta su relación exterior más importante que es con Estados Unidos, pues en ella hay muchos temas que sostienen la agenda como diplomacia, economía, comercio, derecho, seguridad, medio ambiente, educación, cultura, migración, entre otros.
El conflicto ruso-ucraniano no es nuevo, sino que su antecedente cercano es la anexión de Crimea en 2014 y la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La posición de México respecto a la invasión de Rusia a Ucrania de febrero de 2022 se ha mantenido con una condena a la intervención armada y al no envío de armas a ningún país, ya que México es una nación pacifista. Sin embargo, en el pasado, por ejemplo Lázaro Cárdenas envió cargamentos de armas para apoyar a los republicanos en la Guerra Civil Española (1936-1939) y en el periodo de Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (Escuadrón 201) fue enviada a la contienda del Pacífico. También, la postura de México será puesta a prueba para ver si otorga asilo a refugiados rusos y ucranianos, como lo practicó en casos como la misma guerra civil en España, las dictaduras en América Latina, la crisis centroamericana de la década de 1980 o las guerras de Siria y Afganistán. Esto es debido a que ciudadanos de Rusia y Ucrania han intentado cruzar la frontera México-Estados Unidos derivado del conflicto.

En cuanto a la posición mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ucraniana y a la invasión por parte de la Federación de Rusia, México está comprometido con el cumplimiento de las convenciones ligadas al desarme y hace votos por una salida pacífica al conflicto. En este tenor, el país se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. También, México hizo un llamado urgente al cese al fuego y mientras éste se logra que haya una pausa humanitaria para garantizar la protección a la población civil y acceso a ayuda para quien la necesite.

En este contexto, México es signatario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus protocolos adicionales. En caso de conflictos armados, México comparte con otros países el compromiso de la defensa y promoción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Aún en las confrontaciones más ásperas y crueles existen derechos que deben de prevalecer que se basan en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. Aunque la sociedad internacional se enfrenta a nuevos retos en materia de conflictos armados, con nuevas tecnologías y operaciones digitalizadas, los principios humanitarios siguen siendo los mismos.

En la emergencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la posición de México es también la protección de los connacionales que están en territorio del conflicto bélico. Por esa razón, el gobierno mexicano tomó medidas y en constante comunicación con las embajadas en Ucrania y en Rumania envió dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a desplazados por el teatro de esa guerra y envió apoyo humanitario. Así, las aeronaves enviadas a Rumania trasladaron a la mayor cantidad de personas de origen nacional e incluso apoyó con el transporte de ciudadanos de países hermanos de América Latina. Estas acciones reflejan el cumplimiento de una de las máximas prioridades de la política exterior de México que es la defensa de los intereses de los connacionales en el extranjero a través de la protección consular.

En este sentido, México que forma parte del bloque latinoamericano ha buscado la creación de un corredor humanitario junto a Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de Centroamérica y el Caribe. Estos países han pedido ayuda a la ONU para evacuar a sus ciudadanos de la zona de conflicto, como ya lo están haciendo, actuando en solidaridad con la región del cono sur para formular una respuesta conjunta para acelerar las gestiones consulares. Con estas acciones, México está poniendo en práctica los principios de su política exterior sobre el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, como bien se sabe, en las relaciones internacionales todo está conectado. Directa o indirectamente, el conflicto bélico afecta a todo el mundo y México está empezando a sentir la onda expansiva en los precios del petróleo, en el alza de la gasolina, el gas, la inflación y en la fluctuación del peso. Por ejemplo, el petróleo Brent ha alcanzado más de 123 dólares por barril. Pues, Rusia al ser un país petrolero y al sufrir sanciones económicas por la guerra invariablemente afecta a la economía internacional. Con estas consecuencias, el sector agrícola y de los alimentos también podría sufrir un impacto en el alza de precios. Rusia y Ucrania son productores de trigo y maíz en más de 20% a escala global y eso afecta el mercado agrícola incluyendo el de los fertilizantes de los cuales México en un importador.

En el contexto actual, México debe ser prudente en cuanto a su política exterior respecto al conflicto, pues aunque condene la guerra y la intervención, también mantiene relaciones diplomáticas, políticas y económicas con los dos bandos de la guerra. Por ejemplo, en 2020 Rusia ocupó el lugar 35 en cuanto a socios comerciales de México y fue el primero entre los países de Europa Central y Oriental con un comercio bilateral de 1,291.8 millones de dólares. En el mismo año, las importaciones mexicanas de Rusia fueron de 870.4 millones de dólares, un cifra 33% menor que la de 2019. En cuanto a las Relaciones de México con Ucrania, éstas se caracterizan porque México es su segundo socio comercial más importante en América Latina y el Caribe. En 2020, el comercio entre los dos países se ubicó en 291.3 millones de dólares. Con todo, más allá de las relaciones comerciales, como país del sur global, México ha llamado al diálogo y la concertación entre los pueblos apoyado por los instrumentos del Derecho Internacional de donde también han emanado los principios que siempre ha defendido en el concierto regional y global.

