La política migratoria mexicana se ha caracterizado por parecer abierta y proclive a recibir a todo tipo de personas. México se ha distinguido por ser un país de tránsito para llegar a Estados Unidos. No solamente por los nacionales sino también por personas de otros países en Latinoamérica.

En el sexenio en curso la ley migratoria mexicana, se establece el respeto a los derechos humanos tanto para los migrantes nacionales como internacionales. Del mismo modo dentro de la ley se construye el concepto de inmigrante irregular. Esto es relevante pues cualquier persona extranjera que se encuentre transitando por el territorio nacional sin documentos tendrá etiqueta.

Gracias a los cambios a ley migratoria, en teoría el gobierno mexicano avala el ingreso, tránsito y el retorno asistido a cualquier persona migrante que se encuentre en el territorio. Sin criminalizarla o penalizarla de manera legal por su condición no importando si entró de manera legal o ilegal al territorio nacional. De esta manera México tiene una ley integral que busca brindar protección, hospitalidad y solidaridad a los extranjeros que se encuentren transitando o dentro del territorio nacional.

A pesar de lo anterior el gobierno mexicano ha enfrentado varios problemas para poder aplicar la ley migratoria de manera satisfactoria. Los migrantes en su tránsito por México se ven violentados por las condiciones de inseguridad nacionales y el crimen organizado.

Los flujos migratorios en donde México es un país de tránsito se han intensificado a partir del 10 de octubre de 2018. En esta fecha se registró una migración masiva que se le denominó como caravana migrante. Las características generales de este movimiento de personas es que tienen un movimiento vía terrestre, de manera general se componen de personas provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala, y el destino final es Estados Unidos.

Parte de las acciones que ha implementado el gobierno mexicano es retener y contener el paso de las personas que se encuentran en las caravanas. Datos de la Secretaría de Gobernación, indican que, durante este año (enero a septiembre), se han contabilizado la entrada de 190,476 inmigrantes. De donde al menos 160 mil provenían de América Central. Asimismo, dentro de este movimiento de personas se han encontrado menores de edad, en el transcurso del año se tiene el registro de 39,076 menores. No todos ellos se encuentran acompañados de un padre o tutor.

Durante el mes de agosto de este año en Tapachula agentes del gobierno buscando disolver una caravana atacaron a las personas que se encontraban en ella. Lo anterior llevo a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitar al gobierno mexicano que respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran en tránsito. La respuesta inmediata fue la suspensión de los agentes. A pesar de la pronta respuesta, esto no resuelve o evita que se vuelvan a violentar los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

Además de las condiciones precarias que viven los migrantes en tránsito, los que llegan a realizar solicitudes de asilo no reciben una respuesta rápida. Esto se debe a que durante el transcurso del año se han recibido 84,103 (datos de ACNUR). El número ha impedido que la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) pueda procesarlas.

La solución para ayudar a los migrantes no solamente es respetando sus derechos o aceptando sus solicitudes de asilo. Tiene que ser obra de una serie de políticas entre todos los países involucrados. Mediante las cuáles se promueva la estabilidad económica y política en sus lugares de origen.