Finalmente, siguiendo la vocación pacifista de México, el aparato de política exterior del país puede actuar en un bloque que defienda los intereses de los países latinoamericanos. En este sentido, el interlocutor podría ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un mecanismo vigente que ha cooperado con Europa y Asia. La CELAC podría ser una sola voz en los organismos internacionales como la ONU, para dar una salida al conflicto e incluso fungir como mediadora, como lo hizo el Grupo Contadora que es su antecedente o el Grupo de los 6 (G-6) en materia de desarme de la década de 1980. América Latina ha sido cuna de varios Premios Nobel de la Paz. Con ese respaldo de vocación pacifista, México podría fungir como líder en la solución de los conflictos internacionales como el de Rusia-Ucrania, ya que el país mantiene buenas relaciones con ambas naciones. Con estas recomendaciones, México debería continuar con el proyecto de actor con responsabilidad global y ser una verdadera potencia media como lo demandan los tiempos inciertos que corren en el escenario internacional.

Hablar de la relación entre México y la República Popular China (en adelante China), implica remembrar los esfuerzos que ambas naciones han celebrado desde 1972, cuando el entonces presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez y su homólogo en China, el presidente Mao Zedong, decidieron sumar esfuerzos y formalizar las relaciones comerciales de estos países.

El vínculo ha sido fructífero. México, como muchos otros países, ha consolidado su comercio exterior, con un énfasis particular en China. Esto puede observarse por ejemplo a través de la balanza de pagos que muestra un resultado deficitario que evidentemente responde a la incesante actividad comercial con este país. Sin embargo, del otro lado, China presume un superávit frente a México. En este sentido, las lecciones no se hacen esperar, tal es el caso de Faure y Fang, quienes desde 2008 atribuían el superávit de China a las tazas de ahorro, el bajo nivel de consumismo y en general al autocontrol de la población China.

Por su parte México, en su lucha de diversificación de mercados, ha presentado un acercamiento a Asia, en donde la jugada se ha tornado en mucho comprar y poco vender. La bandera deficitaria para México corresponde a China, que lo convierte en su tercer socio comercial, solo debajo de Estados Unidos y Canadá.

Traducido en porcentajes, en 2019 las exportaciones de México hacia China fueron de un 1,85%, superado por Canadá con un 4,43% y Estados Unidos que típicamente tiene la delantera con un 75,1%. Por otro lado, la procedencia de las importaciones mexicanas tiene una correlación directa con Estados Unidos ocupando un 54,4%, mientras que China avanza al segundo lugar con un 14,4% del total, al que claramente se puede atribuir el déficit de la balanza de pagos de México con China (OEC, 2022).

Sobre el tintero hay buenas intenciones en la relación de estos dos países, ya que se prevé seguir fortaleciendo la comercialización y las inversiones. Adicional a esto, México debería observar y aprender del sistema de innovación de China con el objetivo de desarrollar el propio. Un buen punto de partida sería identificar la estructura de las estrategias de planeación que presenta China, que entre sus principales características destaca 1) planeación a largo plazo, y 2) continuidad en los planes y evaluación de las metas con sus respectivas consecuencias sobre el incumplimiento de las mismas. Otro aspecto a destacar es el énfasis de China sobre la inversión extranjera directa que propicia la transferencia y derrama tecnológica, y por supuesto el desarrollo de las ciencias, mientras que México continúa centrado en el sector manufacturero como eje principal en la industria.

Estos escenarios auguran para ambos países una prolongación de la relación bilateral, extendida ya no solo hacia temas de importación y exportación de productos y servicios además de las inversiones, sino que se extrapola hacia otros campos como lo es la diplomacia científica y académica, en donde se presagia un fortalecimiento entre instituciones educativas que sin duda fomentarán un acercamiento muy enriquecedor para ambos países.

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Faure, G. O., & Fang, T. (2008). Changing Chinese values: Keeping up with paradoxes. International business review, 17(2), 194-207.
Observatorio de Complejidad Económica (10 de marzo del 2022). México. https://oec.world/es/profile/country/mex?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1

A casi un mes de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), en un comunicado el 13 de enero del año en curso, la cancillería anunció que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó las prioridades de México para el 2022. Resaltó las regiones de África, Medio Oriente, Asia y Europa y en particular, la identificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo, la promoción del Plan Mundial de Bienestar y las prioridades de nuestro país en el G20. Asimismo, la embajadora Carmen Moreno Toscano, encabezó las reuniones regionales con los titulares de las Representaciones de México en dichas regiones.

Este hecho refleja la relación que se tiene con los países del norte de África y Medio Oriente. Se pronostica un crecimiento en la economía de los países petroleros de Medio Oriente, mientras que la economía mexicana mantendrá un crecimiento promedio. La impresión de las nuevas “líneas generales y directrices a seguir” refleja la pasiva relación de México con el Medio Oriente. Al mes de febrero, el precio del petróleo mexicano es de 84.12 dólares por barril y la West Texas Intermediate (WTI) opera a 91.51 dólares.

La esfera política mexicana visualiza a la región como una región inversora (porque la mayor parte de su riqueza proviene de los hidrocarburos fósiles) y no como un potencial socio, que representa un mercado aproximado de 440 millones de habitantes, sin contemplar a Turquía, que por sí solo tiene aproximadamente 83 millones de habitantes.

Todas estas observaciones, dan a entender una fría y ambigua aproximación de las relaciones diplomáticas que México tiene con dicha región. En un contexto donde al inicio de este año se anunciaron “nuevas líneas generales y directrices” identificando África y Medio Oriente como zonas prioritarias, estas decisiones se fijan bajo una visión reducida esperando captar inversiones hacia México, pasando por alto que países como Arabia Saudí, EAU y Qatar (los cuales cuentan con los índices de PIB per cápita más altos de la región) están invirtiendo y diversificando en sus propias economías. Como ejemplo está el proyecto “OXAGON” de la monarquía saudí.

En un mercado como lo es el iraquí, que se encuentra en un proceso de reconstrucción y donde México no tiene presencia, diversas industrias mexicanas, por ejemplo la industria constructora, tienen el potencial de ayudar a generar la infraestructura que necesitan en estos momentos. Así también, la industria agropecuaria mexicana puede satisfacer las demandas alimentarias de las nuevas ciudades inteligentes, los centros industriales emergentes en Arabia Saudí o los EAU, entre otros. Es menester subrayar la necesidad de pasar de la ambigüedad al activismo y la priorización de áreas de oportunidad de los productos mexicanos y enfocarse en cubrir las necesidades de los países de Medio Oriente, en los que México se posicionaría como un socio comercial a la altura actual de los mercados de EE.UU. y la Unión Europea.

La política migratoria mexicana se ha caracterizado por parecer abierta y proclive a recibir a todo tipo de personas. México se ha distinguido por ser un país de tránsito para llegar a Estados Unidos. No solamente por los nacionales sino también por personas de otros países en Latinoamérica.

En el sexenio en curso la ley migratoria mexicana, se establece el respeto a los derechos humanos tanto para los migrantes nacionales como internacionales. Del mismo modo dentro de la ley se construye el concepto de inmigrante irregular. Esto es relevante pues cualquier persona extranjera que se encuentre transitando por el territorio nacional sin documentos tendrá etiqueta.

Gracias a los cambios a ley migratoria, en teoría el gobierno mexicano avala el ingreso, tránsito y el retorno asistido a cualquier persona migrante que se encuentre en el territorio. Sin criminalizarla o penalizarla de manera legal por su condición no importando si entró de manera legal o ilegal al territorio nacional. De esta manera México tiene una ley integral que busca brindar protección, hospitalidad y solidaridad a los extranjeros que se encuentren transitando o dentro del territorio nacional.

A pesar de lo anterior el gobierno mexicano ha enfrentado varios problemas para poder aplicar la ley migratoria de manera satisfactoria. Los migrantes en su tránsito por México se ven violentados por las condiciones de inseguridad nacionales y el crimen organizado.

Los flujos migratorios en donde México es un país de tránsito se han intensificado a partir del 10 de octubre de 2018. En esta fecha se registró una migración masiva que se le denominó como caravana migrante. Las características generales de este movimiento de personas es que tienen un movimiento vía terrestre, de manera general se componen de personas provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala, y el destino final es Estados Unidos.

Parte de las acciones que ha implementado el gobierno mexicano es retener y contener el paso de las personas que se encuentran en las caravanas. Datos de la Secretaría de Gobernación, indican que, durante este año (enero a septiembre), se han contabilizado la entrada de 190,476 inmigrantes. De donde al menos 160 mil provenían de América Central. Asimismo, dentro de este movimiento de personas se han encontrado menores de edad, en el transcurso del año se tiene el registro de 39,076 menores. No todos ellos se encuentran acompañados de un padre o tutor.

Durante el mes de agosto de este año en Tapachula agentes del gobierno buscando disolver una caravana atacaron a las personas que se encontraban en ella. Lo anterior llevo a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitar al gobierno mexicano que respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en tránsito. La respuesta inmediata fue la suspensión de los agentes. A pesar de la pronta respuesta, esto no resuelve o evita que se vuelvan a violentar los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

Además de las condiciones precarias que viven los migrantes en tránsito, los que llegan a realizar solicitudes de asilo no reciben una respuesta rápida. Esto se debe a que durante el transcurso del año se han recibido 84,103 (datos de ACNUR). El número ha impedido que la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) pueda procesarlas.

La solución para ayudar a los migrantes no solamente es respetando sus derechos o aceptando sus solicitudes de asilo. Tiene que ser obra de una serie de políticas entre todos los países involucrados. Mediante las cuáles se promueva la estabilidad económica y política en sus lugares de origen.

Por tercera ocasión en su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira internacional. En esta vez, el mandatario asistió a Washington a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau. Unos días antes, había asistido a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora que México preside ese organismo. En julio de 2020, el presidente mexicano había visitado a Donald Trump para conmemorar la puesta en vigor el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Los tres viajes fueron a Estados Unidos, lo que implica la prioridad que tiene ese país para la política exterior de México.

A esta altura (mitad del sexenio), varios presidentes llevaban una gran cantidad de visitas al exterior. Por ejemplo, a finales de su tercer año de gobierno, Salinas de Gortari ya había hecho 43 viajes internacionales, Ernesto Zedillo 29, Vicente Fox 57, Felipe Calderón 56 y Enrique Peña Nieto 36. Existe una diferencia abismal entre las salidas de AMLO en comparación con sus antecesores, lo que demuestra el poco interés del actual mandatario en la política exterior.

Los viajes internacionales de los presidentes se convirtieron en una tradición a partir del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964). El entonces mandatario realizó un total de 18 giras por diferentes partes del mundo, como fueron América del Norte, América Latina, Europa y Asia. De hecho, López Mateos (ALM) fue el primer presidente mexicano en pisar, en funciones, Europa, América Latina y Asia. Sus antecesores (Porfirio Díaz, Ávila Camacho y Miguel Alemán) solamente habían hecho visitas de trabajo a Estados Unidos y Ruiz Cortines había asistido a una reunión a Panamá. Con ello, ALM iniciaba la práctica de la diplomacia presidencial, en donde el jefe del Ejecutivo atendía personalmente los temas de la política exterior de México y los viajes internacionales representaban una de las actividades más relevantes.

En el siguiente sexenio, Gustavo Díaz Ordaz solamente realizó 10 giras por el mundo, principalmente en Centroamérica y Estados Unidos. Parecía que al entonces mandatario no le interesaban los asuntos externos. Sin embargo, Luis Echeverría le dio un giro importante a la diplomacia presidencial puesto que realizó en total de 41 visitas, incluyendo África y Medio Oriente. La distensión de la Guerra Fría, las dificultades económicas y el interés de Echeverría de ganar el premio Nobel de la Paz y de convertirse en el secretario general de la ONU explican el activismo internacional del sexenio. Por su parte, López Portillo no se quiso quedar atrás de su antecesor inmediato y, apoyado por la riqueza petrolera del país, llevó a cabo 27 viajes internacionales. Miguel de la Madrid efectuó solamente 23 visitas. La crisis económica de los años ochenta impactó las posibilidades de una mayor proyección al exterior.

A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (CSG), las visitas de Estado y de trabajo a diferentes naciones se convirtieron en una práctica recurrente de la política exterior de México. El entonces mandatario buscaba incluir a México entre las naciones desarrolladas. Así, su administración firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, se unió al Foro de Cooperación Económica del Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) e ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos. En este contexto, CSG realizó 63 viajes internacionales. Para entonces, la diplomacia presidencial mexicana estaba en su apogeo. En el siguiente sexenio, Ernesto Zedillo realizó solamente 42 giras por el mundo. La crisis de 1994, conocida como el error de diciembre, afectó las posibilidades de una mayor proyección internacional de México en esa época.

En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió, por primera vez en setenta años, la elección presidencial. Vicente Fox llegó a la primera magistratura del país bajo las siglas del conservador Partido Acción Nacional (PAN). El bono democrático le permitió a Fox desarrollar una amplia diplomacia presidencial, al llevar a cabo un total de 114 giras internacionales, el mayor número en la historia de la política exterior de México. La alternancia política tuvo un impacto significativo en esta actividad. Por su parte, su copartidario, Felipe Calderón, realizó 89 viajes al exterior. Fue un número menor en comparación con el sexenio anterior, pero de todas maneras el número era muy alto. En los inicios de su sexenio, el panista no tuvo oportunidad de dedicarle mucho tiempo a esa actividad debido a las demandas de fraude electoral y a la violencia que se desató por la guerra contra las bandas de narcotraficantes.

Con el breve regreso del PRI en 2012, el número de visitas también fue muy alto. Enrique Peña Nieto efectuó un total de 87 giras por todo el mundo. Sin embargo, con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, la diplomacia presidencial tuvo un serio retroceso. Hasta el 19 de noviembre de 2021, AMLO solamente contabilizaba tres viajes internacionales. El primero fue en 2020 a Washington DC para visitar a Donald Trump y conmemorar la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La opinión pública mexicana criticó esta gira porque existía la interpretación de que AMLO estaba apoyando la reelección de su homólogo. La ausencia del primer ministro canadiense en la reunión abonó a esa acusación. Incluso, los demócratas consideraron que AMLO se estaba inclinando por el republicano.

La segunda salida del actual presidente fue el 9 de noviembre pasado. Andrés Manuel López Obrador asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual México ocupa un asiento no permanente y durante noviembre presidirá los trabajos de ese organismo. El mandatario aprovechó la ocasión para presentar un Plan Mundial de Fraternidad y de Bienestar, con el cual se busca reducir la pobreza en el mundo y mejorar las condiciones de vida de la población del planeta. Por su parte, el representante ruso comentó que el Consejo de Seguridad no era el foro idóneo para presentar ese tipo de propuestas. Sin embargo, AMLO y la Secretaría de Relaciones Exteriores comentaron que México presentaría la iniciativa en el marco de la Asamblea General de la ONU. La propuesta de AMLO es similar a la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados que presentó Luis Echeverría en los años setenta. Varios sectores sociales han criticado a AMLO por el carácter idealista de su iniciativa. Sin embargo, no es un ejercicio ocioso el hacer este tipo de planteamientos. Desde la perspectiva del presidente, México se debe posicionar en el ámbito internacional para influir en un sistema más equilibrado. Pero lo más probable es que AMLO tenga poca receptividad por parte de las potencias económicas del orbe sobre el asunto.

Viajes internacionales presidenciales
(1958-2021)

Elaboración propia

En su tercer viaje, AMLO acudió a la IX Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington DC el 18 de noviembre. La reunión fue una idea de Joe Biden con el propósito de reactivar el diálogo trilateral, luego de que Donald Trump lo interrumpió. López Obrador aceptó asistir personalmente y no enviar a su secretario de Relaciones Exteriores. La cita fue importante para retomar una visión tripartita en América del Norte para enfrentar los retos generados por la pandemia del Covid 19. En el marco de la cumbre, los tres gobiernos mostraron interés en establecer los mecanismos necesarios para promover el crecimiento económico de la región y aprovechar el marco del T-MEC para fomentar el comercio y las inversiones. Asimismo, la seguridad, migración, energía y medio ambiente estuvieron presentes en la agenda de discusión. Estos temas representan los asuntos de mayor relevancia e interés para los gobiernos y las sociedades de los tres países.

La cumbre trilateral no generará en automático soluciones mágicas para los problemas de América del Norte; pero sentará las bases para una cooperación trilateral. El foro abre las puertas para que los tres líderes se involucren en los asuntos regionales. Anteriormente parecía que en América del Norte existían dos relaciones bilaterales (México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos.). Con la reactivación de la cumbre, se abren las posibilidades para generar una relación trilateral en la región. En el caso de México, la reunión puede producir espacios de negociación con Estados Unidos al incluir en la fórmula a Canadá. Asimismo, este foro abre la posibilidad para que López Obrador retome el asunto de la diplomacia presidencial con más interés, por lo menos en América del Norte.

Con AMLO, la diplomacia presidencial ha sufrido un retroceso serio y muy significativo. México puede perder oportunidades que normalmente se logran en reuniones de alto nivel. López Obrador no ha asistido a cumbres del G20 y otros foros globales. Prefiere dejar que Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se ocupe de esas responsabilidades. En este caso, AMLO prefiere atender directamente las necesidades relacionadas con la política interna. Sin embargo, es necesario que el actual presidente asuma su papel como jefe de Estado y asista de manera personal a los foros y reuniones de alto nivel. El interés nacional de México lo demanda.